CORRUPCION

El Gobierno dio de baja la licitación de la Hidrovía y pidió que se investigue a la única empresa oferente

Compartí esta noticia !

Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni y anticipó que se presentará ante la Comisión de Defensa de la Competencia para que se determine si hubo asociación ilícita. Apuntó contra DEME, la compañía belga que hizo denuncias y trató de frenar el proceso

El Gobierno declaró nula la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, acusó a una empresa de haber actuado de manera ilegal y anunció una serie de presentaciones ante sede judicial y administrativa para que se investigue el proceso.

“La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes” de la presentación de ofertas, dijo Manuel Adorni, vocero presidencial, en una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Adorni destacó que la Hidrovía es “una de las reservas hídricas más importantes del mundo” y la principal vía de exportación del país, utilizada para transportar el 80% de los bienes exportados por Argentina. En este contexto, remarcó la necesidad de contar con un operador capacitado bajo “los más altos estándares internacionales y el mejor precio”.

El vocero sostuvo que, desde el inicio del proceso, el Ejecutivo se comprometió a realizar una licitación “transparente y competitiva”. Asimismo, recordó que se estableció como condición la cancelación del llamado si solo se presentaba un oferente. Según sus declaraciones, durante el procedimiento hubo “presiones” de sectores políticos, empresariales y mediáticos para modificar los requisitos técnicos del pliego y acusaciones contra el Gobierno por presunto direccionamiento a favor de Jan de Nul, actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó oferta.

El Gobierno respondió las impugnaciones de los potenciales oferentes y sostuvo que la justicia validó en tres instancias la legalidad del proceso licitatorio. No obstante, insistió Adorni que la única oferta recibida fue la de DEME, empresa que había presentado denuncias previas sobre supuesta falta de transparencia y desistió antes de presentarse como único competidor.

Adorni también subrayó que, pese a la inscripción de 11 empresas en el proceso y la existencia de consultas formales e informales sobre la participación de más compañías, ninguna otra presentó oferta. Ante esto, el Gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si hubo una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos.

El vocero aseguró que la investigación buscará “aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación” y establecer responsabilidades penales en caso de intento de fraude. Luego, cedió la palabra al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y NavegaciónIñaki Arreseygor, para brindar detalles técnicos sobre la situación.

“El hecho de que se haya presentado DEME como única empresa demuestra que estuvimos ante un procedimiento administrativo transparente por parte del Estado Nacional, el cual fue avalado tres veces en la Justicia”, afirmó el titular de la agencia.

Y advirtió: “Un grupo de vivos operó el vaciamiento de oferta de esta licitación para frustrarla en desmedro de los productores argentinos, que son los principales perjudicados en que no podamos tener hoy una comparación de ofertas económicas en este procedimiento”.

“Desde que se lanzó la licitación, nos acusaron de que la misma estaba direccionada a favor de un operador puntual, con la clara intención de sabotear el proceso. Nos llama la atención que, en un supuesto direccionamiento, la única oferta que se haya presentado haya sido la de DEME, la cual fue la principal artífice de estas acusaciones”, consignó.

La apertura de sobres

La empresa de origen belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) fue la única que este mediodía presentó una oferta concreta en la licitación de la Hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas. Como estaba previsto, a las 13 de hoy, el portal CONTRAT.AR cumplió con la previsión de confirmar el resultado del proceso.

Según informó el Gobierno, para la Concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) -como se conoce popularmente la Hidrovía- hubo al menos 11 compañías que se mostraron interesadas, pero finalmente solo una elevó una propuesta, cumpliendo con las condiciones que establecieron los pliegos.

Pero que haya sido DEME la única que se presentó, derivó en sospechas y acusaciones que derivaron en la conferencia que hoy dio Adorni y que planteó intentos para complicar la licitación.

Anoche, desde la Casa Rosada habían anticipado que el objetivo era avanzar sin demoras con la conclusión de la licitación. “Que gane el mejor”, habían manifestado, dando por hecho que se iba a producir una compulsa entre más de una empresa.

Actualmente, las tareas de dragado, balizamiento y operación de la Hidrovía está a cargo del Estado, que subcontrató a Jan de Nul y Emepa, antiguos concesionarios de la vía fluvial. En el sector sorprendió que la primera de estas empresas no se hubiera presentado para competir con DEME. En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se lanzó una licitación internacional para el dragado, pero esta fue cancelada tras la impugnación de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.

La compañía oriental quedó al margen de esta nueva compulsa porque a fines de noviembre, el gobierno actual que puso en marcha un nuevo proceso licitatorio emitió una resolución que dejó fuera de carrera a todas las empresas estatales extranjeras. En su artículo 16° detallaron que quedan excluidas de participar las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales”. Este punto resulta determinante para empresas como la filial de la China Communications Construction Company (CCCC).

Después del lanzamiento de la concesión, varias empresas plantearon cuestionamientos y recursos ante la Justicia y de manera administrativa y el propio Mauricio Macri se quejó en varias entrevistas que el gobierno de Javier Milei no hubiera tomado los pliegos que él había preparado para hacer la licitación internacional.

