CORREDORES VIALES

Privatización vial: se posterga la definición de las concesiones para la etapa tres que incluye a Misiones

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A través de la Resolución 607/2026, el Ministerio de Economía oficializó una prórroga en los plazos de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la “Red Federal de Concesiones – Etapa III”. La nueva fecha de apertura de ofertas, fijada para el 22 de mayo, posterga la transferencia al sector privado de tramos críticos para la logística misionera, como el Corredor Mesopotámico y el Noreste, en un proceso que busca eliminar el déficit operativo de Corredores Viales S.A.

El Palacio de Hacienda, bajo la firma de Luis Caputo, introdujo la Circular Modificatoria N° 1 que recalibra el cronograma de la Etapa III del plan de privatizaciones. Esta fase es la más sensible para la estructura de costos del NEA, ya que abarca la administración, mantenimiento y ampliación de las arterias que conectan a Misiones con los centros de consumo y los puertos de exportación. El nuevo esquema bajo la Ley 17.520 (Concesión de Obra Pública) no solo implica la transferencia de la operación de peajes, sino que faculta a los nuevos adjudicatarios a desarrollar explotaciones colaterales para garantizar la rentabilidad de las unidades de negocio, un punto de inflexión para el sector logístico regional.

Implicancias en el esquema de costos y servicios

Para el empresariado misionero, la transición de una gestión estatal deficitaria a una concesión privada bajo el modelo de “Red Federal” conlleva una serie de vectores de impacto directo:

Logística y Fletes: La calidad del mantenimiento en el Tramo Mesopotámico es determinante para la competitividad de la madera y la yerba mate. Un retraso en las obras de infraestructura vial se traduce en mayores costos de amortización de flota y tiempos de tránsito incrementados.

Tarifas de Peaje: El nuevo modelo busca el equilibrio fiscal eliminando subsidios nacionales. Esto anticipa una readecuación tarifaria basada en costos operativos reales, impactando directamente en el costo por kilómetro transportado.

Inversión en Seguridad Vial: La licitación incluye la obligación de realizar obras de ampliación y conservación, fundamentales para reducir la siniestralidad en rutas que, por el relieve misionero, exigen intervenciones constantes que el Estado Nacional ha postergado.

Misiones y el desafío de la integración

A diferencia de los corredores del centro del país (como el Tramo Centro o Cuyo), el Corredor Noreste y Mesopotámico opera como el cordón umbilical de una provincia con el 90% de su frontera internacional. Mientras en Buenos Aires las rutas tienen un carácter predominantemente de consumo interno, en el NEA son rutas de exportación y tránsito internacional (Mercosur). La eficiencia de estas concesiones definirá si Misiones puede capitalizar las asimetrías fronterizas a través de un comercio más fluido con Brasil y Paraguay o si, por el contrario, la infraestructura se convierte en un cuello de botella.

Voces y perspectivas del sector

Desde las cámaras de transporte y la industria maderera, la expectativa es de cautela propositiva. Si bien la eliminación del déficit de las empresas públicas es un objetivo macroeconómico compartido, la preocupación radica en la transparencia de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares. Los tomadores de decisiones locales priorizan que los ingresos generados por los peajes en la región se reinviertan efectivamente en los tramos del NEA y no se desvíen para subsidiar corredores con menor densidad de carga pero mayor peso político en el centro del país.

Escenario a mediano plazo

La apertura de sobres del 22 de mayo será el termómetro del interés real del capital privado por el riesgo argentino en infraestructura. Habrá que monitorear de cerca la solvencia de los grupos adjudicatarios y el cumplimiento de los planes de inversión inicial. Para el bolsillo del misionero, el impacto se sentirá no solo en el costo de los viajes particulares, sino en la traslación de los nuevos cuadros tarifarios de peaje a los precios de góndola, dada la dependencia absoluta del transporte terrestre para el abastecimiento de la provincia.

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Economía modifica pliegos y reprograma la licitación clave de rutas bajo el esquema de privatización

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El Ministerio de Economía oficializó la incorporación de una nueva circular modificatoria en la licitación pública nacional e internacional 504-0015-LPU25, correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 555/2026, redefine el cronograma del proceso y fija nuevas fechas para la presentación y apertura de ofertas en uno de los proyectos clave del esquema de privatización de la infraestructura vial.

