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Los precios mayoristas subieron 0,8% en julio, pero agro, industria y electricidad mostraron fuertes presiones

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A primera vista, julio dejó una señal de marcada moderación en los precios mayoristas: el índice que mide cuánto cobran productores e importadores por los bienes vendidos en el mercado interno avanzó apenas 0,8%. Pero debajo de ese promedio ocurrió algo bastante distinto.

El dato general fue contenido por una caída excepcional de 9,2% en petróleo crudo y gas, que restó casi un punto porcentual al índice. Sin ese contrapeso, numerosas ramas de la economía mostraron aumentos bastante mayores: los productos agropecuarios subieron 3,6%, la energía eléctrica 5,8%, los vehículos 2,7%, los químicos 2% y los productos manufacturados 1,7%.

Ese contraste convierte al informe del Sistema de Índices de Precios Mayoristas del INDEC en una fotografía particularmente interesante de julio: el promedio fue bajo, pero la presión de costos no desapareció; estuvo fuertemente compensada por la energía primaria.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 0,8% mensual, 16,6% desde diciembre y 31,1% interanual. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el componente impositivo, también subió 0,8%, acumuló 15,5% en el año y llegó a 30,2% interanual. A su vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó 0,9% mensual, 15,5% en el año y 31,3% contra julio de 2025.

Los tres indicadores, con metodologías diferentes, describen por lo tanto una dinámica similar: los precios en la puerta de fábrica y en el circuito mayorista continuaron aumentando, aunque julio mostró una variación general reducida.

El petróleo explica buena parte del 0,8%

La clave para interpretar el mes está en mirar las incidencias y no solamente las variaciones.

Dentro del IPIM, los productos nacionales aportaron 0,77 punto porcentual a la suba mensual. Los manufacturados y la energía eléctrica aportaron 1,26 punto, pero los productos primarios restaron 0,49.

Dentro de estos últimos hubo dos fuerzas en dirección opuesta: los productos agropecuarios sumaron 0,39 punto porcentual, mientras petróleo crudo y gas restaron 0,91 punto.

Ese -0,91 resulta decisivo: por sí solo, el petróleo neutralizó buena parte de las presiones alcistas que se observaron en el resto del sistema.

El propio INDEC identifica entre las mayores incidencias positivas del mes a los productos agropecuarios, con 0,39 punto; sustancias y productos químicos, con 0,19; vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,17; y alimentos y bebidas, con 0,16. Del otro lado apareció petróleo crudo y gas, con -0,91 punto.

Por eso, leer el 0,8% como una estabilidad generalizada de los precios de producción sería incompleto. Julio combinó aumentos relevantes en varias ramas con una baja extraordinaria de uno de los componentes primarios de mayor peso.

El agro volvió a acelerar

Uno de los movimientos más fuertes estuvo en el sector agropecuario.

Los productos agropecuarios aumentaron 3,6% en el IPIM, 3,9% en el índice básico mayorista y 3,8% en precios básicos del productor. Los productos pesqueros, por su parte, subieron 2,4%.

En términos interanuales, los productos agropecuarios se ubicaron 33,8% por encima de julio de 2025 en el IPIM, mientras los productos pesqueros acumularon 42,1%.

Sin embargo, el acumulado anual presenta una imagen diferente. Entre diciembre y julio, los productos agropecuarios subieron 10,2%, claramente por debajo del 16,6% del índice general, mientras pesca acumuló 22,5%.

Esto marca una diferencia entre el comportamiento reciente y la trayectoria anual: el agro tuvo un julio caliente después de siete meses en los que había aumentado menos que el promedio mayorista.

La electricidad: 5,8% en un solo mes y casi 45% en el año

El dato más intenso del informe aparece en la energía eléctrica.

Los precios mayoristas de la electricidad aumentaron 5,8% solamente en julio, la variación mensual más alta entre las divisiones relevadas.

En los primeros siete meses del año acumularon una suba de 44,6%, casi tres veces el 16,6% del nivel general del IPIM. Y en doce meses el aumento alcanza 45%.

El dato tiene una lectura económica relevante porque la electricidad no es solamente un producto final: es un costo transversal de buena parte de la actividad productiva. Por eso, su evolución puede trasladarse de manera indirecta a diferentes cadenas industriales y comerciales.

