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Capital Humano homologó la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

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El Ministerio de Capital Humano homologó este miércoles la primera paritaria del sector rural encuadrada en el régimen general de negociación colectiva establecido por la Ley N.º 14.250, tras las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.

La decisión formalizó el acuerdo alcanzado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades representativas del agro: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).

El acuerdo establece remuneraciones mínimas para trabajadores permanentes comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario regulado por la Ley N.º 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio.

Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó la homologación como un “hito histórico en materia laboral” y la vinculó con un proceso de actualización del sistema de negociación colectiva.

El cambio institucional detrás de la paritaria rural

La modificación no sólo tiene impacto salarial. También redefine el mecanismo institucional mediante el cual se negocian las condiciones laborales del sector agrario.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas rurales eran definidas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un esquema donde el Estado tenía un rol central en la fijación salarial.

Con la reforma impulsada por la Ley N.º 27.802, las condiciones salariales pasan a discutirse bajo el régimen general de negociación colectiva previsto en la Ley N.º 14.250, trasladando mayor peso a la negociación directa entre sindicatos y cámaras empresarias.

La homologación realizada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social representa así el primer antecedente concreto de implementación de ese nuevo esquema en el ámbito rural.

El agro gana un marco de negociación más flexible

La medida también expone una reconfiguración en la relación entre Estado, sindicatos y entidades rurales.

El acuerdo reúne a actores históricamente influyentes del agro argentino, como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina, junto con el sindicato UATRE.

El Gobierno interpretó la homologación como un avance en “institucionalidad laboral”, al considerar que el nuevo régimen aporta previsibilidad y seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

La decisión además se inscribe dentro del proceso de reformas laborales promovido por la administración nacional, que busca modificar mecanismos tradicionales de regulación del trabajo y reducir la centralidad estatal en ciertas negociaciones sectoriales.

Qué cambia para el sector rural

El nuevo esquema implica que las futuras discusiones salariales del trabajo agrario podrán canalizarse mediante convenios colectivos negociados entre las partes y posteriormente homologados por la autoridad laboral.

En términos prácticos, el sistema se asemeja más al funcionamiento de otras actividades privadas que negocian salarios bajo convenios colectivos generales.

La novedad adquiere relevancia porque el trabajo rural históricamente mantuvo un régimen específico y diferenciado respecto de otros sectores de la economía.

El Gobierno sostiene que el cambio aporta mayor agilidad y modernización al sistema de relaciones laborales rurales.

Impacto potencial en Misiones y el NEA

La formalización de paritarias rurales bajo el régimen general puede tener impacto directo en provincias con fuerte presencia de economías regionales y trabajo agrario, como Misiones y otras jurisdicciones del NEA.

Sectores vinculados a producción yerbatera, forestal, tealera y actividades agroindustriales podrían verse alcanzados por futuras negociaciones bajo este nuevo esquema institucional.

Aunque el comunicado oficial no detalla cifras salariales específicas ni actividades regionales concretas, la modificación del mecanismo de negociación introduce una variable relevante para empleadores y trabajadores rurales del interior productivo.

La evolución de estos acuerdos será observada especialmente en regiones donde la actividad agraria tiene fuerte incidencia sobre empleo y dinámica económica local.

Una reforma que empieza a mostrar efectos concretos

La homologación de esta primera paritaria aparece como uno de los primeros efectos operativos visibles de la Ley de Modernización Laboral sobre el sistema de negociación colectiva.

El desafío hacia adelante será observar cómo evolucionan futuras discusiones salariales bajo el nuevo esquema y si el modelo logra consolidar mayor estabilidad en un sector históricamente atravesado por tensiones entre productividad, costos laborales y regulación estatal.

También quedará bajo análisis el alcance real de la negociación colectiva en actividades rurales específicas y la capacidad del nuevo sistema para equilibrar intereses entre sindicatos y entidades empresarias.

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CRA respaldó el rumbo de Milei aunque con exigencias

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El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, respaldó este martes el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei durante la apertura de JONAGRO, aunque reclamó una “hoja de ruta clara” para eliminar las retenciones. 

