Congreso Nacional

Con Herrera Ahuad integrado, Presupuesto y Hacienda inicia una semana clave en el Congreso

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En el inicio de la agenda legislativa de las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados de la Nación constituyó este lunes la Comisión de Presupuesto y Hacienda, uno de los órganos clave para la definición de la política económica y fiscal del país. El cuerpo quedó formalmente integrado y contará entre sus miembros con el Dr. Oscar Herrera Ahuad, en un contexto de alta sensibilidad institucional marcado por el tratamiento del Presupuesto 2026 y el proyecto de Compromiso Fiscal.

La conformación de la comisión se produjo tras la reunión constitutiva en la que se designaron autoridades y se fijó un cronograma inmediato de trabajo, lo que anticipa una semana de intensa actividad parlamentaria con impacto directo sobre la planificación macroeconómica, el esquema de gastos y la relación fiscal entre la Nación y las provincias.

Autoridades definidas y equilibrios políticos en Presupuesto y Hacienda

Durante la reunión, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch (La Libertad Avanza) fue designado nuevamente Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ratificando la conducción del oficialismo en el espacio donde se discuten los principales proyectos económicos.

A pedido del diputado Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria), ese bloque realizó la reserva de la Vicepresidencia y de la Secretaría Primera, dejando explicitada la puja política por los lugares clave de conducción interna. En tanto, la Vicepresidencia Segunda quedó en manos de la diputada Daiana Fernández Molero (PRO) y la Secretaría Segunda será ocupada por el diputado Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza). El bloque oficialista también hizo reserva de la Secretaría Tercera.

La integración de la comisión, en la que participa el Dr. Oscar Herrera Ahuad, se produce en un momento en el que el Congreso vuelve a concentrar la atención del Ejecutivo y de los actores económicos, ante la necesidad de avanzar con definiciones presupuestarias en un escenario de restricciones fiscales y reordenamiento del gasto público.

Legislación Penal y una agenda cruzada con impacto fiscal

Previamente, se constituyó la Comisión de Legislación Penal, donde la diputada Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza) fue reelecta como Presidenta, renovando su mandato al frente del cuerpo. Al asumir, agradeció la designación y anunció que la comisión será convocada para avanzar con el texto del proyecto de Inocencia Fiscal.

En este ámbito, a instancias del diputado Germán Martínez (Unión por la Patria), ese bloque realizó la reserva de la Vicepresidencia Primera y de la Secretaría Segunda, mientras que la Vicepresidencia Segunda quedó vacante. La Secretaría Primera será ejercida por el diputado Martín Yeza (PRO) y la Secretaría Tercera por Alida Ferreyra (La Libertad Avanza).

La articulación entre ambas comisiones no es menor: el proyecto de Inocencia Fiscal será abordado en plenario entre Presupuesto y Legislación Penal, lo que anticipa un debate transversal que combina aspectos penales, tributarios y fiscales.

Presupuesto 2026: señales al mercado y a las provincias

Al cierre de la reunión constitutiva, Benegas Lynch confirmó que la Comisión de Presupuesto y Hacienda será citada este martes a las 12 para iniciar el tratamiento del Presupuesto 2026 y del proyecto de Compromiso Fiscal. Más tarde, a las 15, se realizará el plenario con Legislación Penal para analizar la iniciativa de Inocencia Fiscal.

La activación formal de la Comisión de Presupuesto marca un punto de inflexión en la agenda económica del Congreso. El debate del Presupuesto 2026 no solo ordenará el esquema de ingresos y gastos del Estado nacional, sino que también funcionará como una señal política e institucional hacia las provincias, los mercados y los distintos sectores económicos, en un contexto donde el equilibrio fiscal y la previsibilidad normativa aparecen como ejes centrales de la discusión pública.

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Gobierno emite deuda por más de $32 billones y US$3.500 millones

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El Gobierno autorizó una emisión de deuda por más de $32 billones y US$3.500 millones para financiar el Tesoro en 2025

El Ministerio de Economía avanzó con una de las operaciones de financiamiento más relevantes del año al autorizar la emisión y ampliación de instrumentos de deuda pública por un monto superior a los $32 billones y US$3.500 millones. La medida, formalizada mediante la Resolución Conjunta 63/2025 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, se enmarca en el programa financiero del Tesoro Nacional y busca cubrir necesidades presupuestarias del ejercicio 2025 a través de una estrategia diversificada de colocaciones en pesos y dólares, con distintos mecanismos de indexación.

