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CRA reclama infraestructura y reglas claras para el interior productivo

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El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, participó de la Expo Rural de Formosa, donde destacó la diversidad productiva de la provincia y remarcó que el desarrollo del interior productivo argentino depende de reglas claras, infraestructura y políticas que permitan producir en igualdad de condiciones.

“Cuando se habla de Formosa muchos piensan solamente en la ganadería o en el algodón. Pero Formosa es mucho más que eso: es ganadería bovina y bubalina, arroz, maíz, soja, banana, pomelo, horticultura, mandioca, batata, miel, piscicultura y producción forestal. Es una provincia que representa al verdadero interior productivo, el que genera trabajo, inversión y arraigo”, afirmó. 

Castagnani sostuvo que, si bien cada provincia tiene una producción que la identifica, todas comparten las mismas necesidades para poder desarrollarse. “No importa cuál sea la actividad: todos los productores necesitan infraestructura, mejores rutas, ferrocarriles, una hidrovía eficiente y condiciones que permitan ser competitivos. Sin esas herramientas es muy difícil pensar en un país que aproveche todo su potencial productivo”, expresó. 

En ese sentido, el presidente de CRA volvió a insistir en la necesidad de reducir la presión impositiva que enfrenta el sector agropecuario, señalando que impuestos como las retenciones, Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, los saldos técnicos de IVA y las distintas tasas provinciales y municipales continúan afectando la competitividad de quienes producen. 

Durante su discurso también repasó la agenda institucional que CRA impulsa en el Congreso de la Nación, donde trabaja en iniciativas vinculadas al combate del vandalismo rural, el debate sobre el proyecto de ecocidio, la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Tierras, una nueva Ley de Semillas y los mecanismos de balance de carbono. “Queremos normas que den previsibilidad y seguridad jurídica, que protejan la propiedad privada y acompañen al productor, porque el mejor cuidador de los recursos naturales es quien vive y trabaja todos los días en el campo”, señaló. 

Asimismo, el presidente de CRA se refirió al debate sobre los mercados de carbono y fue categórico al fijar la postura de la entidad. “CRA acompaña el desarrollo de un mercado de carbono transparente y con reglas claras, pero hay un principio que no está en discusión: CRA no negocia la titularidad del bono de carbono. El propietario del campo y quien genera el servicio ambiental es el legítimo titular de ese activo. No aceptaremos ningún esquema que desconozca el derecho de propiedad ni que traslade esa titularidad al Estado o a terceros. Sin seguridad jurídica no habrá inversiones ni desarrollo de un mercado de carbono sólido y confiable.” 

En materia ganadera, Castagnani destacó la importancia de seguir fortaleciendo la apertura de mercados, el trabajo del IPCVA, los programas sanitarios como la vacunación contra la aftosa, la incorporación de genética y tecnología y la eliminación de las retenciones para seguir consolidando el crecimiento de una actividad estratégica para el país. 

Finalmente, el titular de CRA afirmó que la Argentina atraviesa “una oportunidad histórica” para recuperar competitividad y generar desarrollo. “Desde CRA seguimos apostando al diálogo, al debate y a la construcción de consensos. Mantenemos un buen diálogo con el Gobierno porque creemos que las transformaciones se logran trabajando, proponiendo y defendiendo con firmeza los intereses de los productores. Pero también necesitamos que los jóvenes sigan involucrándose, porque el futuro del campo y del país requiere nuevas generaciones comprometidas con el desarrollo del interior”, concluyó.

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Colombatto pidió respuestas rápidas del Estado ante las emergencias climáticas

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Las emergencias climáticas ya no representan únicamente un riesgo ambiental para el agro argentino: se han convertido en un factor económico que condiciona la producción, el empleo y el arraigo en el interior del país. Bajo esa premisa, el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, reclamó un Estado capaz de responder con rapidez frente a inundaciones y otros eventos extremos, al tiempo que renovó el pedido de una agenda estructural basada en infraestructura, previsibilidad tributaria y reglas claras para producir.

El planteo fue realizado durante el acto inaugural de la 81° Exposición Rural de Federal, en Entre Ríos, donde el dirigente destacó el papel de las entidades rurales como articuladoras del desarrollo territorial y defendió una representación verdaderamente federal que contemple las distintas realidades productivas de la Argentina.

Para Colombatto, el crecimiento del agro no depende exclusivamente de la capacidad de inversión de los productores. Sostuvo que la incorporación de tecnología, la mejora genética y el aumento de la productividad encuentran un límite cuando la infraestructura pública agrega costos en lugar de competitividad. Caminos rurales transitables, rutas en condiciones, conectividad y energía aparecen, según su diagnóstico, como los pilares sobre los que debe construirse el desarrollo del interior.

El dirigente remarcó además que Federal constituye uno de los polos ganaderos más representativos de Entre Ríos y que la actividad pecuaria continúa siendo una fuente estratégica de empleo, arraigo y movimiento económico para numerosas localidades alejadas de los grandes centros urbanos. En ese contexto, reivindicó el trabajo de las sociedades rurales como instituciones que sostienen espacios de encuentro y representación para las comunidades productivas.

