CONINAGRO

Capital Humano homologó la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

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El Ministerio de Capital Humano homologó este miércoles la primera paritaria del sector rural encuadrada en el régimen general de negociación colectiva establecido por la Ley N.º 14.250, tras las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.

La decisión formalizó el acuerdo alcanzado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades representativas del agro: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).

El acuerdo establece remuneraciones mínimas para trabajadores permanentes comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario regulado por la Ley N.º 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio.

Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó la homologación como un “hito histórico en materia laboral” y la vinculó con un proceso de actualización del sistema de negociación colectiva.

El cambio institucional detrás de la paritaria rural

La modificación no sólo tiene impacto salarial. También redefine el mecanismo institucional mediante el cual se negocian las condiciones laborales del sector agrario.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas rurales eran definidas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un esquema donde el Estado tenía un rol central en la fijación salarial.

Con la reforma impulsada por la Ley N.º 27.802, las condiciones salariales pasan a discutirse bajo el régimen general de negociación colectiva previsto en la Ley N.º 14.250, trasladando mayor peso a la negociación directa entre sindicatos y cámaras empresarias.

La homologación realizada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social representa así el primer antecedente concreto de implementación de ese nuevo esquema en el ámbito rural.

El agro gana un marco de negociación más flexible

La medida también expone una reconfiguración en la relación entre Estado, sindicatos y entidades rurales.

El acuerdo reúne a actores históricamente influyentes del agro argentino, como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina, junto con el sindicato UATRE.

El Gobierno interpretó la homologación como un avance en “institucionalidad laboral”, al considerar que el nuevo régimen aporta previsibilidad y seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

La decisión además se inscribe dentro del proceso de reformas laborales promovido por la administración nacional, que busca modificar mecanismos tradicionales de regulación del trabajo y reducir la centralidad estatal en ciertas negociaciones sectoriales.

Qué cambia para el sector rural

El nuevo esquema implica que las futuras discusiones salariales del trabajo agrario podrán canalizarse mediante convenios colectivos negociados entre las partes y posteriormente homologados por la autoridad laboral.

En términos prácticos, el sistema se asemeja más al funcionamiento de otras actividades privadas que negocian salarios bajo convenios colectivos generales.

La novedad adquiere relevancia porque el trabajo rural históricamente mantuvo un régimen específico y diferenciado respecto de otros sectores de la economía.

El Gobierno sostiene que el cambio aporta mayor agilidad y modernización al sistema de relaciones laborales rurales.

Impacto potencial en Misiones y el NEA

La formalización de paritarias rurales bajo el régimen general puede tener impacto directo en provincias con fuerte presencia de economías regionales y trabajo agrario, como Misiones y otras jurisdicciones del NEA.

Sectores vinculados a producción yerbatera, forestal, tealera y actividades agroindustriales podrían verse alcanzados por futuras negociaciones bajo este nuevo esquema institucional.

Aunque el comunicado oficial no detalla cifras salariales específicas ni actividades regionales concretas, la modificación del mecanismo de negociación introduce una variable relevante para empleadores y trabajadores rurales del interior productivo.

La evolución de estos acuerdos será observada especialmente en regiones donde la actividad agraria tiene fuerte incidencia sobre empleo y dinámica económica local.

Una reforma que empieza a mostrar efectos concretos

La homologación de esta primera paritaria aparece como uno de los primeros efectos operativos visibles de la Ley de Modernización Laboral sobre el sistema de negociación colectiva.

El desafío hacia adelante será observar cómo evolucionan futuras discusiones salariales bajo el nuevo esquema y si el modelo logra consolidar mayor estabilidad en un sector históricamente atravesado por tensiones entre productividad, costos laborales y regulación estatal.

También quedará bajo análisis el alcance real de la negociación colectiva en actividades rurales específicas y la capacidad del nuevo sistema para equilibrar intereses entre sindicatos y entidades empresarias.

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Coninagro: el trigo y la yerba mate pierden poder de compra mientras soja y hacienda se fortalecen

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Un nuevo informe de Coninagro confirma la creciente heterogeneidad del agro argentino: mientras el trigo y la yerba mate registran un marcado deterioro en su capacidad de compra frente a insumos y costos productivos, la soja y la hacienda muestran una mejora significativa en su relación insumo-producto.

El relevamiento compara enero de 2026 contra enero de 2025 y también frente al promedio de los últimos cinco años, y revela fuertes contrastes entre cadenas productivas.

