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El Gobierno acuerda con universidades: aumento, más fondos y alivio tras más de dos años de conflicto

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Después de más de dos años de conflicto, marchas, paros y reclamos por financiamiento, el Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con las universidades públicas que busca comenzar a recomponer una de las áreas más golpeadas por el ajuste fiscal aplicado desde fines de 2023. Sin embargo, la Conaduh histórica todavía no firmó el acuerdo y convocó a sus bases para tomar una decisión.

El entendimiento fue firmado entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones docentes y no docentes. Incluye una recomposición salarial del 24,33%, una actualización de los gastos de funcionamiento, más recursos para hospitales universitarios y un incremento de las Becas Manuel Belgrano.

La mejora salarial se aplicará en dos etapas. Un 21,33% se abonará en junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026. El 3% restante se incorporará en octubre sobre los haberes de septiembre. El acuerdo también establece una nueva mesa de negociación para el 15 de septiembre, cuando se discutirán los aumentos correspondientes al siguiente trimestre.

Además de la cuestión salarial, el Gobierno se comprometió a actualizar un 20% los fondos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales a partir de junio. También destinará $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios durante 2026, monto que se suma a los $80.000 millones ya previstos para esos centros de salud.

Otro de los puntos destacados es la actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano, una herramienta clave para sostener la permanencia de estudiantes en carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y tecnológico del país.

Sin embargo, desde los gremios universitarios aclararon que el acuerdo no implica el cierre del conflicto ni la recuperación total del salario perdido durante los últimos años.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, quien participó de las negociaciones, explicó que la recomposición acordada permite recuperar la pérdida generada por la diferencia entre los aumentos otorgados por el Gobierno durante 2025 y 2026 y la inflación acumulada en ese período.

Además, el incremento incorpora una recuperación parcial de lo perdido durante 2024. Según los negociadores sindicales, representa aproximadamente un 7% de la pérdida salarial acumulada durante aquel año.

Por eso, las federaciones remarcan que la discusión sigue abierta. La comunidad universitaria mantiene el reclamo por la recuperación completa del poder adquisitivo deteriorado durante la etapa más crítica del ajuste presupuestario.

La firma del acuerdo llega luego de un prolongado conflicto que tuvo como eje la Ley de Financiamiento Universitario, la caída de los salarios y la reducción de recursos para el sistema. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los salarios universitarios aumentaron 178%, mientras que la inflación acumuló 293%, generando una pérdida real cercana al 29%, con momentos en los que la caída superó el 33%.

El deterioro tuvo consecuencias concretas. Según datos del CIN, más de 10.000 profesionales abandonaron sus cargos durante ese período. Al mismo tiempo, la participación del presupuesto universitario en el Producto Bruto Interno cayó del 0,72% en 2023 al 0,47% proyectado para 2026.

Para las organizaciones sindicales, el acuerdo constituye un avance significativo, aunque insuficiente para cerrar la discusión. También lo interpretan como el resultado de la movilización sostenida de docentes, no docentes, estudiantes y amplios sectores de la sociedad que respaldaron el reclamo en defensa de la universidad pública.

La próxima negociación de septiembre será clave. Allí se definirá no solo la actualización salarial para el último trimestre del año, sino también el ritmo de recuperación de una pérdida de ingresos que continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema universitario argentino.

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El Gobierno busca desactivar el conflicto universitario antes del fallo de la Corte

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La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ingresó en una etapa decisiva. Mientras la Corte Suprema analiza la cautelar presentada por las casas de estudio para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la Casa Rosada acelera negociaciones para alcanzar un acuerdo político y presupuestario que permita cerrar el conflicto antes de una eventual sentencia adversa.

La preocupación del Ejecutivo no es menor. En caso de que el máximo tribunal falle a favor de las universidades, el Estado nacional debería afrontar un desembolso estimado en 2,5 billones de pesos, una cifra que impactaría de lleno sobre el equilibrio fiscal que el gobierno de Javier Milei considera el principal activo de su programa económico.

Por esa razón, la administración nacional evalúa convocar en los próximos días a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar en una negociación integral que abarque salarios docentes, becas estudiantiles, financiamiento operativo y recursos para hospitales universitarios.

La estrategia combina negociación política y defensa jurídica. Mientras la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezan las conversaciones con los rectores, la Procuración del Tesoro trabaja sobre un esquema legal que garantice que cualquier acuerdo implique la suspensión o retiro de las acciones judiciales actualmente en trámite.

