CORRUPCIÓN

Un corte a la insensatez

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Un acto de humillación”. “De vejación”. Cuentan que el Gobernador se enfureció cuando conoció los detalles del maltrato a cientos de misioneros durante las “auditorías” de Nación para determinar la validez de las pensiones por discapacidad. Cientos de personas en largas filas bajo el sol, sin ninguna contención, esperando ser atendidos por un grupo de jóvenes sin identificación, sin médicos y apurados por militantes libertarios enardecidos ante los reclamos. 

Las “auditorías” estuvieron repletas de irregularidades. La falta de profesionales es apenas una. El cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino, Buenos Aires, denunció que le falsificaron la firma para las “constancias” entregadas, que no eran otra cosa que un papel sin sello ni membrete de la Agencia Nacional de Discapacidad. 

El médico también negó un vínculo con los libertarios: “Me enteré que en Misiones incluso me quisieron vincular con La Libertad Avanza, pero yo no tengo ninguna relación con esa fuerza política”, relató el profesional al diario Clarín. “En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así“, afirmó. 

No exagera. Salvo en los años más oscuros de la historia, nunca hubo semejante nivel de atropello a ciudadanos por parte del poder central, acostumbrado a creer que puede mirar con menosprecio a quienes viven más allá de los límites geográficos de la capital.

Por ese cúmulo de vejámenes, Hugo Passalacqua ordenó a la Fiscalía de Estado presentar un amparo ante la Corte Suprema. “Es extremadamente importante. No es una denuncia mediática ni política. Es seria, tuvimos que recabar documentación, testimonios, etc para acreditar en una Corte nada menos. Algo serio, como amerita la barbaridad que hizo la Nación”, detalló Passalacqua. El mandatario misionero, conmovido, puso énfasis en que más allá del rumbo político, la gobernanza debe tener carácter humano. “Si se pierde eso se pierde todo”.

La demanda de Misiones ante la Corte exige el inmediato restablecimiento del pago de las pensiones no contributivas por invalidez, el pago retroactivo a quienes perdieron el beneficio en los últimos meses, la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en la provincia, medidas para garantizar la continuidad de las prestaciones, transparencia del proceso y respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. 

Aunque parezca el menor de los males, la falta de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad es quizás lo más grave de la situación. El desprecio por el otro. El desdén. La falta de empatía. La indolencia. Los operativos en Misiones fueron coordinados por Samantha Stekler. La delegada del PAMI y diputada electa fue la encargada de alquilar los hoteles y elegir los lugares donde se hicieron las “auditorías” que terminaron en escándalo. 

Sea del signo político que sea, el Gobierno debe estar para proteger a sus ciudadanos, no para darles la espalda ni para ahondar su vulnerabilidad. No hay Excel ni motosierra que justifique la degradación. Por eso no sorprendió que incluso los aliados votaran a favor de la ratificación de la ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el Presidente. Milei se quedó en soledad en su negativa. Apenas lo acompañaron seis senadores de la LLA y una del PRO. Los senadores de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en línea con el posicionamiento de Passalacqua. Martín Goerling Lara, que en la primera votación estuvo ausente, ahora votó a favor en contra del veto. 

No se trata de evadir controles ni auditorías, sino de respetar al otro. Sin embargo, el Gobierno parece disfrutar de llevar al extremo el avasallamiento. La irregularidad de la auditoría en Misiones no es una excepción. En otras provincias ocurrió lo mismo. Salta también reclamó ante la Corte Suprema. 

No son excepciones: el propio Presidente Javier Milei, su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, sostuvieron durante meses que una auditoría había demostrado que la mitad de los comedores del país no existían. Esa supuesta evidencia sirvió para justificar la suspensión del envío de alimentos, mientras millones de kilos de mercadería se acumulaban en depósitos oficiales.

Sin embargo, tras un largo reclamo de la diputada nacional Natalia Zaracho y un fallo judicial favorable, el ministerio de Capital Humano reconoció oficialmente que esa auditoría nunca existió. En su lugar, sólo se realizaron verificaciones parciales y administrativas, que abarcaron apenas al 6% de los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios y sin trabajo de campo real. Es decir, no hubo auditoría en términos legales ni metodológicos.

El episodio revela una estrategia discursiva basada en un relato fabricado y amplificado por parte del aparato mediático: instalar una cifra impactante (“el 50% no existe”) para legitimar un ajuste sobre las políticas alimentarias, aunque careciera de sustento. 

Más allá de la cuestión técnica, el trasfondo es político: Milei buscó instalar un símbolo de “despilfarro y corrupción” en los sectores más vulnerables para justificar el desmantelamiento del sistema de asistencia. La revelación no solo desnuda esa maniobra, sino que también plantea interrogantes sobre los límites de la posverdad en la gestión pública.

