Tal como lo consignara Federico Bernal, Director general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo en El Territorio, Nicolás Caputo, Marcelo Mindlin y Rogelio Pagano concentran el 51% de servicio público de electricidad a nivel nacional, así como el 49% de la demanda total. Los dos primeros, además están verticalmente integrados al controlar centrales de generación y transporte(Transener y Transba). Caputo es accionista minoritario de Edesur; Mindlin , controla Edenor; y Pagano es el dueño de Edesa(Salta) y de las cuatro distribuidoras bajo jurisdicción bonaerense: Eden, Edes, Edea y Edelap.. Los dueños argentinos del servicio público de electricidad obtuvieron ganancias en 2017, primer año pleno de tarifazo, por 11.300 millones de pesos, esto es, casi 1.000 millones por mes. El sistema eléctrico está cartelizado por un oligopolio que fija las tarifas y constituye un abuso de posición dominante, verticalización y cartelización empresarial en materia eléctrica, cuyos dueños están todos ligados directa o indirectamente al Poder Ejecutivo Nacional.
Estos integrantes de Cambiemos, todos empresarios o integrantes de empresas accedieron al gobierno para incorporar su experiencia empresaria para desarrollar el país, ¿ o vinieron para ecrecentar su riqueza usando la estructura del estado?
Existe una opción en el mediano plazo para disminuir sensiblemente la dependencia de la energía de las Centrales a combustible fósil. Si se construyeran las Centrales hidroeléctricas proyectadas en la provincia de Misiones – Corpus, 3.000 Megavatios; Garabí, 1.152MW; Panambí, 1.045MW; Yacyretá/Aña Cuá, 280 MW que totalizan 5477MW que tendríamos que compartir con nuestros condóminos, lo que nos pertenece a los misioneros son 2.738,5MW. Esta cantidad la debemos disponer en su totalidad, pues son ilegales y contrarias a la Constitución Nacional toda disminución de nuestras potestades de disponer de las mismas y venderlas en cualquier lugar del país que nos convenga hacerlo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló que los recursos situados en una provincia le pertenecen íntegramente y toda intromisión de organismos del gobierno como Cancillería, por ser límites internacionales, no son válidas y en un juicio, la Corte Suprema, avalará nuestros derechos. De esta manera, pasaríamos a ser los
más importantes proveedores de electricidad del país y las empresas Transportadoras de energía como Edelap, Edesur, Central Puerto, Cammesa, etc. están obligadas a hacerlo, cobrando un cánon de $ 240 el MWh establecido por ley por el servicio de reenvío y en ninguna circunstancia pueden determinar el precio de la energía.
Si evaluamos el costo del GWh tendremos los siguientes valores: Yacyretá, U$s.0.65; Corpus, U$s.0.14; Garabí, U$s.0.45; Panambí U$s.0.45. Si tenemos en cuenta que las represas mencionadas, excepto Yacyretá, aun no fueron construidas, debemos prever un período de 4 a 6 años para hacerlo.
Las regalías de Yacyretá es probable que estén comprometidas por préstamos o deudas tomadas por la provincia. Habrá que investigar la situación. La regalía del 12% que establece el gobierno nacional puede ser tachada de ilegal, pues por la mencionada disposición del Corte Suprema, corresponde un 25% a Misiones, otro 25% a Corrientes y el 50% a Paraguay. Si bien existe costos involucrados desde la generación de alta potencia hasta la conversión en potencia usable por el consumidor, la misma no es sustentable con el precio que nos cobran.
En cuanto a la financiación de la construcción de las represas proyectadas, no habría inconvenientes por la garantía que representan la venta de la energía.
La promoción y subsidios que hoy existen para generar energías alternativas donde hay muchos proyectos en marcha, en costos y eficiencia, las de origen hidráulico resultan las más económicas y sustentables y en ese sentido, Misiones tiene mucho que aportar.
El autor de estos escritos no es ingeniero ni técnico especializado, pero es desde el sector empresario una persona preocupada por el desarrollo de Misiones y está convencido que sin una energía barata, ello no es posible y en contra de los que proclaman desde el gobierno, la mayoría de los países subsidian la energía.
Miguel Schmalko-consejero y ex presidente de FEBAP y CACEXMI (Federación Económica Brasil-Argentina-Paraguay y Cámara de Comercio Exterior de Misiones)