El equilibrio fiscal frente a la presión universitaria

Detrás de la discusión presupuestaria se esconde uno de los principales dilemas de la gestión Milei: cómo sostener el ajuste fiscal sin profundizar conflictos con sectores considerados estratégicos.

Desde la llegada del actual Gobierno, las universidades nacionales se transformaron en uno de los focos de mayor resistencia a la política de recorte del gasto público. Las multitudinarias movilizaciones universitarias realizadas durante el último año lograron instalar el tema en la agenda pública y forzaron sucesivas instancias de negociación.

El oficialismo intentó responder con un proyecto alternativo de financiamiento enviado al Congreso en febrero. La propuesta buscaba reconocer parcialmente la pérdida salarial de los docentes durante 2025, aunque evitaba incorporar la fuerte caída de ingresos acumulada entre diciembre de 2023 y fines de 2024, uno de los principales reclamos de los gremios universitarios.

Esa diferencia continúa siendo el principal punto de conflicto.

La Corte Suprema como factor de presión

La posibilidad de una resolución judicial desfavorable modificó el escenario político.

En la Casa Rosada reconocen que una sentencia que obligue a cumplir plenamente la ley vigente podría generar un fuerte impacto sobre las cuentas públicas y abrir un precedente para otros reclamos presupuestarios de organismos y sectores afectados por el ajuste.

Por eso, el Gobierno busca llegar a un entendimiento previo que neutralice la disputa judicial.

La tarea quedó en manos de la Procuración del Tesoro, que trabaja en los aspectos técnicos de un eventual acuerdo. El objetivo es garantizar que cualquier transferencia extraordinaria de recursos tenga como contraparte la suspensión de la cautelar que actualmente espera resolución en el máximo tribunal.

Las universidades, sin embargo, mantienen cautela. Desde el CIN sostienen que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta formal y esperan definiciones concretas antes de pronunciarse sobre posibles alternativas.

Salarios, becas y hospitales universitarios

Las conversaciones no se limitan al presupuesto general.

La agenda de negociación incluye la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de becas estudiantiles y el financiamiento de hospitales universitarios, áreas particularmente afectadas por la aceleración inflacionaria registrada desde fines de 2023.

El reclamo salarial aparece como uno de los puntos más sensibles. Los sindicatos universitarios sostienen que los incrementos otorgados por el Gobierno quedaron muy por debajo de la evolución de los precios y denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo.

La situación también repercute en la capacidad operativa de las universidades, especialmente en aquellas ubicadas fuera de los grandes centros urbanos, donde los costos de funcionamiento aumentaron por encima de los recursos disponibles.

Para provincias como Misiones, donde la universidad pública constituye un actor central en la formación profesional, la investigación científica y la vinculación con sectores productivos, el resultado de estas negociaciones tendrá implicancias que trascienden el debate presupuestario nacional.

Un conflicto que sigue abierto

Mientras continúan las conversaciones, los gremios universitarios mantienen el estado de alerta.

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) realizó recientemente un paro nacional de 24 horas y ya anticipó que podría profundizar las medidas de fuerza durante el inicio del segundo cuatrimestre si no existen avances concretos en materia salarial y presupuestaria.

La Universidad de Buenos Aires también volvió a visibilizar el conflicto mediante clases públicas frente al Palacio de Tribunales, en una señal política dirigida tanto al Gobierno como a la Corte Suprema.

En ese contexto, la negociación que impulsa la Casa Rosada excede el plano educativo. Se trata de una pulseada que combina equilibrio fiscal, gobernabilidad y estrategia judicial. El desenlace determinará no solo el futuro inmediato del sistema universitario nacional, sino también la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico frente a uno de los sectores con mayor capacidad de movilización institucional y social del país.

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Bartolacci asume en el CIN y reordena la agenda universitaria en medio de la tensión por presupuesto y reformas

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El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, fue electo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el período 2026-2027, en una decisión tomada durante el 95° Plenario de Rectoras y Rectores realizado el 26 y 27 de marzo en La Pampa. El cambio de conducción se produce en un contexto atravesado por la discusión presupuestaria y el vínculo con el Gobierno nacional, lo que le otorga a la designación una dimensión política que excede lo institucional.

El nuevo titular del organismo —que nuclea a todas las universidades públicas del país— asumirá desde este viernes, acompañado por el rector de la Universidad Nacional de Río Negro como vicepresidente, y reemplazará a Oscar Alpa. La incógnita que se abre es si esta nueva conducción logrará articular una estrategia común frente a las demandas financieras y las exigencias de transformación del sistema.

