La Justicia ordenó al Gobierno nacional restituir pensiones por invalidez dadas de baja en Misiones
La Justicia falló a favor del planteo hecho por la Provincia en defensa de los derechos cercenados con la eliminación arbitraria de pensiones por invalidez por parte del Gobierno nacional: la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone, resolvió que el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deben restituir en un plazo de 48 horas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas de manera arbitraria a cuatro misioneros. La notificación al Estado Nacional y a la ANDIS se concretó el 17 de septiembre, con lo cual el plazo comenzó a correr formalmente desde esa fecha.
El caso fue promovido por Emilio Mauro (Apóstoles), Wilson Toniolo (Candelaria), Marcos Javier Pereira Duarte (Garupá) y Claudia Belén Romero (San José), quienes iniciaron una acción de amparo patrocinados por el abogado Luis Adrián Oudin, con el acompañamiento del Consejo Provincial de Discapacidad.
La jueza Carbone calificó la baja de las pensiones como un acto “arbitrario y violatorio de garantías constitucionales básicas”, al no existir resolución administrativa, notificación previa ni derecho de defensa. En consecuencia, ordenó: La restitución inmediata de los pagos interrumpidos y la prohibición de nuevas suspensiones mientras dure el proceso judicial. Además, advirtió con la aplicación de multas en caso de incumplimiento por parte del Estado.
El fallo se ampara en la ley 26.854, que faculta a los jueces a dictar medidas cautelares urgentes en favor de sectores vulnerables cuando se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria o sanitaria.
Carbone remarcó que las pensiones por invalidez tienen carácter alimentario, por lo que su interrupción afecta directamente derechos reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados internacionales de jerarquía constitucional.
En su resolución, citó expresamente el principio de no regresividad en materia de derechos sociales, que prohíbe retrocesos en beneficios ya adquiridos. También se apoyó en las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, reforzando la necesidad de una tutela judicial efectiva e inmediata.
Respaldo institucional de Misiones
El vicegobernador Lucas Romero Spinelli destacó el valor del fallo como precedente nacional: “No se trata de un tecnicismo judicial, hablamos de alimentos, de medicamentos, de techo y de vida digna. Con esta sentencia se devuelve tranquilidad a cuatro familias misioneras y se marca un límite claro: ningún gobierno puede atropellar derechos adquiridos sin consecuencias”, señaló en una rueda de prensa.
Spinelli estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, y el abogado Oudin, en un gesto de respaldo institucional. El vicegobernador remarcó que Misiones “no concibe un Estado que abandone a los más vulnerables, sino uno que acompañe y proteja”.
La medida judicial se suma a la acción de amparo colectivo presentada por la Fiscalía de Estado de Misiones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras detectar cientos de bajas arbitrarias en los municipios desde abril, como resultado de auditorías de la ANDIS cuestionadas por la provincia.
El fallo no solo restituye las pensiones de cuatro personas, sino que sienta un precedente clave para cientos de beneficiarios en Misiones y en otras provincias que atraviesan situaciones similares.
