La administración de Donald Trump notificó formalmente al Congreso que considera finalizadas las hostilidades con Irán, una definición que le permitió evitar una nueva autorización legislativa en medio de fuertes cuestionamientos sobre la interpretación de la Ley de Poderes de Guerra.

La carta fue enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, justo al cumplirse los 60 días desde que Trump notificó el inicio de las operaciones militares, el pasado 28 de febrero.

Ese plazo está contemplado en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, una norma aprobada tras la guerra de Vietnam para limitar la capacidad del presidente de sostener conflictos bélicos sin aval del Congreso. La ley obliga al Ejecutivo a retirar las Fuerzas Armadas salvo que exista una declaración formal de guerra o una prórroga legislativa específica.

Sin embargo, la Casa Blanca sostuvo que esa exigencia no aplica porque las hostilidades cesaron de hecho con el frágil alto el fuego alcanzado a comienzos de abril.

“No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero han cesado”, afirmó Trump en la comunicación oficial.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó esa postura ante el Congreso al señalar que “estamos en un cese al fuego ahora mismo”, por lo que, según la interpretación oficial, el reloj de los 60 días “se pausa o se detiene”.

Debate jurídico y político

La explicación generó una inmediata reacción de legisladores demócratas y expertos en derecho constitucional, que advirtieron que la ley no contempla ninguna pausa automática por un cese al fuego.

El senador demócrata Tim Kaine rechazó ese argumento durante una audiencia en el Capitolio: “No creo que el estatuto apoye eso”. Más duro fue Richard Blumenthal, quien afirmó que “no hay botón de pausa en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra”.

Además, persisten señales contradictorias sobre el verdadero estado del conflicto: aunque Trump habló de hostilidades terminadas, la Armada estadounidense mantiene un bloqueo activo para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras Irán conserva el control estratégico sobre el estrecho de Ormuz.

La propia carta presidencial reconoce que “la amenaza iraní sigue siendo significativa” y que las operaciones buscan asegurar “una paz duradera”, lo que alimentó aún más el debate político.

Aunque el liderazgo republicano evitó impulsar una votación formal para autorizar el uso de la fuerza, comenzaron a aparecer fisuras dentro del propio oficialismo.

La senadora Susan Collins votó por primera vez junto a los demócratas para intentar frenar el conflicto y advirtió que el plazo legal de 60 días “no es una sugerencia, es un requisito”. También senadores como John Curtis, Lisa Murkowski, Thom Tillis y Josh Hawley reclamaron que el Congreso intervenga en la definición.

Curtis incluso anticipó que no apoyará más financiamiento para la guerra hasta que exista una autorización formal.

Por su parte, Trump descartó por completo pedir ese aval legislativo.

“Ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?”, declaró antes de partir desde la Casa Blanca hacia Florida. También calificó la Resolución de Poderes de Guerra como “totalmente inconstitucional”.

La discusión reabre un viejo debate en Washington sobre los límites del poder presidencial en política exterior y sobre cuánto margen real tiene el Congreso para condicionar una guerra iniciada por la Casa Blanca.