Un liderazgo con agenda definida: reclamar, reformar y resguardar

El CIN funciona como el principal espacio de coordinación del sistema universitario público, y su conducción suele marcar el tono de la relación con el Gobierno y el Congreso. En ese marco, Bartolacci delineó tres ejes que anticipan la hoja de ruta de su gestión: reclamar, reformar y resguardar.

Por un lado, planteó la necesidad de exigir la recomposición salarial y un presupuesto acorde para el funcionamiento de las universidades. Este punto conecta directamente con la situación financiera del sistema, que fue uno de los ejes centrales del plenario.

Al mismo tiempo, propuso impulsar reformas internas, con el objetivo de “transformar la universidad” y adaptarla a las demandas actuales. La idea introduce una tensión conocida dentro del sistema: cómo modernizar sin perder identidad.

Finalmente, puso el foco en resguardar el reconocimiento social hacia la universidad pública, un capital simbólico que el sistema busca sostener en un escenario de creciente discusión sobre su financiamiento y su rol.

Correlación de fuerzas: universidades en bloque frente a la discusión presupuestaria

La elección se da en un momento donde el sistema universitario necesita consolidar posiciones comunes. El CIN, como órgano de representación, se convierte en un actor clave en la negociación política con el Gobierno nacional, especialmente en materia de recursos.

El plenario no solo abordó la situación presupuestaria, sino que también reafirmó el compromiso institucional con los Derechos Humanos, con una conmemoración por los 50 años del golpe de Estado. Ese gesto refuerza una línea histórica del sistema universitario, que también forma parte de su identidad política.

En este contexto, la nueva conducción deberá equilibrar dos planos: la negociación concreta por financiamiento y la defensa de un modelo de universidad pública con fuerte legitimidad social.

Un escenario abierto: negociación, reformas y legitimidad

La llegada de Bartolacci a la presidencia del CIN no implica un cambio abrupto, pero sí abre una etapa donde la conducción universitaria deberá definir cómo se posiciona frente a las demandas externas y las transformaciones internas.

Las próximas semanas serán clave para observar si el nuevo liderazgo logra consolidar una agenda común entre universidades con realidades diversas, y cómo se articula con el Gobierno en un contexto de restricciones presupuestarias.

La tensión entre reclamar recursos, impulsar reformas y sostener legitimidad social no es nueva. Pero en este ciclo, aparece más expuesta. Y la capacidad del CIN para administrar ese equilibrio empezará a medirse desde ahora.

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“Está en juego el futuro universitario argentino”

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Afirmó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de La Pampa Oscar. “Es difícil para un docente dar clases de calidad cuando está preocupado porque no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes”. El Presidente del CIM pidió también el acompañamiento del Senado.

-Fuerte apoyo de los diputados nacionales en contra del veto y de la gente en defensa de la universidad pública. ¿Cómo se sigue?

“La lógica es el acompañamiento de los senadores y después que se instrumente esta ley porque si no va a quedar dando vuelta. Creo que ha sido un paso no es que sea una solución ya inmediata, pero si no se hubiera aprobado hubiera estado en juego el sistema universitario para el futuro. Es decir, por la positiva todavía faltan muchas cosas para hacer, para que eso se transforme directo a las universidades, hubo un espaldarazo a las universidades que son fundamentales para el sistema democrático”.

-¿Cree que el presidente Milei la va a reglamentar si se aprueba en el Senado tiene 120 días para reglamentarla o la judicializará?

“No lo sé, pero igual será largo y además ya entramos en el presupuesto 2026, con lo cual ambas cosas vamos a tener que ir analizando en cada en cada caso. Pero bueno, esto también es la base para el presupuesto 2026, o sea, queda claro también que en ese sentido si no tenemos esta base de lo que se aprobó, que tiene que ver con la base de presupuesto también es un paso importante. Es muchísimo para adelante, la verdad que digamos esto no es una solución mágica mucho menos, pero sí es lo que planteamos siempre, sentarnos al diálogo para que se entienda que la universidad, así como estamos no podemos continuar porque los fondos son más que insuficientes”

-¿Ha visto el presupuesto 2026 lo que se les asignó a las universidades?