Según lo dispuesto, el cierre para la presentación de propuestas se realizará el 11 de mayo de 2026 a las 12:00 horas, mientras que la apertura del Sobre N°1 quedó establecida para ese mismo día a las 13:00, a través del sistema CONTRAT.AR.

Privatización y rediseño del sistema vial

La modificación se inscribe en el proceso iniciado por el Gobierno tras declarar sujeta a privatización a Corredores Viales S.A., en el marco de la ley 27.742 y bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la ley 17.520.

El esquema forma parte del proyecto “Red Federal de Concesiones”, una arquitectura diseñada para transferir al sector privado la operación, mantenimiento y explotación de tramos estratégicos de la red vial nacional. El objetivo explícito es eliminar el déficit operativo y reordenar las cuentas públicas en el área de infraestructura.

La licitación en cuestión abarca los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, e incluye no solo la gestión vial sino también la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

Ajuste de tiempos en una licitación en marcha

La Resolución 555/2026 no altera el contenido técnico ni las condiciones estructurales del proceso licitatorio, pero introduce un cambio operativo relevante: la reprogramación de los plazos de presentación y apertura de ofertas.

La Circular Modificatoria N° 2, incorporada a los pliegos, responde a una intervención de la Secretaría de Transporte y se suma a modificaciones previas que ya habían ajustado la documentación licitatoria.

En términos concretos, el Gobierno redefine el calendario en una etapa sensible del proceso, donde se espera la participación de oferentes nacionales e internacionales.

Control del proceso y señal al mercado

El movimiento revela un doble objetivo. Por un lado, el Ministerio de Economía mantiene el control fino sobre el ritmo del proceso de privatización, ajustando plazos en función de la dinámica administrativa y del interés del mercado.

Por otro, la decisión funciona como señal hacia potenciales inversores: el proceso sigue activo, pero bajo una lógica de administración centralizada donde el Estado define tiempos y condiciones.

En un esquema de concesiones de largo plazo, el calendario no es un dato menor. Define la competencia efectiva y la calidad de las ofertas, lo que impacta directamente en la adjudicación futura.

Infraestructura, inversión y peajes

El proyecto apunta a movilizar inversión privada en infraestructura vial, trasladando al concesionario la responsabilidad de construcción, mantenimiento y explotación.

Esto implica que los ingresos del sistema estarán asociados al cobro de peajes y a actividades complementarias autorizadas en los contratos.

Aunque la resolución no modifica variables económicas directas, sí incide en el timing de una inversión potencialmente significativa, en un contexto donde el Gobierno busca reducir el gasto público y apalancarse en capital privado.

Competencia, adjudicación y modelo de gestión

La reprogramación del cronograma deja abierta una serie de variables clave. Entre ellas, el nivel de competencia en la licitación, la calidad de las propuestas y la capacidad del Gobierno para sostener el proceso sin nuevas modificaciones.

También queda en juego la respuesta del mercado ante un esquema que combina apertura a la inversión privada con fuerte conducción estatal del proceso.

El 11 de mayo marcará un punto de inflexión: la apertura de ofertas permitirá medir el interés real por un modelo que redefine el rol del Estado en la infraestructura vial.

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Licitación internacional para concesionar rutas: el tramo de Misiones aparece en la oferta

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El Ministerio de Economía autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0001-LPU26 para concesionar por peaje ocho tramos estratégicos de la Red Vial Nacional, en el marco de la privatización total de Corredores Viales SA. La medida, formalizada mediante la Resolución 174/2026, publicada el 23 de febrero de 2026, constituye un paso operativo clave en la implementación del Decreto 97/2025 y profundiza el rediseño del esquema de infraestructura vial bajo el régimen de la Ley 17.520.

La decisión impacta de lleno en la estructura del sistema de concesiones, en la política de financiamiento de obras viales y en el equilibrio fiscal, dado que el nuevo esquema busca transferir al sector privado la operación, mantenimiento y explotación de corredores actualmente bajo la órbita estatal.

Marco normativo y avance del proceso de privatización

El proceso se inscribe en una secuencia normativa iniciada con el Decreto 794/2017, que dispuso la constitución de Corredores Viales SA bajo el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Posteriormente, los Decretos 1010/2017, 659/2019, 779/2020 y 1036/2020 le otorgaron concesiones de obra pública por peaje sobre diversos corredores nacionales.