La decisión quedó plasmada en el Boletín Oficial del 15 de diciembre y respalda la licitación realizada el 11 de diciembre, habilitando tanto la emisión de nuevos títulos como la ampliación de instrumentos ya existentes. El esquema combina letras y bonos capitalizables, instrumentos ajustados por inflación (CER), deuda a tasa TAMAR y títulos vinculados al dólar estadounidense, lo que refleja una estrategia de cobertura frente a distintos escenarios macroeconómicos.

Un menú amplio de instrumentos para captar financiamiento en pesos y dólares

La resolución autoriza la emisión de cinco nuevos instrumentos de deuda pública, tres de ellos capitalizables en pesos y dos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En conjunto, estos títulos pueden alcanzar hasta $28 billones de valor nominal original.

Entre los instrumentos destacados se encuentra la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de abril de 2026, por hasta $8 billones, con intereses a tasa efectiva mensual capitalizable, a determinar en licitación. A ella se suman dos emisiones adicionales: una letra con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 y un bono con vencimiento el 31 de mayo de 2027, ambas por hasta $5 billones cada una, también capitalizables en pesos y con amortización íntegra al vencimiento.

El paquete se completa con dos instrumentos indexados por inflación: una Letra del Tesoro ajustada por CER con vencimiento en noviembre de 2026 y un Bono del Tesoro en pesos cero cupón con ajuste CER a mayo de 2027, cada uno por hasta $5 billones. En estos casos, el capital se ajusta según el CER informado por el Banco Central, conforme a lo establecido en el decreto 214/2002, y los intereses se estructuran bajo la modalidad de descuento o cero cupón.

Todos los títulos serán negociables en A3 Mercados SA y en los mercados de valores del país, contarán con exenciones impositivas vigentes y se emitirán mediante certificados globales registrados en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos del BCRA.

Ampliaciones de emisiones previas y refuerzo del financiamiento en dólares

Además de las nuevas colocaciones, la Resolución Conjunta 63/2025 autoriza ampliaciones significativas de emisiones ya vigentes, lo que eleva el volumen total de endeudamiento autorizado a más de $32 billones en pesos y US$3.555 millones.

En pesos, se amplían la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 hasta $4,3 billones, la Letra ajustada por CER al mismo vencimiento hasta $5,09 billones, y la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 hasta $4,8 billones. Estas ampliaciones refuerzan el perfil de deuda en moneda local y buscan captar demanda de inversores con distintos apetitos de riesgo y cobertura.

En paralelo, el Gobierno habilitó una ampliación clave en moneda extranjera: la Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026, que podrá alcanzar hasta US$3.555.982.900. Este instrumento ofrece cobertura cambiaria y se posiciona como una opción para inversores que buscan reducir exposición al peso sin salir del esquema de financiamiento del Tesoro.

Marco legal, programa financiero y efectos sobre el mercado

Desde el punto de vista institucional, la medida se apoya en un entramado normativo amplio. Las emisiones se realizan bajo las facultades conferidas por la Ley 24.156 de Administración Financiera, la Ley 27.701 de Presupuesto —vigente para 2025 conforme al artículo 27 de la ley 24.156— y una serie de decretos que ajustaron los límites y condiciones del financiamiento público entre 2023 y 2024.

Los considerandos de la resolución destacan que todas las operaciones se encuentran dentro de los límites autorizados por el Presupuesto y cuentan con intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía. Además, se dispone la imputación presupuestaria de un bono CER con vencimiento en junio de 2028, emitido previamente, por un monto de $5 billones, reforzando la consistencia contable del esquema.

En términos de impacto, la estrategia apunta a sostener el financiamiento del Tesoro sin recurrir exclusivamente a un solo tipo de instrumento, diversificando riesgos entre inflación, tasa de interés y tipo de cambio. Para el mercado financiero, la licitación ofrece un abanico de opciones que puede influir en la curva de rendimientos en pesos, en la demanda de instrumentos indexados y en la dinámica de cobertura cambiaria.