“Es el mismo valor de que estamos cobrando mes a mes y llevado al año que viene, o sea, que no tiene absolutamente ningún aumento, ningún incremento. Hicimos el cálculo tomamos lo que las universidades en total están recibiendo el mes de agosto, lo analizamos y nos da más o menos 4,7 millones contra el 4,8, con lo cual la diferencia es mínima. Pero sí el cálculo que hicimos es que hay un 4% nada más por encima de lo que se está cobrando ahora y comparado con el 10% de inflación que se plantea significa que todavía el año que viene sobre la base de este estamos mal en un 40% el año que viene vamos a seguir perdiendo fondos sobre ese valor”

-¿Se perdió el año?

“El esfuerzo docente hace de que el año no esté perdido. Hay una esperanza de que esto se reglamente y avancemos y que se entienda de los fondos de esto. Si el resultado hubiera sido negativo, yo creo que se perdía el cuatrimestre 2025”

-¿Cómo se mantiene la calidad educativa cuando un docente que va a dar clase y piensa, “¿No llego a fin de mes, tengo deudas?

“No se puede mantener y vamos a tener hacer con un esfuerzo, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo entre todos y viendo las distintas opciones que se van a ir planteando.

-Además del apoyo a la universidad público hubo un fuerte apoyo al hospital Garrahan…

“Hubo un mensaje claro de la sociedad que le llegó a los diputados y que le llegó hasta los gobernadores. Habría que ver los cambios que vinieron desde las provincias y ver que acá hay un mensaje claro y ojalá que el gobierno no siga en esta tesitura de que no hay fondos para nadie, solamente para mantener un dólar que se sigue escapando”

-¿Cuánto bajó la calidad educativa? Si vos cree si bajó la calidad educativa.

“La disminución se va a ir viendo a mediano y largo plazo. Sí, ya notamos en este año una disminución de la calidad educativa con las renuncias que se produjeron. Por otro lado, el desánimo existe en el docente”.

-La mayoría de los diputados nacionales que votaron a favor y los que sufragaron en contra son producto de la universidad pública…

“Los legisladores que votaron a favor pensaron nosotros no vamos a ser los responsables de la destrucción de la universidad pública. Se vio en los diputados y los gobernadores. Ese mensaje se dio y ojalá que el gobierno entienda el mensaje”

-¿Qué les diría a aquellos diputados que votaron en contra de la universidad pública?

“Que votaron en contra de la gente, yo soy rector de la universidad de La Pampa que días pasados cumplió 67 años, esta universidad no surgió de la nada, sino por un esfuerzo colectivo. Los que votaron en contra le dieron la espalda a la sociedad”.

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“Las universidades públicas están cada vez más desfinanciadas”

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Lo afirmó Oscar Alpa, flamante presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), en una entrevista con este medio. “La situación crítica de la universidad se profundiza cada vez más”, sostuvo.

Alpa describió un panorama alarmante para la educación superior en Argentina: sin presupuesto aprobado, con salarios docentes deteriorados y sin fondos para investigación. “Estamos trabajando con partidas congeladas, que en valores reales representan apenas un tercio de lo que recibíamos en 2023 ajustado por inflación. La situación es insostenible”, advirtió.

En la entrevista, el titular del CIN comparó la inversión en educación superior de países como Brasil y México con la de Argentina, que pasó del 0,8% del Producto Bruto Interno al 0,4%. “Si pudiera hablar con el presidente Milei, le diría que las universidades son el futuro del país. Y le preguntaría: ¿Cuál es su objetivo con el sistema universitario, tanto público como privado?”

“Problemas profundizados”

—¿Cuál es la situación de las universidades nacionales?

—Estamos con los mismos problemas del año pasado, pero más profundos. No hay presupuesto aprobado y los fondos que se transfieren alcanzan apenas un tercio del valor real que teníamos en 2023. El problema más grave es el salarial: los sueldos docentes cayeron drásticamente y muchos profesores se limitan a trabajar unas horas como simples y luego se van a ejercer sus profesiones o buscar otros ingresos. Eso resquebraja el nivel académico. Además, se suspendieron los programas de investigación. Brasil y otros países ofrecen programas a 10 años, lo que está llevando a muchos científicos argentinos a emigrar. El gran problema es que no ven un futuro estable en la Argentina.

—El 23 de abril se cumplió un año de la gran marcha federal universitaria. ¿Mejoró algo desde entonces?

