concurso preventivo

ARCA flexibiliza el plan de pagos para empresas concursadas y en quiebra

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La Resolución General 5873/2026 de ARCA, que entrará en vigencia el 15 de julio de 2026, modifica el esquema vigente para facilitar la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social, incorporando herramientas que buscan compatibilizar los procesos concursales con el cumplimiento tributario.

Para compañías que atraviesan procesos de reorganización judicial, la posibilidad de acceder a planes más extensos y con menor costo financiero puede convertirse en un elemento relevante dentro de la estrategia de recuperación, especialmente en sectores intensivos en capital de trabajo como la industria, la construcción, el transporte y algunas economías regionales.

La principal modificación consiste en una flexibilización integral de las condiciones de adhesión al régimen especial.

Entre los cambios más relevantes se destacan:

  • Planes de hasta 120 cuotas, dependiendo de la naturaleza de la deuda.
  • Tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente, reduciendo el costo financiero respecto del esquema anterior.
  • Incorporación de deudas originadas en verificaciones tardías dentro del proceso concursal.
  • Ampliación del universo de sujetos alcanzados por el beneficio.
  • Gestión completamente digital mediante Presentaciones Digitales y el sistema Mis Facilidades.

La reducción de la tasa representa uno de los cambios de mayor impacto económico. En la práctica, disminuye el costo de refinanciar pasivos fiscales, un componente que suele condicionar la viabilidad de los acuerdos preventivos y los planes de continuidad empresaria.

Las empresas que ingresan en concurso preventivo suelen enfrentar una doble restricción: renegociar sus compromisos con acreedores privados y, simultáneamente, mantener al día las obligaciones tributarias para evitar nuevas contingencias.

Al ampliar la cantidad de cuotas y reducir el costo financiero, el nuevo régimen mejora la capacidad de estructurar planes de saneamiento con menor presión sobre el flujo de caja.

También resulta significativa la incorporación de créditos fiscales derivados de verificaciones tardías, una situación frecuente en procesos concursales complejos donde determinadas acreencias tributarias son reconocidas con posterioridad al inicio del expediente judicial.

Para empresas del NEA —donde sectores como la forestoindustria, el comercio mayorista, el transporte, la producción primaria y la construcción presentan alta dependencia del financiamiento operativo— estas herramientas pueden facilitar procesos de reorganización sin incrementar la litigiosidad fiscal.

Menor costo financiero, mayor previsibilidad

La decisión de fijar la financiación en el 50% de la tasa resarcitoria modifica uno de los principales incentivos del régimen.

Hasta ahora, muchas empresas optaban por postergar la regularización debido al elevado costo financiero acumulado durante los extensos procesos concursales. La reducción del interés busca revertir ese comportamiento incentivando acuerdos tempranos y mayor cumplimiento voluntario.

Desde la óptica de la administración tributaria, el objetivo es mejorar la recuperación de créditos fiscales sin recurrir exclusivamente a mecanismos judiciales de ejecución.

El nuevo esquema mantiene la estrategia de digitalización impulsada por ARCA.

Las solicitudes deberán canalizarse mediante Presentaciones Digitales y posteriormente formalizar los planes a través del sistema Mis Facilidades, reduciendo tiempos administrativos y centralizando la gestión documental.

Para estudios contables, síndicos concursales y asesores empresariales, la simplificación administrativa puede traducirse en una tramitación más ágil de expedientes que suelen involucrar múltiples organismos públicos.

Resolución General 5873/2026 by CristianMilciades

La eficacia del nuevo régimen dependerá de la adhesión efectiva de las empresas en concurso y de la coordinación entre ARCA, la Justicia comercial y los síndicos concursales. Si logra acelerar la regularización de pasivos fiscales sin comprometer la continuidad operativa de las compañías, el esquema podría convertirse en una herramienta relevante para reducir litigiosidad y preservar capacidad productiva en sectores que aún enfrentan restricciones financieras.

