concurso preventivo

El Sanatorio Posadas entra en concurso preventivo de crisis

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El sistema de salud privada en Misiones suma un nuevo capítulo de tensión financiera. La Justicia provincial decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores del Sanatorio Posadas SA, una de las principales clínicas privadas de la capital misionera, que arrastra una compleja situación económica marcada por deudas con prestadores médicos, proveedores, organismos públicos y atrasos salariales con sus trabajadores.

La medida judicial expone con crudeza la fragilidad estructural que atraviesan muchas instituciones sanitarias privadas, golpeadas por el desfasaje entre costos e ingresos, el atraso en los valores de las prestaciones y una creciente presión operativa en un contexto recesivo.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori, en el marco del Expediente 203624/2025. La apertura formal del proceso se dispuso en abril y desde ahora avanzará bajo estricta supervisión judicial con la intervención de una sindicatura designada para controlar y verificar los créditos.

La administración del concurso quedó bajo responsabilidad del estudio Bortoluzzi, Villamayor, Villamayor Nercolini, que actuará como órgano de control del proceso. Los acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación hasta el próximo 15 de junio en el domicilio fijado por la sindicatura.

En paralelo, la Justicia ordenó medidas cautelares sobre los bienes de la empresa, incluyendo inhibiciones generales y notificaciones a distintos registros públicos, con el objetivo de preservar el patrimonio del sanatorio mientras se desarrolla el procedimiento concursal.

La crisis financiera del establecimiento no es reciente. Según los antecedentes contables, el deterioro operativo se arrastra desde hace varios años, con una caída sostenida en la utilización de los servicios y una capacidad instalada muy por debajo de los niveles necesarios para alcanzar equilibrio económico.

Durante 2025, la situación se agravó con atrasos salariales de hasta dos meses para cerca de 150 trabajadores, generando fuerte malestar interno y creciente incertidumbre laboral. A ello se sumó un déficit operativo semestral superior a los 600 millones de pesos, reflejando la magnitud del desequilibrio financiero.

Además, la institución mantiene pasivos relevantes con la ANSeS y otros organismos públicos, junto con obligaciones impagas con profesionales médicos y empresas proveedoras que se remontan incluso a 2021. Entre los acreedores aparecen servicios esenciales para el funcionamiento diario, como seguridad, limpieza, mantenimiento y distintas firmas vinculadas al sector sanitario.

Desde la conducción del sanatorio atribuyen la crisis a una combinación de factores estructurales: el atraso de los aranceles frente a la inflación, el incremento sostenido de los costos salariales, la presión tributaria y la fuerte suba de insumos médicos y medicamentos, en un escenario nacional de contracción económica y caída del consumo de servicios privados de salud.

En el frente laboral, los trabajadores continúan prestando servicios con normalidad, aunque persiste una fuerte preocupación por la continuidad de la actividad, el pago de los haberes adeudados y el futuro de la institución.

La apertura del concurso preventivo marca ahora una etapa decisiva. El objetivo será reordenar el pasivo, negociar con acreedores y sostener el funcionamiento de una clínica clave dentro del sistema sanitario privado de Posadas.

El desenlace será determinante no sólo para la empresa, sino también para unas 150 familias que dependen directamente de su funcionamiento y para una red de prestadores que observa con preocupación cómo la crisis de financiamiento en la salud privada se profundiza en toda la provincia.

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Crisis en la construcción: una de las desarrolladoras más activas de Misiones en concurso de acreedores

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La desarrolladora inmobiliaria Silvana Ratti S.A., una de las firmas más visibles del boom de edificios en Posadas durante la última década, solicitó el concurso preventivo de acreedores ante la Justicia comercial para reordenar su situación financiera, en un contexto de fuerte contracción de la actividad de la construcción en medio de la recesión y el ajuste que impuso el Gobierno nacional. 

Desde la empresa indicaron que el objetivo del proceso es reorganizar especialmente compromisos financieros con entidades bancarias, mientras que las obras en marcha continuarían en ejecución. 

El objetivo de la empresa es reestructurar compromisos con entidades financieras y ordenar el flujo de la empresa para continuar con los proyectos en marcha y cumplir con los clientes. 

La decisión se produce en medio de un escenario complejo para el sector: caída de ventas de unidades, retracción del crédito hipotecario y un mercado inmobiliario cada vez más dependiente del ahorro privado.

