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Biodiésel: el Gobierno volvió a subir el precio regulado y suma presión sobre los costos logísticos

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El Gobierno nacional actualizó el precio del biodiésel destinado al corte obligatorio con gasoil y fijó un nuevo valor de $1.858.424 por tonelada para junio, una decisión que, aunque técnica y poco visible para el consumidor final, tiene implicancias directas sobre la estructura de costos del transporte, la logística y buena parte de las economías regionales que dependen del gasoil para movilizar producción y mercaderías.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 123/2026 de la Secretaría de Energía, que estableció además que las petroleras deberán cancelar las compras de biodiésel en un plazo máximo de siete días corridos. El nuevo precio regirá durante junio y permanecerá vigente hasta que sea reemplazado por una nueva actualización.

Detrás de la decisión aparece un equilibrio complejo: garantizar rentabilidad a las plantas elaboradoras de biodiésel y sostener el esquema de mezcla obligatoria con combustibles fósiles, sin generar una escalada de costos que termine trasladándose al surtidor

La cadena productiva mira el costo del flete

El sector forestal es probablemente uno de los más expuestos. La industria maderera y de la celulosa moviliza millones de toneladas al año mediante transporte carretero. Un incremento sostenido en los costos del combustible impacta sobre toda la cadena: desde el traslado de rollizos hasta la exportación de productos con valor agregado.

La yerba mate tampoco queda al margen. El movimiento de hoja verde, yerba canchada y producto terminado depende casi exclusivamente de camiones. Lo mismo ocurre con el té, una de las actividades exportadoras más importantes de la provincia.

En un contexto donde los márgenes de rentabilidad siguen siendo ajustados, cualquier modificación en la estructura de costos logísticos se convierte en una variable observada de cerca por cooperativas, secaderos e industrias.

Para el comercio misionero el efecto también existe, aunque de manera indirecta. Los costos de distribución de alimentos, bebidas, materiales de construcción y bienes de consumo masivo están estrechamente vinculados al precio del combustible utilizado por la logística nacional.

Por qué Energía sigue ajustando el biodiésel

La actualización responde al mecanismo previsto en la Ley 27.640, que regula el mercado de biocombustibles y otorga a la Secretaría de Energía la facultad de establecer periódicamente los precios de referencia.

El esquema busca garantizar que los productores de biodiésel puedan operar con una rentabilidad considerada razonable, contemplando: costos de elaboración. Transporte. Materias primas. Costos financieros. Operación industrial.

El biodiésel forma parte del porcentaje obligatorio que las refinadoras deben incorporar al gasoil comercializado en el país, por lo que su valor termina integrando la estructura de costos del combustible.

La Secretaría de Energía argumentó que las condiciones actuales del mercado justificaban una nueva adecuación de precios para junio.

La incógnita para el sector productivo es cuánto de esta actualización terminará trasladándose al precio final del gasoil durante los próximos meses.

La respuesta dependerá de múltiples factores: evolución del petróleo internacional, tipo de cambio, impuestos, costos de refinación y decisiones regulatorias futuras.

Para Misiones, donde el costo logístico es una de las principales barreras para la competitividad, la variable energética sigue siendo tan importante como el tipo de cambio o la presión tributaria.

Una diferencia de pocos puntos porcentuales en el combustible puede terminar reflejándose en el costo de exportar madera, transportar yerba mate o abastecer comercios en el interior provincial.

La actualización del biodiésel confirma que el Gobierno mantiene una política de ajustes periódicos dentro del esquema regulado de biocombustibles. Para las empresas misioneras, el dato relevante no es únicamente el nuevo valor de junio, sino la tendencia que pueda consolidarse durante el segundo semestre.

Si los incrementos continúan y terminan impactando sobre el gasoil, la logística volverá a ocupar un lugar central en la discusión sobre competitividad regional, especialmente en una provincia que compite diariamente con economías fronterizas y que depende del transporte para sostener su perfil exportador.

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Empresas sostienen el optimismo pero ajustan inversión y salarios en un escenario de incertidumbre

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El clima de negocios en Argentina no se deteriora, pero tampoco avanza. Durante el primer trimestre de 2026, el optimismo empresarial se mantuvo en 64%, sin variaciones respecto al período anterior, según el International Business Report (IBR). El dato confirma una estabilidad que, lejos de expresar fortaleza, expone un cambio de comportamiento: las empresas continúan operando, pero bajo una lógica más defensiva.