Trigo: fletes récord y caída frente al gasoil

En el caso del trigo, el deterioro es evidente. La cosecha récord del cereal coincidió con un debilitamiento de su precio internacional, afectando directamente el poder adquisitivo del productor.

Uno de los datos más preocupantes es el costo logístico: para un traslado de 300 kilómetros, el flete representa hoy el 21% del valor del trigo, el nivel más alto de los últimos años. Además, en comparación con el promedio de los últimos cinco años, el productor necesita 55% más de trigo para adquirir la misma cantidad de gasoil.

Frente a los insumos, el cereal perdió 10% interanual respecto de la urea y 8% frente a la bolsa de semillas de 40 kilos. Solo muestra una leve mejora coyuntural frente a la cosechadora (-3%), aunque en el mediano plazo el deterioro alcanza el 35%.

El informe advierte que esta brecha entre precios de venta y costos genera un escenario de vulnerabilidad, obligando a replantear decisiones de siembra, financiamiento y manejo de recursos en un contexto de alta volatilidad.

Soja: mejora de rentabilidad y recuperación del poder de compra

En contraste, la soja atraviesa un momento favorable. Se requiere 25% menos de oleaginosa para adquirir glifosato, camionetas y cosechadoras, y 19% menos para cubrir gasoil y fletes.

En la comparación de cinco años, los granos en general mejoraron su relación frente a glifosato, urea, inmuebles, camionetas y construcción, aunque perdieron contra fletes, maquinaria, hacienda, semillas y salarios rurales.

Dentro del complejo agrícola, la soja aparece como el mejor desempeño relativo, mientras que el trigo es el más afectado. El maíz, por su parte, mejora frente al gasoil y cosechadora, pero empeora frente a semillas y urea.

Hacienda: fuerte recomposición de precios

La ganadería también muestra señales positivas. Durante 2025, la hacienda aumentó en promedio 75%, consolidando una mejora real en el poder de compra del productor.

En diciembre pasado se necesitaron 34% menos kilos de novillito para adquirir un kilo de semillas de alfalfa que un año antes, pasando de casi 4 kilos a aproximadamente 2,7 kilos.

La hacienda hoy permite comprar más inmuebles, alambre, camionetas, pasturas y materiales de construcción, aunque pierde frente a la compra de terneros.

Yerba mate: el peor desempeño relativo

La situación más crítica es la de la yerba mate. Tras un muy mal 2024 y 2025, el sector acumula una pérdida del 30% en su poder de compra respecto del promedio de los últimos cinco años.

En el inicio de 2026, los registros siguen débiles: solo mejora frente a fitosanitarios (tomando la media desde 2020), pero pierde frente a gasoil, salario rural y camionetas.

El informe deja en claro que no hay un “campo” homogéneo: mientras algunos complejos productivos recuperan margen y capacidad de inversión, otros enfrentan una creciente presión de costos que erosiona rentabilidad y competitividad.

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Yerba sin reglas: “La desregulación no trajo libertad, trajo concentración y pobreza rural”

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La crisis que atraviesa el sector yerbatero tiene, para Roberto Buser, un origen claro y reciente. Representante de CONINAGRO en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), el dirigente sostiene que la desregulación del mercado, profundizada desde diciembre de 2023, alteró de manera drástica el equilibrio de toda la cadena productiva y golpeó de lleno a productores y trabajadores rurales.

Buser señala que la puesta en marcha del DNU 70/2023, con la asunción del presidente Javier Milei, marcó un punto de quiebre al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus principales herramientas de intervención. Entre ellas, la facultad de regular la actividad y fijar precios de referencia para la hoja verde. Lejos de generar un mercado más eficiente, advierte, la medida produjo un impacto inmediato y negativo sobre los eslabones más débiles del sistema.

Según su análisis, en apenas tres o cuatro meses desde la vigencia del decreto, el precio que perciben los productores cayó alrededor de un 30%. Si se amplía la mirada a los últimos dos años, la situación es aún más crítica: hoy se recibe menos del 50% de lo que se cobraba por el mismo volumen de hoja verde. Esa pérdida, remarca, no se distribuyó a lo largo de toda la cadena, sino que se concentró casi exclusivamente en los productores primarios, mientras que los grandes compradores y molinos se beneficiaron pagando menos por la materia prima.

La eliminación del precio de referencia dejó al productor sin capacidad real de negociación. Antes de la desregulación, el INYM calculaba el costo de producción teniendo en cuenta salarios rurales, insumos y gastos operativos, y a partir de ese esquema establecía valores que garantizaban una rentabilidad mínima, con actualizaciones periódicas frente a la inflación. Con ese mecanismo fuera de juego, los productores quedaron obligados a aceptar los precios impuestos por los grandes actores del mercado.

