dom. Feb 22nd, 2026

coparticipación federal

Misiones activó aumentos salariales a docentes y policías

By Economis Redacción 6 días ago
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En medio de un escenario fiscal complejo, marcado por la pérdida del poder real de los recursos provinciales frente a la inflación, el Gobierno de Misiones confirmó aumentos salariales para el personal de las fuerzas de seguridad y para el sector docente, con aplicación en dos tramos: febrero y abril.

La Provincia avanzó con una recomposición salarial anticipada. Para las fuerzas de seguridad, un agente en zona norte pasará a percibir $1.240.887 en febrero y $1.274.840 en abril, mientras que en zona capital cobrará $1.042.650 en febrero y $1.073.840 en abril.

En el sector docente, el esquema también será en dos etapas. En febrero, un maestro de grado sin antigüedad percibirá $711.000 y, con el programa Hora Más, alcanzará los $961.000. Para quienes poseen más trayectoria y más de un cargo, el incremento será de al menos $29.600 por cargo en febrero, acumulando $69.400 por cargo en abril, señaló el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

Desde el Ejecutivo destacaron que Misiones se encuentra entre las pocas provincias que están otorgando incrementos en febrero, en un contexto nacional de ajuste y caída de ingresos reales. Además, remarcaron que el diseño en dos tramos busca brindar previsibilidad para que las familias puedan organizar su economía.

Se anticipó también la convocatoria a las mesas salariales de Salud y Administración Central, cuyos aumentos se definirán en la primera semana de marzo.

El trasfondo es claro: con menos recursos reales que en 2023, la Provincia intenta equilibrar recomposición salarial y sostenibilidad fiscal en un escenario nacional de alta presión presupuestaria. Los aumentos adquieren especial relevancia si se analizan los números. En 2024, la coparticipación creció 193,9% y la recaudación provincial 191,9%, pero la inflación promedio anual fue de 219,9%. En términos reales, esto implicó una caída de 25,9 puntos en coparticipación y de 28 puntos en recaudación frente al índice de precios.

El deterioro se refleja con mayor claridad en valores constantes a diciembre de 2025. Mientras en 2023 los recursos totales ascendían a $3.743.100 millones, en 2024 bajaron a $3.386.229 millones y en 2025 volvieron a descender a $3.349.626 millones. La pérdida acumulada entre 2023 y 2025 alcanza los $393.474 millones en términos reales.

Aunque en 2025 la coparticipación mostró una leve mejora frente a la inflación (2,1 puntos por encima), la recaudación volvió a quedar rezagada (-10,5 puntos), consolidando un contexto de estrechez financiera.

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Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años

By Redacción Economis 1 semana ago
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En una sesión maratónica de más de ocho horas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y envió al Senado el proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, que busca reemplazar la normativa vigente desde la última dictadura militar (Ley 22.278), obtuvo 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención, contando con el respaldo de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y bloques dialoguistas.

El punto central de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasará de 16 a 14 años. Aunque el Poder Ejecutivo inicialmente pretendía fijarla en 13 años, el consenso con los bloques aliados estabilizó el límite en 14.

Puntos clave del nuevo régimen

La normativa establece un marco diferenciado para los menores de edad en conflicto con la ley, destacando los siguientes aspectos:

