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El Gobierno extiende hasta 2026 el plazo del régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs

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El Gobierno prorrogó por un año los plazos del régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs: seguirá vigente el plazo de 21 días para su aceptación o rechazo.

La Resolución 219/2025 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento extiende hasta octubre de 2026 los plazos del régimen previsto en la Ley 27.440. La medida busca garantizar previsibilidad a las empresas y evitar impactos operativos en el sistema de financiamiento PyME.

Prórroga hasta 2026 del régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, dispuso la prórroga hasta el 31 de octubre de 2026 del plazo de 21 días corridos para la aceptación, cancelación o rechazo de las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs (FCE), conforme a lo establecido por la Resolución 219/2025 (RESOL-2025-219-APN-SPYMEEYEC#MEC) publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre de 2025.

La medida, firmada por Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación de Producción en ejercicio de las competencias de la Secretaría PyME, mantiene la vigencia de los plazos establecidos en los artículos 4°, 5° y 6° de la Ley 27.440 de Financiamiento Productivo, prorrogando también los tiempos para la inscripción de las facturas en el Registro de “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs”, previsto en el artículo 8° de la misma norma.

La resolución, que entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2025, tiene como objetivo otorgar mayor previsibilidad y operatividad a las empresas. Particularmente a aquellas con altos volúmenes de facturación electrónica, mientras continúa el análisis y revisión del sistema integral de financiamiento PyME.

Contexto normativo y fundamentos de la medida

El régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) fue creado por la Ley 27.440 con el propósito de mejorar las condiciones de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, permitiendo la cesión anticipada de créditos comerciales originados en operaciones de venta de bienes o prestación de servicios a plazo.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, la Secretaría consideró necesario mantener el plazo actual de 21 días, en lugar de reducirlo a 15 días como se había previsto en un principio. Debido a la complejidad del proceso administrativo y técnico que implica la emisión, aceptación o rechazo de las facturas electrónicas.

El documento cita el informe técnico de la Dirección Nacional de Financiamiento PyME (IF-2025-117207651-APN-DNFP#MEC) y la nota presentada por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), en la que se advierte que el plazo de 15 días resulta “exiguo en razón del proceso de la factura de crédito electrónica y la necesidad de hacerse de los recursos necesarios para llevar dicha tarea a cabo”.

COPAL, entidad que agrupa a gran parte de las industrias alimenticias y de bebidas del país, planteó que una reducción del plazo “implicaría una readecuación de los sistemas informáticos de las empresas y un incremento de los rechazos”, lo que afectaría la operatoria general del régimen y podría impactar negativamente en las relaciones comerciales entre grandes empresas y PyMEs proveedoras.

Asimismo, la autoridad de aplicación justificó la extensión señalando que el sistema continúa “en estudio en razón de la cantidad de intervinientes estatales en su procesamiento y funcionamiento”, motivo por el cual se decidió mantener las condiciones actuales por un año más.

Alcance de la prórroga y excepciones

La Resolución 219/2025 establece que el plazo de 21 días corridos regirá desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026. Tanto para la aceptación y cancelación de las facturas como para su rechazo e inscripción en el registro oficial.

Además, se mantiene vigente hasta la misma fecha la excepción que excluye del régimen a los comprobantes emitidos por una MiPyME a una empresa grande que sean cedidos antes de ser cancelados, rechazados o aceptados (expresa o tácitamente), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En los considerandos se detalla que la Secretaría actúa como autoridad de aplicación del Título I de la Ley 27.440. Conforme al Decreto 471/2018, al Decreto 50/2019 y al más reciente Decreto 650/2025, que asignó a Lavigne la coordinación de competencias en materia de producción y financiamiento PyME.

La medida fue dictada en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 23 de la Ley 27.440, el artículo 2° del Decreto 471/18 y el artículo 4° de la Resolución 338/20, en el marco del Ministerio de Economía.

Impacto económico y perspectivas

La prórroga dispuesta por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene alto impacto en la cadena de pagos entre las MiPyMEs y las grandes compañías, al consolidar un esquema de plazos administrativos estables para la gestión de las facturas electrónicas.

El mantenimiento del plazo de 21 días busca equilibrar la necesidad de liquidez inmediata de las PyMEs. Con las limitaciones operativas de las grandes empresas, preservando la estabilidad del sistema de financiamiento basado en facturas electrónicas.

