“Don Chatarrín”, bautizó el presidente Javier Milei a Paolo Rocca, el presidente del grupo Techint, en medio de una disputa que estalló por la licitación que ganó un grupo indio para abastecer de caños de acero un gasoducto desde Vaca Muerta. La extraña pulseada con quien fue uno de sus aportantes de campaña fue in crescendo y tiene en vilo a las principales corporaciones del país por el nivel y por las consecuencias que podrían derivar de la eventual caída de uno de los gigantes.
Milei fue a fondo. A través de sus redes sociales, el Presidente decidió no argumentar: eligió subrayar. Citó un posteo de un usuario afín que acusaba sin eufemismos a Paolo Rocca de haber jugado “all-in” para que el gobierno llegara a su fin tras las elecciones de septiembre. El mensaje cerraba con una sentencia lapidaria: “Jubilate, tano. Perdiste”.
Milei no agregó explicación ni matiz. Sumó apenas una palabra. Pero en el lenguaje de las redes y del poder, alcanzó: “Dato”.
La derrota de Techint en la licitación para proveer los caños de un ducto de casi 500 kilómetros no es un dato menor ni un simple revés empresarial. Se trata de un proyecto estratégico, clave para transportar gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro y habilitar su exportación. En otras palabras: infraestructura crítica para uno de los pocos motores genuinos de dólares que tiene hoy la Argentina.
La adjudicación quedó en manos de la firma india Welspun y abrió una grieta incómoda en el corazón del debate económico actual: ¿hasta dónde llega la apertura y dónde empieza el daño estructural?
Desde el Grupo Techint la reacción fue inmediata. No sólo expresaron su malestar, sino que adelantaron que evalúan avanzar con un recurso antidumping. El argumento es conocido, pero no por eso menos relevante: competencia desleal, precios imposibles de igualar y una decisión que, bajo la lógica del menor costo inmediato, termina golpeando de lleno a la producción y al empleo industrial local.
El punto no es defender a una empresa en particular -Techint es un gigante global que sabe competir-, sino preguntarse qué señal se envía cuando un proyecto energético estratégico prescinde de proveedores nacionales con capacidad instalada, experiencia y empleo argentino detrás. No es una discusión ideológica, sino de desarrollo.
La paradoja es evidente. Se impulsa Vaca Muerta como política de Estado, se la presenta como la gran palanca exportadora del futuro, pero al mismo tiempo se importan insumos clave para hacerla posible. El gas será argentino, pero una parte sustancial del valor agregado viajará en barco desde Asia.
El riesgo es claro: que la lógica de la apertura sin red termine desarmando eslabones industriales que luego cuesta décadas reconstruir. Porque cuando una planta baja persianas, no se pierde sólo producción; se pierde conocimiento, empleo calificado y soberanía tecnológica.
La licitación perdida por Techint no es un episodio aislado. Es un síntoma. Y como todo síntoma, merece algo más que silencio o resignación: merece una discusión seria sobre qué modelo productivo quiere la Argentina cuando decide cómo y con quién construye su futuro energético.
La disputa no es menor. Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperín, un entusiasta de las políticas expresadas por Milei, también se queja de la excesiva permisividad de la apertura comercial. El boom de las compras puerta a puerta, acelerado por la liberación de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, empezó a mostrar su costado más áspero. Mercado Libre salió a confrontar de lleno a Temu, a la que denunció ante la Secretaría de Comercio por presunta competencia desleal y publicidad engañosa. La respuesta de la plataforma china, fundada por Colin Huang fue judicial.
La paradoja es llamativa: Mercado Libre cuestiona prácticas comerciales que, según sostiene, violan las normas básicas de lealtad comercial: descuentos extremos condicionados, reglas poco claras y una “gamificación” que promete beneficios que rara vez se materializan sin cumplir requisitos crecientes. La Secretaría de Comercio tomó nota, abrió una investigación formal y dictó una cautelar para frenar esas prácticas.
