CORTE SUPREMA

Avruj: “El fallo de la Corte ha producido zozobra en la sociedad”

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“Compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo”, afirma el secretario de Derechos Humanos de la Nación en una nota de opinión publicada por Télam.

“El fallo de la Corte Suprema ha producido zozobra en la sociedad, por su contenido, por su implicancia, porque impacta fuertemente en historias personales escritas con mucho dolor”, señala Claudio Avruj en una columna de opinión distribuida por Télam y titulada “Un inquebrantable compromiso contra la impunidad“.

“El Gobierno Nacional tuvo una posición muy clara y contundente sobre el tema, encarnada en las voces del Ministro de Justicia y DD.HH. y de la vicepresidente de la Nación”, afirma el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.

El fallo de la Corte Suprema ha producido zozobra en la sociedad, por su contenido, por su implicancia, porque impacta fuertemente en historias personales escritas con mucho dolor. La noticia me sorprendió luego de una importante reunión con los organismos de Derechos Humanos en la cual- junto con el Ministro de Justicia- acordábamos pasos clave en el trabajo compartido en el Ente Espacio para la Memoria.

Los fallos judiciales producen múltiples efectos siempre y, como humanos, por supuesto que los sentimos y vivimos de acuerdo con nuestras creencias y realidades. Vivimos en una democracia que fundamentalmente se construyó basada en la justicia y en la defensa de los derechos humanos, en la lucha por su recuperación y el Juicio a las Juntas, que son sus hitos insoslayables.

Aquella historia nos obliga a respetar cada día más la independencia de poderes y a entender con la mayor madurez cívica que por sobre la ley no hay nada, no está nadie, que los fallos se respetan y acatarlos no significa alineamiento en absoluto. No nos gusta el 2×1, lo rechazamos, y soy crítico de la demora de la Justicia en su accionar. Es esta demora la que crea las condiciones para llegar a esta situación, que tiene tantas reacciones. Defiendo como la mayoría de los argentinos la idea de que las condenas son para ser cumplidas.

El Gobierno Nacional tuvo una posición muy clara y contundente sobre el tema, encarnada en las voces del Ministro de Justicia y DD.HH. y de la vicepresidente de la Nación: es inadmisible el uso de la figura del 2×1 para todos los delitos, y en particular en aquellos que son de lesa humanidad, aunque un sector de la Justicia entienda que se ajusta a derecho. La aplicación de esta norma nos ha hecho mucho daño.

El fallo sobre el caso Muiña nos dejó inmersos en un profundo debate jurídico y político, que como todo debate tiene sus aristas, sus argumentos, sus emociones y sus tecnicismos. Quedó plasmado en el mismo seno del máximo organismo por su fallo dividido.

Debemos seguir manteniendo nuestros estándares de derechos humanos lo más alto posible, para que Nunca Más en la Argentina la impunidad, el miedo y el odio se adueñen de nuestra sociedad. Compartir las calles con personas que cometieron delitos atroces contra la humanidad sería algo negativo.

El reclamo de justicia como valor y como reparación es algo que sostenemos y sostendremos. La verdad se construye también en la medida que la justicia trae paz a las víctimas en particular y a la sociedad toda. Hemos tenido tal vez la transición más larga que un país pueda tener después de nuestro período más oscuro que fue la dictadura de 1976 a 1983. Las demoras, dilaciones y retrasos en la Justicia dificultan este camino. Aún envueltos en esta coyuntura, es invariable nuestro rumbo como querellantes en las causas que siguen su curso. En otras palabras, la continuidad de los juicios no se alterará por ningún motivo. Que les quede claro a todos, por si persiste alguna injustificada duda.

Hemos perdido demasiado los argentinos, hemos sufrido demasiado los argentinos. El llamamiento del Presidente de la Nación a unirnos es un sendero que debemos caminar entre todos para que la memoria no sea un factor de confrontación, sino de construcción de futuro.

