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El country de Adorni: contratista ratificó cobros por US$245 mil

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La causa judicial que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo elemento de peso: el fiscal Gerardo Pollicita confirmó que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coinciden con los 245 mil dólares que declaró haber recibido por las obras de remodelación realizadas en la vivienda del funcionario, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La documentación fue entregada el viernes pasado, cuando Tabar se presentó espontáneamente ante la fiscalía de Comodoro Py. Allí aportó recibos y facturas vinculadas a la compra de materiales y al pago de mano de obra utilizada durante la obra. Según trascendió, todos los comprobantes coinciden con el monto señalado en su primera declaración.

De acuerdo con el testimonio del empresario, los trabajos fueron abonados en efectivo y sin factura por parte de Adorni. Además, detalló el cronograma de ejecución y la modalidad de pago utilizada durante los casi diez meses que demandó la remodelación.

Las refacciones se habrían desarrollado entre septiembre de 2024 y julio de 2025 sobre una propiedad asentada en un lote de 400 metros cuadrados. Las tareas incluyeron colocación de pisos, arreglos en baño y cocina, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el funcionario canceló la totalidad de la obra en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y otros 190 mil dólares abonados a lo largo de 2025.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que, mientras se realizaban las refacciones, Adorni habría alquilado otra vivienda dentro del mismo country. Según el contratista, ese gasto adicional alcanzó los 13 mil dólares durante el período que duraron los trabajos.

Como parte del expediente, Tabar también entregó su teléfono celular a la Justicia y brindó detalles sobre las personas que participaron en la obra: albañiles, plomeros y electricistas. Esa información podría resultar clave para reconstruir la trazabilidad de los pagos y verificar si los desembolsos declarados guardan consistencia con la evolución patrimonial del funcionario.

La causa apunta a determinar el origen de los fondos utilizados por Adorni tanto para la compra como para la remodelación de sus propiedades. En concreto, la Justicia intenta establecer si esos gastos resultan compatibles con los ingresos declarados por el actual jefe de Gabinete durante los últimos años.

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AdorniGate: 70% quiere su renuncia y el Gobierno queda en el centro del desgaste

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El escándalo que envuelve a Manuel Adorni dejó de ser un ruido pasajero para convertirse en un problema político de primera magnitud. Los datos no dejan margen para la interpretación: la crisis ya no es mediática ni coyuntural, es estructural y golpea directamente en la credibilidad del Gobierno.

El relevamiento nacional de Zuban & Córdoba, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril sobre 1.200 casos, expone una fotografía contundente: 66% de imagen negativa contra apenas 21,5% de positiva . La diferencia no es sólo amplia: es políticamente crítica.

Pero el dato más relevante no está en la foto, sino en la película. Hace un año, el vocero presidencial se movía en niveles de rechazo cercanos al 50%. Hoy ese número se disparó hasta el 66%, mientras la imagen positiva se derrumbó desde niveles superiores al 40% a poco más del 21%. No hay zona gris: el desgaste se consolidó y se volvió irreversible en el corto plazo.

A diferencia de otras crisis, el caso logró una penetración social casi total. El 72% de los consultados afirma haber escuchado “bastante” o “algo” sobre las denuncias, mientras que apenas un 5,8% dice no saber nada . Es decir, el tema dejó de ser agenda mediática para transformarse en conversación pública.

En ese contexto, emerge un dato que enciende todas las alarmas: el 77,9% de la sociedad cree que Adorni debe explicar cómo paga sus viajes. No se trata de un reclamo partidario, sino de un consenso transversal sobre la necesidad de transparencia.

El punto de máxima tensión aparece en la pregunta más directa: la continuidad en el cargo. Allí, el resultado es lapidario: el 70,4% considera que Adorni debería renunciar. No es una mayoría ajustada ni circunstancial, sino un rechazo amplio que erosiona la sustentabilidad política del vocero.

Pero el golpe más profundo no está en la figura individual, sino en la percepción sobre la respuesta oficial. El 70,2% cree que la defensa del Gobierno fue una estrategia para “tapar” o dilatar el tema, mientras que sólo el 15,3% la considera transparente . En términos políticos, esto implica un salto cualitativo: la crisis deja de ser sobre un funcionario y pasa a ser sobre la credibilidad del Gobierno.

Incluso cuando se consulta qué debería haberse hecho, la sociedad marca un camino claro: mostrar pruebas (31,6%), dar un paso al costado (17,5%) o responder sin confrontar (15,9%) . La lógica social es consistente: explicar o apartarse. Todo lo demás profundiza el daño.

En este escenario, el #AdorniGate se transforma en algo más que un episodio incómodo. Es un test de gobernabilidad comunicacional. Y los datos sugieren que, lejos de cerrarse, la crisis abre una grieta más profunda: la de la confianza.

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