El informe revela que, en un contexto global tensionado por conflictos geopolíticos y aumento de costos, las compañías del mercado medio local priorizan eficiencia, control de gastos y decisiones selectivas de inversión. La señal es clara: no hay retirada, pero sí una recalibración del riesgo.

Un equilibrio frágil en el frente económico

El mantenimiento del nivel de optimismo contrasta con el deterioro global, donde el indicador cayó a 68%, afectado por la guerra en Medio Oriente y su impacto en cadenas de suministro y precios energéticos. En ese marco, Argentina aparece como una excepción relativa, aunque sin impulso expansivo.

De acuerdo al reporte, la estabilidad local se sostiene sobre un cambio en la gestión empresarial: menor apuesta a crecimiento acelerado y mayor foco en sostenibilidad operativa. Esta transición no responde a una mejora estructural, sino a la necesidad de adaptarse a un entorno todavía condicionado.

Ingresos firmes, pero inversión más selectiva

Las expectativas de ingresos y precios de venta lideran el escenario, con un 61% de respuestas positivas en ambos casos. Se trata de los indicadores más dinámicos del trimestre, con subas de 11 y 19 puntos porcentuales respectivamente.

Sin embargo, ese optimismo no se traduce en expansión externa. Solo el 12% de las empresas proyecta crecer en mercados internacionales, lo que confirma un repliegue hacia el mercado interno como principal sostén.

En paralelo, la inversión muestra una reconfiguración clara:

  • Tecnología: 53%
  • Sustentabilidad: 50%
  • Investigación y desarrollo: 42%

En contraste, la inversión en marca cae al 29%, con una baja de 9 puntos. El cambio sugiere un corrimiento hacia activos más directamente vinculados a productividad y eficiencia.

El informe identifica dos restricciones principales: el costo y disponibilidad de materias primas (39%) y la incertidumbre económica (39%). Aunque esta última disminuye respecto al trimestre anterior, sigue siendo un condicionante central.

Al mismo tiempo, cae la preocupación por la demanda: la falta de pedidos baja a 16% y la expectativa de menor consumo a futuro desciende a 14%. Este dato introduce un matiz: el problema no está tanto en vender, sino en producir en condiciones competitivas.

Salarios y empleo: señales de ajuste

El frente laboral muestra un giro más contractivo. Solo el 9% de las empresas prevé aumentos reales de salarios, mientras que la expectativa de subas nominales cae de 83% a 68%.

El dato sugiere que la recomposición salarial pierde centralidad en la estrategia empresarial, en un contexto donde los márgenes se ven presionados por costos y donde la prioridad pasa por sostener la estructura antes que expandirla.

El comportamiento empresarial revela una lógica de administración del riesgo más que de expansión. Las empresas no abandonan el mercado, pero reducen exposición, priorizan eficiencia y postergan decisiones de mayor alcance.

En ese esquema, ganan centralidad las inversiones tecnológicas y operativas, mientras pierden peso aquellas vinculadas a posicionamiento o crecimiento externo. La señal es consistente con un escenario donde las condiciones macroeconómicas no terminan de consolidarse.

Estabilidad sin tracción

La estabilidad del optimismo no se traduce en dinamismo económico. Por el contrario, refleja un equilibrio precario: ingresos sostenidos, pero sin impulso inversor masivo; demanda más estable, pero con costos en alza; empleo sin expansión clara.

En términos concretos, esto implica un ritmo de actividad moderado, con empresas enfocadas en sostener niveles operativos más que en ampliar capacidad.

La tendencia hacia la eficiencia y el control de costos podría tener implicancias en economías regionales como Misiones. En particular, la menor expansión externa y el foco en mercado interno podrían reforzar dinámicas comerciales locales, aunque sin un salto en inversión.

A su vez, la presión sobre costos de insumos y materias primas podría trasladarse a cadenas productivas regionales, dependiendo de su integración con mercados nacionales.

International Business Report Grant Thornton by CristianMilciades

Inflación, crédito y costos como variables clave

El rumbo de la actividad empresarial dependerá de tres factores centrales: la evolución de la inflación, el acceso al crédito y la dinámica de costos productivos.

Si estas variables se estabilizan, el actual equilibrio podría transformarse en una plataforma de crecimiento. Si no, la lógica defensiva podría profundizarse, consolidando un escenario de estancamiento con adaptación permanente.

