Congreso de la Nación

FORJA cerró campaña en Misiones con un llamado a defender los recursos naturales y la justicia social

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Dalila Blach y Alejandro Miravet apuntaron a una agenda federal con foco en salud, educación y derechos de las personas mayores

El espacio FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) cerró su campaña electoral en Misiones con un llamado a defender los recursos naturales de la provincia, impulsar una agenda nacional basada en la educación pública, la salud y la equidad social, y garantizar la representación real del pueblo misionero en el Congreso de la Nación.

La candidata a diputada nacional Dalila Blach y su compañero de fórmula Alejandro Miravet encabezaron el acto de cierre, en el que remarcaron que su espacio está conformado por “gente del pueblo, sin trayectoria política previa”, que busca llevar al Congreso “un reclamo justo y la voz de los trabajadores, los adultos mayores y los productores locales”.

“Somos el reflejo del misionero”

Durante su discurso, Blach subrayó que el eje de la propuesta de FORJA es representar las necesidades concretas de los misioneros, desde la salud y la educación pública hasta la defensa del ambiente.

“No somos ni concejales, ni diputados, ni ministros. Somos iguales a las personas a las que escuchamos y conocemos. Buscamos representar la salud y la educación pública, pilares que no se pueden negociar y que hacen a un Estado presente”, sostuvo.

La candidata cuestionó la falta de políticas federales que contemplen las particularidades ambientales y sociales de Misiones, y advirtió sobre el riesgo de la injerencia extranjera en la selva paranaense guaraní.

“Tenemos la selva, el agua dulce, el mayor pulmón verde del país. No queremos interventores de otros países que nos digan qué hacer. Hay que defender la tierra misionera y sus recursos frente a los intereses externos”, afirmó Blach, aludiendo a los compromisos internacionales ambientales firmados por la Nación.

Blach también destacó la importancia de incluir a los sectores históricamente relegados, mencionando a las personas con discapacidad, los docentes y los trabajadores precarizados. “Queremos un país justo, con empleo digno, donde las grandes empresas que operan en Misiones también generen beneficios para los misioneros”, enfatizó.

“Hay que frenar la crueldad de las políticas nacionales”

Por su parte, el candidato a diputado Alejandro Miravet centró su mensaje en la necesidad de contener los efectos de las políticas nacionales en los sectores más vulnerables, especialmente los adultos mayores.

“Tenemos ciento ochenta mil personas mayores en Misiones que sufren las consecuencias de un gobierno insensible ante la necesidad de los vulnerables”, señaló.

Miravet criticó el tono de la campaña nacional y la falta de propuestas concretas: “Ha sido una campaña de vuelo muy bajo, llena de chicanas. Nosotros hablamos de propuestas: salud, trabajo y defensa de los derechos humanos”, afirmó.

El dirigente recordó que Misiones “ya evaluó su gestión provincial en las elecciones de junio”, y que ahora el desafío es nacional: “El 26 de octubre votamos diputados nacionales. Debemos legislar para garantizar los derechos de las personas mayores, mejorar la calidad de vida y promover un proceso de envejecimiento saludable, como establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional desde 2022”, remarcó.

Miravet insistió en que la representación misionera debe centrarse en elevar el nivel del debate político y defender el federalismo, para que la provincia deje de ser “marginal en las decisiones nacionales”.

Una propuesta centrada en el trabajo y la equidad

FORJA Misiones plantea un programa legislativo basado en la defensa de los recursos naturales, la equidad social y el fortalecimiento de las economías regionales. Entre sus ejes se incluyen:

  • Protección de la selva paranaense y el agua dulce como recursos estratégicos.
  • Legislación para personas mayores y con discapacidad, con enfoque en envejecimiento saludable.
  • Fortalecimiento de la educación pública y la salud como derechos fundamentales.
  • Equidad tributaria para pequeños productores y pymes, frente a beneficios fiscales a grandes corporaciones.

Con este mensaje, Blach y Miravet cerraron una campaña que buscó posicionar a FORJA como una alternativa federal “para defender a Misiones desde el Congreso”, con una mirada crítica hacia las políticas nacionales y una apuesta por la representación popular.

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Milei vetó la ley de financiamiento universitario

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El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto total a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras en agosto. La norma preveía la recomposición de partidas presupuestarias para las universidades públicas, actualización salarial docente y no docente, y la creación de fondos específicos para infraestructura, becas y carreras estratégicas. El decreto con el rechazo fue publicado en el Boletín Oficial y remitido al Congreso, que deberá definir si lo ratifica o lo rechaza.

El proyecto había sido reclamado por el sistema universitario en su conjunto y votado con mayoría parlamentaria. Establecía un esquema de financiamiento progresivo, equivalente al 1% del PBI en 2026, con una meta de 1,5% hacia 2031.

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo argumentó que la normativa generaba un “incremento desproporcionado del gasto público sin recursos suficientes para solventarlo”, lo que derivaría en un desequilibrio fiscal y en riesgos macroeconómicos.

Según el texto oficial, un aumento del gasto sin respaldo real obligaría a financiarse con emisión monetaria, trasladando “un costo al conjunto de la sociedad en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”.

La Casa Rosada defendió la medida como parte del compromiso de “lograr el equilibrio fiscal y mantenerlo a largo plazo”, advirtiendo que el ámbito adecuado para discutir asignaciones es el proyecto de Presupuesto 2026, que Milei presentará por cadena nacional el próximo lunes.

El Congreso y los sindicatos universitarios preparan la respuesta

El veto presidencial abre un nuevo frente de disputa con el Parlamento. El Congreso tiene ahora la potestad de insistir con la sanción original –lo que requeriría mayoría especial– o convalidar la decisión del Ejecutivo.

