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Tormenta perfecta en la madera: exportaciones récord, nula demanda interna y rentabilidad mínima

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El contraste es tan llamativo como incómodo. Mientras el Gobierno nacional exhibe cifras récord de exportación forestal y celebra la apertura de mercados, buena parte de la industria maderera de Misiones atraviesa una de las crisis de rentabilidad más profundas de los últimos años. Las exportaciones crecen, pero las empresas aseguran que venden al costo. Los mercados externos se expanden, pero el mercado interno prácticamente desapareció. Y el dólar estable, que para la macroeconomía funciona como ancla antiinflacionaria, se convirtió para los industriales en un factor de pérdida de competitividad frente a Brasil, Paraguay y Uruguay.

En Misiones los industriales advierten sobre una crisis profunda marcada por la caída del mercado interno, el dólar atrasado, el aumento de los costos energéticos y una rentabilidad cada vez más estrecha.

Mientras el Gobierno nacional celebra el desempeño exportador de la forestoindustria argentina, en los aserraderos de Misiones el clima está lejos del optimismo. Los números oficiales muestran crecimiento. Los empresarios hablan de supervivencia.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacó que las exportaciones forestoindustriales crecieron 18% durante 2025 respecto del año anterior. La cadena logró presencia en 70 mercados para productos de madera, 75 para papel y cartón y 44 para taninos.

Los datos del primer trimestre de 2026 también muestran dinamismo. India incrementó sus compras un 350%; Estados Unidos un 56%; Vietnam un 33%; China un 9% y Chile un 2%. A su vez, las exportaciones de madera aserrada crecieron 30% en volumen, las colofonias 17% y las maderas perfiladas 15%.

Sin embargo, detrás de esas cifras aparece una realidad muy distinta en el corazón forestal argentino.

Estamos exportando porque ha desaparecido prácticamente el mercado interno y estamos exportando al costo para mantener nuestras empresas“, resume Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes y también de la Confederación Económica de Misiones. La frase sintetiza la paradoja que atraviesa al sector: se exporta más, pero se gana menos.

Exportar para sobrevivir

La expansión de las ventas externas no necesariamente implica mejores resultados económicos. Jerónimo Lagier, referente empresarial del sector, asegura que los números de crecimiento esconden una realidad incómoda.

“No son aumentos con una rentabilidad aceptable. Se exporta porque es el mercado que hoy está demandando. Las operaciones se tienen que cerrar para poder seguir girando la rueda”, explica el ex funcionario de Cambiemos.

La situación se repite en buena parte de los aserraderos medianos y pequeños.

Guillermo Sato sostiene que muchas empresas comenzaron a buscar mercados externos simplemente porque dejaron de encontrar demanda local.

“La exportación ha subido porque empresas que antes no exportaban hoy se están lanzando al mercado internacional. Pero el dólar actual no representa un negocio; representa algo que te salva por el momento mientras buscás cómo sostener la estructura”, afirma.

La ecuación es sencilla. Los precios internacionales se mantienen relativamente estables, mientras los costos locales aumentan en dólares.

Combustible, energía, salarios, logística y cargas sociales avanzan más rápido que el tipo de cambio. “La energía aumentó 26 por ciento el Kw y 10,77 por ciento la potencia contratada”, detalla Sato. 

Lo que subió el combustible en dólares y lo que subió la energía en dólares nos saca competitividad frente a Brasil, Paraguay y ahora Uruguay”, advierte Fachinello.

Un boom exportador concentrado

Los industriales también relativizan el alcance real del crecimiento exportador.

Fachinello sostiene que menos del 27% de las empresas misioneras exportan regularmente y que una parte importante de los embarques está concentrada en grandes jugadores.

“No llegamos al 27% de las empresas que exportan y las exportaciones están concentradas principalmente en dos grandes empresas”, señala.

Esto significa que buena parte de los aserraderos sigue dependiendo del mercado interno, precisamente el segmento que hoy muestra mayor debilidad.

Si existe un consenso absoluto entre los empresarios consultados es que el principal problema ya no está en las exportaciones, sino en la falta de demanda doméstica.

La construcción privada sigue sin recuperar niveles históricos y la paralización de la obra pública nacional eliminó uno de los motores tradicionales del consumo de madera.

