El eje económico
“Entramos en un proceso virtuoso en el cual los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, aseguró hace poco más de diez días el ministro de Economía, Luis Caputo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, aún con una evidente intervención oficial, no comparte los mismos datos: el estimador mensual de la actividad económica echó un balde de agua fría sobre el optimismo del ministro reincidente. Una caída de 2,1 por ciento interanual y de 2,6 por ciento en comparación con enero, que había marcado una efímera ilusión de reactivación.
La industria manufacturera se desplomó 8,7% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 7,0%. Entre ambos sectores, que son los que más empleo contienen -y drenan- restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, más de lo que aportaron los pocos sectores en expansión.
La industria pasó de crecer 5,1% interanual en febrero de 2025 a caer 8,7% un año después. El comercio recorrió un sendero similar: de una suba de 6,3% en febrero de 2025 a una baja de 7,0% en febrero de 2026. Ese cambio de signo no es menor. Habla de una economía que perdió tracción en sus actividades más ligadas al ingreso disponible, al crédito comercial y al consumo.El argumento de Caputo para la enésima explicación del fallido de sus pronósticos, fue que “en 2026, febrero contó con dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general”. Escasa solidez argumentativa para alguien a quien Marcos Peña definió alguna vez como el “Messi” de las finanzas.
Lo cierto es que la economía no da señales homogéneas de reactivación y, por el contrario, la inflación sigue siendo un problema crónico, lejos de los pronósticos de desaparición mágica. La de marzo fue de 3,4 por ciento, lo que aleja la promesa de inflación cero en agosto, septiembre u octubre, aunque el Gobierno se aferra a la fe de que ahora sí, bajará cuando pase el efecto alcista de la carne, de la guerra y de los útiles escolares.
La inflación convive con una caída constante del consumo incluso entre segundas marcas, con menores precios. En Misiones las ventas en supermercados cayeron 13,9% en comparación con febrero de 2025, lo que marcó la décima baja consecutiva y el descenso más profundo desde diciembre de 2024. El acumulado del primer bimestre cerró para Misiones con ventas por $ 48.729 millones con una merma del 10,7% respecto a igual período de 2025, además de quedar por debajo también de los primeros bimestres del 2024 (-10,7%) y 2023 (-35,9%).
Ese deterioro constante se hace sentir también en los recursos provinciales. La coparticipación no deja de caer y los recursos propios atraviesan un declive idéntico al de otras provincias.
No es casual que el foco del tiempo político inaugurado con la presentación en sociedad de Encuentro Misionero esté puesto en la economía y la necesidad que tiene la provincia de ser considerada de forma distinta por la Nación. Es el único espacio político que está pensando en “soluciones a la misionera”, mientras que la Libertad Avanza es apenas un apéndice de Buenos Aires -como los viejos partidos tradicionales- y el PJ y la UCR se desangran en sus internas cada vez menos convocantes.
Por eso la presentación en sociedad de Encuentro Misionero puso sobre la mesa el viejo anhelo de una zona libre de impuestos para Misiones, en medio de la negociación que se abrirá para aprobar la reforma fiscal que quiere el Gobierno nacional.
Misiones vuelve a blandir un reclamo histórico: condiciones fiscales diferenciadas para poder competir en igualdad con Paraguay y Brasil. La iniciativa busca instalar en la agenda nacional un régimen especial de exenciones impositivas y beneficios aduaneros que permita corregir las distorsiones estructurales que enfrenta la provincia por su condición de frontera.
El planteo no es nuevo, pero sí el contexto. La discusión se reabre ahora en el marco de la reforma fiscal que impulsa el Gobierno de Javier Milei, donde la provincia intenta colar un esquema propio que combine alivio tributario, incentivos a la inversión y reducción de costos logísticos. En esencia, es retomar el espíritu de la Zona Aduanera Especial aprobada por el Congreso, pero vetada por el anodino Alberto Fernández.