Entre los que impulsaron más cuestionamientos estuvo DEME, que por pedido del gobierno de Javier Milei ahora será investigada.

La licitación se había convocado para la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico”.

En noviembre del año pasado, el Gobierno nacional anunció el llamado a licitación para la concesión privada, a riesgo empresario, y en el que el Estado ya no estará ligado a la gestión y el mantenimiento. Estaba previsto que se sumaran bases con radares y sistemas satelitales de seguimiento de los buques, además de la renovación total de la señalización —generando una navegación más segura—, y medidas de control para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

En ese momento, el gobierno informó que los pliegos fueron “el resultado del diálogo y trabajo conjunto con usuarios y provincias que utilizan la vía”, en la que se realizará una profundización a 39 pies en el tramo Timbúes-Océano, entre otras condiciones del contrato.

Compartí esta noticia !

Polémica DGI de Milei: desembarco de ‘protectores’ de empresarios K

Compartí esta noticia !

El titular de la Dirección General Impositiva (DGI) designó a funcionarios acusados de proteger a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López.

Otra polémica involucra al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, que viene de ser cuestionado por otorgarle un ascenso a su pareja en el organismo y por la compra de departamentos sin declarar: ahora designó a funcionarios acusados de proteger a empresarios K.Los ‘protectores’

El titular de la DGI Andrés Vázquez designó a sus nuevos colaboradores en el organismo y hay cuatro que trabajaron con él en la Regional Sur Metropolitana, el área tributaria donde el kirchnerismo protegió a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, según consigna este lunes (13/1) el diario La Nación, al recordar que los flamantes funcionarios fueron apuntados en los expedientes judiciales conocidos como “Vialidad” y “la ruta del dinero K”.

Los nombramientos cuestionados son los de subdirector general de Operaciones Metropolitanas; Marcelo Laffont, subdirector general de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales, donde también se designó a la esposa de Mengochea; Claudio Ernesto Castagnola, director de Control en Grandes Nacionales y Juan Ignacio Waissman exjefe del Gabinete de Asesores de la Secretaría General de la Presidencia de Milei.

Cuando trabajaban juntos en la Regional Sur Metropolitana, Lázaro Báez cambió el domicilio fiscal de varias de sus empresas para quedar en su distrito de control. Luego, una disposición de la AFIP durante el kirchnerismo también traspasó los trámites de moratorias a las regionales según domicilio fiscal.

En el caso de Cristóbal López, el periodista Hugo Alconada Mon, recordó que Vázquez parecía un empleado más de la empresa del casino flotante y que dos funcionarias de la AFIP durante una inspección se toparon con él a raíz de lo cual adujo que estaba allí para almorzar con Santiago Blanco Bermúdez, apoderado del casino y abogado del exespía Antonio “Jaime” Stiuso.Otros escándalos

Urgente24 dio cuenta en diciembre de la denuncia de diputados de la Coalición Cívica contra Andrés Vázquez tras revelarse el escándalo de las propiedades en Miami no declaradas.

La presentación fue realizada por los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, dádivas y lavado de dinero. Incluye a la exesposa de Vázquez, Silvia Ivone Rodríguez.

Previamente, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), en los hechos la fiscalía anticorrupción, ordenó medidas de prueba para determinar si el funcionario cometió delitos de omisión maliciosa, evasión, enriquecimiento ilícito o lavado.

Ambos movimientos se registraron luego de que el Gobierno relativizara las revelaciones del diario La Nación sobre Vázquez, un protegido del asesor Santiago Caputo, y afirmara -erróneamente- que el jefe de la DGI ya había sido sobreseído en esa causa.

Días atrás, se conoció que el nuevo jefe de la DGI firmó un ascenso para su pareja, María Eugenia Fanelli, desplazando funcionarios, salteando rangos y duplicando su salario (cobrará unos $8 millones).

Compartí esta noticia !

“La Argentina Robada”: los 10 casos más resonantes del informe de Capital Humano

Compartí esta noticia !

“La Argentina Robada”: el informe de Capital Humano que expone los casos de corrupción más relevantes

Un documento de nueve páginas, elaborado por el Ministerio de Capital Humano, recopila los episodios de corrupción más significativos denunciados ante la Justicia durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Desde la “Causa Seguros” hasta los “Guardapolvos Fantasma”, el informe detalla un perjuicio fiscal estimado en 40 mil millones de pesos.

Un título directo y contundente

“‘La Argentina Robada’ funciona porque es visceral y directo: transmite cómo el país fue despojado de su potencial por décadas de corrupción”, señala el prólogo del informe, impulsado por Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano del gobierno de Javier Milei. Cada caso presentado en el documento tiene su correlato en causas penales, con pruebas que derivaron en investigaciones judiciales por delitos como cohecho, extorsión, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Entre los casos destacados figuran el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por el presunto uso fraudulento de planes sociales; las denuncias sobre irregularidades en la compra de guardapolvos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Victoria Tolosa Paz; y las contrataciones en seguros que involucran al expresidente Fernández.

