El intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás, pidió este viernes la renuncia de todos los funcionarios que integran la primera línea del Ejecutivo municipal, en una decisión que abrió un escenario de incertidumbre política dentro de la Municipalidad y puso bajo revisión el funcionamiento del gabinete.
La solicitud fue formalizada mediante una nota enviada a los titulares de las ocho secretarías ejecutivas y de la Asesoría Legal. El documento establece que las renuncias serán puestas a consideración exclusiva del jefe comunal, quien comunicará posteriormente si las acepta o las rechaza y, en ese último caso, dispone la continuidad de los funcionarios en sus cargos.
La medida no implica, al menos por ahora, la salida automática de los integrantes del gabinete. En diálogo con El Litoral, Nicolás explicó que el pedido constituye una herramienta de conducción destinada a evaluar el funcionamiento del equipo y ordenar eventualmente la estructura de gobierno.
“El pedido de renuncia a los secretarios debe entenderse exclusivamente como una herramienta de gestión”, sostuvo el intendente en dialogo con el medio correntino El Litoral. En esa línea, aclaró que la decisión “no implica necesariamente una decisión de apartar a nadie”, sino que habilita un mecanismo para que quienes no estén de acuerdo con el rumbo de la administración puedan dejar sus funciones de manera ordenada.
El jefe comunal también dejó abierta la posibilidad de modificaciones. Según explicó, la intención inicial es dar continuidad a la mayoría de los funcionarios, aunque no descartó recambios dentro de la estructura municipal. La evaluación, por lo tanto, no se limitaría a una cuestión formal: también puede derivar en una reorganización de áreas y responsabilidades.
La nota remitida a los funcionarios contiene, además, una definición política más contundente. “El que no está conforme con el transitar y logros de esta gestión tiene la libertad absoluta de irse de la Municipalidad sin más dilaciones”, señala el documento firmado por Nicolás.
El planteo coloca el desempeño de cada área en el centro de la discusión y funciona como una señal hacia el interior del Ejecutivo. El intendente busca preservar la unidad de su equipo y, al mismo tiempo, establecer una instancia de evaluación sobre el rumbo de la gestión municipal.
“Se trata de una facultad propia de la conducción, orientada a preservar la unidad, el funcionamiento y la responsabilidad institucional del equipo de gobierno”, explicó Nicolás al fundamentar la decisión.
El movimiento también tiene un antecedente reciente en la política municipal de Ituzaingó. En noviembre de 2023, el entonces intendente Juan Pablo Valdés había solicitado la renuncia de aproximadamente la mitad de sus funcionarios, en el marco de una reconfiguración de su gabinete orientada a revisar estrategias y establecer un nuevo rumbo para la administración.
La diferencia en esta oportunidad está dada por el alcance de la medida: Nicolás puso a disposición los cargos de la totalidad de la primera línea del Ejecutivo, lo que abre la posibilidad de una revisión integral del equipo, aun cuando el propio intendente anticipó que no necesariamente todos los funcionarios serán reemplazados.
La decisión se produce además en un contexto en el que la gestión municipal deberá definir si la herramienta queda circunscripta a una evaluación interna o si se traduce en cambios concretos de estructura, prioridades y conducción. Las próximas horas serán determinantes para conocer qué renuncias son aceptadas y qué funcionarios continuarán al frente de las distintas áreas.
Más allá de los nombres que eventualmente puedan cambiar, el movimiento plantea una cuestión central de gestión: la capacidad de un gobierno municipal para revisar su funcionamiento, corregir desvíos y reorganizar recursos sin interrumpir la prestación de servicios. En ese sentido, la evaluación del gabinete puede convertirse en una herramienta para ajustar la administración a las demandas de la ciudad, siempre que derive en decisiones concretas y verificables.
Por ahora, el intendente conserva la decisión sobre cada uno de los cargos. La presentación de las renuncias no implica por sí misma una crisis institucional, pero sí inaugura una etapa de revisión política y administrativa en la Municipalidad de Ituzaingó.