El punto de inflexión se produjo con el artículo 7° de la Ley 27.742, que declaró a Corredores Viales SA “sujeta a privatización” en los términos de los Capítulos II y III de la Ley 23.696. Luego, el Decreto 97 del 14 de febrero de 2025 autorizó el procedimiento de privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, conforme la Ley 17.520.

En ese marco, el artículo 2° del Decreto 97/2025 encomendó al Ministerio de Economía —con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”— adoptar las medidas necesarias para concretar la privatización. Además, el artículo 3° lo facultó a efectuar el llamado y adjudicación de la licitación y a modificar la conformación de los tramos.

La Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía dio inicio formal al procedimiento. Luego, mediante el Proyecto “Red Federal de Concesiones”, se diseñó un nuevo esquema de gestión privada orientado —según se consigna en los considerandos— a “eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado Nacional”.

Etapa III: tramos, pliegos y cronograma

La Etapa III comprende los tramos denominados Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que incluyen parte de los corredores actualmente concesionados a Corredores Viales SA y abarcan tramos de las Rutas Nacionales Nros. 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016.

La Resolución 174/2026:

  • Autoriza el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504-0001-LPU26.
  • Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, el Reglamento de Explotación y el Régimen de Infracciones y Sanciones.
  • Establece que la documentación podrá descargarse del portal CONTRAT.AR, conforme al Decreto 416/2025.

El cronograma es preciso:

  • Consultas a los pliegos: hasta el 4 de mayo de 2026 a las 13:00 horas.
  • Presentación de ofertas: hasta el 18 de mayo de 2026 a las 12:00 horas.
  • Apertura de ofertas: 18 de mayo de 2026 a las 13:00 horas, mediante acto público electrónico en CONTRAT.AR.

Además, el llamado será publicado durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía, y durante tres días en el portal del Banco Mundial “DGMARKET”, lo que refuerza el carácter internacional del proceso.

En paralelo, se creó una Comisión Evaluadora ad hoc integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, formalizando la instancia técnica de análisis de ofertas.

Audiencias públicas, tasación previa y control institucional

El proceso incluyó audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad mediante la Resolución 924/2025, en el marco del Decreto 1172/2003. Los informes de cierre fueron aprobados por la Resolución 1244/2025, correspondientes a las audiencias celebradas el 30 de junio, 2, 4 y 7 de julio de 2025.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 23.696, la Dirección Nacional de Vialidad presentó la tasación previa exigida para procesos de privatización.

La medida cuenta con intervención de la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, la Sindicatura General de la Nación y el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía, lo que evidencia un encuadre institucional amplio.

Impacto económico y sectores involucrados

La licitación de la Etapa III redefine el mapa de concesiones viales nacionales. El nuevo esquema delega en operadores privados la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, junto con la posibilidad de desarrollar “explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”.

En términos económicos, la decisión: Reconfigura la estructura de financiamiento de la red vial nacional. Transfiere riesgos operativos al sector privado. Busca reducir el déficit asociado a la gestión estatal directa.

Para el mercado, la convocatoria internacional amplía el universo potencial de oferentes y podría generar competencia en condiciones técnicas y económicas.

Desde el plano político e institucional, la medida consolida la hoja de ruta trazada por el Decreto 97/2025 y materializa la declaración de privatización dispuesta por la Ley 27.742. El avance hacia la adjudicación marcará un hito en la transformación del modelo de gestión vial.

Nueva arquitectura concesional

La Etapa III completa el despliegue progresivo del proyecto “Red Federal de Concesiones”. Con las Etapas I, II y II-B ya iniciadas mediante las licitaciones 504-0007-LPU25, 504-0013-LPU25 y 504-0015-LPU25, el proceso entra en una fase decisiva.

Si la adjudicación avanza según el cronograma previsto, el Estado habrá dado un paso estructural en la reorganización del sistema vial bajo concesión, alineando el marco normativo con un esquema de gestión privada orientado a la eficiencia operativa y el equilibrio fiscal.

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Vialidad abre una consulta pública para actualizar las tarifas de peaje en los corredores viales

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso la apertura del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas para avanzar con la aprobación de un nuevo esquema tarifario en los peajes concesionados a Corredores Viales S.A. La medida, formalizada mediante la Resolución 42/2026, habilita un período de consulta ciudadana de 15 días hábiles administrativos y constituye un paso previo obligatorio antes de la eventual actualización de tarifas, en línea con los criterios constitucionales de razonabilidad, gradualidad y transparencia en servicios públicos esenciales.

