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Corrupción en Corrientes: dos escribanas van a juicio en una causa en la que está denunciado el exgobernador Colombi

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Dos escribanas irán a juicio oral  en Corrientes acusadas de realizar de manera irregular los  trámites de dos propiedades que el exgobernador de la provincia, Ricardo Colombi, habría recibido como donación cuando era  diputado nacional por la UCR en 2006.
En tanto el exmandatario sigue sin ser investigado por el  hecho denunciado penalmente en 2008, pese a que está acusado en  el expediente por los delitos de evasión fiscal agravada y enriquecimiento ilícito.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó el viernes un recurso de queja que habían promovido las profesionales denunciadas por actuar en supuesta complicidad con un empleado del PAMI que le donó dos viviendas privadas al entonces diputado Colombi, informaron fuentes judiciales.
El fallo, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, dejó firme la elevación a juicio oral de la causa contra escribanas correntinas Roxana Cabral y Dionisia Báez por el supuesto delito de falsedad ideológica, que establece una pena de uno a seis años de prisión; ahora el Tribunal Federal deberá disponer la fecha de inicio del debate.
La Justicia las acusa de haber realizado de manera irregular los trámites de donación de las casas para Colombi, quien ese momento no podía recibir legalmente dicho beneficio por ser diputado de la Nación.
El artículo 18 de la Ley de Ética Pública establece que “los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
El envío a juicio de las dos escribanas que hicieron las escrituras abrió el interrogante de por qué no es investigado también el exmandatario si es que en el mismo hecho hubo comisión de delitos vinculados a la falsedad ideológica en un caso de presunta evasión fiscal y enriquecimiento ilícito.
El caso es conocido en Corrientes como “casitas regaladas” por viviendas que están ubicadas en zona céntrica de la Capital provincial, en los barrios Libertad y Cambá Cuá; según fuentes judiciales, actualmente esas propiedades sumarían un valor superior a los 14 millones de pesos.
Ricardo Colombi, que fue tres veces gobernador de la Provincia, está denunciado desde hace más de nueve años por ese hecho en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que hasta el momento no abrió ninguna investigación para determinar si el entonces diputado nacional cometió los delitos de evasión fiscal agravada y se enriqueció de manera ilícita por la donación de las casas.
En ese sentido, el fiscal federal, Carlos Shaefer, le solicitó en marzo pasado a la jueza de Paso de los Libres, Cristina Pozzer, que revoque una resolución que pretende pasar al caso a la Justicia provincial por supuesta incompetencia.
El fiscal Shaefer consideró que se trata de delitos federales los que fueron denunciados y que, además, Colombi era legislador de la Nación, por lo que “de ningún modo” puede el caso pasar a una instancia provincial de la Justicia ordinaria.
La demora de la Justicia federal correntino para investigar a Colombi hizo que hasta el momento el exgobernador ni siquiera fuera citado a declaración indagatoria, a la vez que tampoco se determinó si puede ser procesado o sobreseídos por la existencia o no delitos.
Fuente NoticiasArgentinas

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Con un comunicado, seis gobernadores del PJ apoyan a Fellner

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El ex gobernador de Jujuy fue detenido por la megacausa que investiga el desvío de fondos de más de $1200 millones para la construcción de viviendas sociales en su provincia.
Un grupo de 6 gobernadores del Partido Justicialista emitió un comunicado para respaldar al ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner, detenido el jueves 12/04, tras la orden librada por el juez de Control N° 4 de esa provincia, Isidoro Cruz, por la megacausa que investiga el desvío de fondos de más de $1200 millones para la construcción de viviendas sociales en su provincia.
Juan Manuel Urtubey (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Domingo Peppo (Chaco) firmaron el mensaje en muestra de apoyo.
“Los Gobernadores Justicialistas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación sobre el pedido de detenc ión de Eduardo Fellner, expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación y exgobernador de la provincia de Jujuy.
Esperamos que se aclare rápidamente esta causa. Eduardo Fellner siempre se mantuvo a derecho. En este proceso de más de dos años, siempre se presentó ante la Justicia cuando fue solicitado y no existió ningún tipo de obstaculización a la investigación judicial correspondiente.
La intempestiva detención se ordena sin indagatoria ni procesamiento y no habiendo ningún nuevo elemento en la causa que la justifique.
Creemos fuertemente que el funcionamiento autónomo y transparente del sistema judicial es central para la consolidación de nuestra Democracia”.
La dirigente social, Milagro Sala, líder de la agrupación Tupac Amaru, se encuentra entre los beneficiarios de los fondos. “Milagro Sala era la jefa de esa asociación ilícita y Fellner era el coordinador”, afirmó el juez Cruz. Y adelantó que el ex gobernador “puede estar detenido por 4 meses, sin dictarle la prisión preventiva”.
Horacio Aguilar, abogado de Fellner aseguró que los fundamentos del juez Cruz para pedir la captura del ex gobernador por riesgo de fuga “son arbitrarios e ilegítimos”