En contraste, la realidad se empeña en contradecir el relato oficialista. Para ser un Presidente especialista en generar riqueza con o sin dinero, los resultados son bastante escasos, apenas sostenidos por la contención de la inflación, que no alcanza ante el desmoronamiento del poder adquisitivo de millones de familias. 

En julio, una familia tipo en la Argentina necesitó casi cuatro salarios mínimos para no caer por debajo de la línea de pobreza y cubrir el costo de la canasta básica, según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. La comparación entre el salario mínimo y la línea de pobreza muestra una situación incluso peor que la del año 2001, cuando el país estuvo al borde de la disolución tras el fracaso de la alianza y la década menemista. 

El deterioro también se observa en otras variables analizadas, como las jubilaciones mínimas y la desindustrialización. Cifra señala que el retroceso no puede atribuirse únicamente a coyunturas externas adversas, sino que responde también a decisiones de política económica que priorizaron la apertura comercial y la disciplina fiscal sobre el sostenimiento del aparato productivo y del mercado interno. La contracción de la industria y el deterioro de los ingresos previsionales son dos caras de una misma estrategia de ajuste. La política económica está siendo más letal que el Covid: desde noviembre de 2023 cerraron 15.564 empresas. Durante la pandemia, 15.398 bajaron las persianas

En el medio, el Gobierno acaba de romper con su promesa más firme: la libre flotación del dólar. Hace apenas unas semanas, Milei y todo el equipo económico se burlaban en un streaming de las críticas a la política económica. “¿El dólar está intervenido?”, le preguntó un inocente Alejandro Fantino. “¡¡Flotaaaa!!”, le respondieron todos entre risotadas. No flota más. Las medidas de contención indirecta del dólar se fueron desgastando y perdiendo potencia, hasta que el escándalo de las coimas de Karina dinamitó la confianza. El dólar se disparó y el temblor llegó a las acciones. El Tesoro tuvo que usar la bala de plata y no le quedó otra que intervenir en el mercado para calmar la fiebre. Con una aspirina.

En ese escenario, este domingo el gobierno enfrentará una batalla electoral clave. Buenos Aires va a las urnas para renovar su Legislatura y las encuestas anticipan que el peronismo está cinco puntos arriba de la Libertad Avanza, con diferencias más amplias en algunas secciones electorales. El cierre de campaña encabezado por Milei, en medio del escándalo por las presuntas coimas y sobreprecios que protagoniza su hermana Karina, fue una muestra del desencanto: apenas un puñado de militantes en contraste con la euforia exhibida en el escenario. Los sondeos coinciden en que LLA sumará otra derrota en las provincias, aunque los acólitos insisten en matizar que “lo que importa es octubre”. Pero más allá del resultado, la elección es clave porque lo que implica para dos que no son candidatos: el Presidente y Axel Kicillof, quien representa al “kirchnerismo muerto” que se resiste a morir. 

Misiones también piensa en octubre. Pero como nunca antes, el silencio domina la campaña. Los pintados de violeta, hacen mutis por el foro. Diego Hartfield pasó la semana tuiteando sobre el US Open. Ni una sola idea, ni una sola propuesta. Solo retuits. Del resto se sabe nada. 

Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Legislatura, quien fue uno de los primeros en cuestionar el manoseo de las pensiones, ahora marcó la cancha con el precio de la yerba mate y recordó que en 2023, cuando era gobernador se logró alcanzar los 50 centavos de dólar. Ahora vale, en el mejor de los casos, 250 pesos y hasta 180 como paga Las Marías, la yerbatera de Corrientes. Herrera Ahuad anticipó que en el Congreso volverá a pelear por la regulación del mercado yerbatero, al que definió como imperfecto, por el desequilibrio entre muchos productores y pocos compradores que controlan los precios.

Más allá de la crisis del sector primario yerbatero, Misiones exhibe datos económicos que contrastan con el deterioro nacional. Subió el empleo -108.492 puestos de acuerdo a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo- y también aumentó el número empresas empleadoras con una suba mensual de 0,9% (+83), con el agro como protagonista en ambos casos. Misiones tiene uno de cada tres empleos registrados en el NEA.

También como la principal exportadora de la región y se convirtió en la sexta provincia del país con mayor peso de manufacturas en sus exportaciones superando largamente a Corrientes y Chaco. Misiones fue la provincia con el mayor volumen de exportaciones en la región con USD 262 millones, explicando el 40,9% del total regional. Las ventas al exterior crecieron al 11,6% contra el año anterior y también mostraron importantes incrementos contra los primeros semestres de los años previos (+41,6% vs. 2023 y +20,7% contra 2022). En esta línea cabe resaltar que no solo creció contra esos años, sino que Misiones tuvo su mejor primer semestre desde el 2002.