En términos institucionales, la decisión reafirma la continuidad del Régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs como instrumento estratégico de política productiva. Orientado a mejorar el acceso al crédito comercial y reducir la morosidad en los pagos a proveedores.

La Secretaría indicó que el objetivo de fondo es “mantener la coherencia y previsibilidad del régimen mientras se avanza en su evaluación técnica y en la mejora de los procesos digitales asociados”. Asegurando una transición ordenada hacia la plena operatividad del sistema.

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Control de precios: AEA y la CAC rechazan las medidas; mientras Marolio aceptó el acuerdo

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Tras la nueva disposición del Gobierno en congelar los precios por 90 días, los empresarios argentinos dieron su negativa salvo un un puñado de empresas que cree una medida necesaria y justa. Entre ellos el dueño de Marolio.

La Asociación Empresaria Argentina aseguró en un comunicado que “la reciente resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto de la fijación de precios máximos es una medida muy negativa”

La poderosa Asociación Empresaria Argentina, la entidad que nuclea a los principales dueños de empresas del país, emitió un breve comunicado con una fuerte crítica a la medida del Gobierno de controlar de manera unilateral los precios de los alimentos y otros productos. La misma se impuso por una resolución de la secretaría de Comercio Interior a cargo de Roberto Feletti.

“La reciente resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto de la fijación de precios máximos es una medida muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país”, destacó la asociación empresaria que preside Jaime Campos.

“La experiencia de Argentina y mundial es muy elocuente en cuanto a que los congelamientos de precios no resuelven el problema de la inflación. Esta medida, al alterar significativamente la previsibilidad necesaria, desalienta la realización de inversiones productivas y la generación de nuevos empleos por parte del sector privado, que es el actor central del desarrollo económico y social”, agregaron.

AEA reúne a los accionistas y ejecutivos de las empresas más grandes del país. Entre sus vicepresidentes están Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarín), Paolo Rocca (Techint), Cristiano Rattazzi (Fiat), Alfredo Coto (de la cadena homónima de supermercados), Carlos Miguens (Grupo Miguens), José Cartellone (Construcciones Civiles), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y Federico Beaun (La Anónima).

Otros miembros son Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Pablo Roemmers (Roemmers) y Luis Pérez Companc (Grupo Pérez Companc), entre otros.

En mayo de este año, la entidad había criticado al Gobierno por el cierre a la exportación de carne. A través de un comunicado titulado “Exportar es vital para crecer”, aseguraron que “el futuro argentino depende vitalmente de las exportaciones. Sólo exportando más saldremos del estancamiento y nos encaminaremos hacia el desarrollo. Restringir las exportaciones de carne vacuna es una decisión muy negativa que nos aleja de dicho objetivo”, señaló la AEA en su pronunciamiento.

Además, agregaron que las inversiones “requieren de un marco de previsibilidad y respeto a las reglas de juego que generen confianza en el rumbo del país. La decisión de restringir las exportaciones en un sector tan arquetípico como el de la carne lamentablemente no contribuirán al logro de dicho objetivo”.

Las críticas de AEA se sumaron a otras escuchadas en las últimas horas desde el sector empresarial. El titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, anticipó que con la decisión de congelar los precios “va a haber desabastecimiento”.

El dirigente empresario dijo sentir frustración e incredulidad luego de que naufragara la posibilidad de un acuerdo y el Gobierno decidiera imponer la medida mediante una resolución de la secretaría de Comercio Interior.

“Es como si un eximio personal de la salud insistiera con un medicamento que nunca ha funcionado,” ejemplificó Grinman. “Es muy raro porque los controles de precios nunca funcionaron. En la historia, en el mundo y en la Argentina. Jamás, desde que se comenzaron a implementar. El primero fue en el año 52 y después todos los gobiernos con algunas excepciones, incluyendo el Gobierno de [Mauricio] Macri hace unos años, implementaron controles de precios. Nunca funcionaron, porque es una aspirina que calma el dolor momentáneo de una enfermedad muy difícil, muy compleja, y la enfermedad continúa”, comentó Grinman.

“Si eso fuera la solución para controlar la inflación, en lugar de ponerlo por 90 días pónganlo por 4, 5 o 10 años. Pero no funciona”, ironizó el titular de la CAC.

