Congreso

Adorni reactiva la mesa política y acelera la reforma laboral

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a reunir este martes a la mesa política que encabeza para encarar las negociaciones parlamentarias de la reforma laboral, que se convirtió en la prioridad legislativa del Ejecutivo para las próximas semanas. En paralelo, durante febrero, deberá avanzar en una reducción del 20% de la estructura administrativa y del 20% del personal de la Jefatura de Gabinete, un ajuste que forma parte del rediseño interno del Gobierno.

La reactivación de la mesa política será el segundo encuentro del año y se da en un contexto de reorganización del poder interno, con Adorni consolidado como una figura clave del esquema libertario, respaldado de manera directa por el presidente Javier Milei y por Karina Milei, un aval que resulta central para la negociación con el Congreso y la coordinación de la gestión.

Reforma laboral, negociación política y nuevo esquema de poder interno

El eje de la agenda inmediata del jefe de Gabinete está puesto en un triángulo estratégico que combina negociación política, seguimiento de la gestión ministerial y monitoreo de la reforma laboral, que comenzará a tratarse en febrero en el Congreso. Desde el oficialismo admiten que este proceso demandará varias semanas de conversaciones parlamentarias.

La mesa política se intercala con una intensa agenda de reuniones bilaterales que Adorni mantiene con los ministros del Gabinete, en una dinámica que busca reforzar la coordinación interna. Según reconstruyó LA NACION, estos encuentros funcionan como reuniones de seguimiento, donde se evalúa lo realizado y se definen las prioridades del Presidente en cada cartera, con una mirada proyectada hacia adelante.

En ese marco, Adorni mantiene un respaldo político que, dentro de la Casa Rosada, sintetizan con una frase elocuente: “Manuel es Karina”, en alusión a la confianza directa de la hermana presidencial. Ese aval es considerado determinante para lograr acuerdos parlamentarios más estables que en la etapa anterior, encabezada por Guillermo Francos, tras la salida de Nicolás Posse, primer jefe de Gabinete del actual gobierno.

Ajuste en la Jefatura y mayor control de la gestión

Además de la agenda legislativa, febrero estará marcado por el recorte de la estructura de la Jefatura de Gabinete, que actualmente cuenta con más de 2.400 empleados. Según reconocieron fuentes oficiales, el objetivo es concretar una reducción del 20% tanto en la estructura como en el personal, en línea con la política de ajuste administrativo del Gobierno.

Desde los ministerios señalan que, tras el cambio de conducción, existe un mayor seguimiento de la gestión y una mejora en la articulación entre carteras, un aspecto que era señalado como una debilidad en la etapa anterior. “Ahora hay más seguimiento de lo que se hace y de lo que se necesita”, reconocen en distintas áreas.

Aunque no se expresan críticas directas a Francos, dentro del oficialismo predomina la percepción de que su gestión estaba más enfocada en el diálogo político que en la dinámica cotidiana de la administración, una lógica que Adorni busca revertir con controles más frecuentes y definición clara de prioridades.

Agenda internacional y reformas en reserva para el Congreso

En paralelo, el jefe de Gabinete participará de la Argentina Week en Nueva York, en una agenda que incluye el discurso del Presidente ante bancos y fondos internacionales, en un esquema organizado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

Mientras tanto, en la Casa Rosada mantienen bajo estricta reserva los proyectos de ley que cada ministerio prepara, con el objetivo de no interferir en las negociaciones parlamentarias actuales. No obstante, admiten que el Ejecutivo proyecta enviar más de una treintena de iniciativas al Congreso durante 2026, una vez superada la etapa inicial de la reforma laboral.

“Hay que avanzar con las reformas y, en los próximos dos años, seguir avanzando con las cosas prioritarias que tienen que suceder en cada ministerio”, sintetizan en Balcarce 50. Por ahora, la mayoría de las carteras está abocada a asegurar la aprobación de la reforma laboral, mientras se pone en marcha el ajuste interno de la Jefatura de Gabinete.

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Santilli sumó el respaldo de Entre Ríos para la reforma laboral y busca un aval amplio en el Congreso

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El ministro del Interior, Diego Santilli, obtuvo el apoyo político del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. El respaldo se dio durante un encuentro en la Casa de Gobierno de Paraná y se inscribe en la estrategia oficial de construir un consenso federal que permita avanzar con una de las iniciativas centrales del presidente Javier Milei para la segunda mitad de su mandato, con impacto directo en el empleo privado, la productividad y el clima de inversiones.