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Polaris cierra sucursales en pleno centro de Posadas: “Costos al alza y consumo a la baja”

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El mapa comercial del microcentro de Posadas vuelve a mostrar señales de reacomodamiento. En las últimas horas se confirmó el cierre de las sucursales de Polaris, ubicadas sobre la calle Bolívar, frente a la plaza 9 de Juli y al shopping y a pocos metros de otro local recientemente desocupado –Le Utthe-, en una zona que históricamente concentró alto flujo peatonal y marcas consolidadas.

La escena es elocuente: vidrieras cubiertas, persianas bajas y un cartel que anuncia el cierre, acompañado por un mensaje dirigido a los clientes tras más de cuatro décadas de actividad.

Desde la empresa, su titular Pablo Svetaz explicó a Economis que la decisión no responde a un hecho puntual, sino a un proceso más amplio de ajuste del negocio frente a un contexto adverso. “Reorganización, costos al alza y consumo a la baja. No hay mucha más explicación… una mala temporada de verano y la temporada de invierno por delante”, sintetizó.

Y agregó: “No hay mucha más explicación que algo natural que tiene que ver con las características actuales del mercado”.

El cierre se da en un punto neurálgico del comercio posadeño, donde en los últimos meses comenzaron a evidenciarse movimientos: locales que achican superficies, marcas que migran a formatos más chicos o directamente abandonan ubicaciones tradicionales.

En ese sentido, el propio comunicado exhibido en el local refuerza la idea de una estrategia más que de un retiro: la empresa habla de una “reorganización de operaciones en el centro”, con foco en “formatos más eficientes y alineados a las nuevas formas de consumo”.

El mensaje también busca llevar tranquilidad sobre el impacto laboral: “Esta decisión tiene un objetivo claro: seguir trabajando con nuestro equipo, cuidando las fuentes de trabajo y mejorando el servicio”, señala el texto.

El caso de Polaris no es aislado. Se inscribe en una dinámica más amplia que atraviesa al comercio minorista en la región y en el país: caída del poder adquisitivo, menor circulación en el centro y una estructura de costos en ascenso -alquileres, servicios, logística- que tensiona la rentabilidad.

A eso se suma la estacionalidad. Según reconocen desde el sector, el verano no cumplió expectativas en términos de ventas, y el invierno aparece con perspectivas moderadas, lo que acelera decisiones de ajuste.

Una marca con historia en la ciudad

El cierre cobra mayor relevancia por el peso simbólico de Polaris en el comercio local. Con más de 45 años de trayectoria, la firma creció al ritmo de la ciudad, consolidándose como una marca reconocida en su segmento.

Esa historia también aparece reflejada en el mensaje de despedida: “Después de más de 45 años creciendo con la ciudad, seguimos haciendo lo que siempre hicimos: adaptarnos a los distintos escenarios, mirando hacia adelante”.

Lejos de implicar un retiro, la empresa apunta a reconfigurar su presencia, concentrando operaciones en otras sucursales y apostando a formatos más flexibles.

El cierre del local sobre Bolívar, junto a otros movimientos recientes en la zona, refuerza una lectura que ya circula entre comerciantes y analistas: el centro posadeño atraviesa una transición, con costos de alquieres exuberantes poco alineados con la realidad del mercado.

Menos locales grandes, más eficiencia, adaptación al consumo digital y una redefinición del rol de las tiendas físicas parecen marcar el nuevo escenario. En ese contexto, la decisión de Polaris aparece más como un síntoma que como una excepción.

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La Comisión Arbitral ordena las reglas del Convenio Multilateral y busca previsibilidad fiscal para las empresas

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La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral dio un paso institucional clave al aprobar un ordenamiento jurídico integral y digital de todas las normas que regulan el Convenio Multilateral. La decisión quedó formalizada en la Resolución General 3/2026, publicada el 2 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial, y deroga el viejo esquema de compilación vigente desde 2005. El cambio no altera alícuotas ni bases imponibles, pero impacta de lleno en la certeza normativa que enfrentan empresas que operan en más de una provincia.

La clave es operativa: un texto único, actualizado y clasificado, accesible en formato electrónico, que reúne el Convenio, su Protocolo Adicional y todas las resoluciones generales vigentes, excluyendo normas en desuso. En un sistema tributario fragmentado por jurisdicciones, ordenar reglas es reducir fricción.