  • Penas máximas: Se fijó un tope de 15 años de prisión para los adolescentes, descartando los 20 años propuestos originalmente por el Gobierno y prohibiendo taxativamente la prisión perpetua.
  • Presupuesto y financiamiento: Se destinará una partida total de $23.739.155.303. Los fondos provendrán del Ministerio de Justicia (aprox. $3.100 millones) y de la Defensoría General de la Nación (aprox. $20.600 millones).
  • Convenios con provincias: Ante el reclamo de las jurisdicciones por los costos operativos, se habilitó la firma de convenios para que Nación colabore en el traslado y alojamiento de los menores.
  • Condiciones de encierro: El texto aclara que los adolescentes no podrán ser albergados junto a reclusos mayores de edad, debiendo permanecer en institutos especializados o secciones separadas.
  • El documento señala tres objeciones centrales. En primer lugar, cuestiona la ausencia de partidas presupuestarias específicas para la construcción de centros especializados, la capacitación de equipos interdisciplinarios y la implementación de programas socioeducativos. Según la disidencia, sin asignación presupuestaria “la ley se convierte en una declaración de deseos”.
  • En segundo término, advierte sobre el traslado de costos a las provincias. El proyecto prevé que las jurisdicciones locales asuman la carga operativa de los nuevos procesos penales juveniles, pero no establece un mecanismo claro de transferencia automática de recursos acorde a la Ley de Coparticipación Federal. Para Herrera Ahuad y los firmantes, esto podría generar un “desequilibrio fiscal” en las provincias.
  • El tercer punto apunta al enfoque de la reforma. La disidencia sostiene que reducir la edad de imputabilidad no puede ser una medida aislada, sino el último eslabón de una política integral que fortalezca previamente las instituciones de protección de la niñez. Sin inversión garantizada en defensores oficiales, jueces especializados y equipos interdisciplinarios —psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos—, la especialización del fuero juvenil sería “una ficción jurídica”.
  • Propuesta de modificación: financiamiento nacional y fondo federal
  • En ese marco, los diputados propusieron incorporar un capítulo específico sobre financiamiento y sostenibilidad federal. Entre los puntos destacados se incluye:
  • Financiamiento íntegro con recursos del Tesoro Nacional mediante partidas específicas en el Presupuesto General.
  • Creación de un Fondo Federal de Infraestructura Penal Juvenil, de distribución automática y objetiva para las provincias que adhieran.
  • Prohibición expresa de transferir competencias sin la correspondiente transferencia de recursos, en línea con el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional.
  • Mecanismo de actualización trimestral de partidas para evitar que la inflación degrade los programas socioeducativos.
  • Además, se plantea que la ley entre en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, con el objetivo de permitir una adecuación administrativa y presupuestaria realista.
  • Un debate que excede la edad de imputabilidad
  • La intervención del legislador misionero introduce una dimensión clave en la discusión: el impacto fiscal y federal de la reforma. Más allá del debate sobre seguridad pública y responsabilidad penal juvenil, el planteo pone el foco en la sostenibilidad financiera del sistema y en el reparto de cargas entre Nación y provincias.
  • En un contexto de restricciones presupuestarias y tensiones por la distribución de recursos, la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil no sólo interpela el diseño del sistema penal, sino también el equilibrio federal y la viabilidad económica de su implementación.

Un debate marcado por visiones opuestas

El debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil sumó una voz disidente desde el interior del país. El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, firmó una disidencia parcial al dictamen de mayoría y advirtió que el proyecto, tal como está redactado, resulta “operativamente inviable y fiscalmente irresponsable” si no se garantiza el financiamiento nacional.

La postura quedó plasmada en el dictamen de comisión del 11 de febrero de 2026, donde los legisladores del Bloque Innovación Federal expresaron su desacuerdo con el texto impulsado por la mayoría.

La sesión contó con la presencia de la madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado en Santa Fe por menores de edad, caso que impulsó el tratamiento del proyecto en extraordinarias.

Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió la medida asegurando que la ley actual es “ineficiente” y no logra resocializar. En sintonía, Cristian Ritondo (Pro) enfatizó que la reforma es una respuesta a una “violencia desbordada”, mientras que Gisela Scaglia (Provincias Unidas) argumentó que la imputabilidad podría evitar que los jóvenes sean reclutados como “soldaditos” por el narcotráfico.

Por el contrario, la oposición fue tajante en sus críticas:

  • Victoria Tolosa Paz (UP) tildó el proyecto de “mamarracho jurídico” y abogó por un sistema de penas proporcionales que mantuviera la edad en 16 años.
  • Germán Martínez (UP) cuestionó la falta de políticas preventivas y la desatención a las advertencias de organismos como UNICEF y la Iglesia.
  • Myriam Bregman (FIT) denunció que la ley solo busca “criminalizar la pobreza” y dar más facultades represivas a la policía en los barrios.
  • Miguel Pichetto, aunque apoyó la baja de edad, expresó sus dudas sobre el cumplimiento efectivo del presupuesto para la construcción de los centros de detención necesarios.

Alternativas a la privación de la libertad

El proyecto no solo contempla el encierro, sino que incluye medidas alternativas para delitos que no involucren muertes o lesiones graves:

  1. Mediación penal: Para delitos con penas de hasta 6 años.
  2. Suspensión del proceso a prueba: Incluye reparación del daño y tareas comunitarias.
  3. Medidas complementarias: Programas educativos, laborales y recreativos.

La ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación oficial. El Gobierno ahora apuesta a una sanción definitiva en el Senado antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.

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Corrientes sin margen fiscal: Valdés admitió que no hay condiciones para aumentos salariales

By Redacción Economis 4 semanas ago
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En un contexto de tensión creciente con los gremios estatales y a semanas del inicio del ciclo lectivo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reconoció que la provincia no cuenta con margen financiero para otorgar aumentos salariales en el corto plazo. El mandatario atribuyó la restricción a la caída de la coparticipación federal y a una deuda que la Nación mantiene con el distrito por unos $250.000 millones, un pasivo que, según afirmó, condiciona de manera directa cualquier recomposición de ingresos en la administración pública.

Caída de la coparticipación y reclamo por una deuda millonaria

Consultado este martes por la mañana en una rueda de prensa con cronistas radiales, tras una reunión mantenida el lunes con la ministra de Educación, Valdés evitó comprometer fechas o porcentajes de recomposición salarial. “Lo estamos trabajando”, respondió ante la consulta, aunque de inmediato aclaró: “Tenemos una situación compleja con la caída de la coparticipación”.