El telón de fondo es contundente: las compras de argentinos en plataformas asiáticas crecieron casi 300% interanual, empujadas por un esquema de importaciones más laxo. La apertura funciona, pero también tensiona. Y no sólo en términos fiscales o logísticos, sino en la protección al consumidor y en la competencia entre jugadores que operan bajo reglas muy distintas. Y en el empleo. La crisis textil es inédita.
Desde Mercado Libre insisten en que el reclamo no es contra la apertura -que respaldan y de la que participan- sino contra la falta de condiciones equitativas, lo mismo que reclamó un empresario forestal misionero al Gobierno nacional. Una postura que también refleja una preocupación mayor: el impacto de este modelo sobre las pequeñas y medianas empresas locales, que siguen siendo el corazón del comercio digital argentino.
Ambos debates son reflejo del impacto del nuevo modelo en la economía real. Suena lindo, pero tiene consecuencias.
En la otra punta de la Argentina hubo otra expresión de la mirada libertaria sobre las empresas que están atravesando una de las peores crisis económicas de los últimos años y que piden a gritos un poco de respaldo del Estado. Fue en Misiones, donde la concejal libertaria María Elena Fernández se metió en la discusión entre el forestal Nicolás Ocampo y el ex tenista Diego Hartfield por la competitividad del sector, afectada por la caída de las ventas, suba de costos y apertura de importaciones. “Este sector por 40 años fueron subsidiados y beneficiados con créditos fiscales por ley 25.080 y lloran. No fue suficiente regalarle 40 años para que sean rentables”, escribió la concejal posadeña. En otro comentario, profundizó el tono: “500 pymes dudo. Mano de obra esclava sí creo”. Y cerró con una acusación aún más agresiva: “Unos pocos vivos se enriquecieron y quieren seguir con su fiesta”.
Lejos de bajar el tono, la edil acusó de la crisis a Misiones por el cobro de Ingresos Brutos -una muletilla que es repetida en el coro libertario- y comparó la situación de las empresas misioneras con las de Corrientes, donde “se establecen empresas y no sufren los impuestos al IVA y a Ganancias que padecen los misioneros”. Desconoce que ambos impuestos son nacionales. Pero parece no importar el dato, sino el relato. El ex tenista Diego Hartfield se quejó de los gobernadores que reclaman compensaciones por la (mayor) caída de ingresos que generará la aprobación de la reforma laboral. “Esto es un cambio de era para nuestro país y hay que mirar en el largo plazo. Acá se está pensando en bajar impuestos para que haya una reactivación económica fuerte que después, probablemente, termine en una mejor y mayor recaudación. Probablemente.
“Para hacer ese paso hay que pasar por un momento duro, de reducir la carga del Estado, achicar los gastos, eficientizar las cuentas”, reflexiona el ex tenista mientras transpira en una cinta.
La realidad marca que en Corrientes, “donde no sufren los impuestos al IVA y a Ganancias”, acaba de cerrar la histórica industria textil Alal , en Goya y dejó a 260 personas sin empleo. “Es difícil sostener una empresa cuando no hay ventas. En la caída del consumo que está atravesando en este momento Argentina se hace muy difícil seguir sosteniendo la empresa”, admitió el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. Corrientes no grava con Ingresos Brutos a la industria, pero ese dato, que podría robustecer el relato antiestado, en realidad, lo desmitifica: en la tierra del chamamé hay apenas 555 industrias activas, mientras que en Misiones hay 963. En el último año ambas provincias sufrieron una idéntica caída porcentual de industrias: 8,2 por ciento.
“Hay preocupación industrial porque empieza a colapsar el sector. Competir con la importación con las empresas extranjeras es muy difícil. Es más costoso comprar un producto hecho en Argentina que hecho en otros países”, advirtió Valdés.