Silvana Ratti creció literalmente dentro del mundo de la construcción. Hija del empresario Omar Ratti, uno de los constructores más conocidos de Misiones, su infancia transcurrió entre planos, obras y reuniones de obra. Con vuelo propio, armó una de las desarrolladoras más importantes de la provincia, con un plan de expansión en el segmento premium, que encontró freno en los últimos meses y obligó a la reestructuración financiera: se frenó la venta de departamentos y las inversiones proyectadas se congelaron.

Durante los últimos años, la firma se convirtió en una de las desarrolladoras más activas de la capital misionera.

Entre los proyectos construidos o entregados figuran edificios como Cyra Tower, Marwa o Kona 21, mientras que actualmente existen otros desarrollos en ejecución como Windhouse, Shukra Tower, Malka, Merak y Nyx West

Sin embargo, el contexto macroeconómico comenzó a erosionar ese ciclo de expansión.

El mercado inmobiliario local depende en gran medida de inversores privados y del sistema de fideicomiso al costo, donde las ventas de unidades financian el avance de las obras. El acceso a departamentos de gama media o alta se volvió cada vez más limitado para los compradores finales. En Posadas, el valor de muchas unidades nuevas oscila entre 150.000 y 300.000 dólares, cifras que hoy quedan fuera del alcance de la mayoría de la clase media sin crédito hipotecario, desaparecido por las altas tasas en la Argentina. 

El caso de Ratti se inscribe en una crisis más amplia que atraviesa al sector.

Desde fines de 2023, la paralización de gran parte de la obra pública y la recesión económica provocaron una fuerte contracción de la actividad.

Los indicadores del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) muestran que la actividad en Misiones atraviesa una de las contracciones más fuertes de los últimos años.

De acuerdo con los informes de coyuntura, la provincia registró una caída interanual del 24,2% en el empleo formal de la construcción, ubicándose entre las jurisdicciones con peor desempeño del país. 

El impacto no se limita a los trabajadores. También se observa una reducción del número de empresas activas en el sector, que en el país se encuentra más de 24% por debajo de los niveles máximos alcanzados en los ciclos expansivos de la construcción, como los registrados entre 2008 y 2013. 

La construcción siempre fue un termómetro de la economía argentina. Cuando la actividad crece, las grúas dominan el paisaje urbano. Cuando se detiene, las ciudades quedan llenas de estructuras a medio camino. El concurso preventivo de una desarrolladora emblemática de Posadas es, en ese sentido, mucho más que la historia de una empresa: es el reflejo de un sector que vuelve a sentir el peso de un ciclo económico adverso.

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Peabody entra en concurso preventivo y expone la crisis de la industria de electrodomésticos

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Goldmund, fabricante de los electrodomésticos marca Peabody, solicitó esta semana la apertura de concurso preventivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La decisión formaliza un proceso de reestructuración de pasivos que la empresa comunicó a clientes y proveedores como parte de una estrategia para “ordenar compromisos y fortalecer la estructura” con el objetivo de sostener la continuidad operativa.

El movimiento no es aislado. Se inscribe en un escenario de tensión creciente para la industria local de electrodomésticos, atravesada por caída de actividad y mayor competencia importada. La pregunta que se abre es si el concurso funcionará como puente para reordenar la compañía o si marca un nuevo retroceso del entramado industrial argentino en un contexto de cambios regulatorios y presión de costos.

Reestructuración y cambio de estrategia productiva

Goldmund fue creada en 2003 por el empresario coreano Dante Choi y tiene planta en La Tablada, partido de La Matanza. En una entrevista reciente, el propio Choi había anticipado las dificultades de competitividad que enfrentaba la firma.

Según explicó, Peabody trasladó parte de su operación a Paraguay para reducir costos laborales y tributarios y desde allí abastecer mercados del Cono Sur, incluida la Argentina. El diferencial impositivo y laboral fue expuesto con cifras concretas: en Paraguay no se pagan IVA ni Ingresos Brutos, no existen aranceles de importación de entre 18% y 20%, ni impuesto al cheque ni tasa estadística del 3%. Además, el salario ronda los 500 dólares frente a 2000 dólares en la Argentina considerando indemnizaciones y litigios laborales, con una ART que encarece entre 4% y 12% el costo salarial.

En ese marco, la planta local quedó con producción limitada. El concurso preventivo aparece así como una consecuencia de un proceso previo de ajuste estructural, no como un hecho abrupto.

Impacto sectorial y señales de desindustrialización

El caso de Goldmund se suma a otros movimientos en la industria. La estadounidense Whirlpool anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas en Pilar para finales de noviembre y concentrará su operación en ventas y servicio, pasando a importar productos.