Tenemos toda la capacidad para producir, pero no hay demanda“, resume Abel Gauto Fechtner. Guillermo Sato coincide.

“Hubo pequeñas reacciones del mercado interno en marzo y abril. Pensamos que podía ser una normalidad, pero solo fueron pequeños destellos”, explica.

El fenómeno alcanza incluso a productos industrializados con mayor valor agregado.

Marcela Berezozki, de Placas y Maderas, asegura que la caída del consumo es visible en toda la cadena.

La industria maderera en Misiones está atravesando uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Hay muchos productos que están reemplazando a la madera y eso complica aún más las ventas”, señala.

La empresaria cita como ejemplo el avance de materiales sintéticos sobre segmentos históricamente dominados por la madera.

“El machimbre de pino fue reemplazado en muchos casos por machimbres de PVC”, explica.

Qué reclama la industria maderera

Los pedidos ya no apuntan al crecimiento, sino a la supervivencia.

Presión fiscal Reducción de impuestos y flexibilización de embargos.
Energía Medidas para abaratar el costo eléctrico industrial.
Construcción Incentivos a la obra privada y al crédito hipotecario.
Logística Mejoras vinculadas al puerto de Eldorado.
Transporte Reformas en la ley de cabotaje para reducir costos.
Biomasa Incentivos para generar energía a partir de residuos forestales.
Exportación Agilización de reintegros y recuperos impositivos.

A la falta de demanda se suma una nueva preocupación: el costo energético. Durante las últimas semanas, las industrias enfrentaron aumentos de entre 18% y 26% en sus facturas eléctricas, además de modificaciones en los esquemas de potencia contratada.

Nos han cambiado las categorías y hemos tenido casi un 19% de aumento en los grandes consumidores“, afirma Fachinello en respuesta a la decisión del Gobierno nacional de liberar tarifas y quitar definitivamente todos los subsidios. 

Lagier agrega que el problema no es coyuntural. “Estamos enfrentando una situación estructural. En otros lugares se cobra potencia consumida y acá se cobra potencia contratada. Eso encarece significativamente los costos industriales”.

El dirigente considera que resulta indispensable avanzar en incentivos para la generación mediante biomasa y energía solar.

Las consecuencias ya comienzan a sentirse. Fachinello recuerda que recientemente cerró una de las mayores fábricas de pallets de la provincia.

“La empresa dejó más de 150 trabajadores sin empleo directo y afectó a toda la cadena logística asociada”, señala.

Otras compañías redujeron turnos, suspendieron líneas de producción o disminuyeron horas de trabajo.

Muchas empresas están operando al 50% o 55% de su capacidad industrial“, advierte Sato.

Aunque el empleo todavía se sostiene en buena parte de la cadena, los empresarios reconocen que cada vez cuesta más mantener las estructuras.

“Sostener es difícil. Hoy estamos luchando por sobrevivir”, resume Berezozki.

Enrique Bongers, presidente de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap), coincide con el diagnóstico general del sector, pero advierte que la situación actual combina varios factores que están erosionando la competitividad de la industria de manera simultánea.

“El primer semestre arrancó muy complicado y acentuó el difícil momento que ya veníamos atravesando desde fines del año pasado”, señala. “Los aumentos de logística por el combustible, los incrementos en energía y potencia contratada profundizaron aún más la crisis”.

Según Bongers, durante los primeros meses del año la demanda interna se ubicó en niveles extremadamente bajos y recién en las últimas semanas comenzaron a observarse algunos movimientos puntuales.

“Los corralones empezaron a hacer algunos pedidos porque se estaban quedando sin determinadas medidas de madera y necesitaban reponer stock. Pero eso no significa una recuperación. Se está comercializando a márgenes cero, simplemente para sostener la actividad”, explica.

El dirigente remarca que la industria sigue operando con elevados niveles de capacidad ociosa y que la mejora observada en algunos indicadores de exportación no necesariamente se traduce en una mejora económica para los aserraderos.

“Los aserraderos que exportan están trabajando con precios de medios a bajos porque el mercado internacional está teniendo precios medios a bajos. Muchas veces se trabaja a contribución marginal”, sostiene.

A su entender, el problema es especialmente grave para los establecimientos pequeños que no cuentan con bosques propios ni integración vertical.

