coparticipación federal

Error no forzado: Hartfield confundió recaudación nominal con caída real y estallaron las críticas

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En su afán de defender el rumbo económico libertario, el diputado nacional Diego Hartfield cometió un insólito error de nominalidad. El ex tenista quiso poner en duda los reclamos de Misiones por la caída de coparticipación y recaudación y, en cambio, exhibió un llamativo desconocimiento al leer los datos de la recaudación misionera que fueron publicados en las últimas horas, sin tener en cuenta la inflación acumulada.

“Ministro Adolfo Safrán, ahora que publicaron finalmente los datos de recaudación provincial de enero y febrero. ¿Ud me podría explicar dónde están los 40 mil millones menos de recaudación que usted dijo y todo el ex Frente Renovador viene repitiendo hace semanas?”, chicaneó el especialista financiero con una foto de los datos de la recaudación de la ATM. 

Los datos, efectivamente exhiben una caída. En el primer bimestre Misiones registró una recaudación propia de impuestos y tasas varias por $179.166 millones, cifra que equivale a una  variación real negativa de -23,4% respecto a igual período del año anterior. En términos de variación relativa, se trata del peor primer bimestre desde 2006. Visto en moneda constante, la recaudación de este 2026 es la más baja desde el año 2020. 

El inicio del año fue muy débil para la recaudación provincial ya que mostró caídas de similares magnitudes tanto en enero (-23,3%) como en febrero (-23,5%) pero, en ese  marco, la situación se agrava al ver la dinámica del último tiempo: la recaudación muestra variaciones negativas interanuales desde marzo de 2025 y en los últimos siete meses la  misma fue de doble dígito. 

Con los datos de la coparticipación agregados, Misiones perdió 43 mil millones en enero y 41 mil millones en febrero. 

La pifia le valió a Hartfield, quien se jacta de “domar renovadores”, varias críticas filosas en las redes sociales, donde el ex tenista se mueve a sus anchas.

Incluso, su colega Oscar Herrera Ahuad le reprochó la constante desinformación. 

“Nunca es bueno desinformar sobre todo en este tiempo. Hay que ser responsables. Por eso aclaro que se están mezclando nominales con reales y eso distorsiona completamente la lectura. Los datos citados muestran variaciones interanuales nominales, es decir, sin descontar inflación. Cuando se corrigen a precios reales, la situación es otra: Misiones sí tuvo una caída real de recursos en el inicio de 2026”, explicó el ex gobernador.

“Entre enero y febrero, la provincia registra una pérdida de más de $40.000 millones en términos reales, explicada por la baja tanto en la coparticipación como en la recaudación propia. Solo en enero, la caída total real fue de $43.492 millones, y en febrero de $41.159 millones interanual”, detalló.

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Gobernadores se abroquelan: Jaldo se suma a Misiones y rechaza el “relato” del anticipo de coparticipación

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El debate por los adelantos de coparticipación dejó de ser técnico para convertirse en un frente político abierto entre la Nación y las provincias. En ese escenario, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se alineó con la postura que ya había fijado Misiones y cuestionó de manera directa el encuadre oficial de estos fondos como “asistencia”.

No es ayuda, es plata nuestra adelantada que después hay que devolver”, sintetizó el mandatario tucumano al referirse al esquema por el cual el Gobierno nacional habilitó hasta $400.000 millones para doce provincias.

La definición no es menor: implica desarmar el principal argumento de la Casa Rosada y ubicar el mecanismo dentro de una lógica de financiamiento encubierto, donde las provincias toman deuda sobre recursos que ya les corresponden por ley.

Jaldo fue más allá y puso números al deterioro fiscal. Según detalló, Tucumán perdió en los últimos dos años ingresos equivalentes a una planilla y media de sueldos, en gran parte por la reducción de impuestos nacionales como el IVA, que impactan directamente en la masa coparticipable.

El gobernador también sumó otro eje crítico: la paralización de la obra pública nacional. Esa decisión obligó a la provincia a financiar infraestructura con recursos propios, profundizando la presión sobre las cuentas.

El planteo de Tucumán no es aislado. Se inscribe en una línea que ya había marcado Misiones, aunque con una estrategia más sofisticada desde el punto de vista financiero.

La provincia gobernada por Hugo Passalacqua aceptó solo una parte del adelanto ofrecido, pero con una condición central: no lo reconoce como crédito, sino como pago a cuenta de deudas históricas de la Nación.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, fue explícito: “Estos fondos no son financiamiento, son un reconocimiento parcial de obligaciones pendientes”.

La diferencia no es semántica. Mientras algunas provincias utilizan estos recursos para cubrir déficits de caja, Misiones busca evitar una nueva dependencia financiera y, al mismo tiempo, sostener un reclamo estructural por fondos adeudados.

Un contexto que explica el conflicto

El endurecimiento de los gobernadores se explica por un dato de fondo: el deterioro sostenido de las transferencias nacionales.