El gobernador puso el foco en el frente fiscal y reclamó al Gobierno nacional una deuda estimada en $250 mil millones, correspondiente al consenso fiscal. “Es una deuda importante”, sostuvo, al explicar que ese pasivo limita la capacidad financiera de la provincia, aun cuando aseguró que las cuentas provinciales se encuentran equilibradas.

Desde el punto de vista económico e institucional, la referencia a la coparticipación federal resulta central: se trata de uno de los principales ingresos corrientes de Corrientes y su retracción impacta de manera directa en la masa salarial, que constituye uno de los componentes más relevantes del gasto público provincial.

Presión sindical y educación en el centro del conflicto

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de un encuentro clave con la ministra de Educación, quien venía de reunirse con entidades sindicales del sector. En esa instancia, los gremios reclamaron el inicio inmediato de la discusión salarial, con especial énfasis en la situación de los docentes.

El reclamo adquiere mayor peso político y social ante la cercanía del inicio del ciclo lectivo, previsto en Corrientes para el 2 de marzo. La falta de definiciones concretas sobre los salarios mantiene en vilo a los trabajadores estatales, particularmente al sector educativo, históricamente sensible a los retrasos en la negociación paritaria.

Equilibrio fiscal, límites políticos y expectativas a corto plazo

Valdés intentó equilibrar el mensaje entre la prudencia fiscal y la contención política. Si bien insistió en que la provincia mantiene sus finanzas ordenadas, dejó en claro que el escenario macroeconómico y la relación financiera con la Nación reducen el margen de maniobra para otorgar aumentos salariales.

En términos de proyección, el reconocimiento explícito de la falta de margen fiscal anticipa un escenario de negociaciones tensas con los gremios estatales en las próximas semanas. La evolución de la coparticipación y una eventual definición sobre la deuda reclamada a la Nación aparecen como variables clave para destrabar, o no, la discusión salarial en Corrientes.

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Yacyretá advirtió que hasta marzo se prevén "aguas altas" en el Paraná por la corriente de El Niño

Reclamo por Yacyretá y coparticipación: Valdés apuntó contra el reparto de recursos

By Redacción Economis 2 meses ago
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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, volvió a poner en el centro del debate el esquema de distribución de recursos nacionales al denunciar lo que considera una inequidad estructural en el reparto de regalías energéticas de Yacyretá y de la coparticipación federal.

En declaraciones públicas realizadas en un programa de televisión abierta emitido los domingos por la noche en la ciudad de Corrientes, el mandatario sostuvo que su provincia aporta más a la Nación, pero recibe menos recursos, y apuntó directamente contra la situación de Formosa, a la que acusó de beneficiarse sin realizar aportes equivalentes.

Sin mencionar de manera explícita a la represa de Yacyretá, ubicada en Ituzaingó, Valdés aludió al sistema de regalías vinculadas a la generación de energía y expresó su malestar por la distribución actual. “Formosa no produce nada, recibe más y se lleva plata de los correntinos”, afirmó, sintetizando un reclamo que combina argumentos económicos, fiscales e institucionales.

Coparticipación federal y reclamo por un esquema “injusto”

Según el portal CorrientesHoy el eje central de las críticas del gobernador correntino se concentró en el actual régimen de coparticipación federal, al que calificó de “injusto”. Según su planteo, Corrientes contribuye de manera sostenida al financiamiento del Estado nacional a través del trabajo de sus ciudadanos, la producción y las industrias locales, pero esa contribución no se ve reflejada en el volumen de recursos que retorna a la provincia.

En ese marco, Valdés contrastó la situación de Corrientes con la de Formosa, a la que señaló como una provincia que, de acuerdo con su visión, “no aporta nada y recibe más por coparticipación del trabajo de todos los correntinos”. La afirmación apunta directamente a la lógica redistributiva del sistema vigente y reabre una discusión de fondo sobre los criterios con los que se asignan los fondos federales.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de creciente tensión entre las provincias y la Nación por la disponibilidad de recursos, en un escenario económico complejo que obliga a los gobiernos subnacionales a revisar sus estrategias de financiamiento y a reforzar sus reclamos ante el Poder Ejecutivo nacional.

Regalías energéticas y defensa de los intereses provinciales

Aunque no la mencionó de forma directa, el planteo del gobernador tuvo como telón de fondo la represa de Yacyretá, una de las principales fuentes de generación de energía del país y ubicada en territorio correntino. La referencia implícita a las regalías nacionales por energía refuerza la idea de que Corrientes considera insuficiente la compensación que recibe en relación con el impacto territorial, ambiental y productivo que implica albergar una infraestructura de esa magnitud.