Qué establece la norma, en términos prácticos

La resolución aprueba el “Ordenamiento Jurídico de las Normas de la Comisión Arbitral”, una compilación digital que integra, categoriza y mantiene actualizadas las disposiciones del régimen multilateral. El nuevo esquema organiza el universo normativo por títulos y subtítulos —desde la vigencia y el ámbito de aplicación hasta regímenes de distribución, fiscalización, vencimientos y sistemas informáticos— y deja afuera resoluciones de casos concretos.

Para los contribuyentes alcanzados por el Convenio Multilateral, la traducción económica es clara: menos tiempo y costo para identificar reglas aplicables, menos margen para interpretaciones contradictorias y un marco más estable para liquidar y planificar el impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando hay actividad en múltiples jurisdicciones.

Además, cada norma que se publique a futuro se incorporará automáticamente al ordenamiento, con identificación expresa si fue apelada y si quedó confirmada por la Comisión Plenaria. El sistema se vuelve dinámico y trazable.

Contexto institucional y antecedentes

La medida reemplaza la Resolución General 1/2005, que había intentado reunir en un solo texto las resoluciones vigentes hasta entonces. Dos décadas después, la acumulación normativa y la digitalización del Estado empujaron a una reingeniería del acceso a la norma, no del contenido sustantivo del impuesto.

El problema a resolver es conocido por empresas y estudios tributarios: dispersión normativa, textos superpuestos y reglas que, aun no derogadas, quedaron obsoletas. El nuevo ordenamiento declara explícitamente que no incluye normas caídas en desuso, una señal institucional relevante para despejar ambigüedades.

Impacto económico concreto

Aunque no hay cambios en alícuotas ni en la mecánica de distribución, el impacto económico se manifiesta por la vía de los costos de cumplimiento. Un marco ordenado reduce horas de trabajo administrativo, consultas y litigios potenciales. Para empresas con operaciones interjurisdiccionales —industria, comercio, servicios y logística—, la mejora en previsibilidad favorece la planificación y reduce riesgos de ajustes fiscales.

En términos de competitividad, el beneficio es indirecto pero real: menos fricción tributaria en un impuesto que suele ser señalado como uno de los más complejos del sistema subnacional. No hay efectos inmediatos en recaudación, pero sí una mejor administración del régimen.

Señales políticas al mercado y a las provincias

La resolución envía una señal de continuidad institucional más que de giro. No desregula ni endurece el control, sino que ordena y transparenta. También refuerza una lógica de coordinación entre jurisdicciones adheridas, al consolidar criterios y facilitar su consulta pública.

Para el mercado, el mensaje es de estabilidad: reglas claras, accesibles y actualizadas. Para las provincias, una herramienta que mejora la aplicación homogénea del Convenio sin resignar potestades.

Qué mirar en los próximos meses

El termómetro estará en el uso efectivo del ordenamiento: su actualización permanente, la claridad de las categorizaciones y la reducción de controversias interpretativas. Si el sistema logra convertirse en la referencia cotidiana para contribuyentes y fiscos, el impacto real se medirá en menor litigiosidad y mayor previsibilidad dentro del impuesto más extendido del mapa provincial.

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Reforma Laboral: claves para entender afecciones vinculantes vs no vinculantes

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En medio del dinámico debate sobre la reforma laboral en Argentina, uno de los temas que genera mayor interés y, a menudo, confusión, es el tratamiento de las enfermedades que afectan a los trabajadores. Comprender la distinción fundamental entre enfermedades vinculantes (o profesionales) y no vinculantes (o inculpables) es crucial no solo para los empleados que buscan proteger sus derechos, sino también para las empresas que aspiran a gestionar su capital humano de manera responsable y eficiente. Este artículo se propone educar sobre estas categorías, su marco legal y las mejores prácticas para su abordaje, en el contexto de las transformaciones legislativas actuales.

La principal distinción entre un tipo de enfermedad y otra radica en su origen. Mientras que una es consecuencia directa de las tareas desempeñadas, la otra surge por factores ajenos al entorno laboral.

Enfermedades vinculantes o profesionales

Una enfermedad profesional o vinculante es aquella que se origina como resultado directo de la exposición a factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo. Estas patologías están contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) N° 24.557, que busca prevenir los riesgos laborales y reparar los daños ocasionados.

La cobertura de estas enfermedades corre por cuenta de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), a las que las empresas deben estar afiliadas. Existe un listado oficial, aprobado por el Decreto 658/96 y sus modificatorias, que detalla las enfermedades reconocidas para distintas actividades, los agentes de riesgo asociados y el tiempo de exposición necesario para su reconocimiento.