La magnitud de la emisión también anticipa un rol activo del Estado en el mercado de deuda durante 2025, con potenciales efectos sobre la liquidez, la tasa de interés y las decisiones de inversión institucional. En ese contexto, la capacidad del Tesoro para renovar y colocar estos instrumentos será un factor central para la estabilidad financiera y la ejecución del programa económico.

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Ganancias a sociedades: una baja que beneficia a 144 empresas y recorta $1,7 billones a las provincias

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Baja del Impuesto a las Ganancias a sociedades, el 56% del beneficio quedará en manos de 144 grandes empresas

La ley de Modernización Laboral incorpora una reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades que tendrá un fuerte impacto fiscal y distributivo. Según un informe legislativo, la medida implicará un costo anual de $3,1 billones —equivalente a 0,3 puntos del PBI— y beneficiará de manera concentrada a solo 144 grandes empresas, mientras recortará $1,7 billones de recursos coparticipables a las provincias.

Una reforma tributaria de alto impacto incluida en la ley laboral

El artículo 191 de la ley de Modernización Laboral introduce una modificación sustancial en el esquema del Impuesto a las Ganancias para sociedades, al reducir las alícuotas de los tramos más altos del tributo. En concreto, la reforma establece que las empresas con ganancias netas imponibles entre $101,7 millones y $1.016,8 millones pasarán de tributar del 30% al 27%, mientras que aquellas con utilidades superiores a $1.016,8 millones verán reducida su carga del 35% al 31,5%.

De acuerdo con el informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel, la decisión tendrá un impacto fiscal estimado en 0,3 puntos del Producto Bruto Interno, lo que equivale a una merma anual de $3,1 billones en la recaudación nacional. El análisis se basa en datos oficiales del organismo recaudador, tomados del cuadro 2.3.3.3.1 de “Impuesto a las Ganancias Sociedades”, publicado por ARCA (ex AFIP).

La inclusión de esta rebaja impositiva dentro de una norma orientada a la modernización del régimen laboral generó cuestionamientos políticos e institucionales, al tratarse de una modificación estructural del sistema tributario que excede el ámbito de las relaciones de trabajo.

Concentración del beneficio y pérdida de recursos fiscales

El informe expone una alta concentración del beneficio fiscal. De las 163.587 sociedades que presentaron declaración jurada con impuesto determinado en 2024, apenas 144 empresas —el 0,1% del total— concentran el 56,4% de la recaudación del tributo y, en consecuencia, serán las principales beneficiarias de la rebaja de alícuotas.

En contraste, 146.257 sociedades, que representan el 89,4% del total de contribuyentes, explican solo el 7,9% del impuesto determinado, mientras que 1.856 empresas —el 1,1%— concentran el 76,3% de la recaudación. “Solo 144 grandes empresas se llevan más de la mitad del beneficio fiscal”, advierte el documento legislativo.

Según proyecciones oficiales citadas por Agencia Noticias Argentinas, el Presupuesto 2026 prevé recaudar $48,4 billones por Impuesto a las Ganancias, equivalente a 4,48 puntos del PBI, de los cuales el 71% corresponde a sociedades, es decir, $34,3 billones. Con la reforma, ese monto se reduciría a $31,7 billones, consolidando una caída de $3,1 billones.

Impacto en provincias y críticas al esquema fiscal

Uno de los efectos más relevantes de la medida se registra en el esquema de Coparticipación Federal. Del total de la pérdida recaudatoria, $1,7 billones dejarán de transferirse a las provincias, lo que implica un recorte promedio de $144.000 millones mensuales durante 2026.

Las jurisdicciones más afectadas serán la provincia de Buenos Aires, con una pérdida anual estimada en $366.557 millones; Santa Fe, con $148.698 millones; y Córdoba, con $145.240 millones. También se proyectan recortes significativos para Chaco y Entre Ríos, con $81.265 millones cada una, y para Tucumán, con $79.536 millones. Incluso provincias de menor tamaño, como Tierra del Fuego, registrarían una merma de $22.478 millones anuales.