También la mexicana Mabe inició un proceso de reorganización en la Argentina que incluye retiros voluntarios y la conversión de una fábrica en Córdoba en depósito y hub de distribución, aunque mantendrá producción en otras plantas.

La sucesión de decisiones empresariales refleja una correlación clara: mayor presión competitiva externa y revisión de estructuras locales. El concurso preventivo de Goldmund no es solo un expediente judicial; funciona como indicador del momento que atraviesa el sector.

Repercusiones y escenario abierto

El concurso abre una etapa de negociación con acreedores y redefine la relación de la empresa con proveedores y trabajadores. Desde el punto de vista institucional, el proceso judicial busca evitar la quiebra y preservar la continuidad operativa. En términos económicos, la señal impacta en la cadena de valor industrial y en el empleo en el conurbano bonaerense.

La evolución del expediente ante la Cámara Comercial será clave para medir la capacidad de la firma de sostener actividad en la Argentina mientras profundiza su estrategia regional. Al mismo tiempo, el contexto sectorial plantea interrogantes sobre la viabilidad de la producción local frente a esquemas de costos más bajos en países vecinos.

El desenlace no está escrito. El concurso puede ordenar pasivos y dar oxígeno financiero, pero también expone un debate más amplio sobre competitividad, estructura tributaria y modelo industrial. En las próximas semanas se verá si la reestructuración alcanza para estabilizar a Peabody o si el proceso se convierte en un nuevo síntoma de reconfiguración del mapa fabril argentino.

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Embargos y acusaciones millonarias contra exfuncionarios macristas por el caso Vicentin

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La Justicia federal ordenó el embargo y la inhibición general de bienes de exautoridades del Banco Nación que se desempeñaron durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la megacausa Vicentin. La decisión alcanza, entre otros, al expresidente de la entidad Javier González Fraga y a su vice, Lucas Llach, acusados de haber favorecido al grupo empresario con maniobras que habrían provocado un perjuicio millonario al banco público. La medida busca asegurar el eventual decomiso, el cobro de multas y la reparación del daño económico.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 y se inscribe en una investigación que apunta a determinar responsabilidades penales por el presunto otorgamiento irregular de créditos, la omisión de controles y la liberación de fondos que debían funcionar como garantía de préstamos otorgados a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA.

Los fundamentos del embargo y la acusación central

Según el fallo, “la finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”. La resolución también subraya que la medida busca cubrir “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.

La imputación sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75”, monto que el banco reclamó en el concurso preventivo de la firma y que “hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.

El eje de la acusación apunta a que las autoridades del banco se habrían apartado de la normativa vigente al no intimar a las empresas por deudas vencidas y exigibles desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos de prefinanciación de exportaciones.

Cuentas liberadas, garantías omitidas y créditos bajo sospecha

La resolución judicial detalla que la maniobra incluyó “la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos –ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC–, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos”.

Por esas cuentas, entre agosto y diciembre de 2019, circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902, respectivamente. Sin embargo, la Justicia sostiene que los funcionarios habrían permitido que “entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 se liberaran un total de $ 43.449.104.966”, autorizando 125 transferencias hacia otra cuenta corriente del grupo, “desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”.

A esto se suma el “otorgamiento presuntamente irregular de veintiocho préstamos por un total de U$S 105.500.000”, concedidos al Grupo Vicentin entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019. La resolución enfatiza que, al momento de esos créditos, el grupo ya registraba “una deuda vencida y exigible de U$S 149.500.000” y se encontraba excedido en la normativa GERC del BCRA “desde por lo menos el 31 de julio de 2019”.

Indagatorias en curso y proyección judicial

Las indagatorias comenzaron en noviembre y continuarán después de la feria judicial, con nuevas audiencias previstas para marzo. Javier González Fraga, quien presidió el Banco Nación entre 2017 y 2019, fue uno de los primeros en declarar.

El avance de la causa profundiza el impacto político e institucional del expediente Vicentin, que combina presuntas irregularidades en la gestión de un banco público, un perjuicio patrimonial millonario y decisiones adoptadas en los meses finales de una administración nacional. La continuidad del proceso judicial mantiene bajo escrutinio a exfuncionarios clave y abre la puerta a eventuales responsabilidades penales y patrimoniales de alto alcance.

