La comisión evaluadora firmó la resolución que adjudica los primeros seis corredores viales bajo la modalidad Participación Público Privada que transformará más de 7200 kilómetros de caminos nacionales en una moderna Red Vial de Autopistas y Rutas Seguras. El Tesoro intervendrá en Provincias donde contratos de este tipo no son económicamente rentables.
Finalmente, el Gobierno adjudicó los trabajos de obra del primer proyecto de Participación Público Privada (PPP), por una inversión total de aproximadamente 8.000 millones de dólares en la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras.
“Se analizó la mejor combinación de las ofertas para cada corredor que, en su conjunto, representa un menor costo para el Estado”, señalaron desde el Ministerio de Transporte a la hora de informar a los adjudicatarios de las obras que comenzarán en octubre de este año.
Vale recordar que, para este primer proyecto, el Gobierno recibió 32 ofertas en total de 10 consorcios, compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales.
Finalmente, las empresas que realizarán las obras por corredor serán las siguientes:
• Corredor vial A: Consorcio: Paolini, Vial Agro, INC.
• Corredor vial B: Consorcio: China Construction America, Green SA.
• Corredor vial C: Consorcio: Jose Cartellone Construcciones Civiles SA.
• Corredor vial E: Consorcio: Helport, Panedile, Eleprint, Copasa.
• Corredor vial F: Consorcio: Helport, Panedile, Eleprint, Copasa.
• Corredor vial SUR: Consorcio: Rovella Carranza, JCR SA, Mota – Engil.
“La apuesta a largo plazo en la obra pública que han hecho las empresas nacionales e internacionales demuestra que estamos en el camino correcto”, señaló el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, luego de conocerse los resultados.
Es probable que esta primera ronda establezca un precedente para los proyectos posteriores, dado que el Gobierno espera inversiones por un monto de 26.000 millones de dólares para obras en sectores como minería, comunicación, justicia, tecnología y salud.
• Continuidad y financiamiento de las obras por PPP
Una vez otorgada la concesión, los contratistas y Dirección Nacional de Vialidad (en representación del Gobierno argentino), deben firmar un contrato que separa la compensación financiera en la fase de construcción y la de operación y mantenimiento del proyecto.
Los fondos retenidos dentro del Fideicomiso PPP provendrán de dos fuentes principales: los impuestos sobre el gasoil destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) y el cobro de peaje (o contribuciones por tránsito del contratista).
Los trabajos de construcción se van a compensar sobre una base trimestral (siempre que la construcción se complete dentro del plazo de la inversión), a través de Títulos de Pagos por Inversión (TPIs). Dichos certificados pueden ser fijos o variables, dependiendo del tipo de garantía que coloque el contratista (a primer requerimiento o como seguro de caución).
En contraparte, la estructura PPP implica la entrega de estas garantías con respecto a un cierre financiero, así como proyectos primarios y operación de servicios. Los TPIs variables son susceptibles de sanción durante la vida del contrato PPP; por lo tanto, son sujetos a multas y sanciones por incumplimiento de normas de calidad.
En cuanto a la operación y mantenimiento del proyecto, los pagos se harán mediante Títulos de Pagos por Disponibilidad (TPDs) libremente transferibles e irrevocables, emitidos mensualmente en pesos argentinos.