La diferencia es que ahora el planteo no se limita a una herramienta aduanera puntual, sino que propone un régimen integral, con impacto directo sobre consumo, producción, inversión y sistema financiero y que va de la mano de una de las promesas de campaña del Gobierno nacional: bajar impuestos. El régimen propuesto busca corregir la asimetría histórica donde Misiones aporta el 31% de la recaudación del NEA pero recibe solo el 21% por coparticipación. La “Amortización Acelerada” permitirá a las industrias locales modernizar su capital físico en la mitad del tiempo contable habitual, fomentando la industrialización de la ruralidad y la tecnología.
El eje del proyecto pasa por el Impuesto al Valor Agregado, el tributo con mayor incidencia directa en la formación de precios.
La propuesta es clara: las ventas desde el resto del país hacia Misiones serían consideradas una “exportación suspensiva”. En la práctica, esto implica que un proveedor de Buenos Aires vendería a Misiones sin IVA. Los análisis técnicos del equipo de Encuentro Misionero detallan que como Misiones representa el 2,07% del PBI nacional, la retención de impuestos nacionales en el territorio provincial inyectaría liquidez masiva al mercado local. Una eliminación o reducción del IVA implicaría que aproximadamente $890.000 millones anuales dejarían de salir de la provincia para quedarse en manos de consumidores y comercios locales.
En tanto, una reducción de la tasa del Impuesto a las Ganancias, del 35% al 15% liberaría cerca de $530.000 millones para reinversión productiva y creación de empleo. También se pretende la eliminación del Impuesto al Cheque (1,2%), lo que permitiría recuperar hasta un 10% del margen neto en sectores estratégicos como el yerbatero, tealero y maderero.
La crisis de las economías regionales es evidente, incluso para aquellos que eligieron la opción libertaria en 2023. La pérdida de rentabilidad atraviesa a las principales actividades misioneras, como la madera, el té o la yerba, afectados por el aumento de los costos de producción, principalmente empujados por las tarifas eléctricas y el combustible.
Esa situación fue uno de los ejes de la cumbre yerbatera convocada por el Gobierno para analizar la situación de la cadena. La producción es la más dañada, pero la industria pudo exponer su situación que no escapa de la palabra crisis, aún en aquellas protagonistas del boom exportador.
El cuadro de la cadena yerbatera muestra un descalce extremo entre costos y precios que explica el deterioro del sector productivo. Con un costo estimado por el INYM de $423,99 por kilo y un precio teórico con margen del 30% de $551,19, el productor terminó recibiendo en promedio apenas $240 por kilo, lo que implica una pérdida directa de $311,19 por kilo. Proyectado sobre una producción de 889.253.082 kilos de hoja verde en 2025, el resultado es una transferencia negativa de ingresos de $276.726 millones, equivalentes a unos USD 200 millones.
A marzo de 2026, el deterioro de la ecuación económica se profundiza sin freno. El costo de producción, ajustado por una inflación acumulada del 16,8% entre octubre y marzo, pasa de $423,99 a $495,22 por kilo, lo que eleva el precio teórico con margen al $643,79. Sin embargo, el precio efectivamente pagado al productor se mantiene en torno a los $240, lo que eleva la pérdida a $403,79 por kilo.
Proyectado sobre el mismo volumen de producción de 2025 (889 millones de kilos), la transferencia negativa de ingresos asciende a $359.071 millones, equivalentes a unos USD 260 millones. Es decir, lejos de corregirse, el descalce entre costos y precios se agrava, consolidando un esquema en el que el productor absorbe cada vez una mayor porción de la crisis de la cadena.
En paralelo, los datos del sector industrial refuerzan el cuadro de fragilidad. Entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%.
Sin embargo, en ese mismo período, la deuda bancaria de los principales molinos saltó de $100.170 millones a $153.580 millones, con un incremento del 53,5%. La combinación de caída de ventas y fuerte aumento del endeudamiento contrasta con los autoelogios del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien suele usar a la yerba para celebrar los efectos de la desregulación.
Por eso fue un dato político la participación activa de la industria en la Mesa Yerbatera convocada por el Gobierno. Lejos de un acuerdo -los intereses y las realidades son contrapuestas-, fue un avance haber logrado que se escuchen en un marco de respeto, que incluso dejó fuera de la discusión a los más exaltados libertoyerbateros, que azuzaron con cortes de ruta sin consenso. El Gobierno provincial busca mediar entre las partes, acercar posiciones ante la inactividad del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
En esa lógica se inscribe el reclamo a Nación. En buscar soluciones locales a la retirada del Gobierno federal. El plan impositivo pretende reducir el costo de reposición para comerciantes y empresas. Por el otro, trasladar ese alivio a precios finales más bajos en góndola, mejorando la competitividad frente a las ciudades fronterizas.