Manufacturas: aumentos generalizados con diferencias sectoriales

Los productos manufacturados subieron 1,7% mensual dentro del IPIM. La dispersión entre actividades fue amplia.

Tabaco aumentó 3,2%; muebles y otros productos industriales, 2,9%; vehículos, carrocerías y repuestos, 2,7%; productos metálicos básicos, 2,6%; equipos para medicina e instrumentos de medición, 2,6%; productos de minerales no metálicos, 2,4%; y máquinas y aparatos eléctricos, 2,2%.

Alimentos y bebidas avanzaron 1,4% mensual, papel y productos de papel 1,6% y sustancias y productos químicos 2%.

Para una provincia como Misiones, con fuerte presencia forestal, resulta especialmente relevante la evolución de madera y productos de madera —excepto muebles—, que mostró un incremento mensual de 0,9%, inferior al promedio manufacturero. El rubro acumula 9,9% en los primeros siete meses de 2026 y 20,7% interanual.

También el papel mostró una trayectoria relativamente contenida: 1,6% mensual, 11,9% acumulado y 19,5% interanual.

Son dos datos relevantes para observar la evolución de costos y precios de salida de una cadena con fuerte peso en la economía del NEA.

Importados: subieron menos que la producción nacional

Otro elemento significativo fue el comportamiento de los productos importados.

En julio aumentaron 0,5% en el IPIM, frente al 0,8% de los productos nacionales. En el índice básico mayorista, los importados subieron 0,6% contra 0,9% de los nacionales.

La diferencia se vuelve mucho más pronunciada cuando se mira el acumulado del año: los productos importados registraron una suba de 8,4%, prácticamente la mitad del 17,2% correspondiente a los productos nacionales dentro del IPIM.

También en la comparación interanual se observa una brecha: los importados aumentaron 21,3%, mientras los productos nacionales lo hicieron 31,8%.

El contraste es relevante para la estructura competitiva de la economía: en la medición del INDEC, los bienes importados vienen aumentando bastante menos que los producidos localmente.

Petróleo y combustibles: dos historias diferentes

Uno de los contrastes más llamativos del informe surge dentro de la misma cadena energética.

Mientras petróleo crudo y gas cayó 9,2% en julio, los productos refinados del petróleo aumentaron 0,7% en el IPIM.

En doce meses, sin embargo, los refinados acumulan una suba de 59%, el incremento más alto entre las principales ramas manufactureras relevadas, mientras petróleo crudo y gas registra 45,7%.

Y durante 2026, el crudo y gas todavía acumula un incremento de 42,6%, pese a la fuerte baja de julio; los refinados avanzaron 30%.

La caída mensual, por lo tanto, no implica que la presión energética del año haya desaparecido. Más bien funciona como una corrección potente dentro de una trayectoria previa de aumentos muy elevados.

Un índice calmo por fuera, mucho más movido por dentro

El 0,8% mayorista de julio ofrece una señal favorable desde el promedio, pero el detalle obliga a una lectura más cuidadosa.

El petróleo cayó 9,2% y actuó como un gigantesco amortiguador estadístico. Al mismo tiempo, aumentaron 3,6% los productos agropecuarios, 5,8% la electricidad, 2,7% los vehículos, 2,9% muebles y otros productos industriales y 2,4% los productos de minerales no metálicos.

La industria manufacturera en conjunto avanzó 1,7%.

Por eso, la principal conclusión que deja el informe no es solamente que los mayoristas aumentaron 0,8%, sino que ese resultado se construyó sobre movimientos sectoriales muy dispares.

Detrás de un promedio relativamente bajo siguen operando focos de presión relevantes en energía eléctrica, agro, químicos y distintos segmentos industriales. Al mismo tiempo, los bienes importados mantienen aumentos sensiblemente inferiores a los nacionales.

La inflación mayorista de julio, en definitiva, no fue uniforme ni generalizada: fue una combinación de fuertes aumentos sectoriales neutralizados por una caída excepcional del petróleo. Y esa composición será tan importante como el índice general para anticipar qué costos pueden trasladarse hacia adelante en las cadenas productivas.