Valdés adelantó que insistirá ante el Gobierno Nacional para que se revise la situación y se avance en la sanción de una nueva ley de coparticipación, que garantice un criterio más equilibrado. “No es posible que Corrientes aporte más y reciba menos”, remarcó, fijando una posición política clara de cara al debate federal.

Con este pronunciamiento, el mandatario busca instalar el tema en la agenda nacional, no solo como un reclamo coyuntural, sino como una discusión estructural sobre la distribución de fondos, la equidad fiscal y el reconocimiento a las provincias que generan recursos estratégicos. Al mismo tiempo, reafirma su discurso de defensa de los intereses de Corrientes y de sus recursos naturales, en un escenario donde la puja por ingresos y regalías se vuelve cada vez más visible entre las jurisdicciones.

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Entre Ríos recibirá $220.000 millones de la Nación para cubrir urgencias financieras

By Redacción Economis 2 meses ago
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El Gobierno nacional dispuso otorgar a la provincia de Entre Ríos un anticipo financiero por hasta $220.000 millones, con el objetivo de atender compromisos urgentes derivados de la ejecución presupuestaria y la amortización de deudas hacia el cierre del año. La medida fue formalizada mediante el Decreto 922/2025, firmado el 26 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 29 de diciembre, y establece que los fondos deberán ser devueltos con intereses durante el ejercicio fiscal 2026, a través de retenciones automáticas sobre la coparticipación federal.

Se trata de una asistencia financiera de carácter transitorio, que se instrumenta a cuenta de los recursos que la provincia recibirá el próximo año y que se inscribe en un esquema previsto por la normativa vigente para afrontar desequilibrios temporales de caja. Es la segunda vez en 2025 que una provincia accede a este tipo de adelantos de urgencia con fondos de la coparticipación: en marzo, la Provincia de Chaco había recibido asistencia para cumplir con obligaciones de deuda.

Fundamentos legales y encuadre fiscal del anticipo

El decreto se apoya en el artículo 124 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), que faculta al Ministerio de Economía a acordar con las provincias anticipos a cuenta de las participaciones en impuestos nacionales sujetos a distribución, en el marco del Régimen de Coparticipación Federal establecido por la Ley N° 23.548 y sus modificatorias.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo señala que el Gobierno de Entre Ríos “se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”, lo que torna necesario “procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias” que atraviesa la provincia.

Si bien la ley establece que estos anticipos deben ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, también habilita al Poder Ejecutivo Nacional a ampliar el plazo de devolución, sin exceder el ejercicio fiscal en que se conceden. En este caso, se dispuso que la cancelación opere durante el Ejercicio Fiscal 2026, con devengamiento de intereses desde la fecha de desembolso hasta su efectiva devolución.

Condiciones de devolución e impacto sobre la coparticipación

El artículo 2° del decreto faculta a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a disponer la cancelación del anticipo, con más los intereses calculados sobre la base de la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR). La devolución se realizará mediante la afectación de la participación de Entre Ríos en el régimen de coparticipación de la Ley N° 23.548, o el régimen que lo sustituya, así como de otros recursos coparticipables sin afectación específica.

Para instrumentar el mecanismo, la provincia deberá autorizar expresamente a la Secretaría de Hacienda a retener de manera automática los fondos coparticipables necesarios para cancelar el monto anticipado y los intereses correspondientes. Además, la Contaduría General de la Nación registrará la erogación como un anticipo de fondos de la Tesorería General de la Nación, imputando el importe a la cuenta de la provincia.

Desde el punto de vista fiscal, el esquema implica un adelanto de liquidez inmediata para Entre Ríos, pero también un compromiso financiero para 2026, dado que las retenciones futuras impactarán sobre los recursos de libre disponibilidad de la provincia durante el próximo ejercicio.

Repercusiones políticas y económicas

La decisión del Poder Ejecutivo de habilitar un anticipo de esta magnitud refuerza el rol del Gobierno nacional como financiador de última instancia frente a tensiones de caja provinciales, especialmente en momentos críticos como el cierre del año, cuando se concentran obligaciones salariales y financieras, como el pago de aguinaldos y vencimientos de deuda.

Al mismo tiempo, el mecanismo pone en evidencia las limitaciones estructurales de las finanzas provinciales y la dependencia de los recursos coparticipables. Para Entre Ríos, el anticipo permite evitar un escenario de incumplimientos inmediatos, aunque traslada parte del ajuste al ejercicio siguiente, cuando deberá absorber las retenciones automáticas y el costo financiero asociado a la tasa TAMAR.

En el plano institucional, el decreto se inscribe dentro de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional previstas por la Constitución Nacional y la legislación presupuestaria, y vuelve a poner en agenda el debate sobre la sostenibilidad fiscal de las provincias y el uso de adelantos de coparticipación como herramienta de administración de crisis transitorias.

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