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La Corte autorizó la detención del expresidente Lula da Silva

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El máximo tribunal de Brasil rechazó este jueves por la madrugada dar curso al pedido de habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para no ingresar a la cárcel mientras apela una sentencia de 12 años por corrupción, un fallo que podría afectar la estabilidad del país antes de las elecciones de octubre. Ahora, el juez Sergio Moro podría pedir su arresto y el líder pasar las próximas instancias apelatorias detenido.
Lula encabeza las encuestas electorales a pesar de su condena y de varias acusaciones de corrupción adicionales que esperan juicio. La decisión del Supremo Tribunal Federal de permitir que una corte de menor instancia obligue al exmandatario a comenzar a cumplir su sentencia podría arruinar su candidatura y generar protestas en un momento de tensiones elevadas en el país. 

Diez horas después de iniciada la sesión, cinco jueces habían votado contra Lula y cinco a su favor y el peso del voto definitorio recayó sobre la presidenta de la Corte Carmen Lucia, quien optó por rechazar la presentación del expresidente. 
El juez Gilmar Mendes, quien votó en favor de la petición de Lula de no ingresar a prisión, argumentó que la corte no podía tomar decisiones con base en la opinión pública. 
“Si una corte cede (ante la presión), bien podría no existir”, dijo Mendes. 
El juez Luis Roberto Barros argumentó que la integridad del sistema judicial está en juego. 
“Un sistema penal que no trabaja con una efectividad mínima favorece el desarrollo del instinto de hacerse justicia por propia mano”, afirmó Barros, quien votó contra la petición. 
La jueza Rosa Weber, que según analistas legales podría ser crucial porque hay muchas dudas en torno a su posición frente al asunto, votó contra Lula. 
El general Eduardo Villas Boas publicó dos tuits el martes por la noche que muchos interpretaron como una forma de presionar a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal y una amenaza velada de intervención. Dichas preocupaciones son tomadas en serio en un país que tuvo una dictadura militar de 1964 a 1985. 
“En la situación actual de Brasil, vale la pena preguntar a nuestras instituciones y a la gente quién está realmente pensando en lo que es mejor para el país y las generaciones futuras, y a quién está preocupado sólo en su interés personal”, escribió en un tuit. 
En el otro, Villas Boas dijo que compartía la ansiedad de la gente y “repudiaba la impunidad”. 
Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos como presidente entre 2003 y 2010, se ha convertido en un personaje polémico en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido a Brasil en los últimos años y ha enfurecido al ciudadano promedio contra la clase política. 
El exmandatario fue declarado culpable el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un apartamento en la playa. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Autolavado, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Muchos consideran a Moro un héroe, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista. 
Lula siempre ha defendido su inocencia, y ha argumentado que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial. 
Sin embargo, Lula sufrió un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al mencionado apartamento. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes. 
Aunque el exmandatario puede interponer más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados. 
Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Sin embargo, en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con ese argumento, y dictaminó que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación. 
Lula no ha dejado de hacer campaña durante toda su batalla legal, criticando a sus detractores y prometiendo no rendirse. La semana pasada, durante una escala en el estado sureño de Paraná, donde Moro lo declaró culpable, dos de los autobuses de su comitiva fueron alcanzados por disparos, que no dejaron heridos.

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Réplica de Macri a Moyano: Propone juzgar por corrupción a sindicalistas