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Mercosur baja al 2% el arancel para tapas de envases y facilita el abastecimiento de la industria alimentaria argentina

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La Argentina activó desde este 8 de agosto dos medidas arancelarias aprobadas por el Mercosur que apuntan a facilitar el abastecimiento de insumos utilizados por la industria alimentaria. Se trata de reducciones temporarias del Arancel Externo Común para determinados tipos de tapas metálicas destinadas al cierre de envases de alimentos, una decisión que puede aliviar costos de importación y mejorar la disponibilidad de componentes críticos para la producción local.

Las medidas corresponden a los Apéndices 186 y 187 del Centésimo Nonagésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ambos instrumentos fueron acordados en Montevideo el 10 de junio de 2026 y establecieron su entrada en vigor para la Argentina el 8 de agosto.
En el primer caso, la Comisión de Comercio del Mercosur autorizó una reducción temporaria del Arancel Externo Común para el ítem NCM 8309.90.00, correspondiente a determinadas tapas tipo “peel-off” fabricadas con un anillo de acero estañado y una lámina central de aluminio, utilizadas para cerrar envases metálicos de alimentos. La medida contempla un límite de 2.148.800 unidades, un plazo de 365 días y una alícuota de importación del 2%.

El segundo protocolo aplica sobre el mismo código arancelario, pero alcanza un formato de mayor dimensión. En este caso, la reducción también lleva la alícuota al 2% durante 365 días, con un cupo de 7.926.000 unidades. La especificación comprende tapas “peel-off” con un anillo de acero estañado de 136,5 milímetros de diámetro externo y una lámina central de aluminio de 115 milímetros, destinadas igualmente al cierre de envases metálicos de alimentos.

El punto relevante para la economía real es que no se trata de una rebaja arancelaria generalizada, sino de una herramienta puntual de abastecimiento. La normativa del Mercosur encuadra estas excepciones dentro de las acciones arancelarias destinadas a atender situaciones específicas de provisión, y en ambos casos la Argentina había solicitado la renovación de medidas previamente aprobadas.
La lógica económica detrás de la decisión es directa: cuando un insumo no tiene una oferta doméstica suficiente o requiere complementar la producción local con importaciones, una reducción temporal del arancel puede disminuir el costo de ingreso y evitar que una restricción de abastecimiento termine trasladándose a la estructura de costos de las empresas. En este caso, el mecanismo está concentrado en componentes específicos del packaging alimentario y limitado tanto por cantidades como por tiempo.

Para la industria alimentaria, el efecto potencial se encuentra aguas abajo de la operación de comercio exterior. Las tapas forman parte de la estructura física necesaria para comercializar determinados alimentos envasados y, por lo tanto, asegurar su disponibilidad puede contribuir a sostener líneas de producción que dependen de estos componentes. El impacto sobre los precios finales, sin embargo, no surge automáticamente de la norma: dependerá de cuánto represente este insumo dentro de cada estructura de costos, de la evolución de los precios internacionales y de la capacidad de las empresas para trasladar el ahorro arancelario.

La decisión también muestra una utilización más quirúrgica de las herramientas de política comercial. En lugar de modificar de manera transversal los derechos de importación, el Mercosur habilitó excepciones acotadas para productos identificados por posición arancelaria y características técnicas precisas. El resultado es un esquema que combina alivio de costos con límites cuantitativos para evitar que la medida se transforme en una apertura ilimitada.

Ambas directivas establecen además que deben ser registradas ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como apéndices del Centésimo Nonagésimo Protocolo Adicional al ACE 18 y que requieren incorporación al ordenamiento jurídico interno argentino.

En términos de política económica, la señal es relevante porque vincula la administración arancelaria con un problema concreto de la economía productiva: garantizar insumos para que la industria pueda producir. La clave ahora estará en el uso efectivo de los cupos autorizados y en si, durante los 365 días de vigencia, la herramienta logra traducirse en un abastecimiento más fluido y costos más competitivos para las empresas que utilizan estos envases.

Apéndices 186 Mercosur by CristianMilciades

Apéndices 187 Mercosur by CristianMilciades

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SENASA elimina restricciones históricas para la producción de margarinas

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Una resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) modificó una normativa que llevaba casi seis décadas vigente y eliminó una serie de requisitos técnicos aplicados a la elaboración de margarinas en Argentina. Aunque se trata de un cambio regulatorio específico, la decisión apunta a reducir procesos considerados obsoletos por la evolución tecnológica de la industria alimentaria y podría traducirse en menores costos operativos para fabricantes de grasas y derivados.