“Hay que diferenciar al aserradero chico del aserradero mediano que tiene forestación propia. El que tiene plantaciones puede darle un valor marginal a su materia prima y sostener algunas exportaciones. Pero hay aserraderos chicos que directamente no pueden salir a exportar porque no les cierran los números. Si sumás el costo de la madera, la logística y la energía para poner un contenedor FOB Buenos Aires, terminás perdiendo dinero”.

Para Bongers, la competitividad exportadora también está condicionada por el tipo de cambio.

“Nosotros creemos que el dólar está atrasado para la industria. Un dólar de 1.550 o 1.600 pesos nos daría mayor competitividad“, afirma.

Aunque aclara que la discusión no es lineal.

“También es cierto que muchos de los insumos que usamos para exportar están dolarizados. Consumimos polietileno, flejes y otros productos vinculados al dólar. Si el dólar sube, también aumentan esos costos. Pero claramente hoy estamos atrasados para competir”.

Otro de los factores que más preocupa a la entidad es el impacto de la energía sobre la estructura de costos.

Tuvimos un aumento del 18% en energía sin aviso previo. Nosotros vendemos a precios pactados y después nos encontramos con costos que no tenemos forma de trasladar. Así se hace muy difícil planificar”.

Por eso considera que debe existir un tratamiento diferencial para la industria.

Debería haber una tarifa energética diferencial para el sector productivo. Hoy estamos compitiendo con países que tienen costos mucho más bajos que los nuestros”.

A pesar del contexto, Bongers asegura que la prioridad sigue siendo sostener el empleo. “Lo que más priorizamos es la mano de obra. Es nuestro capital más importante. Son años de capacitación y experiencia. Por eso la mayoría de los socios de la cámara están haciendo un enorme esfuerzo para sostener a sus trabajadores”.

Sin embargo, reconoce que el panorama sigue siendo incierto.

“El contexto continúa siendo difícil. Sentimos que todavía no se tocó fondo. La demanda sigue siendo el principal problema y los costos continúan demasiado altos para el sector”.

Desde Amayadap impulsan una agenda concreta de medidas para recuperar competitividad. Entre ellas aparecen el fortalecimiento del Puerto de Eldorado, la reforma de la legislación de marina mercante para potenciar el transporte fluvial, la reducción de la carga impositiva, mejoras en el esquema energético y programas de promoción para viviendas de madera.

“Estamos convencidos de que el transporte por la hidrovía puede bajar significativamente los costos logísticos. Paraguay lo utiliza intensamente y obtiene ventajas competitivas. Nosotros también deberíamos aprovechar esa herramienta”, sostiene.

La entidad también promueve mecanismos para reactivar la demanda interna.

“Presentamos propuestas para fortalecer la construcción de viviendas de madera y viviendas mixtas financiadas con créditos hipotecarios. Si logramos reactivar ese mercado, los aserraderos más chicos podrán enfocarse en abastecer la demanda local mientras los grandes continúan exportando”.

Para Bongers, el futuro inmediato de la actividad dependerá menos de los mercados internacionales y más de la capacidad de corregir problemas estructurales.

“Hoy los tres grandes temas que están afectando a la industria son la logística, la energía y la carga impositiva. Si no trabajamos sobre esos costos, cada vez será más difícil competir”.

Otro dato que genera preocupación surge del censo forestoindustrial que realiza la Secretaría de Agricultura.

Según Lagier, los primeros resultados muestran una fuerte divergencia regional.

“Misiones y Entre Ríos aparecen prácticamente estancadas en cantidad de industrias, mientras Corrientes pasó de unas 150 a cerca de 300 plantas”, señala.

Para los industriales, el dato refleja diferencias vinculadas a costos energéticos, incentivos fiscales y condiciones de inversión.

El diagnóstico empresarial ya no gira alrededor del crecimiento. La prioridad pasó a ser sostener las empresas abiertas.

Las demandas incluyen reducción de la presión fiscal, alivio en materia energética, incentivos para la construcción, créditos hipotecarios accesibles, mejoras logísticas vinculadas al puerto de Eldorado, reformas al sistema de cabotaje y una mayor velocidad en los reintegros de exportación.

Pero detrás de esos reclamos aparece una preocupación más profunda.