(*) Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación

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Fiscales piden la inconstitucionalidad del 2×1 y Justicia rechazó solicitudes de dos represores

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Mientras crece la polémica y el rechazo de diversos sectores, dos fiscales pidieron a la Justicia declarar la inconstitucionalidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el 2×1 en condenados por delitos de lesa humanidad. En este contexto, a dos represores les negaron este viernes el beneficio de la libertad.

Los pedidos de declarar inconstitucional la decisión del Máximo Tribunal llegaron de la mano de los fiscales Ángela Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas y Pablo Parenti, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.

Tanto Parenti como Ramos reclamaron, la inconstitucionalidad del beneficio. Ambos advirtieron que si se entendiera que la derogada ley 24.390 abarca también los crímenes de lesa humanidad sería una ley “incompatible” con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de violaciones de los Derechos Humanos.

En tanto, el Tribunal Oral Federal 5 se negó a aplicar el cómputo del 2×1 a los casos de los represores Héctor Girbone y José Luis Magnacco, condenados por robo de bebés en la dictadura, una interpretación que podría ser adoptada por otros magistrados.

El tribunal integrado por Adriana Pallioti, Oscar Hergott, Gabriel Nardello rechazó el planteo que había presentado el exteniente de Campo de Mayo Girbone e hizo lugar al pedido del fiscal Pablo Parenti, quien había dictaminado que el 2×1 era “inaplicable” para condenados por apropiación.

De esta forma, se abrió una ventana para los organismos de derechos humanos, ante la posibilidad de que fiscales y jueces comiencen a distinguir casos y que el precedente sentado por el máximo tribunal en el expediente del represor Luis Muiña no sea aplicable a todos los condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

En el caso de Magnacco, fuentes judiciales confirmaron que el fallo fue firmado por los jueces Palliotti y Leopoldo Bruglia y en él se advierte que el represor no reúne las condiciones formales necesarias para acogerse al beneficio de la ley.

La defensa oficial de Magnacco, exmédico de la Armada que se desempeñó como obstetra en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA en la dictadura, había solicitado al Tribunal Oral Federal 5 la aplicación del 2×1 para obtener la libertad condicional.

El polémico fallo de la Corte Suprema que habilitó el “2×1” para los delitos de lesa humanidad abrió un interrogante sobre cuántos de represores sin condena firme podrían recuperar la libertad en el corto plazo. En principio, solo beneficiaría a Luis Muiña, sentenciado en 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas durante un operativo militar en el Hospital Posadas en 1976.

Muiña, de 61 años, fue a prisión el 30 de septiembre de 2007. En 2013 el Tribunal Oral Criminal Federal 2 (TOCF2) le aplicó el principio de la “ley penal más benigna”, por lo que se le contó doble la cantidad de días en prisión preventiva a partir de que cumplió dos años en esa situación. Esa cuenta dio que el 16 de diciembre cumplía la totalidad de la pena. Pero tras una apelación la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal negó el 2×1, cambió el cálculo de la pena y estableció que vencía en 2020.

Ahora, la Corte vuelve a pedir que se aplique la “ley penal más benigna” y se le cuente doble desde el segundo año de la preventiva, en septiembre de 2009. Como Muiña pasó cuatro años en preventiva, los últimos dos suman cuatro. Sumados a los otros seis años que estuvo preso hasta que a fines de 2016 salió en libertad condicional por cumplir dos tercios de la condena (8 años y medio), Muiña tendría la condena cumplida en septiembre de 2018.