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Concurso y rescate: Nofal asume el control de Celulosa Argentina con un crédito por US$ 18 millones

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Celulosa Argentina entra en concurso preventivo y cambia de dueño: Nofal asume el control con un plan de salvataje por US$ 18 millones

La histórica papelera santafesina atraviesa su peor crisis en décadas. El Juzgado de San Lorenzo abrió el concurso preventivo el 25 de septiembre, mientras el empresario Esteban Nofal adquirió el 45,5% del capital y comprometió una línea de crédito para reactivar las plantas paralizadas.

Colapso financiero y concurso preventivo

Celulosa Argentina, uno de los emblemas industriales del país, oficializó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) su ingreso en cesación de pagos, luego de que el Juzgado Civil y Comercial de la Primera Nominación de San Lorenzo declarara abierto su concurso preventivo de acreedores el 25 de septiembre de 2025.

La empresa —con casi un siglo de historia y 1.375 empleados— enfrenta una de las peores crisis de su trayectoria. En su balance trimestral cerrado al 31 de agosto de 2025, reportó una pérdida integral de $81.932 millones, ocho veces superior a la del mismo período del año anterior.

Los ingresos cayeron 73% interanual, hasta $21.968 millones, mientras que el costo de ventas se redujo solo 42%, lo que reflejó la inelasticidad de sus costos fijos industriales en un contexto de plantas paralizadas. El resultado operativo fue negativo en $27.290 millones, y el resultado final arrojó una pérdida neta de $74.628 millones, dejando un patrimonio neto negativo de $107.000 millones.

A esto se sumaron pérdidas financieras por $10.700 millones, una diferencia de cambio negativa de $19.577 millones, y un cargo por impuesto a las ganancias de $31.061 millones. El desplome operativo y la falta de capital de trabajo llevaron a la empresa a detener sus plantas y solicitar protección judicial frente a sus acreedores.

Cambio de control: del grupo Tapebicuá a Esteban Nofal

Hasta agosto de 2025, el control accionario de Celulosa Argentina pertenecía al grupo español Tapebicuá Investment Company S.L., con sede en Madrid y controlado por Tapebicuá Cayman Ltd.. Sin embargo, la imposibilidad del grupo de sostener financieramente la operación precipitó una reconfiguración accionaria.

El 19 de septiembre de 2025, el empresario Esteban Nofal adquirió, de forma directa e indirecta, el 45,5% del capital accionario, convirtiéndose en el nuevo controlador de la compañía. El traspaso fue comunicado formalmente a la CNV y autorizado por el juzgado del concurso.

La operación marca un punto de inflexión para la papelera fundada en 1929, con sede en Capitán Bermúdez (Santa Fe) y presencia en toda la cadena forestoindustrial. Nofal comprometió una línea de crédito por hasta US$ 18 millones, con tasa del 10% anual y un plazo de 24 meses, estructurada mediante un fideicomiso garantizado con las cuentas por cobrar de la compañía.

Los primeros desembolsos se destinaron al pago de salarios de septiembre y a proveedores críticos, con el objetivo de reactivar la planta principal de Capitán Bermúdez. El nuevo accionista informó que los fondos restantes se aplicarán a recomponer el capital de trabajo y restablecer las operaciones en todas las unidades productivas.

Impacto industrial

El derrumbe de la demanda durante 2024 y 2025, combinado con el encarecimiento del crédito y la persistencia inflacionaria, dejó a Celulosa sin capacidad de reacción. En su comunicación a la CNV, la empresa reconoció que “la falta de capital de trabajo hizo que se interrumpan las actividades productivas”, forzando la presentación judicial.

Las filiales Fanapel y Forestadora Tapebicuá también registraron caídas severas en su facturación, de 26% y 63% interanual, respectivamente. El Directorio, encabezado por Francisco Roberto Santandreu, sostuvo que la inyección de fondos de Nofal permitirá “recuperar la producción plena y sostener el empleo”.

El nuevo plan apunta a reactivar la operación, preservar las fuentes laborales y reposicionar a Celulosa Argentina en los mercados internos y externos. Una vez normalizada la producción, la compañía buscará reinsertarse en la cadena exportadora y recuperar competitividad en un contexto que consideran más favorable para la industria.

El desafío inmediato será estabilizar el flujo de caja y restablecer la confianza con proveedores, bancos y trabajadores, tras años de tensiones financieras. El proceso de concurso abre una instancia clave para la reestructuración de pasivos y la renegociación de compromisos, mientras la empresa intenta capitalizar el respaldo del nuevo controlante.

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