Anexo 1 Resolución General 5873/2026 by CristianMilciades

Anexo 2 Resolución General 5873/2026 by CristianMilciades

Anexo 3 Resolución General 5873/2026 by CristianMilciades

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Esuco entra en concurso preventivo: la constructora quedó atrapada entre el freno de la obra pública y la crisis financiera

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Después de casi ocho décadas de actividad y de haber participado en algunas de las obras de infraestructura más importantes del país, la constructora Esuco ingresó en concurso preventivo de acreedores. La decisión judicial marca un punto de inflexión para una empresa que durante años fue uno de los principales actores de la ingeniería argentina y refleja el profundo cambio de escenario que atraviesa el sector de la construcción tras la paralización de la obra pública nacional.

La apertura del concurso fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, luego de que la compañía reconociera dificultades para afrontar sus compromisos financieros. En su presentación, sostuvo que el objetivo de la reestructuración judicial es preservar la continuidad operativa y alcanzar un acuerdo con más de 800 acreedores, mientras intenta sostener una actividad que se redujo drásticamente durante el último año.

Fundada en 1948, Esuco desarrolló más de 500 proyectos de infraestructura en todo el país. Su trayectoria incluye la participación en obras emblemáticas como la represa hidroeléctrica Yacyretá, el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate, el ex Centro Cultural Kirchner, el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), la planta depuradora de efluentes cloacales de Berazategui, el Acueducto Miraflores en Chaco y la estación terrena satelital Las Lajas, además de numerosos emprendimientos viales, ferroviarios, energéticos e hidráulicos ejecutados para organismos nacionales, provinciales y municipales.

La paralización de la obra pública aceleró el deterioro

En el expediente judicial, la empresa atribuye su crisis a una combinación de factores que modificaron por completo el escenario del negocio. La fuerte reducción de la inversión pública, la virtual desaparición de nuevas licitaciones nacionales, el incremento de los costos de construcción, el elevado costo del financiamiento y los conflictos contractuales con Energía Argentina (Enarsa) terminaron deteriorando su capacidad financiera.

Según expuso la compañía, el cambio comenzó a profundizarse desde fines de 2023 y se consolidó durante 2024, cuando numerosos contratos financiados por el Estado fueron paralizados, suspendidos o ralentizados.

La empresa sostiene que la inversión pública en infraestructura cayó cerca de un 80% en términos reales respecto de 2023, mientras que la actividad de la construcción retrocedió más de un 27% durante 2024, provocando una fuerte reducción en las oportunidades de negocio y dificultando el reemplazo de los proyectos que finalizaban.

Los números reflejan esa transformación. Aunque durante 2024 Esuco facturó $84.664 millones, ese nivel representó una caída real del 23,7% frente al ejercicio anterior. El deterioro operativo también impactó sobre la rentabilidad: tras obtener una ganancia de $2.849 millones en 2023, cerró el último ejercicio con pérdidas por $6.206 millones.

El resultado bruto descendió desde $25.138 millones hasta $17.373 millones, mientras que los ingresos provenientes de obras ejecutadas disminuyeron desde $110.993 millones a $84.664 millones.

Más del 80% del personal fue desvinculado. La contracción de la actividad también golpeó con fuerza la estructura laboral de la empresa.

La documentación presentada ante la Justicia muestra que Esuco redujo su plantel de 397 trabajadores en junio de 2025 a apenas 70 empleados en abril de 2026, una disminución superior al 80% en menos de un año.

Los empleados permanentes pasaron de 160 a solo 25, mientras que el personal jornalizado afectado directamente a las obras cayó de 237 a 45 trabajadores, reflejando la magnitud del ajuste que debió afrontar la compañía.

El conflicto con Enarsa agravó la situación financiera

Otro de los ejes centrales de la presentación judicial es el conflicto que la empresa mantiene con Energía Argentina (Enarsa), vinculado a la ejecución de dos proyectos estratégicos para el sistema energético nacional: la Planta Compresora Mercedes y las obras de adecuación de las plantas compresoras necesarias para la reversión del Gasoducto Norte.

Esta última constituye una de las principales obras energéticas de los últimos años, ya que permitirá incrementar el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país para sustituir progresivamente las importaciones provenientes de Bolivia.

Esuco sostiene que ambos contratos estuvieron afectados por demoras en la aprobación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, autorizaciones técnicas e ingresos de materiales, situación que la obligó a financiar una parte creciente de los trabajos mediante recursos propios y endeudamiento bancario.