Un apoyo político clave en la ronda con gobernadores

La reunión entre Santilli y Frigerio se realizó este jueves en la ciudad de Paraná, en el marco de la ronda de encuentros que el ministro del Interior mantiene con mandatarios provinciales para sumar adhesiones al proyecto de ley de reforma laboral. Durante el encuentro, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de que la iniciativa “obtenga un apoyo contundente” en el Congreso, condición que el Gobierno considera indispensable para avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo.

Santilli destacó que la reforma apunta a “generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, y remarcó que, en ese sentido, “ningún gobernador puede estar en contra de una ley” con esos objetivos. La afirmación refleja la lectura política del Ejecutivo nacional, que busca alinear a las provincias detrás de una agenda económica orientada a la recuperación del empleo formal.

Por su parte, Frigerio expresó el “apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral”, al que definió como una iniciativa orientada a la “inclusión de derechos a la mitad de los trabajadores que no lo tienen”. En un mensaje directo al ministro, el gobernador del PRO fue explícito: “Vamos a seguir trabajando en conjunto esa reforma. Te llevás un apoyo contundente a la reforma laboral”.

Reforma laboral: prioridad estratégica del Gobierno nacional

La reforma laboral figura entre las principales prioridades del presidente Javier Milei para la segunda mitad de su mandato. El oficialismo considera que el actual esquema normativo constituye un obstáculo para la creación de empleo formal y la atracción de inversiones, especialmente en las economías regionales.

En ese marco, el Ministerio del Interior cumple un rol político central al articular apoyos provinciales que luego se traduzcan en votos en el Congreso. La estrategia apunta a mostrar que la iniciativa no es solo una política nacional, sino un proyecto con respaldo territorial, capaz de impactar en el desarrollo productivo de las provincias.

El encuentro en Entre Ríos también sirvió para valorar las acciones conjuntas entre el Gobierno nacional y el provincial, en un contexto político sensible para la administración de Frigerio. La reunión se produjo un día después de que el gobernador revelara el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal ocultos en su oficina y en la Secretaría General de la provincia, situación que derivó en denuncias penales ante la Justicia.

La gira federal y el mapa de apoyos

Con la visita a Entre Ríos, Santilli continuó esta semana su gira por las provincias en busca de respaldos para la reforma laboral. El miércoles había estado en Neuquén, donde obtuvo el compromiso del gobernador Rolando Figueroa de acompañar la iniciativa en el Congreso.

Hasta el momento, el ministro del Interior logró el apoyo de seis gobernadores:

  • Marcelo Orrego (San Juan)
  • Leandro Zdero (Chaco)
  • Gustavo Sáenz (Salta)
  • Alfredo Cornejo (Mendoza)
  • Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
  • Rolando Figueroa (Neuquén)

Este respaldo inicial configura un bloque político relevante para el oficialismo, que busca ampliar la base de adhesiones y reducir resistencias en el debate legislativo. Para las provincias, la discusión se vincula directamente con la dinámica del empleo privado, la competitividad regional y la posibilidad de atraer nuevas inversiones en un escenario económico desafiante.

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La CGT y ATE endurecen su rechazo a la reforma laboral y advierten que profundizará la precarización

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La conducción sindical intensificó sus críticas al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa no solo “va a empeorar la situación laboral”, sino que además es “inconstitucional”. Así lo sostuvo el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, quien alertó sobre un creciente rechazo social —especialmente entre los jóvenes— a medida que se conocen los alcances del texto. En paralelo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó que el proyecto “se tiene que caer completo” y llamó a profundizar la estrategia de paro y movilización.

Las declaraciones marcan un endurecimiento del posicionamiento sindical y anticipan un escenario de mayor conflictividad política y social en la antesala del tratamiento legislativo de la iniciativa.

“Va a empeorar la situación laboral”: el diagnóstico de la CGT y el cuestionamiento constitucional

Jorge Sola afirmó que “hay una creciente consciencia” de que la reforma laboral promovida por Javier Milei “va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional”. Según explicó, el avance del debate público permitió que distintos sectores identifiquen que la propuesta apunta a “profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”.

El dirigente sostuvo que el deterioro del empleo no se origina en el marco normativo vigente, sino en el rumbo macroeconómico. “No es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno, que prioriza lo financiero y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las PyMes, destruyendo el tejido industrial del país”, afirmó.