En el primer trimestre de 2026, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída real del 8,3% en las transferencias totales, lo que equivale a una pérdida de $1,56 billones a precios de marzo.

El ajuste se dio por doble vía:

  • Las transferencias automáticas (coparticipación) cayeron 6,4% real
  • Las no automáticas se desplomaron 59,1%

El impacto es directo sobre las finanzas provinciales. En Misiones, por ejemplo, la caída muestra una tendencia sin rebote: -6,98% interanual en el primer trimestre y -12,46% frente a 2023, con marzo marcando el peor registro en la comparación de mediano plazo.

Detrás de estos números aparece un problema estructural: la debilidad de los principales impuestos que alimentan la coparticipación. El IVA, Ganancias y los aportes a la seguridad social crecen por debajo de la inflación, lo que implica una contracción real de la masa distribuida.

En este escenario, el anticipo de coparticipación deja de ser una herramienta técnica y pasa a ser un punto de fricción política.

Para el Gobierno nacional, es un mecanismo habitual que evita que las provincias se endeuden en el mercado a tasas del 30% al 45%, ofreciendo financiamiento en torno al 15%.

Para un número creciente de gobernadores, en cambio, se trata de otra cosa: un puente financiero que esconde un problema más profundo: la caída estructural de los recursos y el traslado del ajuste a las provincias.

Con Jaldo sumándose a esa lectura, el mapa empieza a mostrar un patrón claro: no hay rechazo al instrumento, pero sí al relato.

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Jaldo cruzó a Nación por los $400.000 millones girados a las provincias: “Nos dan por un lado y nos quitan por el otro”

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El gobernador tucumano cuestionó la presentación de los adelantos de coparticipación como asistencia y denunció que la provincia perdió el equivalente a una planilla y media de sueldos en los últimos dos años.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, salió al cruce del relato oficial sobre los fondos que el Gobierno nacional habilitó a 12 provincias por un total de $400.000 millones. En conferencia de prensa realizada este lunes en el marco del comité de emergencia por el temporal que castiga al distrito —con al menos tres víctimas fatales—, el mandatario fue tajante al rechazar que esos recursos representen algún tipo de gesto solidario de la Casa Rosada.

Según explicó Jaldo, se trata de adelantos sobre la coparticipación federal, es decir, dinero que por ley les corresponde a los distritos y que luego deberán devolver. En esa línea, apuntó que la mecánica genera una falsa imagen de generosidad cuando en la práctica se trata de un préstamo sobre fondos propios de cada provincia.

Las 12 jurisdicciones incluidas en el giro son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El mandatario norteño también puso cifras al impacto fiscal que sufre la provincia. Según detalló, en los últimos dos años Tucumán resignó ingresos equivalentes a casi una planilla y media de sueldos como consecuencia de la reducción de impuestos como el IVA.

A ese cuadro financiero, Jaldo le sumó otro reclamo: la paralización total de la obra pública nacional. Esa decisión del gobierno de Javier Milei obligó a Tucumán a hacerse cargo de proyectos de infraestructura con financiamiento propio, lo que agravó aún más la presión sobre las cuentas provinciales.

Emergencia por el temporal

La conferencia de prensa se dio en un contexto crítico para Tucumán. El temporal que azota a la provincia ya dejó al menos tres muertos y miles de familias afectadas por las inundaciones. Jaldo encabezó la reunión del comité de emergencia y aseguró que los equipos provinciales asisten a los damnificados desde el primer momento.

Según indicó, algunos vecinos ya sufrieron anegamientos por segunda y tercera vez. El gobernador destacó además el trabajo conjunto con intendentes y comisionados comunales, quienes colaboraron en la asistencia durante todo el domingo.

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El Gobierno formalizó el auxilio financiero a doce provincias y redefine el equilibrio fiscal

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El Gobierno nacional formalizó el 1 de abril, mediante el Decreto 219/2026, un esquema de asistencia financiera por hasta $400.000.000.000 destinado a doce provincias, en un movimiento que combina contención fiscal con control político sobre las jurisdicciones. La medida, que incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, llega en un contexto de restricciones de liquidez subnacional y abre una tensión implícita: ¿se trata de un salvataje transitorio o de un mecanismo de disciplinamiento fiscal en pleno ajuste?

El decreto no sólo habilita los anticipos, sino que fija condiciones estrictas de devolución dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa fija nominal anual del 15% y la posibilidad de retención automática sobre fondos coparticipables. La decisión introduce un elemento central en la dinámica política: la Nación asiste, pero al mismo tiempo refuerza su capacidad de condicionar financieramente a las provincias.

Un instrumento legal con impacto directo en la caja provincial

La herramienta utilizada no es nueva, pero su implementación en este momento adquiere otra dimensión. El Gobierno se apoya en el artículo 124 de la Ley 11.672, que autoriza al Ministerio de Economía a otorgar anticipos a cuenta de la coparticipación federal. Bajo ese marco, las provincias deberán reintegrar los fondos mediante retenciones automáticas de los recursos que reciben por la Ley 23.548.