CaracterísticaDescripción
OrigenCausa directa e inmediata de la ejecución del trabajo.
Marco LegalLey de Riesgos del Trabajo (N° 24.557).
CoberturaA cargo de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o empleador auto asegurado
Ejemplos ComunesHernias de disco, síndrome del túnel carpiano, hipoacusia (pérdida de audición por ruido o trauma acústico), enfermedades respiratorias por exposición a polvos.

Un desafío particular lo presentan las enfermedades “no listadas”. Estas son dolencias que, si bien no figuran en el listado oficial, pueden ser reconocidas como profesionales si el trabajador demuestra ante una Comisión Médica que la patología fue provocada por “causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo”. Este procedimiento, introducido por el Decreto 1278/2000, abrió una vía para el reconocimiento de enfermedades que el sistema originalmente no contemplaba.

“La reforma laboral, más allá de los artículos que finalmente se aprueben, instala una conversación necesaria sobre la sostenibilidad del sistema de salud laboral en Argentina”, afirma Federico Martín, director médico (Matrícula nacional 105.536 y médico del trabajo inscripción N 6674) de Praevida, empresa especializada en medicina laboral. “El debate sobre las licencias por enfermedad no debe ser visto como un enfrentamiento entre derechos del trabajador y costos empresariales, sino como una oportunidad para fortalecer la prevención y optimizar los mecanismos de control”.

Enfermedades no vinculantes o inculpables

Por otro lado, las enfermedades no vinculantes o inculpables son aquellas que no guardan relación causal con las tareas laborales. Un resfriado común, una enfermedad preexistente que se manifiesta durante la relación laboral o una lesión sufrida fuera del horario de trabajo son ejemplos claros. Estas situaciones están reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744, que en su artículo 208 establece que estos padecimientos “no afectarán el derecho del trabajador a percibir su remuneración” durante los períodos de licencia correspondientes, que varían según su antigüedad.

Recientemente, este punto ha estado en el centro de la escena política debido a la reforma laboral. Una propuesta inicial buscaba modificar el esquema de pago durante estas licencias, pero fue retirada del proyecto de ley, manteniendo, por ahora, el esquema de protección actual.

Según el experto: “Una empresa que invierte en identificar y mitigar riesgos no solo reduce el ausentismo y los costos asociados a las licencias, sino que también construye una cultura organizacional sólida, donde el empleado se siente cuidado y valorado. Esto, a largo plazo, se traduce en mayor productividad y retención de talento”.

Martín también destaca la importancia de un sistema de juntas médicas eficiente y transparente. “La reforma propone reforzar el derecho del empleador al control médico, lo cual es positivo para evitar abusos. Sin embargo, es fundamental que estos controles se realicen con rigor científico y ético, garantizando un diagnóstico justo y evitando la estigmatización del trabajador”.

Desde Praevida,ofrecen las siguientes recomendaciones prácticas para que las empresas naveguen el escenario actual y futuro de la salud laboral:

1.Auditoría integral de riesgos: “No se puede gestionar lo que no se mide”. Recomiendan realizar una auditoría completa de riesgos laborales, incluyendo no solo los factores físicos evidentes, sino también los riesgos psicosociales como el estrés, el burnout y el acoso laboral, que son causas crecientes de ausentismo.

2.Inversión en programas de bienestar: Ir más allá del cumplimiento legal. Implementar programas de bienestar que promuevan la salud física y mental, como pausas activas, talleres de manejo del estrés, nutrición y actividad física. “Un empleado sano y motivado es el activo más valioso de una compañía”.

3.Protocolos de actuación claros y comunicados: Desarrollar y comunicar protocolos claros para la denuncia de accidentes y enfermedades, así como para el procedimiento de licencias y reincorporación. Esto brinda seguridad jurídica tanto al empleado como al empleador.

4.Asesoramiento especializado y personalizado: Contar con un servicio de medicina laboral que no se limite a realizar exámenes de rutina, sino que ofrezca un asesoramiento estratégico y personalizado. “Un buen socio en salud laboral ayuda a la empresa a anticiparse a los problemas, a gestionar los casos complejos y a diseñar un plan de prevención a medida”,

En definitiva, el contexto de la reforma laboral invita a las empresas a adoptar un rol protagónico en la salud de sus trabajadores. La clave, según los expertos, no está en reducir derechos, sino en invertir inteligentemente en prevención, gestión y bienestar, transformando un desafío en una oportunidad de crecimiento y sostenibilidad.

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