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Un día después de la marcha 21F convocada por Hugo Moyano contra las políticas de Mauricio Macri, el oficialismo presentó un proyecto de ley para que los gremialistas puedan ser sancionados por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, al igual que los funcionarios públicos. Además, la propuesta prevé aumentar las penas de prisión y las multas para estos ilícitos, con la intención de que esta modificación se incluya en el proyecto de reforma del Código Penal, que el Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso este año, entre otros ítems.
En el plano discursivo, la respuesta del Gobierno nacional a la marcha “21F” convocada por Hugo Moyano contra las políticas de Mauricio Macri fue minimizar la manifestación y tildarla de “extorsión”. Pero en la práctica, una de las réplicas llegó de mano de legisladores oficialistas, que este jueves (22/02) presentaron un proyecto de ley para que los gremialistas puedan ser sancionados por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, al igual que los funcionarios públicos.
Según informa Semanario Parlamentario, la iniciativa fue firmada por más de una veintena de diputados de Cambiemos, encabezada por el radical Luis Petri.
Además, la propuesta prevé aumentar las penas de prisión y las multas para estos ilícitos, con la intención de que esta modificación se incluya en el proyecto de reforma integral del Código Penal, que el Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso este año.
Para el delito de cohecho, la iniciativa establece tres a 10 años de prisión -actualmente va de uno a seis años- e incorpora a “quienes dirijan o administren asociaciones sindicales con personería gremial u obras sociales de la Ley 23.660 que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.
En cuanto al enriquecimiento ilícito, las penas de prisión de 2 a 6 años pasan a 4 a 10 años y una multa del 50% del valor del enriquecimiento. Podrá ser penado quien “al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo como director, administrador de asociaciones sindicales con personería gremial u obras sociales”, reza el texto del proyecto para modificar el artículo 268 (2) del Código Penal.
Por otra parte, se pretende modificar la Ley 23.551 -de Asociaciones Sindicales- con el fin de que quien pretenda integrar los órganos directivos de los gremios deberá presentar “una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción”, y otra actualizada a la hora de dejar el cargo.
“La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero”, indica la iniciativa, a la que tuvo acceso parlamentario.com. En tanto, quienes incumplan con este requisito serán sancionados con el artí culo 268 (3) del Código Penal.
Además, las declaraciones juradas deberán ser publicadas en la página web del organismo para que los afiliados y cualquier ciudadano las puedan consultar.
El diputado Petri sostuvo que “el norte que debe guiar el interés sindical es la defensa de los derechos de los trabajadores y se debe sancionar a aquellos que hacen abuso del poder de representación que le conceden los trabajadores para enriquecerse indebidamente”.
“El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley. Sus dirigentes deben rendir cuentas, ser investigados y sancionados en caso de cometer actos de corrupción”, afirmó el vicepresidente segundo de la Cámara baja.

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La Argentina mejoró tres puntos en el Índice de Percepción de Corrupción

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El Índice de Percepción de Corrupción que elabora Transparencia Internacional ubicó al país en el puesto 85 entre 180 naciones, junto a Benin, Kosovo, Kuwait, Islas Salomón, y Suazilandia.
Una nueva edición del Índice de Percepción de Corrupción, que ordena a los países de menor a mayor según el nivel de corrupción observado, ubicó a la Argentina en el puesto 85 entre los 180 países analizados para el estudio. De acuerdo al trabajo que anualmente elabora la organización Transparencia Internacional, la Argentina obtuvo 39 puntos sobre 100 posibles, en un sistema de calificación que otorga mayor puntaje a los países menos corruptos.
Pese a que en este 2017 la Argentina obtuvo 3 unidades más que en la última edición del Índice –lo que le permitió escalar 10 puestos en el listado– el país se encuentra lejos de integrar el bloque de países en los que se detectan menores índices de corrupción. Entre las naciones que alcanzaron la misma calificación que la Argentina se encuentran Benin, Kosovo, Kuwait, Islas Salomón, y Suazilandia.
Desde TI insisten en comentar estos datos con cautela. “Argentina, estando en rojo, va mostrando pequeños pasitos pero todavía no está caminando” resumió Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas , quien entiende que los avances se explican por el “despertar” de la justicia argentina y por la política exterior del Gobierno de Mauricio Macri, orientada a mostrar al país como “confiable y limpio”.
Desde esta ONG que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, precisan que la mayoría de Gobiernos de América Latina tienen todavía pendientes cuestiones clave como la financiación de partidos políticos, las contrataciones públicas o las reformas de los sistemas de justicia.
El ranking ubica a la Argentina con 39 puntos, en el puesto 85 del mundo y en el puesto 16 entre los 31 países de América del Sur y del Caribe. El índice, que clasifica a 180 países y territorios de acuerdo a sus niveles percibidos de corrupción en el sector público (según expertos y empresarios), usa una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy poco corrupto.
El reporte anual que elabora Transparencia Internacional se basa en opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público. El resultado es un ránking de más de cien países ordenados por una puntuación que va de 0 a 100. En 2017 el ránking incluyó a 180 países. A escala global, Nueva Zelanda es el país que encabeza el listado de países más “limpios”, al sumar 89 puntos de 100 posibles. Le siguen Dinamarca, con 88 puntos, y terceros figuran Finlandia, Noruega y Suiza con 85.
“El ranking sigue prácticamente igual porque los cambios estructurales no han llegado a América Latina. No vemos políticas de Estado anticorrupción”, lamentó la consejera regional para las Américas, Luciana Torchiaro.
Un año más, Uruguay (puesto 23), Chile (26) y Costa Rica (28) son los países de la región mejor situados en el ránking sobre percepción de la corrupción y Venezuela (puesto 169), Nicaragua (145) y Guatemala (143) los peor ubicados.
En la parte baja de la tabla se encuentra Somalia, un país que por undécimo año consecutivo obtiene el peor resultado del índice con apenas 9 puntos sobre 100.

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