El proyecto de ArPulp para construir una planta de celulosa en Ituzaingó comienza a ingresar en una etapa decisiva. Después de aproximadamente dos años de trabajos técnicos, durante 2026 la compañía espera completar uno de los pasos centrales para una inversión estimada en US$ 2.000 millones solamente dentro del complejo industrial: la aprobación del estudio de impacto ambiental.
El ejecutivo tucumano Fernando Correa, con una larga experiencia profesional dentro del sector forestal, presentó los avances del proyecto durante el encuentro por los 80 años de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), realizado en Posadas. En diálogo con Economis, aseguró que la iniciativa mantiene por ahora el cronograma trazado originalmente y ratificó el objetivo de tener la planta funcionando en 2030.
“El proyecto está bastante en línea con el cronograma original. Siempre dijimos que el hito principal para este año es el estudio de impacto ambiental”, explicó Correa.
El documento se encuentra en su fase final y la expectativa de la empresa es presentar la documentación ante la autoridad ambiental de Corrientes durante las próximas semanas. Si el proceso administrativo avanza según lo previsto, la aprobación podría llegar hacia finales de 2026 o comienzos de 2027.
Pero mientras se desarrolla el trámite ambiental, ArPulp trabaja simultáneamente sobre otros componentes necesarios para una inversión de esta escala: capacitación de recursos humanos, logística, certificaciones, suministro forestal, ingeniería y estructuración financiera.
Una fábrica pensada para 2030
El calendario industrial permite dimensionar la complejidad del emprendimiento. Durante 2027 debería avanzar la ingeniería básica, una instancia que demandará entre diez y doce meses. Paralelamente comenzarán los pedidos de grandes equipos industriales, cuya fabricación puede insumir alrededor de un año y medio debido a que se producen específicamente para cada planta.
Después llegará la construcción.
“Los períodos de construcción son 48 meses. Un mes más, un mes menos”, sintetizó Correa a Economis.
La meta continúa siendo 2030. El proyecto contempla una inversión cercana a US$ 2.000 millones dentro de la fábrica, aunque la cifra final podría incrementarse por infraestructura complementaria. Entre las alternativas estudiadas aparecen inversiones logísticas y eventualmente instalaciones portuarias vinculadas con la salida de la producción hacia los mercados internacionales.
ArPulp apunta además a un segmento particular del negocio mundial de la celulosa: la celulosa fluff, utilizada principalmente por las industrias sanitaria y de higiene.
“Es un producto muy de nicho, muy específico”, explicó Correa. A diferencia de otras variedades de celulosa con características más cercanas a un commodity, la fluff abastece mercados que requieren especificaciones técnicas particulares.
Por eso, además del financiamiento, ArPulp trabaja en la incorporación de un socio estratégico internacional.
“El escenario ideal sería tener una empresa global que sepa producir celulosa, pero sobre todo por la parte de comercialización”, señaló.
La iniciativa está promovida por un grupo inversor argentino y ya existen conversaciones con bancos y organismos multilaterales para conseguir financiamiento.
Correa aclaró que la estructuración financiera está a cargo de especialistas y señaló a Grupo Pegasus, de Buenos Aires, como asesor financiero y socio del proyecto.
La magnitud del desembolso convierte al financiamiento en uno de los capítulos centrales de la inversión, pero también coloca en primer plano otra condición que ArPulp considera indispensable: la estabilidad jurídica.
Allí aparece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). ArPulp todavía no presentó formalmente su adhesión. La compañía proyecta hacerlo entre enero y febrero, fundamentalmente para compatibilizar el momento de inscripción con el calendario efectivo de desembolsos.
La normativa establece compromisos de inversión durante los primeros 24 meses posteriores al ingreso al régimen y, según explicó Correa, una inscripción demasiado anticipada no coincidiría con la curva normal de desembolsos de una planta de estas características.
Para el ejecutivo, la principal ventaja no está únicamente asociada a los incentivos fiscales.