El decreto explicita que los gobernadores enfrentan dificultades transitorias para atender compromisos urgentes de gasto y amortización de deuda. Esa definición, técnica en su forma, traduce una realidad política concreta: tensiones en las finanzas provinciales que obligan a recurrir a la asistencia nacional.

Sin embargo, la asistencia no es neutra. La Secretaría de Hacienda definirá el monto específico para cada provincia en función de su capacidad de repago, medida a partir de su participación en la recaudación nacional. Esto introduce un criterio que combina técnica financiera con discrecionalidad administrativa.

Además, las jurisdicciones deberán autorizar la afectación de su coparticipación y otros recursos sin asignación específica, habilitando a la Nación a retener automáticamente los fondos necesarios para cancelar el anticipo más intereses. Es, en términos políticos, una cesión explícita de margen de maniobra.

Reordenamiento de tasas y señales de equidad interna

El decreto también modifica una decisión previa: sustituye la tasa de interés aplicada al anticipo otorgado a la provincia de Entre Ríos por el Decreto 922/2025, alineándola al 15% fijado en esta nueva medida. El argumento es “ajustar en equidad a todas las jurisdicciones”, pero la señal es más amplia.

La unificación de condiciones evita asimetrías entre provincias, pero también consolida un esquema uniforme de financiamiento donde la Nación fija las reglas del juego. En un contexto de recursos escasos, esa homogeneización puede leerse como un intento de ordenar el frente fiscal subnacional bajo parámetros centralizados.

Asistencia con condicionamientos

El impacto político del decreto trasciende lo financiero. Por un lado, las provincias acceden a liquidez inmediata para afrontar compromisos urgentes, lo que reduce el riesgo de tensiones administrativas o atrasos en pagos. En ese sentido, la medida descomprime en el corto plazo.

Por otro lado, el mecanismo refuerza la dependencia de las provincias respecto del Tesoro Nacional. La posibilidad de retenciones automáticas sobre la coparticipación limita la autonomía fiscal y coloca a las jurisdicciones en una posición de mayor exposición frente a decisiones del Poder Ejecutivo.

La inclusión de un conjunto amplio de provincias —sin distinción explícita en el texto— sugiere una estrategia de cobertura federal, pero también diluye la posibilidad de que alguna jurisdicción quede al margen del esquema de condicionamientos.

Un movimiento táctico en un tablero en tensión

El anticipo financiero dispuesto por el Decreto 219/2026 se inscribe en un momento donde la recaudación muestra señales de desaceleración y las cuentas públicas enfrentan presión. En ese contexto, el Gobierno opta por sostener a las provincias sin resignar herramientas de control.

La clave estará en la implementación: los acuerdos individuales que firme la Secretaría de Hacienda, los montos efectivamente asignados y la dinámica de las retenciones marcarán el verdadero alcance político de la medida.

En las próximas semanas, el foco se desplazará hacia cómo reaccionan las provincias frente a estas condiciones y si el esquema logra estabilizar las finanzas subnacionales sin abrir nuevos frentes de conflicto. La asistencia ya está en marcha; el equilibrio, en cambio, sigue en construcción.

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La coparticipación de marzo cayó 4,3% y Misiones perdió 38 mil millones en el primer trimestre

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En marzo las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y CABA totalizaron $ 5,05 billones presentando un nuevo descenso en términos reales, que esta vez fue del -4,3% respecto a igual mes del 2025. A su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso (-9,9% real mensual).

En ese marco, los envíos a Misiones totalizaron $ 160.767 millones con una variación también negativa del 4,3%
interanual, al tiempo que contra el mes anterior disminuyeron en 9,6% real.
El volumen total captado durante marzo es, además, el más bajo en términos nominales desde abril de 2025, indicó un reporte de la consultora Politikon Chaco en base a datos de la DNAP y INDEC.

La Coparticipación Federal para la provincia totalizó $ 144.385 millones, cayendo -7,4% interanual por las bajas en la recaudación del IVA y de Ganancias, entre otros.

Por su parte, los fondos por Leyes y Regímenes Especiales mostraron un desempeño positivo, creciendo en 33% interanual real (apoyado casi en su totalidad por el buen desempeño del impuesto a los combustibles y al monotributo) al igual que los recursos por Compensación del Consenso Fiscal con +37,9% real interanual, aunque ninguno de estos dos últimos casos logró compensar la baja de la coparticipación y ello arrastró el resultado general provincial a la baja, tal como ya ocurrió en enero y febrero pasados.

La caída total para Misiones equivale a una pérdida cercana a los $ 8.000 millones respecto a marzo de 2025.

Con este resultado, el primer trimestre 2026 cerró con envíos a Misiones por $ 519.104 millones, que representa un -6,5% en términos reales contra igual período del 2025. Medido en pesos constantes a precios actuales, la provincia perdió casi $ 38.000 millones en el período.

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