La Resolución 475/2026 derogó tres exigencias incluidas en el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado originalmente en 1968. Según argumenta el organismo sanitario, los avances en los sistemas de producción, control de calidad y trazabilidad vuelven innecesarias determinadas obligaciones que habían sido diseñadas para prevenir adulteraciones y fraudes en una industria muy diferente a la actual.

La medida no modifica los estándares de inocuidad alimentaria ni los controles sanitarios vigentes, pero sí elimina barreras regulatorias que el propio SENASA considera superadas por la tecnología disponible.

La actualización elimina tres disposiciones vinculadas a la elaboración de margarinas.

Por un lado, desaparece la obligación de incorporar determinadas sustancias testigo utilizadas históricamente para identificar posibles adulteraciones. También se elimina una restricción relacionada con el uso de manteca de leche en determinados procesos industriales y se deroga una exigencia específica incorporada décadas atrás como mecanismo de prevención de fraude comercial.

La argumentación oficial es clara: los métodos modernos de control permiten garantizar la autenticidad y composición de los productos mediante herramientas más precisas que las previstas por una regulación diseñada en los años sesenta.

Para la industria, esto implica simplificar procesos productivos, reducir intervenciones innecesarias y mejorar atributos de calidad del producto final sin afectar los mecanismos de fiscalización sanitaria.

Qué impacto puede tener sobre la cadena alimentaria

Aunque la resolución está dirigida específicamente al segmento de margarinas y grasas industriales, sus efectos alcanzan a una cadena mucho más amplia.

Las margarinas son un insumo utilizado por industrias panificadoras, fabricantes de galletitas, productos de pastelería, alimentos procesados y gastronomía industrial.

Cuando una regulación reduce costos de producción o elimina procesos redundantes, el beneficio no queda exclusivamente en el fabricante primario. También puede mejorar la competitividad de los sectores que utilizan esos insumos como materia prima.

En un escenario donde la industria alimentaria continúa buscando eficiencia para sostener márgenes de rentabilidad, cualquier reducción de costos regulatorios adquiere relevancia.

La medida forma parte de una tendencia observada durante los últimos meses en distintas áreas del Gobierno nacional: revisar normativas históricas para eliminar requisitos considerados incompatibles con las tecnologías actuales de producción y control.

A diferencia de los grandes centros industriales, donde existe una elevada integración productiva, las economías regionales suelen absorber con mayor intensidad los costos regulatorios debido a menores escalas de producción.

En provincias como Misiones, donde el sector alimenticio está compuesto principalmente por PyMEs, cooperativas y empresas familiares vinculadas a la molienda, panificación, elaboración de alimentos y gastronomía, cualquier reducción de costos en insumos industriales termina impactando sobre la estructura de costos de múltiples actividades.

No se trata de un efecto inmediato ni necesariamente visible para el consumidor final, pero sí de una mejora incremental en la competitividad de la cadena alimentaria.

Además, la decisión ratifica una señal regulatoria que el sector privado sigue de cerca: la disposición de los organismos nacionales a actualizar marcos normativos que habían quedado desfasados respecto de la realidad tecnológica.

Una regulación menos rígida para una industria más moderna

La resolución del SENASA no implica una desregulación sanitaria. El organismo mantiene intactas sus facultades de fiscalización y control sobre la inocuidad de los alimentos.

La diferencia es que cambia el enfoque. En lugar de exigir procedimientos específicos diseñados para otra época, la normativa pasa a apoyarse en tecnologías modernas de control de calidad y trazabilidad.

Para los fabricantes, esto representa una mayor flexibilidad productiva. Para los consumidores, el objetivo declarado es mantener los mismos estándares de seguridad alimentaria con productos de mejor aceptación y procesos más eficientes.

Lo que habrá que observar en los próximos meses es si esta actualización normativa se replica en otros segmentos de la industria alimentaria. Existen numerosos reglamentos técnicos construidos bajo parámetros productivos del siglo pasado que hoy podrían estar generando costos sin aportar mejoras reales en materia sanitaria.

La competitividad industrial ya no depende solamente de impuestos o financiamiento. También está vinculada a la capacidad del Estado para adaptar las regulaciones a las tecnologías que utiliza el sector productivo.

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