“Lo importante que te da el RIGI es la protección a la inversión. Tenés un compromiso de que no se van a cambiar las reglas de juego por los próximos treinta años”, sostuvo.
Correa vinculó esa previsibilidad con uno de los principales obstáculos históricos para las grandes inversiones industriales en la Argentina: el riesgo asociado a modificaciones regulatorias, tributarias o cambiarias durante la vida útil de proyectos que necesitan décadas para recuperar el capital invertido.
En ese sentido, ubicó al proyecto forestal dentro de la nueva generación de inversiones intensivas en capital que aparecen junto con petróleo, gas y minería.
Cinco millones de metros cúbicos de madera por año
La escala industrial de ArPulp también promete modificar profundamente el mercado forestal del Nordeste.
La futura planta necesitaría aproximadamente cinco millones de metros cúbicos de madera por año. Una demanda permanente de semejante volumen tendría consecuencias sobre plantaciones, cosecha, transporte, servicios forestales, logística y planificación de nuevas superficies.
La compañía prevé desarrollar plantaciones propias para cubrir aproximadamente 30% de sus necesidades, lo que representaría entre 40.000 y 50.000 hectáreas netas.
El resto deberá provenir del mercado. “Vamos a ser compradores netos”, confirmó Correa. Y allí Misiones aparece directamente involucrada.
Aunque la planta estará instalada en Ituzaingó, su estrategia de abastecimiento contempla un radio económico de suministro alrededor del complejo industrial. La cercanía del sur misionero lo incorpora naturalmente a ese mapa.
“Misiones está muy cerquita también”, señaló.
Correa sostuvo que el complejo pretende integrarse como “un eslabón que falta” dentro de una cadena forestal que ya cuenta con plantaciones e industrias, pero todavía dispone de grandes volúmenes de biomasa con escaso valor comercial.
El residuo forestal pasa a tener valor
Este punto es central para comprender el impacto que ArPulp proyecta sobre los aserraderos de Misiones y Corrientes.
Según Correa, alrededor del 30% de la madera producida por hectárea actualmente termina como residuo, ya sea dentro del monte durante las operaciones forestales o posteriormente en los aserraderos.
Una planta de celulosa de gran escala puede convertir una parte de ese material en materia prima industrial.
“No es parte de la competencia, es un complemento”, planteó el ejecutivo durante su exposición, al explicar que una demanda estable permitiría valorizar fracciones del recurso que actualmente tienen poco o ningún aprovechamiento económico y, al mismo tiempo, mejorar la planificación de futuras plantaciones.
La lectura de ArPulp es que una fábrica que consume cinco millones de metros cúbicos anuales no solamente modifica el precio o la demanda de madera: obliga a elevar la productividad del sistema completo.
La presentación de Correa puso precisamente el foco en ese concepto. Para competir internacionalmente ya no alcanza con disponer de árboles y buenas tasas de crecimiento. Se necesita un ecosistema industrial competitivo, con proveedores, servicios, transporte, transformación, logística de exportación y un marco jurídico capaz de sostener inversiones de largo plazo.
Hasta 13.000 puestos de trabajo
El segundo gran impacto será laboral. Dentro de la planta trabajarían alrededor de 1.000 personas, distribuidas entre los diferentes turnos y operaciones industriales.
La cadena de suministro sumaría entre 2.000 y 2.500 trabajadores, incluyendo silvicultura, cosecha, transporte y logística.
La mayor concentración temporal de empleo se producirá durante la construcción, cuando ArPulp estima que podrían generarse aproximadamente 6.000 puestos de trabajo.
A eso se agregarían unos 4.000 empleos inducidos, derivados del movimiento económico generado por el complejo sobre comercio, servicios y otras actividades regionales.
La estimación global alcanza así aproximadamente 13.000 puestos de trabajo entre las diferentes categorías.
