El Gobierno busca llevar las paritarias a un piso de $1 millón sin subir el salario mínimo
El Gobierno nacional busca trasladar a las negociaciones paritarias una parte de la estrategia para recomponer los ingresos de los trabajadores registrados. En la antesala de una nueva reunión del Consejo del Salario, la Secretaría de Trabajo impulsa que los convenios colectivos incorporen mecanismos capaces de garantizar un piso de ingresos cercano a $1.000.000, sin que eso implique un salto equivalente en el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
La propuesta aparece en un momento en que la política salarial vuelve a quedar vinculada con dos problemas que atraviesan la economía argentina: la debilidad del consumo y el aumento del endeudamiento de los hogares. El salario mínimo vigente se ubica en $376.600 mensuales, mientras que los trabajadores alcanzados por convenios colectivos perciben, en la mayoría de los casos, ingresos superiores a ese umbral.
La estrategia oficial consiste entonces en utilizar las paritarias como mecanismo para elevar el ingreso efectivo de los trabajadores registrados, antes que promover una actualización de magnitud del salario mínimo. La mejora debería surgir de acuerdos entre sindicatos y cámaras empresariales, sin una transferencia directa de recursos del Estado.
El Gobierno apuesta a bonos para evitar un salto en los costos
Según la propuesta que circula en la Secretaría de Trabajo, una de las herramientas para alcanzar el objetivo sería incorporar bonos no remunerativos en los acuerdos salariales, mientras los incrementos porcentuales mensuales se mantienen alrededor del 2%.
El argumento oficial es que de esta manera podría elevarse el ingreso de bolsillo sin trasladar un incremento equivalente a los costos estructurales de las empresas y, por esa vía, evitar una presión adicional sobre los precios.
La fórmula, sin embargo, enfrenta una dificultad económica: todavía no está definido con precisión cómo se compatibilizaría un piso de ingresos de $1 millón con aumentos salariales mensuales acotados y con la estructura de costos de cada actividad. Por eso, dentro del propio Gobierno remarcan que no existe un “número mágico”, sino una orientación para las próximas negociaciones colectivas.
El planteo también tiene una dimensión institucional. En lugar de establecer desde el Estado un nuevo piso salarial general, el Ejecutivo pretende que sean los actores de cada convenio colectivo quienes construyan ese umbral de ingresos.
El salario mínimo quedó muy por detrás del costo de vida
La distancia entre el SMVM y los ingresos necesarios para sostener el consumo explica buena parte de la discusión. El salario mínimo quedó fijado en $376.600, un valor que perdió capacidad como referencia efectiva para las negociaciones laborales.
Desde el movimiento sindical sostienen que el punto de partida debería estar mucho más cerca del costo de la canasta básica. El reclamo de la CGT apunta a un básico no menor a unos $1,56 millones, tomando como referencia el valor de la canasta básica para una familia.
La diferencia muestra el problema de fondo: el salario mínimo dejó de funcionar como una referencia cercana al ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas, mientras que las paritarias pasaron a ocupar un papel central en la determinación de los salarios efectivos.
La discusión se vuelve todavía más relevante porque los salarios privados registrados aumentaron 1,9% en junio, según los datos citados del INDEC, sin superar la inflación del mes. En términos reales, permanecieron 3,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
La CGT desconfía y reclama paritarias sin techo
La iniciativa oficial genera resistencia entre las centrales sindicales. Desde la CGT cuestionaron que no existió una negociación formal sobre un piso de $1 millón y reclamaron que las discusiones salariales permanezcan abiertas, sin un techo previamente establecido.
El planteo sindical adquiere mayor peso por la proximidad de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, convocada para este viernes. Allí deberían discutirse tanto una nueva actualización del salario mínimo como los valores de las prestaciones por desempleo.
El encuentro llega, además, con diferencias sobre su modalidad. Mientras el Gobierno prevé realizarlo de manera virtual, las centrales obreras reclaman una reunión presencial.
La expectativa de un nuevo desacuerdo vuelve a colocar al Poder Ejecutivo ante una disyuntiva: actualizar por decreto el salario mínimo, como ocurrió en la última oportunidad, o dejar que las paritarias continúen funcionando como el principal mecanismo de recomposición de los ingresos formales.
Salarios, consumo y mora: el mismo problema por distintos canales
La discusión salarial no ocurre de manera aislada. En paralelo, el sistema financiero registra niveles elevados de mora de los hogares, mientras los bancos plantean al Banco Central mecanismos para facilitar refinanciaciones y detectar antes las dificultades de pago.
La conexión es directa. Cuando los ingresos pierden capacidad frente a los precios, las familias primero ajustan consumo, después utilizan ahorro o crédito y finalmente pueden comenzar a acumular atrasos. Por eso, la recuperación del ingreso disponible aparece como una condición relevante para estabilizar también el frente financiero de los hogares.
El Gobierno intenta resolver esa ecuación sin reabrir una dinámica inflacionaria. Su apuesta consiste en mejorar el ingreso efectivo mediante acuerdos privados, manteniendo contenidos los incrementos salariales mensuales y evitando que el Tesoro deba financiar la recomposición.
El límite estará dado por la capacidad de las empresas para absorber mayores costos, la voluntad sindical de aceptar esquemas con componentes no remunerativos y la evolución de la inflación.
El desafío es que el millón de pesos sea ingreso sostenible
La discusión que comienza esta semana excede el número del salario mínimo. El verdadero interrogante es si un trabajador puede recuperar capacidad de compra de manera sostenible, sin que una parte significativa de la mejora termine diluida por la inflación o por mecanismos salariales que no consoliden el ingreso.
Un piso de $1 millón podría representar un alivio para determinados trabajadores alcanzados por convenios, pero su impacto dependerá de cómo se instrumente, qué proporción sea remunerativa y qué actividades puedan efectivamente afrontar el costo.
Para el Gobierno, la prioridad es recuperar consumo sin alterar el proceso de desinflación. Para los sindicatos, el problema es que los salarios continúan corriendo detrás de las necesidades de los hogares. Y para las empresas, la discusión pasa por encontrar un punto donde la recuperación del poder adquisitivo no comprometa empleo, márgenes ni precios.
La reunión del Consejo del Salario será apenas una parte de esa negociación más amplia. El dato decisivo no será solamente cuánto sube el salario mínimo, sino si las paritarias consiguen convertir la recuperación del ingreso en una mejora real y durable del consumo.
