Congreso de Estados Unidos

Trump declaró “terminada” la guerra con Irán y evitó pedir autorización al Congreso

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La administración de Donald Trump notificó formalmente al Congreso que considera finalizadas las hostilidades con Irán, una definición que le permitió evitar una nueva autorización legislativa en medio de fuertes cuestionamientos sobre la interpretación de la Ley de Poderes de Guerra.

La carta fue enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, justo al cumplirse los 60 días desde que Trump notificó el inicio de las operaciones militares, el pasado 28 de febrero.

Ese plazo está contemplado en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, una norma aprobada tras la guerra de Vietnam para limitar la capacidad del presidente de sostener conflictos bélicos sin aval del Congreso. La ley obliga al Ejecutivo a retirar las Fuerzas Armadas salvo que exista una declaración formal de guerra o una prórroga legislativa específica.

Sin embargo, la Casa Blanca sostuvo que esa exigencia no aplica porque las hostilidades cesaron de hecho con el frágil alto el fuego alcanzado a comienzos de abril.

“No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero han cesado”, afirmó Trump en la comunicación oficial.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó esa postura ante el Congreso al señalar que “estamos en un cese al fuego ahora mismo”, por lo que, según la interpretación oficial, el reloj de los 60 días “se pausa o se detiene”.

Debate jurídico y político

La explicación generó una inmediata reacción de legisladores demócratas y expertos en derecho constitucional, que advirtieron que la ley no contempla ninguna pausa automática por un cese al fuego.

El senador demócrata Tim Kaine rechazó ese argumento durante una audiencia en el Capitolio: “No creo que el estatuto apoye eso”. Más duro fue Richard Blumenthal, quien afirmó que “no hay botón de pausa en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra”.

Además, persisten señales contradictorias sobre el verdadero estado del conflicto: aunque Trump habló de hostilidades terminadas, la Armada estadounidense mantiene un bloqueo activo para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras Irán conserva el control estratégico sobre el estrecho de Ormuz.

La propia carta presidencial reconoce que “la amenaza iraní sigue siendo significativa” y que las operaciones buscan asegurar “una paz duradera”, lo que alimentó aún más el debate político.

Aunque el liderazgo republicano evitó impulsar una votación formal para autorizar el uso de la fuerza, comenzaron a aparecer fisuras dentro del propio oficialismo.

La senadora Susan Collins votó por primera vez junto a los demócratas para intentar frenar el conflicto y advirtió que el plazo legal de 60 días “no es una sugerencia, es un requisito”. También senadores como John Curtis, Lisa Murkowski, Thom Tillis y Josh Hawley reclamaron que el Congreso intervenga en la definición.

Curtis incluso anticipó que no apoyará más financiamiento para la guerra hasta que exista una autorización formal.

Por su parte, Trump descartó por completo pedir ese aval legislativo.

“Ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?”, declaró antes de partir desde la Casa Blanca hacia Florida. También calificó la Resolución de Poderes de Guerra como “totalmente inconstitucional”.

La discusión reabre un viejo debate en Washington sobre los límites del poder presidencial en política exterior y sobre cuánto margen real tiene el Congreso para condicionar una guerra iniciada por la Casa Blanca.

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Trump justifica la ofensiva contra Irán por un programa nuclear secreto y no descarta tropas terrestres

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la decisión de lanzar la operación “Furia Épica” contra Irán se tomó tras detectar una planta secreta de enriquecimiento de uranio. En una entrevista publicada el lunes, aseguró que Teherán buscaba fabricar un arma nuclear y que los ataques ya eliminaron a 49 altos funcionarios, incluido el ayatolá Ali Khamenei. Aunque afirmó que la campaña avanza “mucho más rápido de lo previsto”, no descartó el envío de tropas terrestres. El movimiento redefine el equilibrio regional y tensiona la política interna en Washington.

La revelación agrega una pieza central al conflicto iniciado el sábado. Según Trump, la inteligencia estadounidense identificó un emplazamiento atómico desconocido hasta ahora, distinto a las instalaciones permanentes bajo vigilancia. El hallazgo, sostuvo, se produjo poco después del fracaso de las negociaciones en Ginebra el jueves pasado. La secuencia —ruptura diplomática, descubrimiento de un sitio secreto y ofensiva inmediata— configura una narrativa de acción preventiva.

“Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente”, afirmó el mandatario. La frase condensa la lógica política de la intervención: neutralizar una amenaza antes de que se consolide. Pero también abre interrogantes sobre la información de inteligencia y su validación internacional.