Pero Correa plantea que el efecto excederá la contratación directa. Durante su presentación explicó que una industria de semejante escala crea una demanda permanente de proveedores de servicios, insumos químicos, logística y mano de obra especializada, elevando el nivel tecnológico y generando actividades industriales alrededor de la propia fábrica.
Aunque la inversión está localizada en Corrientes, la dimensión del proyecto obliga a observarlo desde una perspectiva regional.
El sur de Misiones está dentro de la zona forestal de influencia de Ituzaingó y posee plantaciones, aserraderos, servicios y disponibilidad de biomasa que podrían integrarse a la cadena de suministro.
Correa considera que la llegada de una demanda estable de cinco millones de metros cúbicos anuales podría provocar un “cambio estructural” en el sector forestal primario de la región.
También abrió una puerta interesante durante la conversación con Economis: ante la pregunta sobre si Misiones podría albergar en el futuro una inversión industrial de características semejantes, su respuesta fue afirmativa.
“¿Por qué no? Misiones tiene mucha madera y también tiene madera disponible”, respondió.
La definición sintetiza una discusión que atraviesa desde hace años al complejo forestoindustrial del Nordeste. Misiones y Corrientes poseen una de las mayores concentraciones de bosques implantados del país, pero buena parte del desafío continúa siendo transformar esa ventaja forestal en inversiones industriales capaces de agregar valor, absorber residuos y colocar productos sofisticados en los mercados internacionales.
La apuesta de ArPulp aparece además en medio de una transformación profunda del mercado mundial.
En su exposición, Correa describió cambios estructurales ocurridos desde la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania sobre la industria europea, el crecimiento de la capacidad productiva china y la sustitución progresiva de determinados plásticos por productos derivados del papel.
Su diagnóstico es que América Latina y particularmente el Mercosur tienen condiciones para capturar una parte de las nuevas inversiones mundiales en celulosa, siempre que logren combinar disponibilidad de fibra con competitividad logística, infraestructura, servicios y estabilidad institucional.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, puso el foco en las asimetrías estructurales que condicionan el crecimiento del Norte Grande y reclamó que las inversiones nacionales en energía, gas, rutas e infraestructura logística permitan equiparar las oportunidades productivas con las regiones Centro y Sur del país.
“Todos estamos de acuerdo con Vaca Muerta, con las inversiones que realiza la Nación, pero el Norte tiene que tener las mismas oportunidades de desarrollo que la zona centro y la zona sur del país”, planteó Valdés al hacer un balance de la reunión de gobernadores.
El mandatario correntino remarcó que la discusión sobre la expansión de la red de gas no está centrada únicamente en el consumo residencial. Para las provincias del Norte, explicó, se trata fundamentalmente de una cuestión de competitividad.
“Nosotros, más que gas para la zona domiciliaria, lo que buscamos es gas para desarrollar nuestras industrias y para que las oportunidades también estén en el Norte del país y no solamente en la zona centro y sur”, sostuvo.
Gas para producir: el costo de una infraestructura que no llega
Valdés señaló que la falta de gas natural atraviesa buena parte de las economías regionales y afecta directamente la capacidad de competir de las industrias de Corrientes, Misiones y Chaco.
En ese punto, recordó una definición planteada durante el encuentro por el gobernador misionero Hugo Passalacqua: “Hugo le decía muy claramente: acá en Misiones no tenemos problema de gas porque, claramente, no tenemos gas”.
La misma dificultad, explicó, alcanza a Corrientes y amplias zonas chaqueñas, donde numerosas industrias todavía dependen de biomasa, madera o leña para generar energía térmica.
“Mucha parte de la industria se mueve a través de la quema de diferentes tipos de maderas o leñas y eso nos hace perder mercado”, advirtió.
El gobernador utilizó como ejemplo la producción arrocera correntina. La provincia lidera la producción nacional, pero la matriz energética utilizada en determinados procesos industriales termina convirtiéndose en una barrera para acceder a mercados más exigentes.