Sola describió un escenario de impacto económico negativo que atraviesa al mercado de trabajo: “Vemos caída del consumo, aumento de la desocupación, caída de la recaudación. Y aún a la gente con trabajo, la plata le alcanza cada vez menos. Mientras aumenta el endeudamiento familiar y el del Estado nacional”. En ese contexto, pidió a los legisladores que “antes de votar piensen en legislar a favor del país y de las y los trabajadores” y advirtió que, de aprobarse el proyecto, “la Justicia dictaminará su total inconstitucionalidad”.

Estrategia política y presión sobre gobernadores y legisladores

Además del cuestionamiento jurídico, la CGT anticipó una reactivación de su estrategia política para incidir en el trámite parlamentario. La central obrera buscará dialogar con gobernadores con el objetivo de que no acompañen la iniciativa a través de sus legisladores o impulsen modificaciones en los artículos que concentran el mayor rechazo sindical.

La ofensiva sindical se apoya en la lectura de que el proyecto, tal como está redactado, genera un cambio estructural en las relaciones laborales y reduce derechos colectivos, lo que podría abrir una etapa de judicialización prolongada y tensión institucional entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el sistema judicial.

ATE: “El proyecto se tiene que caer completo” y llamado a la movilización

El rechazo se profundizó con la posición de ATE. Tras reunirse con el titular del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, Rodolfo Aguiar aseguró que “hay un consenso creciente en la dirigencia sindical sobre que el paro y la movilización son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral”.

Aguiar descartó la posibilidad de una negociación parcial: “No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos. No nos podemos conformar con el mal menor. Este proyecto legal de contrarreforma laboral se tiene que caer completo”. En un comunicado, afirmó que el texto “fue redactado por los estudios jurídicos de las grandes patronales” y que su aplicación “puede traducirse en más precarización, más explotación para los trabajadores y más rentabilidad para las empresas”.

El dirigente también cuestionó el argumento oficial de que la reforma promoverá el empleo. “La creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía, y precisamente es la política económica del Gobierno la que ha destruido durante dos años los puestos de trabajo formales en la Argentina”, señaló. De la reunión también participó el abogado Matías Cremonte.

Finalmente, Aguiar alertó sobre los derechos colectivos en juego y convocó a la acción directa: “No podemos permitir que se afecte el derecho de huelga y que pretendan eliminar las asambleas. Sería una vergüenza que alguien termine aceptando que nos paguen nuestros salarios con paquetes de yerba o que tengamos que pedir permiso para realizar una asamblea. El único camino posible es la calle”.

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CAME respalda la reforma laboral, pero advierte riesgos por aportes patronales y convenios

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su respaldo general al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso, compuesto por 180 artículos, pero encendió alertas sobre cinco disposiciones puntuales que, según la entidad, podrían generar inestabilidad en el sector productivo y afectar de manera directa el funcionamiento de las cámaras empresariales. Las objeciones se concentran en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, que introducen cambios en el régimen de convenios colectivos y en el financiamiento de las organizaciones representativas del empresariado.

La advertencia no es aislada: también fue acompañada por reclamos de la Cámara de Comercio, ADIMRA y entidades empresariales del interior del país, que comparten la preocupación por el impacto institucional y económico de la iniciativa si se aprueba sin modificaciones.

Convenios colectivos y ultraactividad: el riesgo de una transición abrupta

Uno de los ejes centrales del planteo de CAME es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Desde la entidad sostienen que, si bien los convenios requieren actualización, los cambios propuestos podrían provocar una ruptura abrupta del marco normativo vigente.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, advirtió que “estos convenios, si bien hay que retocarlos o mejorarlos o actualizarlos, no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”. En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente agregó que desarmar el entramado actual sin una transición adecuada “generaría más caos que soluciones en este momento”.

Desde la óptica de la mediana empresa, la ultraactividad funciona como un mecanismo de previsibilidad en las relaciones laborales. Su eliminación o restricción, sin un esquema gradual, podría impactar en la planificación productiva, en los costos laborales y en la estabilidad de los acuerdos vigentes, especialmente en sectores con menor capacidad de negociación individual.

Aportes patronales y financiamiento: una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical

El artículo 128 del proyecto es señalado como uno de los puntos más sensibles. La norma propone la quita de la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresariales, una medida que, según CAME, comprometería seriamente su sostenibilidad financiera.

Diab sostuvo que esta modificación colocaría a las entidades empresariales en una “desigualdad absoluta” frente al sector sindical, que mantiene sus mecanismos de financiamiento. En ese marco, afirmó que el proyecto “tiene como objetivo final la inexistencia de las organizaciones empresariales tal como están constituidas”.

