Congreso

Impulsan la prórroga de la ley 25080 para incentivar la implantación de bosques

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La ley 25080 vence el 1 de enero de 2018. Por eso, con antelación, en Misiones comenzó a debatirse qué acciones tomar para seguir sosteniendo los recursos de promoción a las inversiones en bosques cultivados. El diputado nacional Maurice Closs, el ministro del Agro, José Luis Garay y el de Bosques, Juan Gauto, se reunieron el viernes con empresarios del sector forestal para analizar cómo plantear el debate sobre la continuidad de la ley.

En la sede de la Apicofom se acordó que los legisladores nacionales por Misiones impulsarán la prórroga de la ley y en paralelo, los empresarios harán el reclamo por más fondos al gobierno nacional.

El presupuesto para este año ronda los 200 millones de pesos y el año pasado se cumplió bastante bien con lo estipulado previamente. Sin embargo, hay un atraso considerable en los últimos meses, que afecta el desarrollo de nuevas plantaciones.

“Como este es un año casi parado en el Congreso, coincidimos en impulsar el debate porque no debería haber mucha oposición para la prórroga”, explicó Closs en declaraciones a Economis.

Se acordó impulsar el pedido de prórroga ya este año para que se incluyan los recursos en el presupuesto nacional de 2018 y también se planteará la necesidad de incrementar los recursos asignados.

Para más adelante se dejó la idea de impulsar una reforma general de la ley, con algunas correcciones que el sector considera necesarias para una mejor aplicación de los fondos. Una de las propuestas que se barajó es que se fije en el presupuesto un valor equivalente a la plantación de cien mil hectáreas en Misiones o Corrientes.

En el encuentro participaron la Amayadap, Apicofom, Colegios Forestales y el Gobierno misionero.   

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Diputados aprobó proyecto para garantizar la luz a los electrodependientes

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Por unanimidad, y en lo que fue la primera sesión del año, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles (19/04) el proyecto de ley de Gratuidad del Servicio Eléctrico para Electrodependientes, que ahora pasó al Senado. La iniciativa garantiza a las familias la provisión de un grupo electrógeno sin cargo para cubrir los cortes en el suministro energético.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles (19/04) por unanimidad, y giró al Senado, el proyecto de ley de Gratuidad del Servicio Eléctrico para Electrodependientes. La propuesta fue sancionada en una sesión especial convocada por el oficialismo con 211 votos afirmativos.

En la primera sesión del año, la cámara analizó el dictamen consensuado anoche en un plenario de comisiones redactado en base a una propuesta del ex funcionario y diputado kirchnerista Carlos Castagneto, con el fin de solucionar el problema de las personas que deben tener luz para utilizar aparatología o mantener la cadena de frío de sus medicamentos.

La iniciativa fue consensuada por todos los bloques como una especia de tregua, luego de las sesiones fracasadas para tratar, por un lado, la crisis política en Venezuela, y por otro, el conflicto docente.


El proyecto especifica que se deno mina “electrodependientes por cuestiones de salud” a a aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico “constante y en niveles de tensión adecuados” para poder alimentar el equipamiento médico prescripto por un médico matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud.

Al abrir el debate, los diputados del FPV Alberto Ciampini y de Cambiemos Luciano Laspina destacaron el consenso logrado entre las diferentes fuerzas políticas para avanzar en la sanción de esta iniciativa, que debe ser girada para su revisión al Senado Nacional.

El proyecto garantiza el servicio eléctrico gratuito, permanente y con niveles de tensión adecuados a aquellas personas que lo necesitan para vivir, y obliga a los prestadores de servicios a desempeñar “conductas encaminadas a preservar la vida y la salud de sus habitantes”.

Castagneto –exviceministro de Desarrollo Social- rem arcó la importancia de la ley dado que “los aumentos sucesivos de tarifas ponen en riesgo a quienes son vulnerables a los cortes de luz y la baja tensión, y actualmente no pueden afrontar el pago de la factura”.

El texto original sufrió cinco cambios durante el debate en comisiones, que fueron explicados en el recinto por el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el macrista Luciano Laspina.

En primer lugar se incorporó la creación de un registro nacional que estará a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, con lo cual “se quita a las prestadoras el derecho que hasta ahora tenían para decidir quién era beneficiario o no”.

Actualmente, la categoría de usuario electrodependiente por razones de salud se encuentra regulada sólo en algunas provincias, mientras que a nivel nacional está sometida a la adhesión de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, y no hay un registro único.

Además, en el proyecto se incluyó una campaña de concientización sobre la problemática con leyendas alusivas en las boletas de luz; se contemplaron los costos de funcionamiento de los grupos electrógenos; se abrió una línea 0800 para casos de emergencia; y se invitó a las provincias a adherir al régimen.