El capítulo aduanero retoma directamente la lógica de la Zona Aduanera Especial, pero con mayor nivel de detalle operativo.
Entre las medidas más relevantes se destacan la importación sin aranceles de bienes de capital e insumos destinados a la producción en Misiones, facilidades para reexportación, permitiendo importar componentes, ensamblarlos localmente y exportarlos pagando tributos sólo sobre el valor agregado y eliminación de retenciones para productos misioneros, como yerba mate, té y madera.
El paquete se completa con medidas sobre otros tributos clave, como la eliminación del ITC en combustibles, buscando equiparar o incluso abaratar el precio de la nafta respecto a Paraguay. Implicaría un ahorro directo para el consumidor, con una rebaja de más de 15 mil pesos por tanque a valores actuales. Asimismo, se plantea la exención de Bienes Personales para activos radicados en la provincia, con el objetivo de retener ahorro local y la reducción de impuestos internos, especialmente en sectores con fuerte impacto en costos logísticos, además de un punto especialmente sensible para la provincia: alícuota cero o exención para servicios básicos como energía eléctrica, conectividad e internet, en un territorio que no cuenta con gas natural y donde la logística encarece fuertemente los costos operativos.
En conjunto, el esquema apunta a atacar uno de los principales problemas estructurales de Misiones: el costo de operar en una economía periférica, sin gas natural, con alta dependencia del transporte y en competencia directa con países con menor carga tributaria.
El trasfondo del debate es más profundo que una serie de exenciones. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo para una provincia de frontera.
Misiones compite todos los días con Paraguay y Brasil, donde los precios son más bajos no solo por tipo de cambio, sino por estructuras impositivas mucho más laxas, en el caso guaraní o agresivas, del lado portugués. Esa asimetría se traduce en fuga de consumo, presión sobre el comercio local y menor capacidad de inversión.
El reclamo a la Nación se combina con un “mini Rigi”, que comenzará a ser discutido en la Legislatura una vez que comiencen las sesiones ordinarias, tras el discurso del gobernador Hugo Passalacqua el próximo viernes. Se trata de incentivos fiscales para la inversión. Cinco años de exención total de Ingresos Brutos, más cinco años adicionales con una bonificación del 50%, condicionados al aporte real del proyecto en términos de empleo, proveedores locales y valor agregado en origen. A esto se suman criterios explícitos de evaluación -innovación, sostenibilidad, biodiversidad y transparencia- que refuerzan la idea de un régimen con control efectivo. El plan fija pisos mínimos de inversión diferenciados por sector, lo que permite segmentar el tipo de proyectos a captar: desde USD 200.000 para economía del conocimiento, pasando por USD 600.000 en industrialización y manufactura avanzada, hasta USD 1,5 millones en turismo estratégico y conectividad y USD 2 millones en energías renovables. Esta escala confirma que la provincia no apunta exclusivamente a grandes capitales, sino que busca abrir la puerta a inversiones medianas con capacidad de generar impacto directo en el entramado productivo local.
Passalacqua también hará hincapié en la necesidad de recuperar una visión “federal” del reparto de recursos y la economía. Aunque parezca una discusión de otros tiempos, el debate sigue siendo federales o unitarios, algo que los sucesivos inquilinos de la Casa Rosada no han sabido corregir.
El Gobernador misionero hará un repaso, casi en modo historiador, de esa tensión y marcará que, pese a la contracción económica, Misiones no deja de hacer. Con recursos propios, con ingeniería financiera. La línea de 132 que unirá Posadas, Alem y Oberá, la ruta en El Soberbio, con nueve mil millones de inversión, son algunas de las acciones de los últimos meses.
Passalacqua también hará frente a un debate que pretende instalar la Libertad Avanza: el costo fiscal misionero. El Gobernador sostiene que es un mito que se debe combatir: según sus datos, Misiones no es, por lejos, la provincia con mayor presión tributaria.
