La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad de los gobiernos de América Latina para pagar sus crecientes deudas externas y ha empujado a países como Argentina y Ecuador al riesgo de incumplimiento. Este fenómeno no es único de la región: la deuda, en 2020 y 2021, ha costado más de 3,000 millones de dólares en las economías emergentes.
América Latina, además, es una de las regiones más afectadas del mundo por el cambio climático. Si a eso se suma una caída del Producto Interno Bruto de 7.7% en 2020, y que este no volverá a los niveles previos a la pandemia hasta 2024, estamos frente a un problema serio. Ante ello, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) —que ya se realiza en Escocia— los gobiernos de la región buscan instalar una posición casi unificada sobre este tema: no hay política de mitigación climática posible mientras exista una deuda externa que deje a los países sin margen de acción.
En el “Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas”, que se realizó en septiembre y en el que participaron todos los países de la región con excepción de Brasil y México, el gobierno argentino logró el apoyo sobre la iniciativa de “canje de deuda por acción climática”, que busca acuerdos con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir la deuda e invertir ese dinero en políticas de reducción de los efectos del cambio climático. La idea es que los países elaboren planes de mitigación y adaptación, conforme a sus condiciones y circunstancias nacionales, y que una porción de la deuda se oriente a su implementación.
En un contexto de pospandemia, la mayoría de los países latinoamericanos necesitan proteger sus activos naturales pero, debido a las crecientes deudas soberanas, hoy no pueden costearlo. La integración de los países de la región en estas propuestas, pese a las discrepancias ideológicas entre los líderes, es la única solución posible para el desarrollo e implementación de políticas climáticas económicamente sostenibles contra la crisis.
Sobre esta propuesta el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo en la reunión: “Los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental son claves para la salida de esta crisis. Necesitamos que los organismos de crédito comprometan 50% de sus carteras de préstamos en acciones ambientales”.
Se sumó el presidente de Colombia, Iván Duque, quien pidió “herramientas más novedosas” de financiamiento por parte de los organismos de crédito y que los acreedores cancelen las deudas de los países cuando estos cumplan con sus metas climáticas. Además, sugirió crear un mercado de carbono latinoamericano.
Y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, agregó: “Tenemos que endeudarnos para enfrentar las consecuencias del cambio climático, que aumenta cada vez más. Estamos en un ciclo perverso y a ello ahora se suma la pandemia. El cambio climático tiene emisores importantes y ellos tienen que poner su parte”. Esta iniciativa también fue propuesta ante John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, quien acudió a la reunión.
El FMI ve la propuesta como algo factible: “Las economías en desarrollo con capacidad fiscal limitada podrían beneficiarse de instrumentos alternativos, como canjes de deuda por actividades de protección del medio ambiente, diseñados para movilizar recursos para inversiones en infraestructuras y medidas de conservación medioambientales y, al mismo tiempo, reducir la carga de la deuda”. Y organismos como el Banco Mundial también.
Este tipo de organismos son la principal fuente de financiamiento de los países en vías de desarrollo y, si ellos ya están de acuerdo, otros acreedores como China —principal socio comercial de casi todos los países de la región— podrían seguirlos.
Implementar estas políticas es necesario para América Latina, en donde la cuestión económica no es el único problema: el medio ambiente también está bajo mucha presión. La naturaleza representa más de una cuarta parte de la riqueza en los países de ingresos medianos. Pero estos activos, muchos de ellos insustituibles, se están perdiendo a un ritmo alarmante por las actividades humanas.
La región contiene 57% de los bosques primarios del mundo, alberga entre 40% y 50% de la biodiversidad mundial y un tercio de todas las especies de plantas. La sequía fue un factor determinante para que 2020 fuera el año con más incendios activos en el sur de la Amazonia, superando a 2019. La cuenca del río Amazonas, que se extiende a lo largo de nueve países de América del Sur y almacena 10% del carbono global, ha experimentado una enorme deforestación en los últimos años debido a la tala para crear pastizales para el ganado y la degradación producida por los incendios.
Por primera vez en la historia hay llamados de países y organismos multilaterales para una ronda de reestructuraciones de deuda que sean ecológicas e inclusivas. Esto debe marcar la hoja de ruta del integracionismo latinoamericano que muchos creían muerto: consensos para poner la agenda climática en el centro de la escena, a pesar de las disidencias ideológicas. Los mandatarios deberán actuar en consecuencia, si no, América Latina quedará relegada a ser la región que tuvo todo para ser vanguardia como un bloque regional y decidió mirar sus propios intereses sin pensar en las futuras generaciones.