Superioridad aérea y plazos acotados

Desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine confirmaron que Estados Unidos estableció “superioridad aérea local” sobre Irán. Hegseth diferenció esta campaña de los conflictos prolongados en Irak y Afganistán y estimó que la fase crítica podría extenderse entre cuatro y seis semanas.

La Casa Blanca busca instalar la idea de una misión delimitada. Sin embargo, Trump dejó abierta la posibilidad de enviar tropas terrestres si lo considera necesario. “Probablemente no las necesitemos, pero si fueran necesarias, las enviaremos”, sostuvo. La advertencia introduce un factor de escalada que contrasta con el mensaje de intervención acotada.

El balance militar es significativo. Washington afirma que 49 altos funcionarios iraníes murieron en los ataques, incluido el líder supremo. El Pentágono confirmó la muerte de un cuarto militar estadounidense y la pérdida de tres F-15E derribados por error por defensas antiaéreas de Kuwait en medio de la confusión operativa. Las cifras muestran que la campaña no es quirúrgica en sentido estricto.

Impacto regional y efecto en los mercados

La respuesta iraní y de sus aliados generó un efecto inmediato en el Golfo Pérsico. QatarEnergy suspendió su producción de gas natural licuado tras ataques con drones, lo que impulsó los precios del gas en Europa un 40%. La refinería saudí de Ras Tanura y petroleros en el Mar de Omán también fueron alcanzados por proyectiles.

El conflicto ya produce consecuencias económicas tangibles. La interrupción del suministro energético en un corredor estratégico altera mercados y amplifica la dimensión global de la guerra. La estabilidad del Golfo dejó de ser un asunto regional para convertirse en variable crítica del comercio internacional.

En el plano humanitario, la Media Luna Roja iraní informó 555 muertos en territorio persa desde el sábado. En Israel, los ataques con misiles dejaron 11 víctimas fatales. El costo humano escala mientras las partes consolidan posiciones.

Frente interno y Congreso

Trump reconoció que las encuestas internas muestran un apoyo minoritario a la guerra, con un 27% de aprobación según Reuters/Ipsos. Aun así, desestimó el dato y afirmó que su prioridad es “hacer lo correcto”. La tensión entre liderazgo presidencial y opinión pública reaparece en un contexto donde el Congreso tendrá un rol central.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se presentará ante el Congreso para defender la legalidad y los objetivos de la ofensiva. Ese debate institucional será clave. La administración necesita sostener respaldo político para una operación que podría extenderse varias semanas y que ya tiene impacto económico global.

Escenario abierto

Teherán, a través de su secretario de Seguridad Nacional, Alí Larijani, descartó una negociación inmediata y habló de una guerra de resistencia prolongada. China denunció un retorno a la “ley de la selva”, lo que agrega presión diplomática al tablero.

La Casa Blanca sostiene que la campaña progresa más rápido de lo previsto. Sin embargo, el envío eventual de tropas terrestres, la volatilidad de los mercados energéticos y el debate en el Congreso marcarán el rumbo de las próximas semanas.

La ofensiva nació como respuesta a un programa nuclear secreto. Su desenlace dependerá de cuánto logre contenerse dentro de los límites que Washington dice haber fijado.

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El DOJ publicó documentos de Epstein con amplias censuras y crece la presión del Congreso

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BBC Mundo – El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió una primera tanda de documentos vinculados a la causa Jeffrey Epstein, una publicación largamente esperada tras la aprobación en el Congreso de una ley que obliga a liberar el material completo. Aunque el lote inicial incluye fotografías, videos y documentos de investigación con la aparición de figuras públicas, el alcance de la información quedó limitado por amplias censuras y por la confirmación oficial de que aún restan “varios cientos de miles” de páginas por revisar y publicar. La decisión abrió un frente político e institucional, con cuestionamientos de demócratas y republicanos por un presunto incumplimiento legal de los plazos.

La difusión se produjo a horas del vencimiento del plazo fijado por el Congreso. Sin embargo, el propio Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anticipó que no lograría publicar la totalidad del material antes de la fecha límite. Como resultado, muchos de los miles de archivos divulgados aparecen parcial o totalmente censurados, lo que redujo el impacto probatorio de esta primera entrega y alimentó críticas cruzadas en el Capitolio.

Qué contienen los documentos y quiénes aparecen

En el primer lote publicado figuran fotografías y referencias documentales a personalidades conocidas de la política, la realeza y el espectáculo. Entre los nombres que aparecen se encuentran el expresidente estadounidense Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor y músicos como Mick Jagger y Michael Jackson. El Departamento de Justicia aclaró que la mera aparición en fotos o menciones documentales no implica la comisión de delitos, y varias de las figuras públicas citadas negaron en el pasado haber tenido conocimiento de los abusos sexuales cometidos por Epstein.