“Un museo de la corrupción”

El informe también reflexiona sobre el impacto sistémico de la corrupción en Argentina. “Lejos de ser un hecho aislado, la corrupción se alimenta de sistemas que concentran poder y limitan la rendición de cuentas”, sostiene Pettovello. Bajo el subtítulo “Palabras impresas”, el documento enfatiza que el liberalismo promueve la transparencia y el respeto por las instituciones como antídotos contra estos abusos. “El liberalismo nos enseña que la verdadera justicia social se construye a través de la libertad económica, el respeto al derecho de propiedad y un Estado limitado”, subraya la ministra.

Cronología de la corrupción: los casos más resonantes

La investigación del Ministerio de Capital Humano presenta una cronología de hechos que reflejan prácticas sistemáticas de desfalco y abuso de autoridad en programas sociales, educativos y de asistencia. A continuación, un resumen de los casos más emblemáticos:

  1. Caso Polo Obrero: Eduardo Belliboni y otros líderes piqueteros fueron procesados por utilizar planes sociales para actividades políticas, con delitos como administración fraudulenta y extorsión.
  2. Línea 134: Más de 1.800 denuncias de beneficiarios de planes sociales coaccionados para asistir a movilizaciones bajo amenaza de perder sus subsidios.
  3. Caso Alberto Fernández – Seguros: El expresidente y 39 personas más fueron denunciados por favorecer contratos con empresas de baja solvencia, generando pérdidas millonarias al Estado.
  4. Guardapolvos Fantasma: Se denuncian irregularidades en la compra de 1,3 millones de guardapolvos. Solo se entregó el 47% del total, a pesar de haberse desembolsado el 84% del dinero.
  5. Subsidios sin control: Auditorías revelaron irregularidades en programas de asistencia infantil administrados por la Secretaría Nacional de Niñez y Familia.
  6. Caso Emilio Pérsico: El exfuncionario fue acusado de otorgar subsidios millonarios a cooperativas vinculadas a su gestión, violando la Ley de Ética Pública.
  7. Becas Progresar: Se detectaron descontrol e incumplimientos en la administración del programa educativo.
  8. Comedores Fantasma: Organizaciones sociales registraron comedores inexistentes para desviar fondos y alimentos destinados a familias vulnerables.
  9. Caso Tecnópolis: Se denunciaron faltantes de equipamiento tecnológico en el predio, generando importantes pérdidas patrimoniales.
  10. CEDYAT: Convenios fraudulentos entre 2017 y 2020 derivaron en denuncias por defraudación al Estado.

El impacto económico y las acciones futuras

Según el informe, el perjuicio fiscal causado por estos hechos asciende a 40 mil millones de pesos. Entre las medidas adoptadas por el actual gobierno, destaca la resolución que dio de baja las jubilaciones de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou. “Es hora de aprender del pasado y construir un futuro basado en la honestidad y el respeto por las instituciones”, concluye Pettovello.

Compartí esta noticia !

Brasil suspendió la compra de vacunas por un posible caso de corrupción

Compartí esta noticia !

El Gobierno de Brasil anunció hoy la suspensión del contrato para la compra de dosis de la vacuna india Covaxin contra el coronavirus, luego de que en los últimos días salieran a la luz irregularidades que podrían configurar un caso de corrupción.

Lo informó el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien afirmó que la decisión se tomó tras la recomendación de la Contraloría General de la Federación (CGU), que inició una investigación sobre las sospechas levantadas en relación con el contrato.

“En relación con el contrato de la vacuna Covaxin, que fue objeto de discusiones, estuve trabajando en sociedad con el ministro de CGU, este tema se discutió y bajo su dirección, por conveniencia y oportunidad, decidimos suspender el contrato para que se hagan análisis más profundos”, señaló el ministro, según el portal local Terra.

En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que en un primer análisis preliminar no se detectaron irregularidades en el contrato, pero optó por suspenderlo para analizarlo en profundidad.

“Hay que resaltar que el Gobierno federal no pagó ningún centavo por la vacuna Covaxin”, añade la nota oficial.

La suspensión del contrato se mantendrá “solamente lo que dure la investigación”, anticipó el ministro de la Contraloría General de la Unión, Wagner del Rosario, quien confió que no sea de más de diez días, según el portal G1.

Las presuntas irregularidades fueron denunciadas por el diputado bolsonarista Luís Miranda y su hermano, el funcionario del Ministerio de Salud Luís Ricardo Miranda, a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre coronavirus.

Según la denuncia, el gobierno firmó una negociación para la compra de 20 millones de dosis del inmunizante con un sobreprecio de 1000%.

Los documentos obtenidos por el CPI muestran que el valor contratado por el gobierno brasileño, de 15 dólares por vacuna estuvo muy por encima del precio inicialmente previsto por la empresa Bharat Biotech, de 1,37 dólares por dosis.

Luego de los testimonios, los senadores presentaron un informe penal por malversación contra Bolsonaro en el Tribunal Supremo Federal (STF).

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin