Diputados oficialistas emitieron dictamen de mayoría sobre proyecto de ley de monotributo tecnológico

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El oficialismo emitió hoy en la Cámara de Diputados dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con el que se busca crear un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico, en una reunión de comisión que contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El dictamen de mayoría sumó las 24 firmas de legisladores del Frente de Todos, por lo que el texto quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la cámara cuando se logre destrabar el conflicto generado entre Juntos por el cambio y el oficialismo como consecuencia de la negativa del interbloque opositor a bajar al recinto mientras siga adelante el debate del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

Juntos por el Cambio, con 23 integrantes en la Comisión de Presupuesto, decidió no firmar ningún dictamen por considerar que el proyecto en cuestión es “un parche”, y que, a su entender, “se debe discutir la cuestión de fondo”.

En el acotado debate, el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (Frente de Todos, explicó que la iniciativa implica “un cambio en las condiciones impositivas y en el régimen cambiario para los exportadores de servicios tecnológicos al exterior por hasta 30.000 dólares”, y añadió que “ que permite coexistir con el actual régimen de monotributo, y que posibilitaría la exportación de servicios de este tipo”.

Por Juntos por el Cambio, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO) dijo que “la decisión del Ejecutivo nacional es legislar sobre situaciones excepcionales sobre este problema tan fuerte generado en la Argentina; y esto puede ser bueno pero genera desequilibrios, en lugar de mirar los problemas de la brecha cambiaria. Por encima de la norma general se le da beneficios por sectores.

El monotributo tecnológico apunta a ayudar a la retención del talento capacitado y formado en Argentina en materia de software y tecnologías asociadas, aun cuando su efecto inmediato será el de formalizar ingresos en divisa extranjera por servicios exportados.

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Comisión de Diputados comenzará a debatir el miércoles el proyecto sobre Monotributo Tecnológico

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La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a analizar el próximo miércoles el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico.

La reunión de la comisión que preside el oficialista Carlos Heller se realizará desde las 15 con la presencia del subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Eduardo Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) , Carlos Castagneto.

El monotributo tecnológico es visto como una herramienta para ayudar a la retención del talento capacitado y formado en Argentina en materia de software y tecnologías asociadas, aún cuando su efecto inmediato será el de formalizar ingresos en divisa extranjera por servicios exportados.

La retención en la Argentina de los recursos humanos capacitados especialmente en materia de desarrollo de software es una de las preocupaciones más relevantes del sector, ya que la demanda de profesionales para esta actividad es global.

Desde el Gobierno nacional impulsan la creación de un monotributo tecnológico para “los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento” y para quienes “participen en competencias de e-sports (nivel profesional)”.

Entre los efectos de la aplicación del monotributo figuran evitar la informalidad de los trabajadores que desarrollan tareas para el exterior, así como aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados.

La medida incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y “favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos)”, indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento.

El proyecto del nuevo esquema tributario propone 3 categorías de ingresos anuales: hasta US$10.000, hasta U$S20.000 y hasta U$S30.000

Según cada categoría, que se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas que se abonará, incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios- y el monto a abonar se corresponde con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H”, precisaron.

El proyecto considera que el monotributo es “compatible con el régimen General (que es el inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos), con el régimen Simplificado (monotributo) y empleados y empleadas en relación de dependencia, siempre que la inscripción sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Mono-Tech”.

“Los monotributistas, además del importe que deban abonar por su categoría, deberán pagar por Mono-Tech el componente impositivo que le corresponden a las categorías más altas del Monotributo, si están categorizados en I, J y K deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías”, precisaron.

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Tratarán la creación de dos moratorias en la sesión extraordinaria del Congreso de la Nación

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El 31 de diciembre de 2022 venció el plazo para que mujeres de 60 a 64 años puedan jubilarse, mediante el reconocimiento de sus aportes no ingresados desde que cumplieron los 18 años, hasta diciembre de 2003. Se espera que se sancione una nueva moratoria para jubilarse sin 30 años de aportes.

El Gobierno convocó a una sesión extraordinaria para enero 2023, ya que no pudo tratarse el nuevo plan de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por falta de quórum en la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto propone crear dos moratorias con 120 cuotas. Una será para quienes tienen la edad pero no los 30 años de aporte. Otra para quienes están a 10 años de cumplir la edad y desean regularizar los años no ingresados.

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Senado: nueva reunión sobre proyecto para pagar la deuda con fondos fugados

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Una nueva reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado se realizará hoy para debatir los proyectos que buscan pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con fondos de argentinos que fueron fugados al exterior.

El encuentro está previsto para las 14 y fuentes parlamentarias indicaron que podría haber dictamen si se producen algunos cambios, según analizaron ayer tras una reunión con especialistas.

Los expositores fueron aportados por el oficialismo y por la oposición y motivaron que los autores del proyecto, impulsado por el Frente de Todos (FdT), admitan la posibilidad de incluir modificaciones.

Así lo afirmaron la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, y su compañero de bancada, el neuquino Oscar Parrilli.

La senadora bonaerense reveló que la intención del proyecto, que apunta a cobrar una tasa sobre los bienes fugados al exterior, es que “no sea una excusa para el blanqueo de dinero por la comisión de delitos aberrantes”.

En el mismo sentido se expresó Parrilli, quien enumeró una serie de cambios al texto que podría ser dictaminado hoy.

“Vamos a aclarar en el texto expresamente que la única actividad ilícita que exime la ley es en la cuestión penal tributaria y de evasión fiscal. Siguen afuera (sin eximición) el lavado de dinero, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el terrorismo y demás”, enumeró.

Añadió que el colaborador debe “dar información que sea veraz, confiable, contundente y sincera” y que no irá a la AFIP a hacer la denuncia, sino al Ministerio de Justicia, que creará una oficina especial.

Advirtió que la información falsa brindada por un colaborador será considerada delito; que el monto mínimo a denunciar es de 500.000 dólares y que se exime de ser denunciantes a abogados, escribanos y contadores.

La participación de los legisladores del Frente de Todos se produjo cuando expuso Jimena de la Torre, abogada especialista en impuestos y política fiscal, exasesora en el Ministerio de Hacienda en la redacción de la Ley de Sinceramiento Fiscal y recientemente elegida para integrar el Consejo de la Magistratura.

“Esto es un impuesto porque tiene una base imponible, un sujeto pasivo y un sujeto activo. No tiene importancia el nombre que le pongan”, explicó De la Torre.

En rechazo a parte del proyecto expresó que “lo más preocupante es que estamos convirtiendo al Estado Nacional en un vehículo para el lavado de activos. El origen de los fondos es fundamental. Este proyecto dice que no lo vamos a revisar”, destacó De la Torre.

Previamente, el doctor en Ciencias Sociales de la UBA Pablo Manzanelli cuestionó duramente el endeudamiento durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri al recordar que fue “el monto más elevado desde 1976”.

“El Gobierno actual hizo una reestructuración que debió haber sido más agresiva porque en el mejor de los casos pospusimos el pago de la deuda para mediados de los años 20”, indicó.

Además, Manzanelli mencionó que “si uno no quiere hacer un ajuste, es necesario desplegar iniciativas que busquen resolver este gran problema”.

“Este proyecto podría contribuir en ese sentido. No necesariamente lo resolverá”, destacó.

Por su parte, el contador público y especialista en finanzas Andrés Edelstein afirmó que “esto es un blanqueo” y disconforme con el proyecto agregó que “no es oportuno porque en los últimos trece años existieron cuatro regímenes de estas características”.

“Estos regímenes se implementan cuando se incrementa la percepción de riesgo por parte del contribuyente. Por ejemplo cuando está por ingresar un acuerdo de intercambio de información entre países. O cuando se dan circunstancias convenientes cuando se dan inversiones”, describió.

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, subrayó que “la Constitución establece que corresponde al Congreso arreglar la deuda exterior e interior de la Nación”.

“Enfrentar el tema de la fuga de capitales en orden a atender al arreglo de la deuda externa es una norma que las provincias deben valorar porque liberan la carga del conjunto de las riquezas que no gozan de ningún beneficio y están expuestas como garantía del repago de la deuda”, aseveró.

Y respaldó la figura del sujeto colaborador que brindaría al Estado información sobre dónde está el dinero fugado al exterior.

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Diputados proponen reformas laborales y tributarias para las Estaciones de Servicio

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Dentro del marco de la presentación de un pedido de informes sobre el desabastecimiento de gasoil, el bloque opositor de la Cámara Baja analizó la necesidad de replantear el esquema de cargas laborales, sociales, impositivas y previsionales que pesa sobre el sector.

En base a los últimos datos oficiales sobre el comercio de combustibles, afectado actualmente por la falta de respuesta a la demanda de gasoil y precios por debajo de la media de la región, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para denunciar la situación que afecta de manera directa a la industria, el transporte y la producción agropecuaria justo en época de cosecha gruesa.

Pero además, hicieron especial hincapié en lo que consideran una pesada carga que impide a los expendedores de combustibles, desarrollar libremente su actividad comercial.

Uno de los firmantes del expediente 1380-D-2022, que ingresó días atrás a la mesa de entradas del recinto, Waldo Wolff, amplió en diálogo con surtidores.com.ar, el concepto plasmado en la iniciativa que interpreta que las Estaciones de Servicio enfrentan una crisis que no se explica únicamente por la recesión y la pandemia.

“Además de estos factores, los dirigentes del rubro sostienen que los afecta la fuerte inflación, el aumento de costos, las discusiones paritarias con un techo alto y el atraso en los precios en los surtidores” y agregó el texto que todo esto, generó un “combo explosivo que cada día drena las posibilidades de supervivencia de las 5 mil estaciones que operan en el país”.

El legislador del PRO aseveró que las reformas deben llegar a todas las PyMES y comercios, pero recalcó que para que se puedan solucionar de manera permanente los desfasajes que hacen que falte combustible, urge “un plan de modificación del régimen laboral, previsional e impositivo de manera integral”.

Recordó que se dio a conocer un informe que deja en claro que Argentina no genera empleo privado desde el año 2011 y consideró que “las Estaciones de Servicio son uno de los gremios con mejor estándar de trabajo registrado y genuino”.

Como los demás impulsores del proyecto, Wolff advirtió que hay que darles facilidades y tranquilidad a los empresarios para que puedan tomar más personal y mejoren su rentabilidad sin tantas obligaciones que impone el fisco.

De la misma forma se mostró a favor de sincerar los precios al surtidor y dejarlos al libre albedrío del mercado, para que se normalice el abastecimiento de combustibles. Coincidió finalmente con los estudios recientes del sector que calcularon que los valores minoritas de naftas y gasoil están 32 por ciento por debajo del punto de equilibrio.

Por: Redacción Surtidores.com

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