La iniciativa fue promovida por familiares de electrodependientes que desde el año pasado mantuvieron reuniones con distintos diputados y ahora lanzaron en las redes sociales la campaña #LuzParaEllos, que juntó más de 87 mil firmas en el sitio Change.org.

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Di Stefano eleva las demandas de la industria forestal al Congreso

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El diputado nacional, Daniel Di Stefano, fue invitado a participar de una reunión junto a representantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) donde trabajaron sobre las demandas que tiene la industria de la madera.

Uno de los ejes centrales que estaban en el orden de día de la comisión directiva fue la pérdida de competitividad de los productos nacionales frente a la apertura deliberada de las importaciones y particularmente, la compra por parte del Gobierno Nacional de viviendas provenientes de China. Distintos miembros de APICOFOM manifestaron los inconvenientes que vive la industria y bregaron por soluciones a nivel nacional.

 

Por su parte, el legislador comunicó a los productores, industriales, comerciantes y empresarios las iniciativas legislativas que presentaron junto a su equipo de trabajo con el objetivo de proteger la industria que actualmente se encuentran en una situación de desventaja competitiva. Entre las iniciativas parlamentarias más destacadas presentadas para favorecer al sector foresto-industrial, se encuentran:  la utilización de la madera como materia prima principal en la construcción de la obra pública nacional, demanda a la Nación para que las construcciones de viviendas contengan techos con madera y una tarifa diferencial de energía eléctrica denominada “tarifa PYME”. Asimismo, Di Stefano informó que solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación la interpelación del Ministro de Agroindustria de la Nación, CPN Ricardo Buryaile, para que realice un informe verbal en el Congreso sobre la compra de casas prefabricadas a China.

La reunión tuvo lugar en la sede de APICOFOM en la ciudad de Posadas y contó con la presencia de miembros de la Comisión Directiva de APICOFOM, su Presidente, el Sr. Pedro Juan Lopez Vinader, representantes de Federación Argentina Industria de la Madera y Afines (FAIMA), productores y empresarios locales.

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Los docentes reprimidos en el Congreso responsabilizan a Macri

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Los dos docentes detenidos ayer por la noche fueron liberados esta mañana, luego del desalojo violento de ayer frente al Congreso.

Luego de que la policía reprima con gas pimienta y palos a docentes que intentaban instalar una escuela itinerante en la plaza Congreso, dos de ellos quedaron detenidos en la comisaría 6ta de la Ciudad de Buenos Aires. Francisco “Tito” Nenna, docente y dirigente de la CTA, confirmó que ambos fueron liberados esta madrugada.

Además, afirmó que “el presidente Mauricio Macri dio la orden de reprimir” y aseguró que el 7 de abril habían presentado la solicitud correspondiente para realizar la medida.

“Cuando dan la orden de represión, el comisionado mayor de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dice que es una orden política del gobierno nacional. Hacemos responsable al presidente de la Nación, Mauricio Macri, que dio la orden de reprimir en algo que entendemos no solo como una provocación sino como en un avance contra todas las protestas”, aseguró.

Nenna confirmó a una radio porteña que los detenidos fueron dos, a pesar de que ayer por la noche se hablaba de cuatro y se mostró molesto por lo acontecido, ya que los gremios iban a presentar hoy “el cambio de etapa en la protesta, sin cortes de calles ni piquetes”, pero que “la Policía avanzó con orden política”.

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Cuando las instituciones se prenden fuego

