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Las tapas del miércoles 8/8: El día del debate donde se debe legislar las diferencias, y protegiendo a las mujeres que no desean ser madres

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A continuación reproducimos las tapas de los principales diarios del país. El día del debate sobre el aborto, ahora llamado Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), le llegó a los Senadores, en el poroteo parecería que prima el no. Un debate complejo donde es difícil conciliar posiciones, ya que en muchos casos son antagónicas, pero el punto es cómo legislar incluyendo las diferencias y, a la vez, protegiendo a las mujeres que por distintas circunstancias no desean ser madres y brindando un contexto legal que las ampare.

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Arrojar luz sobre la corrupción y el lado oscuro de la gestión de gobierno

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El Directorio Ejecutivo del FMI acaba de aprobar un nuevo marco para reforzar la labor que el FMI realiza con los países miembros en materia de gestión de gobierno y corrupción. Quisiera explicar por qué esto es importante y cómo incide en nuestro trabajo.
Costos de la corrupción
Todos sabemos que la corrupción arraigada es perniciosa para la economía ya que socava la capacidad de un país de generar un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
El estudio que acabamos de publicar presenta resultados empíricos que muestran que un alto grado de corrupción está asociado a niveles significativamente más bajos de crecimiento, inversión, inversión extranjera directa (IED) e ingreso tributario. Bajar del percentil 50 al percentil 25 en un índice de corrupción o gestión de gobierno implica una caída de la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita de medio punto porcentual o más, y un descenso en la relación inversión/PIB de 1½–2 puntos porcentuales.  Los resultados muestran asimismo que la corrupción y la gestión de gobierno inadecuada traen consigo un mayor grado de desigualdad y un menor crecimiento inclusivo.
Estas conclusiones no son difíciles de entender. Sabemos que la corrupción mina la capacidad impositiva del gobierno y distorsiona el gasto, desviándolo de inversiones valiosas en esferas como salud, educación y energías renovables hacia proyectos que despilfarran recursos y ofrecen beneficios a corto plazo. Sabemos que actúa como un impuesto a la inversión, o incluso como un obstáculo más grave, debido a la incertidumbre sobre las demandas de futuros sobornos. También sabemos que la corrupción hace que los jóvenes no inviertan lo suficiente en educarse y especializarse porque salir adelante depende de a quién se conoce y no qué se sabe. Sabemos que la corrupción perjudica a los pobres, limita las oportunidades económicas y la movilidad social, socava la confianza en las instituciones y disuelve la cohesión social. La corrupción es uno de los principales obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Reforzar la labor del FMI
Todas estas razones están detrás de la decisión del FMI de redoblar la lucha contra la corrupción, y de hacerlo ahora. Cabe destacar que esta iniciativa contra la corrupción pasará a formar parte de nuestras actividades generales con las que buscamos promover la buena gestión de gobierno en ámbitos fundamentales, como la gestión de financiera pública, la supervisión del sector financiero y las medidas contra el lavado de dinero.
Este enfoque más amplio es indispensable. Las deficiencias en la gestión de gobierno son perjudiciales en sí mismas, pero además abren las puertas a una corrupción generalizada. Para ser verdaderamente eficaces, las estrategias contra la corrupción no deben reducirse simplemente al encarcelamiento de gente. Requieren reformas normativas e institucionales más amplias. Al fin y al cabo, la “cura” más perdurable para la corrupción es contar con instituciones sólidas, transparentes y que den cuenta de sus actos.  En las célebres palabras de Louis Brandeis, “se dice que la luz del sol es el mejor desinfectante y la luz eléctrica el policía más eficiente.”
Un beneficio adicional de este enfoque más amplio es que como la corrupción suele estar estrechamente ligada a fallas más generales en la gestión de gobierno y que, en muchos casos, es difícil de cuantificar, podemos usar las deficiencias en la gestión de gobierno para corroborar las evaluaciones de la corrupción.