También defendió el equilibrio fiscal, la desinflación y la modernización del Estado, y pidió construir consensos políticos e institucionales de largo plazo.

El dirigente rural destacó además el acuerdo Mercosur-Unión Europea, reclamó mejoras de infraestructura y defendió organismos como el INTA, SENASA e INASE. También cuestionó al “ambientalismo extremo”, reivindicó la producción en la Patagonia y llamó a sostener la unidad del sector agropecuario en defensa del interior productivo.

Halagos y reclamos

Durante su discurso, el dirigente rural sostuvo que “terminar con la burocracia, ordenar las cuentas públicas y cerrar definitivamente espacios de corrupción no son solamente objetivos administrativos: son condiciones indispensables para liberar el enorme potencial productivo del país”.

Al mismo tiempo arguyó que “dialogar no es claudicar. Dialogar es entender que sin consensos no existen transformaciones profundas ni políticas de Estado capaces de sostenerse en el tiempo”.

Castagnani ponderó a la administración nacional:“valoramos los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas, pero necesitamos una hoja de ruta clara, previsible y definitiva hacia la eliminación total de las retenciones”, dijo.

Pero reclamó por la carga impositiva: “hoy discutir la legalidad de un impuesto o una tasa puede demorar quince o veinte años, mientras el productor sigue soportando cargas indebidas”.

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CRA anuncia Jonagro, impulsa el debate por la ley de semillas y lanza formación para dirigentes del agro

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En el escenario político y productivo de la Expoagro 2026, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) activó una agenda que excede la lógica de una exposición rural: anunció una nueva edición de Jonagro, confirmó el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal y lanzó la tercera cohorte de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

Las definiciones se presentaron durante una conferencia de prensa realizada el miércoles en la muestra agroindustrial de Expoagro, donde la dirigencia de CRA combinó anuncios institucionales con señales políticas hacia el Gobierno nacional.

El dato más inmediato es el calendario: Jonagro se realizará el 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mientras que el Congreso de Entes Sanitarios tendrá lugar el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

Detrás de esa agenda aparece una estrategia más amplia: reposicionar al agro como actor político en la discusión sobre competitividad, sanidad animal y regulación productiva. Y, al mismo tiempo, sostener canales de diálogo con el Ejecutivo en temas sensibles como la ley de semillas, un debate que lleva años sin resolución legislativa.

La pregunta que empieza a emerger es si el movimiento del ruralismo organizado busca influir en la agenda de políticas públicas del sector o si se trata de un intento por ordenar al propio entramado agropecuario frente a un contexto económico y regulatorio todavía incierto.

Jonagro, el foro político del agro

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, fue el encargado de confirmar la nueva edición de Jonagro, el encuentro que la entidad define como la “jornada nacional del campo argentino”.

El congreso tendrá como lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia” y convocará a productores, empresarios, técnicos y referentes del ámbito político y económico para debatir el posicionamiento del agro en los mercados internacionales.

Según adelantó Castagnani, cinco gobernadores provinciales ya confirmaron su presencia, un dato que anticipa que el evento volverá a funcionar como espacio de articulación entre el sector productivo y la política territorial.

Jonagro se ha convertido en los últimos años en uno de los ámbitos donde el ruralismo intenta instalar agenda. Allí suelen discutirse cuestiones estructurales como competitividad, infraestructura, presión impositiva y acceso a mercados.

La elección de la Bolsa de Cereales como sede también tiene una lectura institucional: el evento se realiza en uno de los centros históricos de representación del comercio agrícola argentino.

Sanidad animal y estructura federal del agro

El vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, presentó otro de los encuentros clave del calendario rural: el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal.

El evento se realizará el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú y reunirá a las organizaciones que gestionan programas sanitarios ganaderos en todo el país.

Colombatto subrayó que estos encuentros cumplen una función federal dentro del sistema agropecuario. Según explicó, permiten intercambiar experiencias, revisar avances y proyectar el futuro de la sanidad animal en Argentina.

El sistema de entes sanitarios es una estructura particular dentro del modelo agropecuario argentino: combina organismos públicos y organizaciones del sector privado para ejecutar políticas de control sanitario en el territorio.