“Nosotros en Corrientes, que somos los principales productores de arroz de la Argentina, podríamos abarcar muchos más mercados, pero muchas veces, como los secaderos son a leña, el ahumado que produce la contaminación nos deja fuera de muchos mercados”, explicó.
Según Valdés, una situación similar atraviesa la cadena yerbatera. Por eso, sostuvo que las reuniones del Norte Grande permiten exhibir que detrás de los problemas particulares de cada economía regional existe un denominador común.
“Lo que hacen estas reuniones en el Norte Grande es desnudar la cantidad de problemas que tienen las diferentes provincias”, afirmó.
Y enumeró: “Falta de infraestructura de gas, falta de infraestructura energética, falta de infraestructura de rutas”.
Hidrovía: Corrientes pide entre 12 y 14 pies de calado
La logística fluvial también formó parte de la agenda. Corrientes pretende avanzar, junto con Chaco, en mejores condiciones de navegabilidad sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay para reducir costos y potenciar los puertos de la región.
“Lo que estamos buscando es tener planteos para que se extiendan las profundidades de los calados del troncal de la Hidrovía”, indicó Valdés.
El objetivo inmediato no pasa por alcanzar los 34 pies disponibles en otros tramos del sistema, sino por conseguir una profundidad suficiente para ampliar las posibilidades de transporte desde el Norte.
“No el máximo calado, porque estamos lejos de los 34 pies, pero sí por lo menos alcanzar los 12 a 14 pies, que nos permitiría tener otro tipo de navegación, otro tipo de competencia logística”, precisó.
Para el gobernador, la discusión vuelve al mismo punto: reducir las diferencias estructurales entre regiones. “Cuando la Nación hace inversiones en determinadas zonas, que la igualdad llegue también a las provincias del Norte”, reclamó.
El Niño, la sequía y el temor a una nueva temporada de incendios
La cuestión climática fue, según reveló Valdés, el primer tema abordado por los gobernadores.
El mandatario explicó que algunas zonas continuarán expuestas a los efectos asociados al fenómeno de El Niño, mientras otras podrían atravesar períodos de sequía. Pero la preocupación de Corrientes está puesta especialmente en lo que puede venir después.
“Siempre después de un Niño viene una Niña y eso significa muchas posibilidades de incendios”, señaló.
La advertencia tiene un peso particular para una provincia que atravesó temporadas de incendios de enorme impacto productivo y ambiental.
“Para nosotros los incendios tienen un muy mal recuerdo, entonces hay que estar previstos y atentos a todo lo que podamos hacer”, sostuvo.
Un reclamo para convertir en ley
Valdés también destacó los avances vinculados con el reconocimiento de las zonas cálidas y muy cálidas, como contrapartida del régimen de Zona Fría, pero advirtió que los gobernadores pretenden darle estabilidad jurídica al esquema.
La intención es que el beneficio no dependa exclusivamente de decisiones administrativas o reglamentarias que puedan modificarse con cada gobierno.
“Lo que vamos a buscar en este tiempo, y se lo planteamos a nuestro presidente pro tempore, Raúl Jalil, es trabajar en una ley que lo deje explícito, por asentado, y que no siempre quedemos a la buena de que hoy te reconozco, mañana no te reconozco”, señaló.
“El balance siempre es positivo”
Más allá de los reclamos, Valdés valoró la presencia del jefe de Gabinete nacional en la reunión y consideró que el diálogo directo permite trasladar a la Nación una fotografía más precisa de las restricciones que enfrenta la región.
“Celebramos hoy la presencia del jefe de Gabinete en esta reunión que impulsamos nosotros, los gobernadores del Norte Grande, porque nos permite darle un conocimiento mucho mejor a la Nación de cuál es la problemática”, expresó.
Para Valdés, la fortaleza política del bloque regional radica precisamente en construir posiciones compartidas alrededor de demandas concretas.
“El balance siempre es positivo, siempre que nosotros nos podamos juntar los gobernadores y entender que tenemos que ir con planteos concretos”, concluyó.