He de señalar que este tema no es nuevo para nosotros. Desde 1997 contamos con una política de gestión de gobierno que ha dado buenos resultados: nuestro examen puso de manifiesto que los principios que la animan son los correctos. Esta política nos insta a abordar las cuestiones de gestión de gobierno y corrupción cuando tienen un impacto macroeconómico significativo. También nos exhorta a colaborar con nuestros socios institucionales (especialmente el Banco Mundial) en sus ámbitos de especialización y a no interferir en política o en casos específicos de aplicación de la ley.
No obstante, aunque estos principios son adecuados, nuestro examen constató que su aplicación es dispar. Ante acciones similares, no siempre medimos a los miembros con la misma vara. Nuestros análisis a menudo no fueron claros.
Esto va a cambiar. Hemos adoptado un marco para reforzar la labor del FMI en materia de gestión de gobierno y corrupción, para así facilitar una interacción más sistemáticaimparcialeficaz y franca con los países miembros.
Como primer paso, estamos elaborando una metodología clara y trasparente para evaluar la naturaleza y gravedad de las deficiencias de la gestión de gobierno. Evaluaremos una amplia serie de indicadores: calidad de las instituciones presupuestarias encargadas de la tributación y el gasto; solidez de la supervisión del sector financiero; integridad de los bancos centrales; transparencia e imparcialidad de la regulación del mercado; previsibilidad de los aspectos del Estado de derecho esenciales para la salud de la economía, en particular, el cumplimiento de los contratos; e idoneidad de los marcos jurídicos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y desde luego, evaluaremos la gravedad de la corrupción directamente.
El siguiente paso será determinar el impacto económico de las fallas identificadas en las esferas de gestión de gobierno y corrupción y, en respuesta, formular recomendaciones de política específicas para cada país. Cabe destacar que examinaremos estos aspectos en una perspectiva de más largo plazo, dado que la gestión de gobierno deficiente y la corrupción perjudican a la economía no solo a través de distorsiones a corto plazo sino también del lento deterioro institucional. En nuestros programas de crédito, analizaremos si estos problemas menoscaban la capacidad de los países para poner en práctica sus reformas económicas.
La corrupción enfocada desde el lado de la oferta
Hay un elemento más que debemos tener en cuenta. Es obvio que, parafraseando a Milton Friedman, la corrupción es siempre y en todas partes un fenómeno que involucra a dos partes. La contracara de cada soborno aceptado es un soborno ofrecido. Además, suele pasar que los fondos obtenidos por actos de corrupción se ocultan fuera del país y, en muchos casos, en el sector financiero de las grandes capitales. Es muy posible que un país tenga las “manos limpias” en casa, pero las “manos sucias” en el exterior.
Por ende, para combatir la corrupción verdaderamente, también es necesario abordar la forma en que las personas o las entidades privadas facilitan las prácticas corruptas. En tal sentido, alentaremos a los países miembros a que sometan sus marcos jurídicos e institucionales de forma voluntaria a una evaluación por parte del FMI, para determinar si los actos de soborno en el extranjero están tipificados como delito y son enjuiciables, y si existen mecanismos para detener el lavado y ocultamiento de dinero sucio. Me complace que nueve países —todos los del G-7 más Austria y la República Checa— ya se hayan ofrecido voluntariamente para participar en esta evaluación. Esto representa un importante voto de confianza en el nuevo marco.
Ahora que tenemos el respaldo pleno de nuestros países miembros, debemos centrarnos en el tema de la aplicación. Observarán que de aquí en adelante la gestión de gobierno y la corrupción serán temas que se evaluarán y analizarán más a fondo en nuestras actividades de supervisión y nuestros programas de crédito. También reforzaremos nuestras actividades de fortalecimiento de capacidades en estos ámbitos, para ayudar a los países a afianzar sus marcos normativos y sus instituciones.
Nuestro objetivo es ser francos, estrictos, trasparentes e imparciales. Esto a su vez aumenta nuestra credibilidad y nos permite mejorar aún más el cumplimiento de nuestra tarea.
Recordando nuevamente a Brandeis, estoy convencida de que el refuerzo de nuestra labor significará para la gestión de gobierno y la corrupción lo que la inversión en energía solar significa para el medioambiente: aprovechar el inmenso potencial de la luz solar para encauzar a la economía mundial por una senda más sostenible. Si todo marcha según lo previsto, el lado oscuro en el que se oculta la corrupción debería ser cada vez más reducido. Me interesa mucho trabajar en estrecha colaboración con los países miembros para hacer realidad este objetivo.