Por eso, cada congreso se convierte también en un espacio donde se revisan los equilibrios institucionales entre productores, entidades y organismos estatales vinculados a la sanidad animal.

La ley de semillas vuelve al centro del debate

En paralelo a los anuncios, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, reveló que la entidad y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias mantuvieron una reunión con el secretario de Agricultura para discutir el futuro de la ley de semillas.

La dirigencia rural presentó un documento elaborado desde noviembre e invitó al Gobierno a participar de una mesa técnica para avanzar en el tema.

“Encontramos muy buena predisposición para continuar trabajando y encontrar puntos en común”, señaló Luna Vázquez.

El punto es relevante porque la normativa sobre semillas permanece en debate desde hace años. La dificultad para alcanzar una síntesis refleja tensiones entre productores, empresas biotecnológicas y el propio Estado respecto a la regulación del uso de semillas y los derechos asociados a su desarrollo.

CRA planteó que el objetivo debe ser una política pública construida por consenso, una señal de que el sector busca influir en el proceso legislativo antes de que cualquier iniciativa avance en el Congreso.

Formación política para el sector agropecuario

Otro de los anuncios estuvo a cargo del economista Ernesto O’Connor, quien presentó la edición 2026 de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

La capacitación es organizada en conjunto por Universidad Católica Argentina, CRA y la Fundación CRA.

El programa abrirá su tercera edición con el objetivo de formar dirigentes agropecuarios con formación en economía, políticas públicas y desarrollo territorial.

La iniciativa refleja una tendencia creciente dentro del sector rural: profesionalizar el vínculo entre producción y política pública.

En otras palabras, no se trata solo de representar intereses sectoriales, sino de formar cuadros capaces de intervenir en el diseño de políticas agrícolas.

Una agenda que mezcla institucionalidad y poder sectorial

Más allá de los anuncios formales, la presencia de CRA en Expoagro incluyó reuniones con organismos y actores clave del sistema agropecuario.

Durante los cuatro días de la muestra, la dirigencia rural mantuvo encuentros con SENASA, la Secretaría de Agricultura de la Nación, legisladores nacionales y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, además de reuniones comerciales con empresas del sector.

Ese despliegue confirma que Expoagro funciona no solo como feria productiva, sino también como plataforma política del agro argentino, donde se negocian agendas regulatorias, se construyen alianzas y se marcan posiciones frente al Gobierno.

Lo que se jugará en los próximos meses

La agenda presentada por CRA deja abiertos varios frentes.

Jonagro podría convertirse nuevamente en un escenario de definiciones políticas si los gobernadores y dirigentes del sector utilizan el encuentro para fijar posiciones sobre competitividad, regulación o impuestos.

El debate por la ley de semillas, en tanto, seguirá siendo una prueba para medir hasta dónde el Gobierno está dispuesto a construir consensos con las entidades agropecuarias.

Y la diplomatura impulsada junto a la UCA introduce otra dimensión: la formación de dirigentes con capacidad de intervenir en la discusión de políticas públicas.

En conjunto, los anuncios realizados en Expoagro sugieren que el ruralismo organizado intenta reforzar su peso institucional en un momento donde las decisiones regulatorias y productivas vuelven a ocupar el centro del debate económico.

La incógnita es si esa estrategia logrará traducirse en incidencia concreta sobre la agenda legislativa y las políticas agropecuarias del país.

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Castagnani exige que el 20% por zona desfavorable se traduzca en competitividad y tensiona la agenda del Gobierno

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Desde Río Gallegos, en plena exposición de la Sociedad Rural local, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, reclamó que el reconocimiento del 20% por zona desfavorable deje de ser un enunciado formal y se convierta en una herramienta concreta para sostener la producción patagónica. El planteo, realizado ante productores y autoridades en la provincia de Santa Cruz, introduce presión sobre el Gobierno nacional en un momento en que la competitividad regional vuelve a escena. ¿Se trata de un reclamo sectorial o del inicio de una discusión más amplia sobre federalismo productivo?