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Autoridades de Humanidades repudian el fallo de la Corte que benefició a un represor con el 2×1

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Como autoridades de Facultades de Ciencias Sociales de Universidades Nacionales, en las que el resguardo de los derechos humanos ocupa un lugar central, expresamos nuestra profundo rechazo por la aplicación del 2 x 1 a un genocida de la última dictadura militar, por parte de la Corte Suprema de la Nación.
Con una medida de esta envergadura, se gestan heridas que la ciudadanía argentina procura subsanar con juicios justos, reconocimiento de hijos y nietos, homenajes colectivos de alta significación e impacto social, entre otros. Mientras que la máxima autoridad de la justicia nacional, en este caso representada por la Corte Suprema de la Nación, contrapone este proceso social con una medida arbitraria, injusta, impertinente, irresponsable a los ojos de un proceso que debe darse. 
Preocupados por esta desatención a la democracia de parte de un poder del Estado, acompañamos todo discurso y acción que interpele esta medida, lugar desde el cual ratificamos una vez más nuestro compromiso profundo con la puesta en acto de fallos que serán socialmente válidos si hacen que los genocidas sean castigados a la medida de los crímenes cometidos. Nunca más es nunca más.
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Diputado del PRO lloró en repudio al fallo de la Corte que benefició a un represor

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El diputado Jorge Ratier, del bloque del PRO, lloró en pleno recinto en la primera sesión ordinaria de la Legislatura provincial, en momentos en que se debatía un repudio general al fallo de la Corte Suprema que benefició con el 2×1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.

Ratier se emocionó a la hora de recordar a su tío, Hugo Norberto Ratier Noguera, desaparecido durante la última dictadura y consideró que le hubiera gustado “conocer” a la generación desaparecida durante los años de plomo. “Estas cosas duelen, siento el dolor en los ojos de mi viejo. Entonces, repudio esto. Nos vuelve atrás, a discutir algo que habíamos pasado. Yo nací en 1972 y creo firmemente que nunca más se debe practicar la intolerancia en este país y un gobierno militar ni democrático que aplique la violencia para dirimir las diferencias de las ideas. Hay que repudiar esto porque es un retroceso. No hay discusión, en este país hubo un genocidio y los culpables deben ser condenados y cumplir con sus condenas. No debe haber ninguna duda”, argumentó.

Ratier sorprendió al recinto que estaba debatiendo distintos proyectos que coincidían en repudio al fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2×1 a un represor condenado. “Aunque no soy parte importante de la estructura nacional del PRO, sí lo fui en sus comienzos, cuando éramos pocos, y sé cuál es la ideología del Presidente. No es lo que muchos creen, sé que no tiene nada que ver, sé que no participó en esta decisión de la Corte Suprema”, aseguró.

Después, el legislador contó la historia familiar. Su tío era militante del ERP tuvo que exiliarse en Chile perseguido por la dictadura argentina. En la tierra de Pinochet, finalmente fue asesinado. “Nunca lo conocí. Yo era un bebé cuando ocurrió, pero recuerdo el dolor de mi padre”, se quebró el diputado como antesala de la votación unificada de los proyectos de repudio.

Llamativamente, hubo unanimidad, incluso de los legisladores de la alianza Cambiemos. La única salvedad fue la del radical Gustavo González, quien votó el repudio, pero defendió al ministro de Justicia, Germán Garavano, quien justificó el fallo de la Corte al decir que como “máxima instancia” hay que cumplir sus decisiones y no cuestionarlas, aunque calificó de “perversa” la norma que beneficia con la salida anticipada a las personas que cometieron delitos graves.

La Corte dictaminó que Luis Muiña, represor de un grupo paramilitar en el Hospital Posadas y condenado en 2011, tiene derecho a una reducción de penas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco votaron la vigencia de la ley para el detenido Muiña, quien no estaba preso porque ya gozaba de una libertad condicional desde el 18 de abril pasado.

Además de la polémica que despertó la decisión de la Corte, también generó controversia debido a que otros militares condenados por delitos de lesa humanidad puedan invocar el fallo.

Los diputados unificaron sus iniciativas en repudio al fallo e instaron a que los legisladores nacionales por Misiones adopten idéntica actitud. Los diputados aprobaron sobre tablas, de manera unánime, las iniciativas de los diputados Héctor Escobar, María Losada, Myriam Duarte, Lucas Cácerez y Martín Sereno, que fueron unificadas en una declaración que expresa el repudio contra el fallo pronunciado por la Corte Suprema de Justicia en el que se aceptó la aplicación del cómputo de la pena conocido como “dos por uno” en condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívica- militar.