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Milei: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico o intentar matarme”

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El presidente Javier Milei aseguró que la estrategia del kirchnerismo y sus aliados de cara a las elecciones es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.

El mandatario formuló estas declaraciones en una entrevista concedida en la Casa Rosada a Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés y referente liberal, en un encuentro organizado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Las definiciones se conocieron luego de la agresión que sufrió el propio Milei junto a candidatos de La Libertad Avanza durante una caravana en Lomas de Zamora, donde fueron atacados con piedras y objetos contundentes. La entrevista se difundió a pocas horas del acto de cierre previsto en el partido bonaerense de Moreno, en medio de advertencias del gobierno provincial sobre la falta de condiciones de seguridad para la visita presidencial a la localidad de Trujui.

“Si conseguimos muy buenos resultados en la provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería fabuloso, porque implicaría el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar un nuevo siglo dorado para la Argentina”, sostuvo.

Milei agregó que el kirchnerismo “aplica la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada. Y eso implica desde tratar de destruir el programa económico en el Congreso, hasta hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme, o inventar cualquier aberración para desprestigiarme”.

El Presidente describió estas acciones como “los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios acompaña, terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre”.

Contexto político y escándalos

El encuentro con Sarkozy se produjo en una semana marcada por la crisis generada tras la expulsión del titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y la difusión de audios que derivaron en su salida. Ese mismo viernes, trascendieron además escuchas ilegales a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

De acuerdo a lo informado por Infobae, Milei tomó conocimiento de los audios de su hermana minutos antes de iniciar la entrevista con Sarkozy, quien a sus 28 años anunció su candidatura en Menton, una localidad de la Costa Azul francesa.

Durante la charla, que se extendió por casi una hora, Milei abordó temas de política internacional, la “batalla cultural”, su política de austeridad para estabilizar la economía, elogió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y marcó diferencias entre la inmigración y lo que definió como “invasión”.

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El “Coimasgate” y el deterioro acelerado de la gestión Milei

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El escándalo bautizado como Coimasgate -o Karinagate, en alusión a la hermana del presidente- irrumpe en un escenario donde el gobierno libertario ya atravesaba un desgaste sostenido. A las crisis no cerradas del Libragate, el veto rechazado a la ley de emergencia en discapacidad y la tragedia del fentanilo contaminado, se suma ahora un caso de corrupción que, a diferencia de otros, utiliza palabras cargadas de sentido inmediato en la sociedad argentina: coimas y corrupción. Conceptos simples de entender que golpean de lleno la credibilidad oficial.

El relevamiento nacional de Zuban Córdoba muestra con crudeza cómo se procesa esta crisis. Un 62,3% de los consultados considera improvisada la respuesta del gobierno, y apenas un tercio la juzga como preparada. En términos políticos, esta percepción equivale a una deslegitimación del manejo presidencial en una crisis que, lejos de apagarse, amenaza con ramificarse en múltiples frentes.

Rechazo social y exigencia de renuncias

El estudio confirma un repudio mayoritario hacia los funcionarios señalados: 65,5% de los argentinos cree que Karina Milei y los hermanos Menem deberían renunciar y ponerse a disposición de la justicia. El dato adquiere mayor peso al observar que el reclamo no proviene solo de la oposición, sino que también atraviesa al círculo de poder económico y mediático. En paralelo, 69,9% de la población afirma que no pondría “las manos en el fuego” por los involucrados, marcando distancia de la reacción presidencial de blindaje político. El 56 por ciento cree que Milei debería ser sometido a un juicio político y el 60 cree que el Gobierno quedó debilitado.

El deterioro de la reputación ya se traduce en fuga de apoyo electoral. Un 12,8% de los votantes que acompañaron a Milei en el ballotage de 2023 asegura que ya no lo volverá a votar tras el escándalo, cifra que se suma a otro 13% que había roto con el oficialismo antes del caso. En un año electoral, incluso un 3% de fuga puede definir un resultado. 

La erosión se cristaliza en otro indicador: 47,4% de los encuestados percibe al gobierno de Milei como más corrupto que los anteriores, contra apenas un 22% que lo considera libre de corrupción.

El Coimasgate no se limita al plano político. Seis de cada diez argentinos creen que el escándalo impactará negativamente en los mercados y en la confianza de los inversores. Esa expectativa alimenta la noción de una policrisis, concepto acuñado por el consultor Mario Riorda para describir situaciones donde se entrelazan incertidumbre judicial, daño reputacional y consecuencias económicas.