Federalismo en debate y costos estructurales

Castagnani apuntó a un concepto que excede la coyuntura: el federalismo. Sostuvo que no puede ser declamativo y debe traducirse en decisiones que contemplen las particularidades climáticas, geográficas y productivas del sur. En términos institucionales, el pedido interpela tanto al Poder Ejecutivo como a las áreas económicas que definen esquemas fiscales y laborales.

El 20% por zona desfavorable funciona como reconocimiento de las condiciones diferenciales de la Patagonia. Pero, según el titular de CRA, ese diferencial no logra equilibrar los mayores costos logísticos, climáticos y operativos que enfrentan los productores. La demanda es concreta: que el beneficio impacte de manera efectiva en la estructura de costos y permita competir en igualdad de condiciones con otras regiones.

La ganadería ovina, actividad identitaria de la región, aparece en el centro del diagnóstico. Castagnani mencionó problemas sanitarios, dificultades de comercialización y caída de stock. Traducido a términos económicos, menos cabezas implican menor escala y más vulnerabilidad frente a variaciones de precios.

Salarios, institucionalidad y decisiones en territorio

Otro punto relevante fue la discusión del salario del peón ovejero patagónico en la Comisión Asesora Regional 11 dentro del propio territorio. El dato no es menor. Implica descentralizar la negociación y acercar la toma de decisiones a la realidad productiva.

Para CRA, ese movimiento representa un avance hacia mayor representatividad. En clave política, también abre un espacio donde confluyen gremios, empleadores y autoridades, con impacto directo en costos laborales y formalización del empleo.

El trasfondo es una agenda más amplia: menor presión impositiva, reforma laboral orientada al empleo formal y obras de infraestructura que mejoren conectividad y logística. Son demandas estructurales que requieren definiciones del Gobierno y, en algunos casos, del Congreso.

Guanaco, predadores y sustentabilidad en disputa

La problemática del guanaco y de predadores como el puma y el zorro ocupó un lugar central en el mensaje. Castagnani advirtió que la sobrepoblación de guanacos compite por el recurso forrajero y deteriora los campos, con impacto directo en la producción ovina.

El planteo introduce una tensión entre conservación ambiental y viabilidad económica. Desde CRA promueven mesas técnicas con autoridades nacionales y provinciales para encontrar soluciones que contemplen ambas dimensiones. La discusión no es solo ecológica: involucra regulaciones, permisos y políticas públicas que pueden redefinir el equilibrio entre producción y preservación.

Apertura comercial y competitividad interna

Castagnani reconoció que la apertura comercial puede ofrecer oportunidades para la Patagonia. Pero advirtió que sin competitividad interna, esa apertura puede volverse asimétrica. La ecuación es conocida: si bajan aranceles y se amplía el acceso a mercados, pero los costos internos permanecen altos, el beneficio se diluye.

En términos de correlación de fuerzas, el reclamo ruralista refuerza la agenda productiva del interior y obliga al Ejecutivo a definir si avanzará con medidas específicas para regiones con desventajas estructurales. También interpela a legisladores de provincias patagónicas, que deberán posicionarse frente a un sector con peso territorial.

Un frente que trasciende lo sectorial

La visita a Río Gallegos no fue solo protocolar. CRA viene intensificando recorridas y reuniones institucionales en el sur, con la intención de instalar la problemática en la mesa nacional. El mensaje combina identidad territorial, soberanía y trabajo, conceptos que en la Patagonia adquieren un peso político particular.

La discusión sobre el 20% por zona desfavorable puede convertirse en un test para la política económica del Gobierno: si logra articular competitividad real o si el beneficio queda como reconocimiento simbólico. En las próximas semanas será clave observar si el reclamo se traduce en medidas concretas o si abre una negociación más amplia sobre el modelo productivo del sur argentino.

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RENATRE renovó su Directorio para 2026 y refuerza su rol como árbitro del empleo rural

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Desde el 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) cuenta con nuevas autoridades designadas para conducir el organismo. La definición del Directorio marca el inicio de una etapa orientada a profundizar las políticas de registración, fiscalización, servicios prestacionales y certificación laboral, en un contexto de mayores exigencias de los mercados para la producción argentina y de fortalecimiento institucional del sistema de seguridad social rural.