Según la empresa, solo el contrato correspondiente a la reversión del Gasoducto Norte le generó perjuicios económicos por aproximadamente $3.700 millones, mientras que los créditos pendientes de cobro relacionados con distintos proyectos energéticos superarían los $53.900 millones.

La constructora también argumenta que el atraso en los pagos, sumado a tasas de interés que durante parte de 2025 superaron el 100% nominal anual, terminó deteriorando aún más su situación financiera e imposibilitó sostener el ritmo previsto de ejecución de las obras.

Carlos Wagner y una empresa emblemática del sector

La historia reciente de Esuco también está estrechamente ligada a la figura del ingeniero Carlos Wagner, uno de los empresarios más influyentes de la construcción argentina durante las últimas décadas.

Wagner presidió la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, período caracterizado por un fuerte crecimiento de la inversión pública en infraestructura. Posteriormente adquirió notoriedad nacional al declarar como imputado colaborador en la causa conocida como los “Cuadernos de las Coimas”, donde describió el funcionamiento del presunto esquema de recaudación ilegal vinculado a contrataciones de obra pública.

No obstante, en la presentación del concurso preventivo, la empresa atribuye su crisis exclusivamente al cambio de escenario económico y operativo derivado del derrumbe de la inversión pública y las dificultades para sostener proyectos de gran escala.

El ingreso de Esuco al concurso preventivo trasciende la situación de una empresa en particular y se convierte en uno de los casos más representativos del impacto que tuvo el cambio de política de infraestructura sobre el sector de la construcción.

Mientras el Gobierno nacional mantiene el recorte de la obra pública como uno de los pilares del ajuste fiscal, numerosas empresas contratistas enfrentan una combinación de menor actividad, dificultades de financiamiento y conflictos derivados de contratos en ejecución.

Para Esuco, la continuidad dependerá ahora de la posibilidad de reestructurar su pasivo, recuperar los créditos pendientes —especialmente los vinculados a obras energéticas— y adaptarse a un mercado significativamente más reducido que el que impulsó su crecimiento durante décadas.

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El Sanatorio Posadas entra en concurso preventivo de crisis

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El sistema de salud privada en Misiones suma un nuevo capítulo de tensión financiera. La Justicia provincial decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores del Sanatorio Posadas SA, una de las principales clínicas privadas de la capital misionera, que arrastra una compleja situación económica marcada por deudas con prestadores médicos, proveedores, organismos públicos y atrasos salariales con sus trabajadores.

La medida judicial expone con crudeza la fragilidad estructural que atraviesan muchas instituciones sanitarias privadas, golpeadas por el desfasaje entre costos e ingresos, el atraso en los valores de las prestaciones y una creciente presión operativa en un contexto recesivo.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori, en el marco del Expediente 203624/2025. La apertura formal del proceso se dispuso en abril y desde ahora avanzará bajo estricta supervisión judicial con la intervención de una sindicatura designada para controlar y verificar los créditos.

La administración del concurso quedó bajo responsabilidad del estudio Bortoluzzi, Villamayor, Villamayor Nercolini, que actuará como órgano de control del proceso. Los acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación hasta el próximo 15 de junio en el domicilio fijado por la sindicatura.

En paralelo, la Justicia ordenó medidas cautelares sobre los bienes de la empresa, incluyendo inhibiciones generales y notificaciones a distintos registros públicos, con el objetivo de preservar el patrimonio del sanatorio mientras se desarrolla el procedimiento concursal.

La crisis financiera del establecimiento no es reciente. Según los antecedentes contables, el deterioro operativo se arrastra desde hace varios años, con una caída sostenida en la utilización de los servicios y una capacidad instalada muy por debajo de los niveles necesarios para alcanzar equilibrio económico.

Durante 2025, la situación se agravó con atrasos salariales de hasta dos meses para cerca de 150 trabajadores, generando fuerte malestar interno y creciente incertidumbre laboral. A ello se sumó un déficit operativo semestral superior a los 600 millones de pesos, reflejando la magnitud del desequilibrio financiero.