La síntesis que dejó el gobernador correntino atraviesa prácticamente toda la agenda del Norte Grande: Vaca Muerta puede transformar la matriz energética argentina, pero para que esa transformación también modifique la estructura productiva del Norte, el gas, la energía, las rutas y la logística tienen que cruzar las fronteras de las regiones que históricamente concentraron la infraestructura del país.
Genética forestal, manejo silvícola, proyectos de carbono, generación de energía renovable y procesamiento industrial serán algunos de los ejes que los participantes podrán conocer de manera inmersiva durante la segunda jornada del Seminario 80° Aniversario de AFoA. A través de recorridas técnicas por empresas y plantaciones de Misiones y Corrientes, el encuentro permitirá observar de primera mano cómo las grandes tendencias que marcarán el futuro del sector ya se están desarrollando en el territorio.
Después de una intensa jornada de análisis y debate sobre inversiones, competitividad, comercio internacional, infraestructura y mercados de carbono, el Seminario 80° Aniversario de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) trasladará la conversación al lugar donde todo ocurre: el territorio. El sábado 22 de agosto, los participantes recorrerán algunos de los proyectos forestales e industriales más representativos del país, combinando la reflexión estratégica con una experiencia técnica en campo. El evento está planteado como dos jornadas complementarias: una dedicada al análisis de los desafíos del sector y otra enfocada en conocer experiencias concretas de desarrollo productivo.
“La mejor manera de comprender hacia dónde va la actividad forestal es ver cómo esas transformaciones ya están ocurriendo. Queremos que quienes participen puedan conocer proyectos reales, conversar con sus protagonistas y recorrer empresas y establecimientos que hoy representan algunos de los desarrollos más importantes del sector en Argentina”, destacan desde AFoA.
Del mejoramiento genético al procesamiento industrial
Uno de los recorridos estará centrado en el manejo de Pinus sp., permitiendo conocer el trabajo que se realiza en materia de genética forestal, programas de mejoramiento, producción de semillas, plantaciones clonales, manejo silvícola y aprovechamiento forestal. Esto será en el campo Timbauva, de Bosques del Plata SA, en San Alonso, Virasoro.
La jornada continuará en una de las principales plantas industriales de la región – Acon Timber SAU, en la misma localidad – donde los asistentes podrán recorrer el proceso de transformación de la madera y conocer en detalle el funcionamiento de una industria que agrega valor a la producción forestal.
Del bosque a los proyectos de carbono y la energía renovable
El segundo recorrido estará orientado al manejo de Eucalyptus sp. y permitirá observar prácticas de implantación, mejoramiento genético y manejo productivo, además de conocer proyectos vinculados a los mercados de carbono y soluciones basadas en la naturaleza que estará en manos de GMF. La cita es en el campo El Porvenir, del Grupo Pomera, en Posadas.
La experiencia finalizará con la visita a las instalaciones de la empresa FRESA y CTSA, en San Alonso, Virasoro. Una planta de generación de energía a partir de biomasa forestal, donde los participantes podrán conocer cómo el aprovechamiento integral de los recursos forestales contribuye a la producción de energía renovable y a una bioeconomía de menor huella ambiental.
Mucho más que una visita técnica
Para AFoA, el objetivo de esta segunda jornada es que los participantes no solo escuchen a especialistas y referentes durante el seminario, sino que también puedan recorrer proyectos concretos donde las ideas debatidas cobran vida. La propuesta busca generar una experiencia inmersiva que conecte el análisis estratégico con la realidad productiva, permitiendo observar en campo los desafíos, las innovaciones y las oportunidades que hoy impulsan el desarrollo del sector forestal argentino. En ese sentido, las visitas técnicas complementan la agenda del seminario y ofrecen una mirada integral sobre una actividad que combina producción, innovación, sostenibilidad, agregado de valor y generación de empleo
Corrientes busca dar otro salto en la industrialización de su patrimonio forestal. Mientras se proyecta una planta de celulosa fluff por US$2.000 millones en Ituzaingó, Central Puerto analiza desembarcar en el Parque Foresto-Industrial de Santa Rosa con un aserradero de gran escala que demandaría una inversión superior a US$40 millones.