La confederación remarcó que estos recursos no solo sostienen la estructura institucional, sino también programas de formación profesional que se desarrollan en todo el país. “Gracias a las capacitaciones que nosotros hacemos, hay muchas empresas o pequeños comercios, unidades productivas que se han sostenido con nuevas habilidades”, explicó el titular de la entidad. La eventual pérdida de estos fondos, advierten, tendría un impacto directo en la competitividad y en la capacidad de adaptación de las pymes.

Riesgos legales y gestiones políticas antes de la votación

Además de los aspectos financieros, CAME alertó sobre posibles consecuencias jurídicas derivadas de la aplicación de los artículos 130, 131 y 132. Según el análisis de los asesores legales de la entidad, estas disposiciones “pueden traer conflictos legales futuros”, lo que abriría un nuevo frente de incertidumbre para empresas y cámaras en un contexto ya complejo.

Ante este escenario, la confederación intensificó su estrategia de diálogo político. Representantes de CAME mantuvieron reuniones con “la mayoría de los legisladores, senadores que tienen de la comisión y otros también”, además de encuentros con distintos gobernadores. El objetivo es que el Poder Legislativo contemple estas observaciones antes de la votación definitiva de la reforma.

El debate se da en un momento clave para el entramado productivo, donde la reforma laboral es presentada como una herramienta para modernizar el mercado de trabajo, pero también genera tensiones sobre el equilibrio institucional entre sindicatos, empresas y el Estado. Para CAME y otras entidades empresariales, el desafío pasa por introducir cambios sin desfinanciar a las organizaciones representativas ni erosionar la previsibilidad que requieren las pymes para sostener la actividad.

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Santilli avanza con la reforma laboral y consigue el apoyo de Gustavo Sáenz

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El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a la provincia de Salta y consiguió el apoyo político del gobernador Gustavo Sáenz a la reforma laboral impulsada por el oficialismo, una iniciativa clave en la agenda del presidente Javier Milei con impacto directo sobre el empleo privado, la productividad y la atracción de inversiones. El respaldo provincial apunta a robustecer el entramado de consensos necesarios para avanzar con el proyecto en el Congreso y alcanzar un nuevo triunfo legislativo previsto para febrero.

El encuentro se desarrolló en la Gobernación de Salta y se inscribe en una estrategia federal que el Ministerio del Interior despliega desde principios de enero, con visitas a distintas provincias para sumar adhesiones a una de las reformas estructurales centrales del Gobierno nacional.

Apoyo político y coordinación Nación–Provincia

Desde la cartera que conduce Santilli señalaron que, durante la reunión, ambas partes “valoraron positivamente las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial, y coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral”. En ese marco, el gobernador Sáenz se comprometió a respaldar el proyecto del oficialismo, en línea con la búsqueda de sumar la mayor cantidad de apoyos posibles en el plano legislativo.

Tras el encuentro, el ministro del Interior remarcó en conferencia de prensa que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”. La afirmación apunta a posicionar la reforma como una herramienta de desarrollo económico territorial, más allá de las diferencias políticas.

Por su parte, Sáenz planteó el compromiso de acompañar la “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias”. En ese sentido, sostuvo: “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, y concluyó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

La reforma laboral como eje de la agenda federal

El respaldo de Salta se produce en un momento clave para el oficialismo, que busca consolidar una mayoría política que permita avanzar con la reforma laboral, uno de los pilares del programa económico del presidente Javier Milei. La iniciativa apunta a introducir cambios en el marco normativo vigente con el objetivo de dinamizar el mercado de trabajo, reducir rigideces y fomentar la creación de empleo formal en el sector privado.

En ese contexto, la estrategia de Santilli se apoya en la construcción de acuerdos con los gobernadores, entendiendo que el impacto de la reforma se proyecta de manera directa sobre las economías regionales y las condiciones de inversión en cada provincia. El respaldo de Sáenz se suma así a una serie de gestos políticos que el Gobierno nacional intenta capitalizar en el Congreso.

Próximas paradas: Neuquén y Entre Ríos

La agenda federal del ministro del Interior continuará en los próximos días. Está previsto que el miércoles viaje a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa, y que el jueves haga lo propio en Entre Ríos, donde volverá a encontrarse con Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales con mayor sintonía ideológica con el oficialismo.

El objetivo de estas visitas es replicar el esquema de diálogo político desplegado en Salta y seguir acumulando respaldos provinciales a la reforma laboral, en una carrera contrarreloj de cara al tratamiento legislativo previsto para febrero. En términos políticos e institucionales, el Gobierno apuesta a mostrar una base de apoyo federal que refuerce la viabilidad del proyecto y reduzca el margen de resistencia parlamentaria.

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