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La crisis política-institucional en América del Sur inició un nuevo capítulo la semana pasada cuando estallaron masivas y virulentas protestas sociales en Paraguay y Venezuela. Una vez más los principales medios de comunicación del mundo occidental pusieron en duda la calidad democrática de nuestros países, remarcaron la falta de transparencia de las acciones gubernamentales y evidenciaron la vulnerabilidad institucional de nuestras repúblicas. Sin embargo, esta nueva oleada de crisis demostró algo más, la fragilidad institucional, los valores anti-democráticos y el abuso de poder no son exclusivos de los Estados suramericanos, también se convirtieron en faltas de los organismos de integración y seguridad regional.
El accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del MERCOSUR como respuesta a los sucesos ocurridos en Venezuela y Paraguay, como organismos regionales que salvaguardan el orden democrático de sus países miembros, dejó en claro que violentar algún poder del Estado no siempre es una ofensa digna de sanción o repudio.
Recordemos que tanto la OEA como el MERCOSUR prevén sanciones importantes para los países miembros que no caminen por la senda del respeto a la Democracia o sus instituciones.
Repasemos brevemente cada caso. El día 30 de marzo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano dicta una sentencia donde anuncia que asumirá todas las competencias correspondientes a la Asamblea Nacional (Poder Legislativo de Venezuela), cuyas actuaciones considera nulas por encontrarse en una situación de desacato a sentencias anteriores del propio tribunal. El TSJ dictaminó el desacato porque la Asamblea incorporó, en agosto del 2016, a tres diputados del estado de Amazonas, cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones legislativas del 2015.
Las respuestas hacia la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y hacia el gobierno de Nicolás Maduro no se hicieron esperar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó el suceso de “auto golpe” y convocó de forma urgente a una sesión del Consejo Permanente para examinar la situación de la República Bolivariana de Venezuela. En esta reunión el Consejo dictó una resolución donde reconoce la existencia de “alteración institucional del orden democrático” en Venezuela. Además, instó al gobierno a garantizar la separación de poderes, restaurar la autoridad del Parlamento y apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático, dejando abierta la posibilidad de convocar a una reunión de ministros para analizar sanciones contra aquel país. En este punto se debe remarcar que el Consejo Permanente violó el procedimiento que prevé la Carta Democrática para determinar una “alteración grave al orden constitucional”, dado que explícitamente este documento requiere la firma de 18 Estados miembros, y esta resolución solo logró juntar 14 firmas.
Esto es importante a los efectos de la legitimidad de la resolución, únicamente con esa mayoría de 18 países se puede entender que la resolución emana del Consejo Permanente, y no de un grupo selecto de países.
Con la misma celeridad y urgencia que la OEA, los miembros del MERCOSUR convocaron a una Cumbre extraordinaria de Cancilleres para analizar la posibilidad de aplicar la “cláusula democrática” a Venezuela, que podría significar la suspensión de este país en dicho organismo. El día sábado 1 de abril los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay instaron al gobierno de Venezuela a adoptar medidas concretas, concertadas con la oposición, de acuerdo con la Constitución, para asegurar la separación de poderes.
El mismo día que se convocaba a la Cumbre Extraordinaria por la situación del país bolivariano, en la República del Paraguay estalla una crisis política-institucional que deja como resultado un dirigente opositor muerto, un centenar de heridos, 200 detenidos y el edificio del Congreso en llamas. El viernes 31 de marzo, se aprueba en el Senado paraguayo un proyecto impulsado por el oficialismo para enmendar la Constitución Nacional, que permitiría la re-elección presidencial. Los disturbios se desataron porque el gobierno de Horacio Cartes violentó las garantías institucionales para el correcto procedimiento de sanción: el proyecto fue aprobado durante una sesión a puertas cerradas, a pesar de que constitucionalmente las sesiones deben ser públicas y la sesión fue realizada sin la presencia del titular de la Cámara Alta, Roberto Acevedo. Además, se hizo trascender que Acevedo previo a ser destituido, según la oposición ilegalmente, había retenido la solicitud de aprobación de esta reforma, ya que una enmienda similar había sido tratada en agosto de 2016, y según la Constitución solo puede volver a tratarse en un plazo de un año.
Para sortear este obstáculo, el senador Julio Velázquez se proclamó como presidente del Senado el martes pasado, y en su posición ilegitima, permitió la introducción de las modificaciones al reglamento interno que posibilitaron el tratamiento de la enmienda.
A pesar del enfrentamiento social que produjo esta, por lo menos dudosa, sanción y el pedido insistente de las fuerzas políticas opositoras paraguayas, las respuestas de los organismos regionales a los que pertenece Paraguay todavía no se han conocido.
El secretario general de la OEA se limitó a emitir un comunicado con “un llamado a las fuerzas políticas de Paraguay a la Paz y al respeto de la Democracia”, y agregó que “no es la violencia la forma de resolver los conflictos políticos en Democracia”.
Asimismo, evitó referirse al hecho que provocó el estallido, y no convocó a reuniones del organismo para revisar la situación de ese país, aunque los principales líderes de la oposición solicitaron la intervención de la OEA “ante los atropellos cometidos contra la democracia paraguaya” por el gobierno nacional.
Tampoco el MERCOSUR se pronunció ante estos hechos ni ninguno de sus miembros, situación que suscita algunos interrogantes, dado que en el 2012 Paraguay fue sancionado por sospechas en el funcionamiento del Senado cuando destituyeron de la presidencia a Fernando Lugo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de hipócrita al accionar dispar de la OEA en casos tan similares. Afirmación que no parece injustificada si tenemos en cuenta los hechos y la ilegalidad de la resolución de la OEA. Los organismos regionales deberían explicitar los protocolos actuales para realizar la tan peligrosa declaración de que un Estado rompió el orden democrático, teniendo en cuenta las devastadoras consecuencias que podría acarrear.
Entonces, al comparar estos casos se presentan más dudas que certezas, no parece existir una definición clara y acabada de qué acciones gubernamentales violentan las instituciones y provocan rupturas democráticas. ¿O eso depende de la bandera ideológica de la fuerza política gobernante?

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