Michel planteó una serie de interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de la iniciativa:
¿El Gobierno cómo piensa compensar la caída de 0,3 puntos del PBI? ¿Cómo se achica el gasto en el presupuesto para mantener el superávit de 1,5 puntos del PBI? ¿Cómo se compensa a las provincias con la pérdida de coparticipación de $1,7 billones?”.

El legislador cuestionó además que se trate de “una decisión de política fiscal donde el Estado decide destinar un beneficio de manera concentrada a 144 sociedades”, un universo que, según el informe, coincide con los contribuyentes que ya se beneficiaron del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y de la baja extraordinaria a 0% de los derechos de exportación aplicada en septiembre, también con un costo fiscal de 0,3 puntos del PBI.

Debate abierto en el Congreso

La incorporación de esta rebaja impositiva dentro del proyecto de Modernización Laboral, que actualmente se debate en el Congreso Nacional, abrió un frente de discusión sobre la pertinencia de introducir cambios fiscales de esta magnitud en una ley con otro objeto principal. “Esta baja intempestiva de la alícuota del impuesto a las ganancias incluida en una reforma laboral genera varios interrogantes”, advirtió Michel, quien reclamó un análisis específico y separado de la medida.

El debate legislativo se encamina así a poner en tensión los objetivos de alivio tributario para grandes empresas con la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y el impacto directo sobre las finanzas provinciales.

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Milei convocó a extraordinarias: Presupuesto 2026 y reformas clave definirán el cierre del año político

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El Presidente Javier Milei convocó al Congreso a sesiones extraordinarias con un temario económico y penal de alto voltaje institucional

Milei oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre de 2025, con un temario focalizado en reformas estructurales: Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Modernización Laboral, Reforma del Código Penal y adecuación de la Ley de Glaciares. El paquete se formalizó mediante el Decreto 865/2025, publicado el 9 de diciembre de 2025, y coloca al Congreso frente a un cierre de año dominado por debates clave para el ordenamiento macroeconómico y el rediseño del régimen penal y ambiental del país.

Un temario económico y penal para cerrar el año legislativo

El Decreto 865/2025, firmado por el Presidente y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, establece en su Artículo 1° la convocatoria a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre de 2025.

El Artículo 2° incorpora el Anexo I (IF-2025-135305231-APN-JGM), donde se enumeran los seis asuntos que integran el temario:

  1. Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 (Msje. JGM 104/25, Exp. 14-JGM-2025).
  2. Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal (Msje. 14/25, Exp. 3-PE-2025).
  3. Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Msje. 29/25, Exp. 11-PE-2025).
  4. Proyecto de Ley de Modernización Laboral (a ser enviado por el Poder Ejecutivo).
  5. Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal (a ser enviado por el Poder Ejecutivo).
  6. Proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos de Glaciares – Ley Nº 26.639 (a ser enviado por el Ejecutivo).

El texto se ampara en los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, que habilitan al Presidente a convocar al Congreso fuera del período ordinario y a fijar la agenda temática.

Un Congreso presionado a definir las anclas de 2026

La inclusión del Presupuesto 2026 como primer punto deja en claro la urgencia del Ejecutivo en asegurar el marco fiscal para el próximo año, en un escenario donde el ordenamiento de cuentas públicas es central para la estrategia económica oficial.

El paquete se completa con dos iniciativas fiscales. Inocencia Fiscal: un proyecto ya ingresado a Diputados, orientado a modificar o establecer reglas sobre el accionar del contribuyente. Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: también en trámite legislativo.

La convocatoria incorpora además tres proyectos aún no remitidos, lo que sugiere negociaciones en curso: una Modernización Laboral, clave en los planteos del Gobierno sobre competitividad. Una Reforma del Código Penal, cuyo alcance no fue detallado. La adecuación de la Ley 26.639 de Glaciares, un tema ambiental sensible en la agenda política federal.

El decreto fue registrado con fecha 5 de diciembre de 2025 y publicado el 9 de diciembre, según el cierre del Boletín Oficial.

Escenarios legislativos y tensiones posibles

La amplitud y profundidad del temario anticipan un diciembre de negociaciones densas entre bloques, gobernadores y el Poder Ejecutivo. La presencia de iniciativas fiscales, penales, laborales y ambientales, todas de alto impacto, perfila un cierre de año legislativo con potenciales tensiones entre oficialismo, oposiciones y actores sectoriales.