Otra entidad del sector privado que criticó la medida fue la Coordinadora de los Productos de las Industrias Alimentiacias (COPAL), quien llevó adelante la negociación con la secretaría de Comercio Interior. Su presidente, Daniel Funes de Rioja, señaló: “La realidad demuestra que las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación. Adicionalmente, resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva, dado que lleva a las empresas a producir a pérdida por no atender los innumerables aumentos de costos que viene afrontando el sector”.

El kirchnerismo duro lanzó una campaña en las redes para boicotear a las empresas de alimentos que no aceptaron el pedido del Gobierno para congelar los precios por 90 días.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, firmó el martes por la noche una resolución que fija de manera unilateral los precios, tras el sonoro rechazo de la Copal, principal entidad que nuclea a las alimenticias, al “acuerdo” propuesto por el funcionario.

Este miércoles un sector del Frente de Todos atacó a las empresas que rechazaron la medida de Feletti y llamó a no comprar sus productos.

Uno de los promotores de la campaña fue el médico Jorge Rachid, integrante del Instituto Patria. De esta lista los peronistas y los patriotas no comprarán ningún producto”, tuiteó Rachid junto a una foto con las marcas de las empresas y el hashtag #NoCompresMolinosRíoDeLaPlata.

El flyer y el hashtag fueron compartidos por decenas de cuentas ligadas al oficialismo. Al mismo tiempo, esas cuentas viralizaron el tópico #CompremosMarolio, luego de que Víctor Fera, dueño de las cadenas Marolio y Maxiconsumo, volviera a anunciar que él sí acataría el congelamiento dispuesto por el Gobierno.

“Nosotros vamos a apoyar la medida, no tenemos ningún problema en hacerlo. Como Cámara estamos de acuerdo con el congelamiento de 90 días. No va a haber desabastecimiento bajo ningún punto de vista. Es más las ganas que hay en la gente que hace política que la realidad”, dijo Fera a Radio Con Vos.

“No podemos hablar más de que a un empleado no le alcance la plata para viajar o para comer. ¡Cómo se puede ser tan cínico en la vida! Un empresario que va y te dice: ‘Che, fui a comer a tal lado’ y sale 20 lucas el cubierto y un empleado gana 50 por mes. ¿Se puede ser tan hijo de puta?”, dijo Fera.

Fuentes Radio Con Vos e Infobae

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“Exponen mal a Pymes regionales de alimentos y bebidas”, alerta Funes de Rioja

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El presidente de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, advierte: “Sólo una política fiscal razonable puede garantizar el camino del país normal”. También alertó: “Aún en la excepcionalidad, deberían revisarse los criterios que hoy exponen aún más a PyMEs regionales de la industria de alimentos y bebidas”.
Desde el sector privado se insta al dialogo técnico con los sectores de las economías regionales y PyMEs que contenga el efecto de las medidas recientemente adoptadas.
En los últimos días, y como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno, destinadas a paliar el déficit fiscal y encontrar equilibrio en las cuentas públicas de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, hubo dos decisiones que preocuparon específicamente a los sectores exportadores:
> La primera fue la iniciativa tendiente a reducir los reintegros de exportación. Como se sabe, dicho mecanismo que tiene el respaldo técnico de la Organización Mundial del Comercio, compensa a los exportadores por la incidencia de lo que -caso contrario- implic aría “exportar impuestos”.
> La segunda es la referida al incremento de los derechos de exportación por las ventas al exterior tanto de productos primarios como de industrializados como parte del conjunto de medidas de emergencia actual. En principio y más allá que el propio Presidente reconoció la impostergable necesidad de una reforma fiscal que aliviara la presión tributaría sobre el sector formal de la economía, se recurrió a este camino con carácter excepcional y transitorio.
Está claro que no estamos de acuerdo con la naturaleza de la medida aunque comprendemos las urgencias fiscales, lo que nos hace ratificar que sólo una política fiscal razonable puede garantizar el camino del país normal al que el Gobierno y la sociedad toda aspira.
Por otra parte, aún en la excepcionalidad, deberían revisarse los criterios que hoy exponen aún más a PyMEs regionales de la industria de alimentos y bebidas, cuyos esfuerzos por exportar debe ser reconocido y promovido, y no castigado.
Pese al momento de emergencia, el diálogo técnico con los sectores puede contener las especificidades y proyectar las posibilidades para incrementar la capacidad exportable de cada uno de ellos.

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