Buser remarca que los más perjudicados son los pequeños y medianos productores, que en su mayoría no cuentan con secaderos propios y deben vender su producción a establecimientos privados, cooperativos o ligados a grandes empresas. Esa dependencia los coloca en una posición de extrema debilidad. La caída de los ingresos redujo de manera drástica la capacidad de afrontar los costos de producción, entre ellos la mano de obra, que representa cerca del 67% del costo total de la actividad yerbatera.

El impacto, subraya, no se limita al plano productivo. La crisis se trasladó de forma directa al empleo rural. Ante la imposibilidad de cumplir con aportes y contribuciones, muchos productores se vieron empujados a esquemas de informalidad. El resultado es una mayor vulnerabilidad para los trabajadores rurales, que quedan fuera de la registración y sin cobertura de los sistemas de protección social. En este escenario, Buser destaca el rol del RENATRE como organismo clave para garantizar derechos laborales, aunque reconoce que la caída de la registración es una consecuencia directa de la crisis económica del sector.

Para el dirigente, el proceso actual no es nuevo. La historia del sector yerbatero muestra que cada experiencia de desregulación desembocó en crisis profundas. Recuerda que en la década de 1930, frente a un escenario de superproducción, se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que durante más de seis décadas permitió ordenar la actividad. Sin embargo, en los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo, la CRYM fue desregulada, generando concentración del mercado y una fuerte caída de los ingresos de los productores.

En aquel período existía un mercado consignatario que fijaba precios de referencia en función de los costos de producción, lo que permitía acceder a crédito, financiar la cosecha y evitar la venta forzada a valores de remate. Con la eliminación de ese sistema, los productores quedaron nuevamente expuestos a las condiciones impuestas por los grandes compradores.

El INYM, recuerda Buser, nació como respuesta a ese fracaso. Su estructura participativa, con representación del Estado nacional, Misiones, Corrientes, trabajadores rurales, productores, secaderos y molineros, permitió durante años un equilibrio relativo entre los distintos intereses de la cadena. Vaciar al Instituto de sus funciones centrales implica, a su entender, desconocer ese aprendizaje histórico y repetir errores ya conocidos.

A este cuadro se suma un factor estructural que agrava la crisis. Antes de la desregulación, el INYM había detectado mediante imágenes satelitales más de 30.000 hectáreas nuevas de plantaciones que aún no habían entrado en producción. Al tratarse de un cultivo que demora entre cinco y seis años en rendir, el Instituto preveía que el ingreso simultáneo de esas hectáreas podía provocar un exceso de oferta y una caída de precios.

Para evitarlo, se regulaba la expansión de nuevas plantaciones, no para prohibir producir, sino para ordenar el crecimiento del sector. Con la liberalización total, ese control desapareció. Según Buser, quienes pudieron invertir en grandes extensiones fueron grandes capitales con capacidad financiera para esperar años sin ingresos, mientras que los pequeños productores quedaron expuestos a la caída de precios cuando esa producción comienza a volcarse al mercado.

Hoy, advierte, el mercado yerbatero muestra una alta concentración: alrededor del 80% de la comercialización está en manos de apenas cinco empresas. No se trata de un mercado competitivo, sino de un oligopsonio donde pocos compradores fijan condiciones. La baja del precio en origen no se traduce en mayor consumo —que es estable— sino en una transferencia directa de ingresos desde los productores hacia los grandes actores.

Buser también cuestiona la norma publicada en diciembre de 2025, que terminó de eliminar las últimas herramientas reglamentarias del INYM. Desde la visión oficial, esas regulaciones eran consideradas trabas. Para el sector productivo, cumplían la función de ordenar la actividad y evitar desequilibrios que hoy afectan de manera directa a productores y trabajadores.

En ese marco, el dirigente plantea que el Estado debería recuperar herramientas de regulación. No para frenar la producción ni distorsionar el mercado, sino para garantizar reglas claras y un mínimo equilibrio en la cadena. Sin planificación, sin precios de referencia y sin protección del empleo rural, concluye, la desregulación no genera libertad económica, sino concentración, exclusión y precarización.

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Santilli advirtió que las negociaciones por la yerba deben canalizarse por Agricultura

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El presidente de Federación de Cooperativas de Misiones, Gustavo Hein, expuso la crítica situación del sector yerbatero durante la reunión del Consejo de Coninagro, realizada el miércoles por la noche, de la que participó el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

En el encuentro, Hein tuvo a su cargo la presentación vinculada a la yerba mate, donde realizó una reseña detallada del momento que atraviesa el sector primario, con foco en las dificultades que enfrentan los productores yerbateros y las cooperativas.