Fachinello lanza una advertencia que resume el estado de ánimo de gran parte del empresariado. “Nos extraña mucho la pasividad que estamos teniendo en esta agresión y destrucción de la industria nacional“.

Y agrega: “Estamos adormecidos. Tenemos que darnos cuenta de la destrucción de la industria nacional y del parate que tenemos. Si no tomamos medidas ahora, los problemas serán mucho más graves.”

La forestoindustria argentina vive así una situación inédita. Exporta más que nunca, conquista nuevos mercados y amplía su presencia internacional. Pero puertas adentro, buena parte de las empresas trabaja con márgenes mínimos, capacidad ociosa creciente y un mercado interno que sigue sin reaccionar.

La paradoja es evidente: el sector vende más madera al mundo, pero cada vez encuentra menos rentabilidad para producirla.

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Esuco entra en concurso preventivo: la constructora quedó atrapada entre el freno de la obra pública y la crisis financiera

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Después de casi ocho décadas de actividad y de haber participado en algunas de las obras de infraestructura más importantes del país, la constructora Esuco ingresó en concurso preventivo de acreedores. La decisión judicial marca un punto de inflexión para una empresa que durante años fue uno de los principales actores de la ingeniería argentina y refleja el profundo cambio de escenario que atraviesa el sector de la construcción tras la paralización de la obra pública nacional.

La apertura del concurso fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, luego de que la compañía reconociera dificultades para afrontar sus compromisos financieros. En su presentación, sostuvo que el objetivo de la reestructuración judicial es preservar la continuidad operativa y alcanzar un acuerdo con más de 800 acreedores, mientras intenta sostener una actividad que se redujo drásticamente durante el último año.

Fundada en 1948, Esuco desarrolló más de 500 proyectos de infraestructura en todo el país. Su trayectoria incluye la participación en obras emblemáticas como la represa hidroeléctrica Yacyretá, el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate, el ex Centro Cultural Kirchner, el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), la planta depuradora de efluentes cloacales de Berazategui, el Acueducto Miraflores en Chaco y la estación terrena satelital Las Lajas, además de numerosos emprendimientos viales, ferroviarios, energéticos e hidráulicos ejecutados para organismos nacionales, provinciales y municipales.

La paralización de la obra pública aceleró el deterioro

En el expediente judicial, la empresa atribuye su crisis a una combinación de factores que modificaron por completo el escenario del negocio. La fuerte reducción de la inversión pública, la virtual desaparición de nuevas licitaciones nacionales, el incremento de los costos de construcción, el elevado costo del financiamiento y los conflictos contractuales con Energía Argentina (Enarsa) terminaron deteriorando su capacidad financiera.

Según expuso la compañía, el cambio comenzó a profundizarse desde fines de 2023 y se consolidó durante 2024, cuando numerosos contratos financiados por el Estado fueron paralizados, suspendidos o ralentizados.

La empresa sostiene que la inversión pública en infraestructura cayó cerca de un 80% en términos reales respecto de 2023, mientras que la actividad de la construcción retrocedió más de un 27% durante 2024, provocando una fuerte reducción en las oportunidades de negocio y dificultando el reemplazo de los proyectos que finalizaban.

Los números reflejan esa transformación. Aunque durante 2024 Esuco facturó $84.664 millones, ese nivel representó una caída real del 23,7% frente al ejercicio anterior. El deterioro operativo también impactó sobre la rentabilidad: tras obtener una ganancia de $2.849 millones en 2023, cerró el último ejercicio con pérdidas por $6.206 millones.

El resultado bruto descendió desde $25.138 millones hasta $17.373 millones, mientras que los ingresos provenientes de obras ejecutadas disminuyeron desde $110.993 millones a $84.664 millones.

Más del 80% del personal fue desvinculado. La contracción de la actividad también golpeó con fuerza la estructura laboral de la empresa.

La documentación presentada ante la Justicia muestra que Esuco redujo su plantel de 397 trabajadores en junio de 2025 a apenas 70 empleados en abril de 2026, una disminución superior al 80% en menos de un año.

Los empleados permanentes pasaron de 160 a solo 25, mientras que el personal jornalizado afectado directamente a las obras cayó de 237 a 45 trabajadores, reflejando la magnitud del ajuste que debió afrontar la compañía.