Los datos revelan además un deterioro profundo en la imagen gubernamental: 66% considera que la reputación y credibilidad de la gestión Milei ha empeorado tras el caso. Para la mayoría, la Casa Rosada lo tomó como “un tema más” y no como una crisis central a resolver.

Argentina acumula experiencias históricas donde la percepción de corrupción quebró el contrato social entre gobierno y sociedad. El Coimasgate se inscribe en esa serie: un 56% avala incluso la posibilidad de un juicio político a Milei por este caso, un registro de magnitud que traduce la pérdida de autoridad simbólica.

El gobierno enfrenta, así, un escenario en el que la desconfianza se multiplica: hacia la transparencia institucional, hacia la estabilidad económica y hacia la capacidad presidencial de sostener la gobernabilidad. En un país con memoria política marcada por la corrupción, el término coima no admite grises.

El informe concluye que la crisis erosiona al oficialismo en tres dimensiones simultáneas: legitimidad política, estabilidad económica y viabilidad electoral. Tres frentes donde el margen de error se reduce al mínimo y donde cada gesto puede acelerar -o frenar- la caída de confianza.

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Arrestan al expresidente brasileño Fernando Collor de Mello condenado por corrupción

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El expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello (1990-1992) fue arrestado esta madrugada, luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) considerara agotados los recursos contra una condena por haber recibido cerca de 3,5 millones de dólares en sobornos de una empresa subsidiaria de la petrolera Petrobras, entre 2010 y 2014.

Collor, de 75 años, fue detenido en el aeropuerto de Maceió, capital del estado de Alagoas, noreste de Brasil, cuando se preparaba para viajar a Brasilia para ponerse a disposición de las autoridades.

La detención se produjo horas después de que el juez Alexandre de Moraes, del máximo tribunal, rechazara recursos contra la condena a ocho años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero que el expresidente recibió en 2023, en un desdoblamiento de la operación Lava Jato.

El exmandatario, quien tuvo un período breve en el Palacio del Planalto debido a un proceso de impeachment que lo removió del cargo, se convierte en el tercer presidente de Brasil desde la redemocratización en ser encarcelado.

En abril de 2018, el expresidente Lula da Silva fue detenido por corrupción y lavado de dinero. Michel Temer fue arrestado un año más tarde, salpicado por denuncias de corrupción en obras para la construcción de una central nuclear en Río de Janeiro.

Moraes es el mismo juez que conduce la investigación por intento de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados.

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Escándalo en la Aduana de Iguazú: denuncian aprietes de Arjol para cubrir casos de corrupción

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El concejal de la UCR en Puerto Iguazú, Alejandro Verón, denunció presuntos actos de corrupción en el servicio de Aduanas, lo que le valió aprietes del diputado nacional expulsado del partido, Martín Arjol, para que no avance con la denuncia

El pasado 28 de enero, el concejal presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra el exdirector de Asuntos Técnicos de Frontera, Pablo Vande Rusten, por presunto cobro de coimas. Desde entonces, ha recibido numerosas llamadas, incluida una de Martín Arjol, quien le pidió no avanzar con la denuncia y reunirse con el funcionario implicado. El edil se negó rotundamente, afirmando que el denunciado debía dar explicaciones ante la justicia.

Verón también acusó a Arjol de presionarlo políticamente, advirtiéndole que podría ser perjudicado en un posible armado político con La Libertad Avanza. El concejal expresó su sorpresa ante esta actitud, especialmente porque no tiene conocimiento de ningún acuerdo formal entre la UCR y La Libertad Avanza.

Además de las coacciones políticas, denunció haber recibido presiones desde el entorno de Vande Rusten. Personas relacionadas con el Centro de Frontera se acercaron a él, ofreciéndose como intermediarios y sugiriendo que aceptara ciertos ofrecimientos a cambio de no continuar con la denuncia.

Entre los ofrecimientos, a Verón se le propuso un puesto en el Centro de Frontera o la posibilidad de manejar una obra relacionada con la agilización del paso fronterizo, propuestas que rechazó tajantemente. También aclaró que su propuesta de mejora de infraestructura en la frontera fue realizada a título personal y sin esperar ningún beneficio económico.

La situación ha generado una fuerte repercusión dentro de la UCR, evidenciando divisiones y conflictos internos -en estos momentos el partido está acéfalo, tras la renuncia de Rodrigo De Arrechea para asumir como consejero en Yacyretá, designado por el ministro de Economía, Luis Caputo-. El edil criticó a la dirigencia de su propio partido en la provincia, acusándolos de tomar decisiones a espaldas de la militancia y de no actuar con transparencia.

Finalmente, hizo un llamado a la justicia y a las autoridades competentes para que investiguen a fondo los hechos denunciados y tomen las medidas necesarias para combatir la corrupción en el servicio de Aduanas.

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