La conducción del organismo quedó conformada por representantes de las entidades empleadoras y sindicales del sector, en línea con lo establecido por la Ley Nº 25.191, norma que rige la creación y funcionamiento del RENATRE y define sus competencias en materia de empleo rural.

Nueva conducción del Directorio y representación sectorial

Para el período anual que se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, la presidencia del Directorio será ejercida por Abel Guerrieri, en representación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), mientras que la vicepresidencia estará a cargo de Adrián Luna Vazquez, por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

En tanto, los cargos de tesorero y secretaria de Actas quedaron en manos de Mario Zalazar y Carolina Llanos, respectivamente, ambos en representación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

El Cuerpo Directivo se completa con José Voytenco y José Liguen, también por UATRE; Roberto Buser, por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO); y Orlando Marino, por la Federación Agraria Argentina (FAA). La integración refleja el esquema tripartito que caracteriza al organismo y sustenta su rol como ámbito institucional del empleo rural.

Agenda 2026: certificación laboral, mercados y cumplimiento normativo

El inicio de esta nueva etapa está orientado a profundizar las políticas del Registro en materia de servicios al sector rural, con especial énfasis en las requisitorias que los nuevos mercados establecen para la comercialización de los productos argentinos. En ese marco, el RENATRE avanzó con la creación de la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles, una herramienta destinada a distinguir a los empleadores que cumplen con las condiciones mínimas exigidas en materia laboral.

Esta certificación se encuentra alineada con normas internacionales y apunta a garantizar el trabajo decente, el cumplimiento de la normativa vigente y una mejor inserción de la producción nacional en los mercados, reforzando a su vez la trazabilidad social del empleo rural.

Al asumir, el presidente Abel Guerrieri señaló que “todos los días enfrentamos nuevos desafíos y tenemos la responsabilidad de estar a la altura”, y destacó que la certificación en Prácticas Laborales Sostenibles “garantiza el trabajo decente y el cumplimiento de la normativa laboral, fortaleciendo también la inserción de nuestra producción en los mercados”. En ese sentido, remarcó la necesidad de “seguir cumpliendo y fortaleciendo el rol del personal para que el RENATRE se consolide como el verdadero árbitro del empleo rural”, generando confianza en los empleadores y resguardando los derechos de las y los trabajadores rurales.

Balance de gestión, presencia territorial y fortalecimiento institucional

Durante el acto institucional, José Voytenco puso en valor el despliegue territorial realizado durante 2025 a través del Operativo RuralEs RENATRE, que incluyó recorridas por el país, inauguración de delegaciones, firma de convenios con gobiernos provinciales y el fortalecimiento de los centros CRECER, orientados a garantizar el cuidado de los hijos e hijas de trabajadores rurales durante las distintas cosechas.

Según expresó, estas acciones consolidaron al RENATRE como “una institución activa y cercana, parte del sistema de seguridad social”, con una función central de acompañamiento a través de la registración y la Prestación por Desempleo.

El fortalecimiento institucional aparece como un eje transversal de la gestión, vinculado al cumplimiento de los objetivos establecidos por la Ley Nº 25.191, que abarcan la registración y fiscalización de trabajadores y empleadores, el acceso a prestaciones, la certificación en Prácticas Laborales Sostenibles y el desarrollo de programas de capacitación.

El acto contó con la participación de la gerente general, Sol Henchoz, y la subgerente, Erica Utrera, además de autoridades sectoriales y representantes de entidades del agro. También estuvieron presentes trabajadores y trabajadoras de la sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, vía streaming, el personal de las 27 delegaciones distribuidas en distintos puntos del país.

En 2025, el RENATRE cumplió 23 años desde su creación en 2002, oportunidad en la que se homenajeó al personal de la sede central que alcanzó los 20 años de servicio, con la entrega de presentes institucionales y diplomas de honor.

Con un balance favorable al cierre de 2025, el organismo proyecta para este año una continuidad de su accionar a nivel nacional, orientado a ampliar y mejorar el trabajo registrado en el ámbito rural y a sostener el acompañamiento permanente a las familias del sector, en un contexto de múltiples desafíos económicos y productivos.

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