La decisión fue adoptada en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial los días 14 y 15 de enero de 2026, bajo el número 1808/26, en el marco del expediente EX-2025-138657392-APN-DNV#MEC.

Consulta ciudadana y actualización tarifaria: el procedimiento que activa Vialidad Nacional

La Resolución RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC declara formalmente la apertura del procedimiento previsto en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Artículo 3° del Decreto N.° 1.172/2003, para el Proyecto de Aprobación de los Cuadros Tarifarios aplicables a los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Tramos I al X.

El proceso se inicia a partir de una solicitud presentada por Corredores Viales S.A., que requirió la aplicación del apartado 8.2 de la Cláusula Octava de los Contratos de Concesión, junto con el Artículo 49° para los Tramos I a V y el Artículo 50° para los Tramos VI a X de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales. En ese marco, la concesionaria sometió a consideración un cuadro tarifario para su análisis y eventual aprobación.

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía conforme al Decreto N.° 644/2024, y bajo el control tutelar de la Secretaría de Obras Públicas según el Decreto N.° 866/2025, elaboró los informes técnicos correspondientes, los cuales fueron remitidos a dicha Secretaría. A partir de ese análisis, se consideró “apropiada la implementación de la tarifa propuesta por la empresa concesionaria”.

Posteriormente, la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones confeccionó los nuevos cuadros tarifarios, respetando la escala entre categorías de vehículos prevista en los contratos de concesión vigentes, y promovió la actualización para los Tramos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.

Fundamentos constitucionales, participación y resguardo de los usuarios

La resolución pone el acento en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza los derechos de los usuarios a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno, así como el deber del Estado de controlar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

En ese sentido, la Subgerencia de Atención al Usuario destacó que la implementación de un procedimiento participativo previo al dictado de actos de alcance general “es altamente beneficiosa”, ya que permite una mayor eficacia administrativa y un mayor grado de acierto en decisiones que impactan directamente sobre los usuarios del sistema vial.

La medida también se apoya en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando el fallo CSJN 339:1077, donde el máximo tribunal fijó criterios rectores sobre la razonabilidad de la política tarifaria en servicios públicos esenciales. Según ese precedente, el Estado debe actuar con “especial prudencia y rigor” al fijar tarifas, asegurando certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, y evitando restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios.

Bajo ese marco, Vialidad Nacional resolvió aplicar el mecanismo previsto en el Anexo V del Decreto N.° 1.172/03, que regula la participación ciudadana en la elaboración de normas, designando como autoridades responsables del procedimiento a la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones y a la Subgerencia de Atención al Usuario.

Plazos, acceso a la información y canales habilitados

A partir del día siguiente a la última publicación en el Boletín Oficial, los interesados cuentan con un plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos para acceder a los proyectos de norma y a los cuadros tarifarios propuestos.

La documentación estará disponible en el sitio web oficial de la Dirección Nacional de Vialidad, dentro de la sección “Espacios Participativos”, y también podrá ser consultada a través del sistema Trámite a Distancia (TAD), seleccionando la opción “Presentación ciudadana ante el poder ejecutivo”, en el marco del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Asimismo, se aprobó el “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas” (Anexo II – IF-2026-02978183-APN-RRIICP#DNV), conforme a lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento y el Anexo VI del Decreto N.° 1.172/03. Dicho formulario podrá descargarse, completarse y enviarse en formato PDF a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar dentro del plazo establecido.

Las opiniones y propuestas recibidas serán incorporadas en un Registro que funcionará en la Subgerencia de Atención al Usuario, consolidando así el proceso de consulta pública previo a la definición final del nuevo esquema tarifario.

Impacto institucional y proyección del proceso

La apertura de este procedimiento constituye un paso institucional clave en la redefinición de las tarifas de peaje de los corredores viales concesionados, al articular los derechos de los usuarios, las obligaciones contractuales de la concesionaria y las facultades regulatorias del Estado.

El proceso participativo no implica aún la aprobación definitiva de los nuevos valores, pero habilita el marco formal para que la ciudadanía y los actores interesados expresen sus opiniones antes del dictado del acto administrativo final, que quedará en cabeza de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme al Artículo 20° del Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas.