Según explicó, la falta de ventas atraviesa a distintas actividades. “Todos están preocupados porque no hay ventas, la industria yerbatera también, la forestal lo mismo”, enumeró, al anunciar que ya se solicitó una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, prevista para entre el 9 y el 13 de febrero. Allí, adelantó, se expondrá la situación de las industrias correntinas y el impacto que el actual contexto económico tiene sobre la producción local. “No hay margen para aumentos salariales”, admitió el heredero del poder correntino y reconoció que sin una ayuda nacional, no podrá hacer frente a los compromisos. En paralelo, los 74 municipios correntinos atraviesan una crisis financiera y administrativa de enorme magnitud. Cesación de pagos, balances irregulares, falta de transparencia y declaraciones de emergencia económica se multiplican, mientras el discurso oficial insiste en el equilibrio fiscal.
De este lado del Chimiray, Misiones no escapa a la crisis -Dass volvió a despedir a 43 operarios, hay empresas en crisis y caída de empleo-, pero la enfrenta mejor armada, precisamente por su política fiscal, que le permite al Estado blandir un abanico de herramientas para acompañar a empresas, sostener a municipios y estimular el consumo. Pero no es un dogma. La política fiscal es una herramienta que se vuelve flexible cuando importa. En lo que va del año el gobernador Hugo Passalacqua anunció varias medidas de alivio que buscan proteger la economía, sin poner en riesgo el equilibrio financiero que tanto gustan exigir en la oposición.
La baja del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los combustibles, la extensión de beneficios fiscales para profesionales e industrias, la prórroga de vencimientos y los descuentos en el Impuesto Inmobiliario configuran un paquete que apunta a sostener actividad y previsibilidad, dos palabras hoy escasas en la economía argentina.
Las nuevas alícuotas del Impuesto Provincial Automotor 2026 van en esa línea: aumentos muy por debajo de la inflación. Según el análisis de las valuaciones interanuales 2025–2026, el incremento promedio general del tributo se ubica en el 13,93% y alcanza a 171.909 dominios en toda la provincia. El dato, leído en frío, podría pasar desapercibido; leído en contexto, marca una diferencia frente a otros tributos que crecieron muy por encima de la inflación real de los bolsillos.
Más aún: más del 71% de los vehículos registra aumentos interanuales de hasta apenas el 10%, mientras que 8.060 dominios presentan variaciones nulas o incluso negativas. No es casual. La intención política es explícita: evitar saltos abruptos en la carga tributaria y sostener previsibilidad para la mayoría de los contribuyentes.
A eso se suma una decisión de fondo que trasciende el corto plazo. La nueva exención total por antigüedad, que beneficia a más del 30% del parque automotor misionero, introduce un alivio fiscal estructural. Automóviles particulares con más de 20 años, camiones, camionetas y furgones con 25 años o más -reconociendo su rol productivo- y motocicletas con más de 15 años quedan directamente exentos.
No se trata solo de un gesto social. Es una definición de política tributaria: dejar de gravar activos de bajo valor fiscal pero alto valor social y productivo. En especial, para trabajadores, familias y pequeños productores que utilizan esos vehículos como herramienta cotidiana.
El paquete fiscal misionero no resuelve los problemas macroeconómicos del país -ninguna provincia puede hacerlo-, pero sí construye un sendero propio: menos shock, más previsibilidad y un Estado que ajusta sin desentenderse del impacto real sobre la economía cotidiana. En tiempos de motosierra discursiva, ese matiz también cuenta.
En contraste, el Gobierno nacional que hace una bandera -discursiva- de la baja de impuestos, lejos está de dar previsibilidad y de pensar en el bolsillo de los que hacen malabares para llegar a fin de mes.
Hace unos días se conoció el nuevo esquema de subsidios energéticos que eliminó las categorías. Tener o no tener subsidio es la cuestión. En el norte, los gobernadores pelearon para que se contemple el calor del verano y por eso se elevó el tope de consumo subsidiado a 550 kv/h mensuales. El beneficio durará hasta febrero y en marzo bajará a apenas 150 kv/h, cuando el verano ni siquiera amaga con irse de Misiones. De hecho, en marzo suele darse el pico de consumo misionero y todo lo que supere ese 150 pagará tarifa plena. A pesar de las advertencias de la Provincia, el nuevo esquema no admite contemplaciones. El Gobierno de Milei quería hacerlo retroactivo al 16 de enero. Habrá que prepararse para un cimbronazo en las boletas.