Además, la institución mantiene pasivos relevantes con la ANSeS y otros organismos públicos, junto con obligaciones impagas con profesionales médicos y empresas proveedoras que se remontan incluso a 2021. Entre los acreedores aparecen servicios esenciales para el funcionamiento diario, como seguridad, limpieza, mantenimiento y distintas firmas vinculadas al sector sanitario.

Desde la conducción del sanatorio atribuyen la crisis a una combinación de factores estructurales: el atraso de los aranceles frente a la inflación, el incremento sostenido de los costos salariales, la presión tributaria y la fuerte suba de insumos médicos y medicamentos, en un escenario nacional de contracción económica y caída del consumo de servicios privados de salud.

En el frente laboral, los trabajadores continúan prestando servicios con normalidad, aunque persiste una fuerte preocupación por la continuidad de la actividad, el pago de los haberes adeudados y el futuro de la institución.

La apertura del concurso preventivo marca ahora una etapa decisiva. El objetivo será reordenar el pasivo, negociar con acreedores y sostener el funcionamiento de una clínica clave dentro del sistema sanitario privado de Posadas.

El desenlace será determinante no sólo para la empresa, sino también para unas 150 familias que dependen directamente de su funcionamiento y para una red de prestadores que observa con preocupación cómo la crisis de financiamiento en la salud privada se profundiza en toda la provincia.

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Crisis en la construcción: una de las desarrolladoras más activas de Misiones en concurso de acreedores

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La desarrolladora inmobiliaria Silvana Ratti S.A., una de las firmas más visibles del boom de edificios en Posadas durante la última década, solicitó el concurso preventivo de acreedores ante la Justicia comercial para reordenar su situación financiera, en un contexto de fuerte contracción de la actividad de la construcción en medio de la recesión y el ajuste que impuso el Gobierno nacional. 

Desde la empresa indicaron que el objetivo del proceso es reorganizar especialmente compromisos financieros con entidades bancarias, mientras que las obras en marcha continuarían en ejecución. 

El objetivo de la empresa es reestructurar compromisos con entidades financieras y ordenar el flujo de la empresa para continuar con los proyectos en marcha y cumplir con los clientes. 

La decisión se produce en medio de un escenario complejo para el sector: caída de ventas de unidades, retracción del crédito hipotecario y un mercado inmobiliario cada vez más dependiente del ahorro privado.

Silvana Ratti creció literalmente dentro del mundo de la construcción. Hija del empresario Omar Ratti, uno de los constructores más conocidos de Misiones, su infancia transcurrió entre planos, obras y reuniones de obra. Con vuelo propio, armó una de las desarrolladoras más importantes de la provincia, con un plan de expansión en el segmento premium, que encontró freno en los últimos meses y obligó a la reestructuración financiera: se frenó la venta de departamentos y las inversiones proyectadas se congelaron.

Durante los últimos años, la firma se convirtió en una de las desarrolladoras más activas de la capital misionera.

Entre los proyectos construidos o entregados figuran edificios como Cyra Tower, Marwa o Kona 21, mientras que actualmente existen otros desarrollos en ejecución como Windhouse, Shukra Tower, Malka, Merak y Nyx West

Sin embargo, el contexto macroeconómico comenzó a erosionar ese ciclo de expansión.

El mercado inmobiliario local depende en gran medida de inversores privados y del sistema de fideicomiso al costo, donde las ventas de unidades financian el avance de las obras. El acceso a departamentos de gama media o alta se volvió cada vez más limitado para los compradores finales. En Posadas, el valor de muchas unidades nuevas oscila entre 150.000 y 300.000 dólares, cifras que hoy quedan fuera del alcance de la mayoría de la clase media sin crédito hipotecario, desaparecido por las altas tasas en la Argentina. 

El caso de Ratti se inscribe en una crisis más amplia que atraviesa al sector.

Desde fines de 2023, la paralización de gran parte de la obra pública y la recesión económica provocaron una fuerte contracción de la actividad.

Los indicadores del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) muestran que la actividad en Misiones atraviesa una de las contracciones más fuertes de los últimos años.

De acuerdo con los informes de coyuntura, la provincia registró una caída interanual del 24,2% en el empleo formal de la construcción, ubicándose entre las jurisdicciones con peor desempeño del país. 