El conflicto con Enarsa agravó la situación financiera

Otro de los ejes centrales de la presentación judicial es el conflicto que la empresa mantiene con Energía Argentina (Enarsa), vinculado a la ejecución de dos proyectos estratégicos para el sistema energético nacional: la Planta Compresora Mercedes y las obras de adecuación de las plantas compresoras necesarias para la reversión del Gasoducto Norte.

Esta última constituye una de las principales obras energéticas de los últimos años, ya que permitirá incrementar el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país para sustituir progresivamente las importaciones provenientes de Bolivia.

Esuco sostiene que ambos contratos estuvieron afectados por demoras en la aprobación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, autorizaciones técnicas e ingresos de materiales, situación que la obligó a financiar una parte creciente de los trabajos mediante recursos propios y endeudamiento bancario.

Según la empresa, solo el contrato correspondiente a la reversión del Gasoducto Norte le generó perjuicios económicos por aproximadamente $3.700 millones, mientras que los créditos pendientes de cobro relacionados con distintos proyectos energéticos superarían los $53.900 millones.

La constructora también argumenta que el atraso en los pagos, sumado a tasas de interés que durante parte de 2025 superaron el 100% nominal anual, terminó deteriorando aún más su situación financiera e imposibilitó sostener el ritmo previsto de ejecución de las obras.

Carlos Wagner y una empresa emblemática del sector

La historia reciente de Esuco también está estrechamente ligada a la figura del ingeniero Carlos Wagner, uno de los empresarios más influyentes de la construcción argentina durante las últimas décadas.

Wagner presidió la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, período caracterizado por un fuerte crecimiento de la inversión pública en infraestructura. Posteriormente adquirió notoriedad nacional al declarar como imputado colaborador en la causa conocida como los “Cuadernos de las Coimas”, donde describió el funcionamiento del presunto esquema de recaudación ilegal vinculado a contrataciones de obra pública.

No obstante, en la presentación del concurso preventivo, la empresa atribuye su crisis exclusivamente al cambio de escenario económico y operativo derivado del derrumbe de la inversión pública y las dificultades para sostener proyectos de gran escala.

El ingreso de Esuco al concurso preventivo trasciende la situación de una empresa en particular y se convierte en uno de los casos más representativos del impacto que tuvo el cambio de política de infraestructura sobre el sector de la construcción.

Mientras el Gobierno nacional mantiene el recorte de la obra pública como uno de los pilares del ajuste fiscal, numerosas empresas contratistas enfrentan una combinación de menor actividad, dificultades de financiamiento y conflictos derivados de contratos en ejecución.

Para Esuco, la continuidad dependerá ahora de la posibilidad de reestructurar su pasivo, recuperar los créditos pendientes —especialmente los vinculados a obras energéticas— y adaptarse a un mercado significativamente más reducido que el que impulsó su crecimiento durante décadas.

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La construcción perdió más de 90 mil empleos y reclama previsibilidad para salir de la crisis

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La industria de la construcción atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Con obras públicas paralizadas, proyectos demorados, dificultades de financiamiento y una fuerte caída de la actividad, el sector acumula la pérdida de más de 90 mil puestos de trabajo en apenas dos años y advierte que la recuperación económica difícilmente pueda consolidarse sin una estrategia de inversión sostenida en infraestructura.

El diagnóstico fue planteado por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, durante la 71° Convención Anual de la entidad, donde expuso la compleja situación que enfrentan las empresas constructoras en un contexto marcado por el ajuste fiscal y la retracción de la obra pública nacional.

“Las empresas de la construcción atraviesan un momento muy duro”, sintetizó Weiss al describir una realidad atravesada por obras suspendidas, proyectos ralentizados y dificultades en los pagos de trabajos ya ejecutados. Según explicó, el impacto excede a las compañías constructoras y alcanza a toda la cadena productiva vinculada al sector, incluyendo proveedores, industrias asociadas y trabajadores.

La consecuencia más visible de esta contracción es el empleo. La pérdida de más de 90 mil puestos laborales en los últimos dos años refleja la magnitud del ajuste que atraviesa una actividad históricamente considerada uno de los principales motores de generación de trabajo formal en Argentina.