—No. Aquella marcha tuvo un impacto parcial. Sirvió para que el Gobierno nacional reconociera la gravedad de la situación y permitiera cerrar 2024, aunque lo poco que se logró lo absorbió la inflación, que fue del 118%. Luego se hizo una segunda marcha a favor de la Ley Federal de Educación, que garantizaba financiamiento, pero no se sancionó. Algunos dirigentes del PRO decían: “Vamos a apoyar el veto porque el presupuesto 2025 va a resolverlo”. Pero ese presupuesto nunca llegó. Volvimos para atrás: no hubo aumentos salariales, se congelaron becas, se frenaron obras de infraestructura y comenzó el desguace científico. Muchos jóvenes que aspiraban a ser futuros docentes titulares, hoy dicen: “Por esta plata, tengo otras oportunidades”.

—El Gobierno nacional dijo que las universidades son centros de adoctrinamiento, nichos de corrupción y fábricas de estudiantes fantasmas. ¿Qué responde?

—Forma parte del formato comunicacional del Gobierno, que usa esas frases como estrategia política. A cada una de esas afirmaciones, podemos responder con datos. Respecto a la supuesta corrupción, no hay una sola causa judicial iniciada. Las universidades públicas son las instituciones más auditadas del Estado. ¿Adoctrinamiento? Si existiera, docentes y estudiantes no habrían votado a Milei. Y sobre los llamados “estudiantes fantasmas”, es una simplificación. Hay estudiantes que cambian de carrera, que trabajan mientras estudian, o que abandonan porque reciben ofertas laborales. Pero eso no significa que no existan: al contrario, muchos fueron capacitados por la universidad y aplican ese conocimiento incluso sin haber obtenido el título.

“Argentina invierte la mitad del PBI que antes en universidades”

—Brasil invierte 4.000 millones de dólares por año en sus universidades y recientemente anunció 1.025 millones más para crear nuevas. México destina 7.000 millones. ¿Dónde está Argentina en ese mapa?

—Históricamente, Argentina destinaba el 0,8% del PBI a su sistema universitario. Hoy apenas el 0,4%. Esto significa que bajamos la inversión en el futuro. Lo que se pierde en uno o dos años de desfinanciamiento en conocimiento e investigación, tarda décadas en recuperarse.

—¿Está habiendo un éxodo de docentes y científicos hacia Brasil, especialmente desde el NEA?

—Sí, porque la propuesta no es solo económica, sino científica. En Brasil están apostando a largo plazo y ofreciendo estabilidad. Eso supera lo que pueden ofrecer hoy universidades nacionales como las de Misiones. Nuestros científicos necesitan certezas, y acá no tienen ni fondos para comprar insumos de laboratorio. Hace poco emitimos un comunicado denunciando que las universidades no tienen recursos ni herramientas para importar productos básicos. Sin laboratorios no hay ciencia, y en Brasil ya hay inversión planificada. Por eso, muchos profesionales se están yendo.

—¿Cuál es su posición sobre el arancelamiento a estudiantes extranjeros?

—Si el Gobierno nacional quiere avanzar con eso, deberá cambiar leyes: no solo la de Educación Superior, sino también la de Migraciones. Hoy lo único gratuito es la carrera de grado. Los posgrados ya son pagos. No existen los “extranjeros temporarios”: quienes estudian acá viven 7 u 8 años, consumen, pagan impuestos y aportan al sistema. Si el Gobierno quiere cambiar eso y tiene los votos, que lo haga. Pero que lo diga con claridad.

—¿Cómo está la Universidad Nacional de La Pampa?

—Igual que el resto. Teníamos tres obras ya licitadas que no se pudieron iniciar, y otra que debimos terminar con ahorros propios. Si no hay crecimiento, hay retroceso. También vemos que muchos jóvenes del interior no se acercan a estudiar porque vivir fuera del hogar es un costo altísimo. Tenemos que repensar cómo llegar a cada localidad.

—¿Hay deserción estudiantil?

—Sí, especialmente en universidades chicas. Muchos que antes iban a Córdoba o Buenos Aires, ahora se quedan en La Pampa. Y los del interior profundo ya no vienen. Eso compensa parcialmente, pero es preocupante. Si esta situación sigue, va a afectar el número de estudiantes. Por eso, tenemos que llegar al “interior del interior”.

—Si pudiera hablar a solas con el presidente Milei, ¿qué le diría?

Le diría que las universidades son el futuro del país. Y le preguntaría cuál es su visión para el sistema universitario, tanto público como privado. En las universidades públicas estudia el 80% de los alumnos del país. Todos coincidimos en la necesidad de una macroeconomía ordenada. Pero este ajuste se está haciendo, entre otras cosas, a costa de la educación superior. Y eso, a largo plazo, significa hipotecar el desarrollo de la Argentina.

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