El proyecto todavía atraviesa una etapa de evaluación y negociación con el Gobierno correntino, pero ya registra avances concretos. Directivos y técnicos de la compañía recorrieron el parque industrial y comenzaron a evaluar las condiciones operativas para una eventual radicación.
De concretarse, la planta tendría una capacidad cercana a las 450.000 toneladas anuales y estaría orientada principalmente a producir madera sólida para los mercados externos.
La iniciativa incorpora además un componente energético: los residuos generados durante el procesamiento industrial de la madera serían utilizados para producir energía mediante biomasa, agregando eficiencia al aprovechamiento de la materia prima forestal.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó las negociaciones y anticipó que, si las gestiones avanzan según lo previsto, las obras podrían comenzar durante este año.
El eventual desembarco no supone para Central Puerto ingresar a un negocio desconocido. La compañía ya construyó una posición relevante dentro del sector forestal argentino y cuenta con una importante disponibilidad propia de materia prima.
La empresa posee más de 160.000 hectáreas entre Corrientes y Entre Ríos, incorporadas a partir de distintas adquisiciones de activos forestales. Aproximadamente el 93% de esas plantaciones está localizado en Corrientes.
Ese patrimonio constituye una ventaja estratégica para el proyecto: permitiría integrar la disponibilidad del recurso forestal con su transformación industrial y reducir la dependencia de terceros para abastecer una planta diseñada para operar a gran escala.
Para Corrientes, el proyecto representa además otro paso en una estrategia que busca dejar atrás un perfil concentrado en la producción primaria de madera y capturar dentro de la provincia una porción mayor del valor agregado de la cadena.
La cuestión no es menor para el mapa forestal del NEA. Corrientes y Misiones concentran buena parte de la superficie de bosques implantados del país, pero la nueva ola de grandes inversiones industriales comienza a mostrar una dinámica particularmente intensa del lado correntino.
Santa Rosa gana escala industrial
El lugar elegido es el Parque Foresto-Industrial de Santa Rosa, donde ya funcionan empresas vinculadas al procesamiento de madera. Representantes de Central Puerto visitaron las instalaciones y mantuvieron encuentros con compañías radicadas en el complejo para analizar las condiciones necesarias para avanzar con la inversión.
El proyecto podría convertir al establecimiento en uno de los aserraderos de mayor capacidad del país.
La escala prevista -unas 450.000 toneladas por año– revela además que no se trata simplemente de sumar capacidad de aserrado, sino de estructurar una plataforma industrial con orientación exportadora y aprovechamiento energético de los subproductos.
Esa combinación responde a una tendencia cada vez más marcada dentro de la industria forestal mundial: maximizar el uso de cada tonelada de madera que ingresa a planta, destinando las piezas de mayor calidad a productos sólidos y convirtiendo residuos, corteza y otros subproductos en insumos energéticos.
El Gobierno correntino busca acompañar esta estrategia mediante incentivos fiscales y garantías de estabilidad jurídica para proyectos de largo plazo.
Pero aparece un obstáculo: por su escala, una inversión de US$40 millones queda muy lejos del piso general establecido para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Valdés planteó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, la necesidad de revisar el piso mínimo de US$200 millones para permitir que inversiones industriales vinculadas con economías regionales puedan acceder a un régimen de beneficios similar.
El planteo apunta directamente a una característica del sector forestal: salvo los grandes proyectos de celulosa, muchas inversiones capaces de modificar sustancialmente la capacidad productiva de una región requieren decenas de millones de dólares, pero no necesariamente alcanzan los umbrales previstos para los megaproyectos incluidos en el RIGI.
Una eventual adecuación podría convertirse, por lo tanto, en una herramienta para acelerar inversiones en aserraderos, plantas de tableros, generación con biomasa y otras industrias asociadas a la madera.