El impacto no se limita a los trabajadores. También se observa una reducción del número de empresas activas en el sector, que en el país se encuentra más de 24% por debajo de los niveles máximos alcanzados en los ciclos expansivos de la construcción, como los registrados entre 2008 y 2013. 

La construcción siempre fue un termómetro de la economía argentina. Cuando la actividad crece, las grúas dominan el paisaje urbano. Cuando se detiene, las ciudades quedan llenas de estructuras a medio camino. El concurso preventivo de una desarrolladora emblemática de Posadas es, en ese sentido, mucho más que la historia de una empresa: es el reflejo de un sector que vuelve a sentir el peso de un ciclo económico adverso.

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Peabody entra en concurso preventivo y expone la crisis de la industria de electrodomésticos

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Goldmund, fabricante de los electrodomésticos marca Peabody, solicitó esta semana la apertura de concurso preventivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La decisión formaliza un proceso de reestructuración de pasivos que la empresa comunicó a clientes y proveedores como parte de una estrategia para “ordenar compromisos y fortalecer la estructura” con el objetivo de sostener la continuidad operativa.

El movimiento no es aislado. Se inscribe en un escenario de tensión creciente para la industria local de electrodomésticos, atravesada por caída de actividad y mayor competencia importada. La pregunta que se abre es si el concurso funcionará como puente para reordenar la compañía o si marca un nuevo retroceso del entramado industrial argentino en un contexto de cambios regulatorios y presión de costos.

Reestructuración y cambio de estrategia productiva

Goldmund fue creada en 2003 por el empresario coreano Dante Choi y tiene planta en La Tablada, partido de La Matanza. En una entrevista reciente, el propio Choi había anticipado las dificultades de competitividad que enfrentaba la firma.

Según explicó, Peabody trasladó parte de su operación a Paraguay para reducir costos laborales y tributarios y desde allí abastecer mercados del Cono Sur, incluida la Argentina. El diferencial impositivo y laboral fue expuesto con cifras concretas: en Paraguay no se pagan IVA ni Ingresos Brutos, no existen aranceles de importación de entre 18% y 20%, ni impuesto al cheque ni tasa estadística del 3%. Además, el salario ronda los 500 dólares frente a 2000 dólares en la Argentina considerando indemnizaciones y litigios laborales, con una ART que encarece entre 4% y 12% el costo salarial.

En ese marco, la planta local quedó con producción limitada. El concurso preventivo aparece así como una consecuencia de un proceso previo de ajuste estructural, no como un hecho abrupto.

Impacto sectorial y señales de desindustrialización

El caso de Goldmund se suma a otros movimientos en la industria. La estadounidense Whirlpool anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas en Pilar para finales de noviembre y concentrará su operación en ventas y servicio, pasando a importar productos.

También la mexicana Mabe inició un proceso de reorganización en la Argentina que incluye retiros voluntarios y la conversión de una fábrica en Córdoba en depósito y hub de distribución, aunque mantendrá producción en otras plantas.

La sucesión de decisiones empresariales refleja una correlación clara: mayor presión competitiva externa y revisión de estructuras locales. El concurso preventivo de Goldmund no es solo un expediente judicial; funciona como indicador del momento que atraviesa el sector.

Repercusiones y escenario abierto

El concurso abre una etapa de negociación con acreedores y redefine la relación de la empresa con proveedores y trabajadores. Desde el punto de vista institucional, el proceso judicial busca evitar la quiebra y preservar la continuidad operativa. En términos económicos, la señal impacta en la cadena de valor industrial y en el empleo en el conurbano bonaerense.

La evolución del expediente ante la Cámara Comercial será clave para medir la capacidad de la firma de sostener actividad en la Argentina mientras profundiza su estrategia regional. Al mismo tiempo, el contexto sectorial plantea interrogantes sobre la viabilidad de la producción local frente a esquemas de costos más bajos en países vecinos.

El desenlace no está escrito. El concurso puede ordenar pasivos y dar oxígeno financiero, pero también expone un debate más amplio sobre competitividad, estructura tributaria y modelo industrial. En las próximas semanas se verá si la reestructuración alcanza para estabilizar a Peabody o si el proceso se convierte en un nuevo síntoma de reconfiguración del mapa fabril argentino.

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