La crisis también afecta al segmento privado. Weiss sostuvo que la caída de la actividad no solo golpea a la obra pública sino también a los nuevos desarrollos inmobiliarios y a las inversiones productivas impulsadas por empresas privadas. La combinación de tasas elevadas, escaso financiamiento de largo plazo y expectativas todavía cautelosas limita la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Pese a este escenario, el titular de Camarco destacó la capacidad de adaptación demostrada por el sector. Señaló que las empresas constructoras han mantenido su capacidad técnica y continúan aportando propuestas para enfrentar los desafíos estructurales de infraestructura que enfrenta el país.

En ese contexto, valoró que tanto el sector público como el privado hayan comenzado a discutir con mayor profundidad los mecanismos de financiamiento necesarios para cubrir el déficit de infraestructura acumulado durante décadas. Para Weiss, el debate ya no pasa exclusivamente por el gasto público tradicional, sino por la búsqueda de modelos que permitan atraer capital privado bajo esquemas previsibles y sostenibles.

El dirigente reconoció además los avances alcanzados por el Gobierno nacional en materia de estabilización macroeconómica. Sin embargo, advirtió que el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria, aunque necesarios, no son suficientes para impulsar un ciclo de crecimiento sostenido.

“El esfuerzo macroeconómico no alcanza si no se complementa con inversiones productivas que generen empleo”, afirmó. La observación adquiere relevancia en un momento en el que la administración nacional busca consolidar la estabilidad económica mientras reduce significativamente la participación del Estado en la ejecución de obras.

En esa línea, Weiss destacó el creciente interés por esquemas de concesión y participación público-privada para financiar infraestructura. Consideró que estos mecanismos pueden transformarse en herramientas eficaces para movilizar inversiones, siempre que se desarrollen bajo marcos regulatorios transparentes y reglas de juego claras.

No obstante, alertó que el volumen actual de inversión continúa siendo insuficiente frente a las necesidades del país. El deterioro de rutas nacionales, redes logísticas, infraestructura energética y planes habitacionales genera costos crecientes para la economía y limita la competitividad de las distintas regiones productivas.

Para provincias exportadoras como Misiones, donde los costos logísticos representan una de las principales desventajas competitivas frente a otros mercados, la situación adquiere una dimensión estratégica. La falta de inversión en rutas, puertos, energía y conectividad impacta directamente sobre sectores clave como la forestoindustria, la yerba mate, el té y el comercio fronterizo.

Desde la visión de Camarco, el principal desafío ya no es la capacidad técnica del sector, sino la ausencia de previsibilidad. Weiss sostuvo que Argentina dispone de empresas, profesionales y recursos humanos con experiencia suficiente para ejecutar las obras que el país necesita, pero remarcó que la inversión requiere estabilidad jurídica y económica.

“Sin reglas de juego claras, sin contratos que se respeten, sin financiamiento y sin continuidad, la inversión se debilita, se encarece y las oportunidades se pierden”, advirtió.

La definición refleja una preocupación recurrente entre los actores económicos: la necesidad de construir marcos institucionales duraderos que trasciendan los ciclos políticos y permitan planificar proyectos de infraestructura con horizontes de largo plazo.

En ese sentido, Weiss reivindicó el rol histórico de la Cámara Argentina de la Construcción como articuladora entre el sector privado y el Estado. A 90 años de su creación, sostuvo que la entidad mantiene el objetivo de promover consensos que permitan fortalecer la inversión, generar empleo y elevar los estándares de calidad de la infraestructura nacional.

El mensaje final estuvo orientado a instalar una discusión estratégica que trascienda la coyuntura económica. Para el titular de Camarco, la infraestructura no debe ser entendida como un gasto, sino como una condición indispensable para el desarrollo. La competitividad de las economías regionales, la atracción de inversiones y la capacidad de crecimiento del país dependen, en gran medida, de la calidad de sus rutas, sistemas energéticos, viviendas y redes logísticas.

Por eso, concluyó, Argentina necesita construir un consenso amplio y sostenido que permita comprender que sin inversión en infraestructura no existe desarrollo posible. En una economía que busca dejar atrás décadas de estancamiento, la construcción vuelve a plantear una advertencia que atraviesa gobiernos y modelos económicos: ningún país logra crecer de manera sostenida si deja de invertir en las bases materiales de su propio desarrollo.