En particular: El Presupuesto 2026 marcará la hoja de ruta económica del próximo año. La Modernización Laboral podría activar resistencias sindicales. La Reforma Penal y la adecuación de la Ley de Glaciares impactarán en provincias, organizaciones ambientales y el sistema de justicia.

La convocatoria a extraordinarias se convierte así en un test político para medir la capacidad del Gobierno de avanzar con reformas estructurales en un Congreso que será la arena principal de disputa institucional en el cierre de 2025.

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Karina Milei encabezó en Casa Rosada la primera reunión con diputados libertarios electos

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Karina Milei reunió a los diputados electos de La Libertad Avanza, Diego Hartfield participó del primer encuentro de cara al inicio del nuevo Congreso

Reunión en Casa Rosada: alineamiento político y primeras definiciones internas

El diputado nacional electo por Misiones, Diego Hartfield, participó este martes de la reunión convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) elegidos en los comicios del 26 de octubre.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y tuvo como objetivo introducir a los nuevos parlamentarios en el funcionamiento institucional del bloque oficialista, en la antesala del inicio de sesiones del próximo período legislativo.

Según trascendió, la reunión —descrita por los presentes como “informal”— buscó generar cohesión política dentro de la bancada libertaria, que contará con un número significativo de legisladores debutantes sin experiencia previa en el ámbito legislativo.

La cita fue encabezada por Karina Milei, hermana del Presidente y figura central en la organización política interna del oficialismo, acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro de Defensa y diputado electo por Mendoza, Luis Petri, y la ministra de Seguridad y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich.

Fue una reunión bastante informal, habló Karina, habló Martín; estuvo el papá de Martín, Eduardo Menem, que fue senador y tiene experiencia parlamentaria”, explicó Hartfield en diálogo con La Voz de Misiones.

El representante misionero definió el encuentro como una “charla informativa que sirvió para seguir conociéndonos”, y confirmó que habrá una segunda convocatoria prevista para mañana, en la que —según anticipó— “creo que va a estar el Presidente”.

La consolidación del bloque oficialista y el rol de los nuevos legisladores

El encuentro en la Casa Rosada marca el primer paso en la articulación institucional del bloque libertario en el Congreso, en un contexto donde La Libertad Avanza busca consolidar su estructura parlamentaria y definir estrategias de gobernabilidad frente a una oposición fragmentada pero con peso legislativo.

La presencia de Eduardo Menem, exsenador y figura con amplia experiencia parlamentaria, fue interpretada como una señal de orientación institucional, en momentos en que muchos de los legisladores libertarios electos debutarán en la política nacional.

La organización del bloque en Diputados estará bajo la órbita directa de Martín Menem, quien tendrá la tarea de ordenar la dinámica interna y coordinar el trabajo legislativo con el Poder Ejecutivo. En paralelo, Karina Milei consolida su rol como articuladora entre las distintas áreas del oficialismo y los nuevos cuadros legislativos.

Al finalizar la reunión, los diputados electos recibieron una bolsa violeta con el logo de La Libertad Avanza, que contenía la Constitución Nacional, una bandera argentina y el reglamento de la Cámara de Diputados, elementos simbólicos que refuerzan el discurso institucional del espacio.

Plan de alineamiento interno del bloque

La convocatoria se produce en un momento clave de transición política, a pocas semanas del recambio legislativo. Y en medio de definiciones sobre la estrategia parlamentaria del oficialismo.

Para Misiones, la participación de Diego Hartfield en la bancada libertaria implica una representación directa dentro del bloque de gobierno, lo que podría incidir en futuras negociaciones vinculadas a políticas federales y de desarrollo regional.

El fortalecimiento de la bancada libertaria busca garantizar una base de apoyo legislativo coherente con el programa económico y político del Ejecutivo. Que prioriza la disciplina fiscal, la desregulación económica y la reforma del Estado. En ese marco, el alineamiento interno del bloque resulta clave para asegurar la gobernabilidad en un Congreso donde las mayorías absolutas siguen siendo un desafío.

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