 “El momento político permitió este fallo. Esto se soluciona con más política, saliendo de la grieta en la que nos han puesto y de la antipolítica que imponen los medios nacionales”, sentenció el diputado de Vanguardia Radical, Hugo Escalada, uno de los integrantes del interbloque Avancemos. 

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Estela de Carlotto dijo que el 2×1 a los represores es “abominable”

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La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, le pegó a Highton de Nolasco e H.I.J.O.S. a Rosatti y Rosenkrantz, pero todos culpan a Macri. Desde el Ejecutivo pidieron ser “respetuosos” del fallo de la Corte.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que el fallo de la Corte Suprema es “abominable”. Atacó a la única jueza por supuesta mente aceptar “presiones para mantener un status”. La agrupación de hijos de desaparecidos apuntó contra los jueces propuestos por el macrismo.

El fallo de la Corte Suprema que beneficia a condenados por delitos de lesa humanidad generó las primeras críticas de las organizaciones vinculadas a las víctimas de la última dictadura militar.

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, calificó el fallo como “abominable” y una “estafa”. En tanto, la agrupación H.I.J.O.S. apuntó contra los jueces propuestos por el gobierno de Mauricio Macri, al que rotuló de “negacionista”.

Por mayoría, la Corte Suprema puso en vigencia la ley que habilita a que se compute como doble cada día en la cárcel que pase un detenido con prisión preventiva. Dicha ley, conocida como “2X1”, había sido derogada en 2001.

El fallo contó con los votos a favor de Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Estos dos últimos fueron propuestos por Macri y luego avalados por el Senado. H.I.J.O.S. recordó que distintas organizaciones impugnaron las candidaturas. De todos modos, la organización evitó pronunciarse sobre Highton de Nolasco, quien fue propuesta por Néstor Kirchner, con quien tenía afinidad.

No fue el mismo caso del de Carlotto, quien vinculó su votó a “presiones para mantener un status”. Cabe recordar que la magistrada cumplirá 75 años este año y buscaría permanecer en la Corte más allá de la edad que fija la ley. Para ello necesitará que el Gobierno la vuelva a proponer.

“Estamos en un país de trastornados. Lo lamento por Elena Highton de Nolasco. Si vivimos bajo presiones para mantener el status que pongan un kiosco y que vendan golosinas”, dijo en declaraciones a AM 750.

Carlotto también responsabilizó al gobierno de Macri por el fallo de la Corte. “Esto es una estafa, no sirve para nosotros. Es una estafa a la moral de la sociedad. En esta administración no sólo nos están destruyendo en la economía, sino también en la moral y la física”, agregó Carlotto que adelantó que harán presentaciones en organismos internacionales para revertir el fallo de la Corte.

Luego explicó: “En esta lucha que tanto falta todavía es lamentable que tengamos estos retrocesos. Quieren borrar la historia. Tenemos un Gobierno de ladrones, incompetentes y mala gente. Esto no es malo para nosotros, es malo para sus hijos”.

“No existe la independencia de la Corte Suprema. Ahora quieren fusilarnos con este fallo del 2×1. Les mando un mensaje directo a la gente de la Corte y de este Gobierno”, concluyó.

El fallo del máximo tribunal llega en momentos de controversia entre las organizaciones de Derechos Humanos y la Iglesia Católica por el pedido de ésta de “reconciliación” entre familiares de desaparecidos y militares.

A través de Twitter, la organización H.I.J.O.S. lo relacionó con la sentencia de la Corte. La Iglesia propone reconciliación. La Corte Suprema reduce condena al genocida Muiña. El Gobierno ejerce el negacionismo. #Son30Mil”, tuitearon.


Por su parte, Carlotto dijo: “Estoy mal. No acabo de reponerme de lo que dijo la Iglesia cuando ahora me entero de este dos por uno aprobado por la Corte que es abominable”.

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