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La inversión volvió a retroceder en abril y enciende una señal de alerta para la recuperación productiva

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La inversión en Argentina volvió a mostrar signos de debilidad durante abril y registró una caída interanual del 11,4%, según el último relevamiento del Índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados. El dato refleja que, pese a la estabilización macroeconómica y la desaceleración inflacionaria, el proceso de recuperación de la economía aún no logra consolidarse sobre bases productivas sólidas.

La medición indica que la inversión total alcanzó los USD 7.278 millones a precios corrientes durante abril, frente a los USD 7.896 millones registrados en igual mes del año pasado. El retroceso estuvo impulsado tanto por la contracción de la inversión nacional como por una menor participación de bienes importados destinados a la producción.

Más allá de la caída interanual, el dato resulta relevante porque se produce en un contexto donde el Gobierno nacional exhibe mejoras en variables financieras clave, como la baja del riesgo país, la recuperación de reservas y la reducción de las tasas de interés. Sin embargo, esos avances todavía no se traducen plenamente en decisiones de inversión de largo plazo por parte del sector privado.

Uno de los sectores más afectados continúa siendo la construcción. El componente vinculado a obras y actividad constructiva volvió a mostrar debilidad, reflejando la persistente retracción de la obra pública nacional y una recuperación todavía insuficiente de los desarrollos privados para compensar ese vacío. En paralelo, el segmento de bienes de capital también exhibe una dinámica más moderada respecto de los niveles observados durante 2025.

El informe muestra que el equipo durable de producción —uno de los indicadores más sensibles para medir la confianza empresarial— registró una disminución interanual, evidenciando que muchas compañías mantienen una estrategia de cautela a la espera de una mayor consolidación del escenario económico.

Para las economías regionales del NEA, la evolución de la inversión resulta un indicador particularmente relevante. Sectores como la forestoindustria, la agroindustria, la logística y el turismo dependen de nuevos desembolsos en infraestructura, maquinaria y tecnología para mejorar competitividad. La persistencia de tasas reales elevadas, sumada a la incertidumbre sobre la velocidad de crecimiento de la demanda interna, continúa demorando algunos proyectos de expansión.

No obstante, el informe también deja entrever algunos elementos positivos. En términos desestacionalizados, la inversión mostró una leve mejora mensual de 0,2%, lo que podría interpretarse como una señal de estabilización luego de varios meses de comportamiento errático.

La incógnita hacia adelante es si la reducción del costo financiero y la reapertura gradual del crédito lograrán revertir la tendencia durante el segundo semestre. La respuesta será determinante para medir la capacidad de la economía argentina de pasar de una etapa de estabilización macroeconómica a una fase de crecimiento sostenido basada en inversión, productividad y generación de empleo privado.

En provincias como Misiones, donde el sector privado concentra gran parte de la actividad económica, la evolución de la inversión será uno de los indicadores clave para evaluar si la recuperación comienza a derramarse sobre la producción, el comercio y los servicios o si continúa limitada a las variables financieras.

La inversión volvió a retroceder en abril según Ferreres by CristianMilciades

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Weiss, presidente de Camarco: “Sin infraestructura robusta, es muy difícil que la Argentina crezca”

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El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, trazó un diagnóstico crudo sobre la realidad del sector y aseguró que la construcción atraviesa una etapa de fuerte estancamiento, con una caída acumulada del 25% en los últimos dos años y la pérdida de 120 mil puestos de trabajo directos.

En una entrevista con Economis, durante la reunión de Camarco NEA, que se hizo en el hotel Julio César de Posadas por los 90 años de la institución, el titular de la entidad que representa a más de 1.300 empresas constructoras del país sostuvo que la paralización de la obra pública, la falta de financiamiento hipotecario y la escasa inversión en infraestructura condicionan severamente la recuperación del sector. A su vez, remarcó que la participación del Estado sigue siendo clave para sostener la actividad y cuestionó la baja inversión histórica en rutas, energía, puertos y vivienda.

Weiss explicó que la contracción comenzó incluso antes del cambio de gobierno. “El sector tuvo una caída muy grande del 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024. Ya el segundo semestre de la gestión anterior, la alta inflación complicó seriamente la marcha de los contratos”, señaló.