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Corredores Viales: Economía habilitó la Etapa II del nuevo sistema de concesiones bajo la Ley 17.520

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Economía avanza con la privatización de Corredores Viales y lanza la licitación internacional de la Red Federal de Concesiones – Etapa II

El Ministerio de Economía autorizó el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 504-0013-LPU25 para concesionar los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 1843/2025, constituye un paso central en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., declarado por la Ley 27.742 y habilitado por el Decreto 97/2025.

Un paso clave en la privatización de Corredores Viales S.A.

La Resolución 1843/2025, firmada el 19 de noviembre de 2025, profundiza la reconfiguración del esquema vial nacional al autorizar formalmente la licitación para concesionar bajo el régimen de la Ley 17.520 los tramos definidos en la Etapa II del proyecto “Red Federal de Concesiones”.

El proceso se inscribe en la estructura de privatizaciones previstas por la Ley 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a Corredores Viales S.A., empresa constituida por Decreto 794/2017 y actualmente operadora de corredores nacionales asignados sucesivamente mediante los Decretos 1010/2017, 659/2019, 779/2020 y 1036/2020.

El Decreto 97/2025 habilitó la privatización total de la compañía mediante concesión de obra pública por peaje, a la vez que designó al Ministerio de Economía como autoridad encargada del proceso, con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

En ese marco, la cartera económica dictó la Resolución 1284/2025 que dio inicio al procedimiento privatizador y encargó a la Secretaría de Transporte la propuesta de tramos, el relevamiento del estado de la infraestructura y la elaboración de la documentación licitatoria.

Cómo será la Etapa II: tramos, audiencias públicas y documentación licitatoria

La Etapa II incorpora cuatro tramos estratégicos —Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa— integrados por sectores de las rutas nacionales 3, 205, 226, A-005, así como de las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Jorge Newbery y Riccheri.

Para avanzar con esta etapa, la Dirección Nacional de Vialidad convocó audiencias públicas mediante la Resolución 827/2025, en cumplimiento del Decreto 1172/2003. Las audiencias se realizaron el 11 y 12 de junio de 2025, y sus Informes de Cierre fueron aprobados por la Resolución 1136/2025.

En paralelo, Vialidad presentó la tasación previa exigida por el artículo 19 de la Ley 23.696, paso indispensable para cualquier proceso de privatización.

La resolución firmada por Economía aprueba un extenso cuerpo documental compuesto por:

  • Pliego de Bases y Condiciones Generales (IF-2025-127089568-APN-DNV#MEC)
  • Pliego de Bases y Condiciones Particulares
  • Formularios de Cotización
  • Modelo de Contrato
  • Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
  • Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de cada tramo
  • Reglamento de Explotación
  • Reglamento de Infracciones y Sanciones

Toda la documentación estará disponible en el portal CONTRAT.AR, de acuerdo con el Decreto 416/2025.

Fechas clave del proceso licitatorio y creación de la comisión evaluadora

La Resolución 1843/2025 establece un cronograma preciso para el procedimiento: Consultas a los pliegos: hasta el 21 de enero de 2026 a las 13:00. Presentación de ofertas: hasta el 6 de febrero de 2026 a las 12:00. Apertura de ofertas: 6 de febrero de 2026 a las 13:00, mediante acto público electrónico en CONTRAT.AR

Además, el Ministerio ordena publicar el llamado: 7 días en el Boletín Oficial y la web del Ministerio, 3 días corridos en el sitio internacional DGMARKET del Banco Mundial

Para garantizar la evaluación técnica y económica, se crea una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por:

Titulares: Marcelo Roberto Saenz Urquiza, José Manuel Urdiroz, Luciano Lissi. Suplentes: Martha Karina Dipp, Marcelo Guillermo Bianchi, Micaela Renée Lapuente.

La Secretaría de Transporte queda facultada para emitir circulares aclaratorias durante el proceso.

Impacto institucional: un cambio estructural en la gestión vial nacional

La Etapa II de la Red Federal de Concesiones representa una transformación profunda del esquema de operación y mantenimiento de rutas nacionales. La resolución señala que el objetivo es permitir que el sector privado gestione tramos críticos para: construcción y ampliación de infraestructura, mantenimiento y conservación, prestación de servicios al usuario, y la generación de nuevas explotaciones complementarias.

El Ministerio de Economía subraya que el nuevo sistema apunta a “eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado Nacional”, en línea con las metas generales de reducción del gasto y reordenamiento del sector público.

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