El antecedente inmediato no favorece al Gobierno: semanas atrás, ambas cámaras rechazaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en una derrota política que expuso las dificultades del oficialismo para sostener apoyo legislativo.

En paralelo, los sindicatos universitarios anunciaron un paro nacional y cortes de calle en facultades, además de una movilización frente al Congreso cuando se trate el tema. “El veto demuestra la falta de compromiso del Gobierno con la educación pública y la comunidad académica”, señalaron dirigentes gremiales, que ya habían realizado medidas de fuerza los días 1 y 2 de septiembre.

El veto a la ley universitaria se suma a la decisión oficial de rechazar también la Ley de Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan) y la de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores. Este paquete de vetos refuerza la estrategia del Ejecutivo de sostener el ajuste fiscal incluso frente a consensos parlamentarios amplios.

Para el Gobierno, la señal es clara: ninguna iniciativa que implique un aumento del gasto sin financiamiento sustentable tendrá luz verde. Para el Congreso y los sindicatos, en cambio, se trata de una ofensiva contra la educación pública y las provincias.

En este escenario, la discusión por el Presupuesto 2026 aparece como el próximo capítulo de una pulseada política que definirá la magnitud del ajuste, el alcance de la autonomía universitaria y el margen de gobernabilidad de Milei tras las elecciones legislativas de octubre.

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Diputados oficialistas emitieron dictamen de mayoría sobre proyecto de ley de monotributo tecnológico

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El oficialismo emitió hoy en la Cámara de Diputados dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con el que se busca crear un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico, en una reunión de comisión que contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El dictamen de mayoría sumó las 24 firmas de legisladores del Frente de Todos, por lo que el texto quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la cámara cuando se logre destrabar el conflicto generado entre Juntos por el cambio y el oficialismo como consecuencia de la negativa del interbloque opositor a bajar al recinto mientras siga adelante el debate del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

Juntos por el Cambio, con 23 integrantes en la Comisión de Presupuesto, decidió no firmar ningún dictamen por considerar que el proyecto en cuestión es “un parche”, y que, a su entender, “se debe discutir la cuestión de fondo”.

En el acotado debate, el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (Frente de Todos, explicó que la iniciativa implica “un cambio en las condiciones impositivas y en el régimen cambiario para los exportadores de servicios tecnológicos al exterior por hasta 30.000 dólares”, y añadió que “ que permite coexistir con el actual régimen de monotributo, y que posibilitaría la exportación de servicios de este tipo”.

Por Juntos por el Cambio, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO) dijo que “la decisión del Ejecutivo nacional es legislar sobre situaciones excepcionales sobre este problema tan fuerte generado en la Argentina; y esto puede ser bueno pero genera desequilibrios, en lugar de mirar los problemas de la brecha cambiaria. Por encima de la norma general se le da beneficios por sectores.

El monotributo tecnológico apunta a ayudar a la retención del talento capacitado y formado en Argentina en materia de software y tecnologías asociadas, aun cuando su efecto inmediato será el de formalizar ingresos en divisa extranjera por servicios exportados.

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Comisión de Diputados comenzará a debatir el miércoles el proyecto sobre Monotributo Tecnológico

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La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a analizar el próximo miércoles el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico.

La reunión de la comisión que preside el oficialista Carlos Heller se realizará desde las 15 con la presencia del subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Eduardo Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) , Carlos Castagneto.

El monotributo tecnológico es visto como una herramienta para ayudar a la retención del talento capacitado y formado en Argentina en materia de software y tecnologías asociadas, aún cuando su efecto inmediato será el de formalizar ingresos en divisa extranjera por servicios exportados.

La retención en la Argentina de los recursos humanos capacitados especialmente en materia de desarrollo de software es una de las preocupaciones más relevantes del sector, ya que la demanda de profesionales para esta actividad es global.

Desde el Gobierno nacional impulsan la creación de un monotributo tecnológico para “los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento” y para quienes “participen en competencias de e-sports (nivel profesional)”.

Entre los efectos de la aplicación del monotributo figuran evitar la informalidad de los trabajadores que desarrollan tareas para el exterior, así como aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados.

La medida incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y “favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos)”, indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento.

El proyecto del nuevo esquema tributario propone 3 categorías de ingresos anuales: hasta US$10.000, hasta U$S20.000 y hasta U$S30.000

Según cada categoría, que se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas que se abonará, incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios- y el monto a abonar se corresponde con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H”, precisaron.

El proyecto considera que el monotributo es “compatible con el régimen General (que es el inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos), con el régimen Simplificado (monotributo) y empleados y empleadas en relación de dependencia, siempre que la inscripción sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Mono-Tech”.

“Los monotributistas, además del importe que deban abonar por su categoría, deberán pagar por Mono-Tech el componente impositivo que le corresponden a las categorías más altas del Monotributo, si están categorizados en I, J y K deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías”, precisaron.

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Tratarán la creación de dos moratorias en la sesión extraordinaria del Congreso de la Nación

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El 31 de diciembre de 2022 venció el plazo para que mujeres de 60 a 64 años puedan jubilarse, mediante el reconocimiento de sus aportes no ingresados desde que cumplieron los 18 años, hasta diciembre de 2003. Se espera que se sancione una nueva moratoria para jubilarse sin 30 años de aportes.

El Gobierno convocó a una sesión extraordinaria para enero 2023, ya que no pudo tratarse el nuevo plan de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por falta de quórum en la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto propone crear dos moratorias con 120 cuotas. Una será para quienes tienen la edad pero no los 30 años de aporte. Otra para quienes están a 10 años de cumplir la edad y desean regularizar los años no ingresados.

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