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Corrupción en Corrientes: dos escribanas van a juicio en una causa en la que está denunciado el exgobernador Colombi

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Dos escribanas irán a juicio oral  en Corrientes acusadas de realizar de manera irregular los  trámites de dos propiedades que el exgobernador de la provincia, Ricardo Colombi, habría recibido como donación cuando era  diputado nacional por la UCR en 2006.
En tanto el exmandatario sigue sin ser investigado por el  hecho denunciado penalmente en 2008, pese a que está acusado en  el expediente por los delitos de evasión fiscal agravada y enriquecimiento ilícito.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó el viernes un recurso de queja que habían promovido las profesionales denunciadas por actuar en supuesta complicidad con un empleado del PAMI que le donó dos viviendas privadas al entonces diputado Colombi, informaron fuentes judiciales.
El fallo, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, dejó firme la elevación a juicio oral de la causa contra escribanas correntinas Roxana Cabral y Dionisia Báez por el supuesto delito de falsedad ideológica, que establece una pena de uno a seis años de prisión; ahora el Tribunal Federal deberá disponer la fecha de inicio del debate.
La Justicia las acusa de haber realizado de manera irregular los trámites de donación de las casas para Colombi, quien ese momento no podía recibir legalmente dicho beneficio por ser diputado de la Nación.
El artículo 18 de la Ley de Ética Pública establece que “los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
El envío a juicio de las dos escribanas que hicieron las escrituras abrió el interrogante de por qué no es investigado también el exmandatario si es que en el mismo hecho hubo comisión de delitos vinculados a la falsedad ideológica en un caso de presunta evasión fiscal y enriquecimiento ilícito.
El caso es conocido en Corrientes como “casitas regaladas” por viviendas que están ubicadas en zona céntrica de la Capital provincial, en los barrios Libertad y Cambá Cuá; según fuentes judiciales, actualmente esas propiedades sumarían un valor superior a los 14 millones de pesos.
Ricardo Colombi, que fue tres veces gobernador de la Provincia, está denunciado desde hace más de nueve años por ese hecho en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que hasta el momento no abrió ninguna investigación para determinar si el entonces diputado nacional cometió los delitos de evasión fiscal agravada y se enriqueció de manera ilícita por la donación de las casas.
En ese sentido, el fiscal federal, Carlos Shaefer, le solicitó en marzo pasado a la jueza de Paso de los Libres, Cristina Pozzer, que revoque una resolución que pretende pasar al caso a la Justicia provincial por supuesta incompetencia.
El fiscal Shaefer consideró que se trata de delitos federales los que fueron denunciados y que, además, Colombi era legislador de la Nación, por lo que “de ningún modo” puede el caso pasar a una instancia provincial de la Justicia ordinaria.
La demora de la Justicia federal correntino para investigar a Colombi hizo que hasta el momento el exgobernador ni siquiera fuera citado a declaración indagatoria, a la vez que tampoco se determinó si puede ser procesado o sobreseídos por la existencia o no delitos.
Fuente NoticiasArgentinas

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Con un comunicado, seis gobernadores del PJ apoyan a Fellner

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El ex gobernador de Jujuy fue detenido por la megacausa que investiga el desvío de fondos de más de $1200 millones para la construcción de viviendas sociales en su provincia.
Un grupo de 6 gobernadores del Partido Justicialista emitió un comunicado para respaldar al ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner, detenido el jueves 12/04, tras la orden librada por el juez de Control N° 4 de esa provincia, Isidoro Cruz, por la megacausa que investiga el desvío de fondos de más de $1200 millones para la construcción de viviendas sociales en su provincia.
Juan Manuel Urtubey (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Domingo Peppo (Chaco) firmaron el mensaje en muestra de apoyo.
“Los Gobernadores Justicialistas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación sobre el pedido de detenc ión de Eduardo Fellner, expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación y exgobernador de la provincia de Jujuy.
Esperamos que se aclare rápidamente esta causa. Eduardo Fellner siempre se mantuvo a derecho. En este proceso de más de dos años, siempre se presentó ante la Justicia cuando fue solicitado y no existió ningún tipo de obstaculización a la investigación judicial correspondiente.
La intempestiva detención se ordena sin indagatoria ni procesamiento y no habiendo ningún nuevo elemento en la causa que la justifique.
Creemos fuertemente que el funcionamiento autónomo y transparente del sistema judicial es central para la consolidación de nuestra Democracia”.
La dirigente social, Milagro Sala, líder de la agrupación Tupac Amaru, se encuentra entre los beneficiarios de los fondos. “Milagro Sala era la jefa de esa asociación ilícita y Fellner era el coordinador”, afirmó el juez Cruz. Y adelantó que el ex gobernador “puede estar detenido por 4 meses, sin dictarle la prisión preventiva”.
Horacio Aguilar, abogado de Fellner aseguró que los fundamentos del juez Cruz para pedir la captura del ex gobernador por riesgo de fuga “son arbitrarios e ilegítimos”