Entre las imágenes difundidas hay fotografías de Bill Clinton en una piscina y recostado en lo que parece ser un jacuzzi, tomadas durante encuentros con Epstein en la década de 1990 y comienzos de los 2000, antes del primer arresto del financista. Clinton no fue acusado por víctimas de los abusos y negó reiteradamente haber tenido conocimiento de los delitos. Un portavoz sostuvo que las fotos “tienen décadas de antigüedad” y afirmó que “no tienen nada que ver con Bill Clinton”.

Los documentos judiciales también incluyen una mención al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una demanda presentada en 2020 contra el patrimonio de Epstein y Ghislaine Maxwell, se describe un supuesto episodio ocurrido en la década de 1990 en el complejo Mar-a-Lago, donde Epstein habría presentado a una niña de 14 años. El escrito relata que Trump reaccionó con una sonrisa ante un comentario de Epstein, aunque la demanda no formula ninguna acusación contra el presidente, quien negó de forma consistente cualquier irregularidad y afirmó que se distanció de Epstein alrededor de 2004. Según el propio DOJ, esta referencia es una de las pocas menciones al presidente dentro de los archivos difundidos.

Otra de las imágenes publicadas parece mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor recostado sobre varias personas, con Ghislaine Maxwell de pie detrás. Andrew ha sido objeto de escrutinio público por su antigua amistad con Epstein, aunque negó reiteradamente cualquier conducta impropia y sostuvo que no presenció ni sospechó los hechos que derivaron en la condena del financista.

El material incluye además fotografías de Epstein con celebridades del mundo del espectáculo como Michael Jackson, Diana Ross, Mick Jagger y el actor Chris Tucker. En varios casos no se especifica el contexto, el lugar ni la fecha de las imágenes, ni si Epstein mantenía una relación directa con todas las personas retratadas. El DOJ recordó que archivos previos del patrimonio de Epstein contenían fotografías de eventos a los que el financista no asistió, lo que refuerza la cautela en la interpretación del material.

Denuncias, víctimas y el alcance de las censuras

Más allá de las figuras públicas, los documentos recuperan testimonios de víctimas y denunciantes tempranas. Entre ellos figura el relato de Maria Farmer, artista que trabajó para Epstein y declaró al FBI en 1996 que el financista le robó fotografías personales de sus hermanas, entonces menores de edad. En el informe se consigna que Epstein la habría amenazado con incendiar su casa si hablaba del tema y que le pidió tomar fotos de niñas en piscinas. Aunque su nombre aparece omitido en los archivos, Farmer confirmó que el testimonio corresponde a su denuncia y afirmó sentirse “reivindicada” tras casi 30 años.

No obstante, el impacto de estos relatos se vio atenuado por el nivel de censura aplicado. Según informó CBS, socio estadounidense de la BBC, más de 550 páginas del material publicado fueron completamente cubiertas, incluyendo documentos vinculados a investigaciones de gran jurado. La ley habilita a ocultar información para proteger la identidad de las víctimas o investigaciones en curso, pero también exige explicar las razones de cada censura, algo que aún no se detalló en los archivos difundidos.

El fiscal general adjunto Todd Blanche explicó que el Departamento de Justicia está revisando exhaustivamente cada página para garantizar la protección de las víctimas. En declaraciones públicas, afirmó que se publicaron “varios cientos de miles de páginas” y que se esperan “varios cientos de miles más” en las próximas semanas, sin precisar un cronograma definitivo.

Repercusiones políticas y presión institucional

La publicación parcial de los archivos derivó en un conflicto político inmediato. Legisladores de ambos partidos expresaron frustración por la demora y las censuras. El congresista demócrata Ro Khanna acusó al Departamento de Justicia de incumplir la ley y advirtió que se evalúan medidas institucionales, incluyendo acciones contra funcionarios del organismo. Khanna lideró junto al republicano Thomas Massie la campaña que impulsó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, desafiando inicialmente la posición del presidente Trump, quien había instado a votar en contra.

El episodio reabre el debate sobre la transparencia judicial, la protección de las víctimas y los límites de la información pública en causas sensibles. Mientras el DOJ sostiene que la revisión es necesaria para evitar daños adicionales, la presión legislativa apunta a acelerar la liberación completa del material y a clarificar los criterios de censura aplicados.

Con cientos de miles de páginas aún pendientes, la causa Epstein vuelve a instalarse en el centro de la agenda política e institucional de Estados Unidos. El contenido de las próximas tandas de documentos será clave para determinar si la publicación cumple efectivamente con el mandato legal de transparencia o si profundiza el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

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