A ese escenario se sumó luego la decisión del actual Gobierno nacional de paralizar la inversión pública durante el primer semestre de gestión, lo que profundizó el freno de la actividad. “Desde mediados de 2024 hasta la fecha, la actividad está estabilizada: no seguimos cayendo, pero tampoco subimos. Estamos en un nivel 25% inferior al pico de los últimos años”, describió.

El impacto sobre el empleo fue inmediato. Según Weiss, el sector perdió 120 mil puestos de trabajo directos, una cifra que refleja la magnitud de la crisis que atraviesa una de las industrias más intensivas en mano de obra del país.

La obra pública sigue siendo central

Consultado sobre la posibilidad de sostener la actividad sin obra pública, Weiss fue categórico: “La obra pública representa aproximadamente el 33% del total. Es un componente muy importante de la industria”.

Para el dirigente empresario, la infraestructura no puede quedar librada exclusivamente al capital privado. “Sin una infraestructura robusta, es muy difícil que el país tenga el dinamismo económico que debería tener. Necesitamos energía eléctrica, gas, agua, cloacas, ferrocarriles, rutas, puertos”, enumeró.

Y agregó una definición de fuerte tono estructural: “El privado no lo va a hacer por rentabilidad. En el mundo, la inversión privada en infraestructura no supera el 15% del total. Hay nichos como generación eléctrica o algunos puertos, pero no hacen al total de la ecuación”.

Weiss defendió los esquemas de concesión vial impulsados por el Gobierno para determinadas rutas nacionales, aunque advirtió que se trata de una solución parcial. “Estamos totalmente de acuerdo con las concesiones, pero son sobre rutas existentes. Son solamente 9.000 kilómetros de los 40.000 que maneja Vialidad Nacional. El resto no tiene volumen de tránsito suficiente para sostener peajes”, explicó.

Otro de los grandes frentes de preocupación para Camarco es el freno en el mercado de la vivienda. Weiss sostuvo que mientras no exista un sistema sólido de crédito hipotecario de largo plazo, será muy difícil reactivar ese segmento.

“Hasta tanto no haya créditos hipotecarios de largo plazo, es difícil que lo haya, porque los bancos no tienen el fondeo directo. Necesitaríamos un mercado de capitales como ocurre en otros países”, afirmó.

Según indicó, hoy los préstamos se otorgan “a cuenta gotas”, con exigencias difíciles de cumplir y en volúmenes insuficientes para motorizar una recuperación sostenida. “Hay mucha clase media que podría pagar una cuota no superior al alquiler que ya está pagando, pero no encuentra acceso al crédito”, resumió.

Misiones y la infraestructura pendiente

Al referirse a Misiones, Weiss sostuvo que la provincia no escapa al diagnóstico nacional. Reconoció avances y una base de infraestructura importante, pero insistió en que todavía se necesita una mayor inversión pública y privada.

“Misiones tiene infraestructura importante, como muchas provincias del país, pero claramente necesita incrementar fuertemente la inversión en infraestructura y mejorar el mantenimiento de la existente”, indicó.

Además, se mostró a favor de proyectos estratégicos como la represa de Corpus, al considerar que la Argentina arrastra un histórico atraso en materia energética. “Estamos totalmente de acuerdo con todas las obras de infraestructura posibles. La verdad es que estamos atrasadísimos”, afirmó.

Incluso comparó la situación con Brasil: “Brasil tiene sobre el río Paraná 60 represas y sobre el río Iguazú ocho represas. Nosotros estamos muy atrasados en infraestructura. Bienvenido sea que se pueda hacer Corpus”.

Sobre una eventual recuperación del sector, Weiss evitó el optimismo rápido. Consideró que, más allá de quién gobierne en el futuro, la restricción fiscal de la Argentina limita cualquier posibilidad de un salto inmediato en inversión pública.

“El déficit de infraestructura que tiene el país tiene 80, 90 o 100 años. No es que las rutas están mal porque hace dos años no se invierte: vienen mal desde hace muchísimo tiempo”, sostuvo.

Y concluyó con una advertencia que resume la mirada de la principal cámara del sector: “La posibilidad de que cualquier nuevo gobierno tenga mucho dinero disponible para hacer infraestructura no la veo demasiado viable”.

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