Según explicó, el mercado yerbatero “es un mercado especial” que requiere reglas de juego diferentes a las del mercado general, debido a sus características propias. En ese sentido, sostuvo la necesidad de contar con instrumentos específicos que permitan equilibrar la oferta y la demanda, evitar la depresión de los precios que recibe el productor y, al mismo tiempo, garantizar que el consumidor pague un precio razonable por el producto terminado.

Hein señaló que Santilli escuchó el planteo con atención y se mostró receptivo, al tiempo que manifestó que ya estaba al tanto de la problemática, dado que había dialogado previamente sobre el tema con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

De acuerdo a lo expresado en la reunión, el funcionario nacional indicó que la cuestión deberá canalizarse a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ámbito en el cual se deberían formalizar los planteos y abrir una instancia de diálogo y negociación.

“El desafío es convencer a la Secretaría de que el sector necesita otros instrumentos para mejorar la situación del productor”, resumió Hein, al sintetizar los pasos que, a su entender, deberían seguirse tras el encuentro.

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CONINAGRO abrió su agenda 2026 con Santilli, pero no hablaron de la crisis de la yerba

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La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Ltda. (CONINAGRO) llevó adelante su primera reunión de Consejo del año 2026, que contó con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en un encuentro donde se expusieron las distintas realidades que atraviesan las economías regionales a lo largo del país.

Durante la reunión, productores y consejeros de la entidad presentaron ante el funcionario nacional un diagnóstico de las principales problemáticas del sector productivo, con eje en el acceso al financiamiento, el crédito, la infraestructura y las condiciones macroeconómicas que impactan sobre cooperativas y productores de las distintas regiones.

Pese a la amplitud de la agenda, no fue abordada la crisis que atraviesa actualmente la cadena de la yerba mate, uno de los complejos productivos más sensibles para provincias del NEA y que viene registrando fuertes tensiones en precios, rentabilidad y volumen de cosecha.

Agenda de propuestas de CONINAGRO

Previo al encuentro con el Consejo, Santilli fue recibido por el Comité Ejecutivo de CONINAGRO, que le entregó una serie de propuestas orientadas al sector agropecuario, con especial énfasis en la necesidad de avanzar en procesos de simplificación y armonización tributaria entre los distintos niveles de gobierno.

Entre los ejes presentados, la entidad puso sobre la mesa el Semáforo de Economías Regionales, una herramienta de seguimiento que refleja la situación dispar de las actividades productivas en las provincias y expone los desequilibrios estructurales que afectan al entramado cooperativo y rural.

Asimismo, se planteó una propuesta de Programa de Financiamiento Estratégico para el Campo, enfocado en inversiones en riego, malla antigranizo y hacienda, como complemento de las medidas incluidas en el Proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Poder Ejecutivo y que se encuentra actualmente en debate en el Congreso.

Crédito productivo, reforma laboral e infraestructura

Otro de los puntos abordados fue el análisis del crédito al sector productivo, con especial atención en aquellos rubros que enfrentan mayores dificultades de acceso y condiciones de financiamiento más costosas, una problemática recurrente para cooperativas y productores de menor escala.

También se presentaron propuestas de políticas innovadoras para el agro, que incluyen no solo la simplificación tributaria, sino también la creación de un Fondo Anticíclico y de Riesgo Agropecuario, concebido como una herramienta para mitigar el impacto de crisis climáticas, económicas y de mercado sobre las economías regionales.

Al finalizar la visita, Santilli señaló: “Siempre es bueno escuchar a los productores de todas las provincias. Esperemos que a todos los sectores llegue el buen rumbo que está tomando el presidente Javier Milei”*.

En relación al debate por la reforma laboral que se discute en el Congreso, el ministro expresó su expectativa de que el proyecto avance en el Senado: “Yo soy muy positivo en que tengamos media sanción la semana que viene. Tiene que ser el puntapié inicial para los otros cambios que tienen que venir en nuestro país”.

Finalmente, Santilli se refirió a las modificaciones previstas en materia de infraestructura vial y sostuvo que el Ministerio de Economía proyecta concesionar 9.200 kilómetros de corredores viales antes de mitad de año, en un proceso que, según indicó, ya cuenta con antecedentes en rutas como la 14, que atraviesa Entre Ríos y Corrientes.

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