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La Corte autorizó la detención del expresidente Lula da Silva

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El máximo tribunal de Brasil rechazó este jueves por la madrugada dar curso al pedido de habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para no ingresar a la cárcel mientras apela una sentencia de 12 años por corrupción, un fallo que podría afectar la estabilidad del país antes de las elecciones de octubre. Ahora, el juez Sergio Moro podría pedir su arresto y el líder pasar las próximas instancias apelatorias detenido.
Lula encabeza las encuestas electorales a pesar de su condena y de varias acusaciones de corrupción adicionales que esperan juicio. La decisión del Supremo Tribunal Federal de permitir que una corte de menor instancia obligue al exmandatario a comenzar a cumplir su sentencia podría arruinar su candidatura y generar protestas en un momento de tensiones elevadas en el país. 

Diez horas después de iniciada la sesión, cinco jueces habían votado contra Lula y cinco a su favor y el peso del voto definitorio recayó sobre la presidenta de la Corte Carmen Lucia, quien optó por rechazar la presentación del expresidente. 
El juez Gilmar Mendes, quien votó en favor de la petición de Lula de no ingresar a prisión, argumentó que la corte no podía tomar decisiones con base en la opinión pública. 
“Si una corte cede (ante la presión), bien podría no existir”, dijo Mendes. 
El juez Luis Roberto Barros argumentó que la integridad del sistema judicial está en juego. 
“Un sistema penal que no trabaja con una efectividad mínima favorece el desarrollo del instinto de hacerse justicia por propia mano”, afirmó Barros, quien votó contra la petición. 
La jueza Rosa Weber, que según analistas legales podría ser crucial porque hay muchas dudas en torno a su posición frente al asunto, votó contra Lula. 
El general Eduardo Villas Boas publicó dos tuits el martes por la noche que muchos interpretaron como una forma de presionar a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal y una amenaza velada de intervención. Dichas preocupaciones son tomadas en serio en un país que tuvo una dictadura militar de 1964 a 1985. 
“En la situación actual de Brasil, vale la pena preguntar a nuestras instituciones y a la gente quién está realmente pensando en lo que es mejor para el país y las generaciones futuras, y a quién está preocupado sólo en su interés personal”, escribió en un tuit. 
En el otro, Villas Boas dijo que compartía la ansiedad de la gente y “repudiaba la impunidad”. 
Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos como presidente entre 2003 y 2010, se ha convertido en un personaje polémico en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido a Brasil en los últimos años y ha enfurecido al ciudadano promedio contra la clase política. 
El exmandatario fue declarado culpable el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un apartamento en la playa. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Autolavado, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Muchos consideran a Moro un héroe, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista. 
Lula siempre ha defendido su inocencia, y ha argumentado que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial. 
Sin embargo, Lula sufrió un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al mencionado apartamento. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes. 
Aunque el exmandatario puede interponer más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados. 
Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Sin embargo, en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con ese argumento, y dictaminó que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación. 
Lula no ha dejado de hacer campaña durante toda su batalla legal, criticando a sus detractores y prometiendo no rendirse. La semana pasada, durante una escala en el estado sureño de Paraná, donde Moro lo declaró culpable, dos de los autobuses de su comitiva fueron alcanzados por disparos, que no dejaron heridos.

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