Sin embargo, el tramo más enfático de su discurso estuvo dedicado a las contingencias climáticas. Colombatto advirtió que cuando una inundación obliga a liquidar hacienda o interrumpe un ciclo productivo, el impacto trasciende la pérdida inmediata y puede comprometer la continuidad económica de los establecimientos.

“Ante las emergencias climáticas, el Estado debe actuar con rapidez”, afirmó al recordar que la legislación vigente ya contempla herramientas como el tratamiento especial de la venta forzosa de hacienda. A su entender, esos mecanismos no constituyen beneficios extraordinarios sino instrumentos para evitar que un fenómeno climático termine profundizando la vulnerabilidad financiera de los productores.

La reflexión adquiere especial relevancia en un escenario donde los eventos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y donde las economías regionales enfrentan márgenes de rentabilidad más ajustados. Para CRA, la política pública debe evolucionar desde una lógica reactiva hacia sistemas ágiles de asistencia y recuperación que preserven la capacidad productiva de los territorios.

En materia tributaria, Colombatto reiteró la posición histórica de la entidad respecto de los derechos de exportación. Consideró que las retenciones siguen siendo un impuesto distorsivo que desalienta la inversión, reduce el agregado de valor y limita el potencial de crecimiento de las producciones del interior. La previsibilidad fiscal, sostuvo, resulta tan importante como la estabilidad macroeconómica para consolidar nuevos proyectos productivos.

Otro de los ejes abordados fue la preocupación por la decisión del Senado de retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego. El dirigente planteó la necesidad de retomar esa discusión para construir una normativa que compatibilice la protección ambiental con el respeto al derecho de propiedad, diferenciando claramente a quienes provocan incendios de manera intencional de los productores que resultan damnificados por un siniestro.

El mensaje de CRA dejó planteada una visión que trasciende las demandas sectoriales. La competitividad del agro, afirmó Colombatto, requiere un Estado presente allí donde el mercado no puede resolver por sí solo los déficits de infraestructura, la gestión del riesgo climático y la seguridad jurídica. En definitiva, el desafío no pasa únicamente por producir más, sino por construir condiciones estables para que el interior argentino pueda invertir, generar empleo y sostener su desarrollo en un contexto de creciente incertidumbre ambiental.

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El campo se une contra la desregulación del IPCVA y advierte que eliminar los aportes obligatorios pondría en riesgo las exportaciones

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Una propuesta de desregulación impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y uno de los sectores más dinámicos de la agroindustria. Las principales entidades de productores ganaderos y cámaras frigoríficas rechazaron el anteproyecto que busca transformar en voluntarios los aportes que hoy financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al considerar que la medida comprometería la capacidad del organismo para sostener la inserción internacional de la carne argentina.

El debate trasciende una discusión sobre aportes obligatorios. Para las entidades que integran el Consejo de Representantes del IPCVA, el instituto constituye una herramienta estratégica construida por el propio sector privado desde la sanción de la Ley 25.507, destinada a financiar investigaciones técnicas, inteligencia comercial, promoción internacional y apertura de nuevos mercados para una de las principales cadenas exportadoras del país.

En un documento conjunto, las entidades afirmaron que la eliminación del esquema de financiamiento compulsivo implicaría, en los hechos, la desaparición del instituto. Argumentan que un sistema de contribuciones voluntarias generaría un problema clásico de acción colectiva: todos se beneficiarían de la promoción internacional sin asumir necesariamente el costo de sostenerla, debilitando progresivamente la capacidad operativa del organismo.

Actualmente, el IPCVA se financia exclusivamente con recursos privados aportados por productores y frigoríficos. La legislación vigente establece una contribución equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena para los productores y del 0,03% para la industria frigorífica. Según remarcan las entidades, ese mecanismo permitió sostener durante años una política de promoción continua sin depender del presupuesto estatal.

El respaldo institucional exhibe una amplitud poco habitual dentro del sector agropecuario. Firmaron el pronunciamiento las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro— junto con las principales cámaras de la industria frigorífica, entre ellas ABC, CADIF, CICCRA, FIFRA y UNICA. Además, el propio Estado nacional participa del Consejo de Representantes a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las organizaciones sostienen que el IPCVA ha sido determinante para consolidar acuerdos comerciales, fortalecer la relación sanitaria con los principales países compradores y posicionar la marca “Carne Argentina” como un producto premium en los mercados internacionales. Incluso recuerdan que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del instituto se destina a colaborar con tareas sanitarias desarrolladas por el SENASA, aspecto considerado central para mantener la habilitación de mercados de alto valor.

El documento también introduce un argumento comparativo. Según las entidades, todos los grandes países exportadores de carne vacuna cuentan con organismos similares financiados mediante aportes obligatorios y, en muchos casos, complementados con recursos públicos. Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay aparecen como ejemplos de modelos donde la promoción internacional constituye una política de Estado orientada a sostener la competitividad de toda la cadena.

Desde esa perspectiva, los representantes del sector consideran que el debate no debería centrarse únicamente en la reducción de cargas, sino en evaluar el retorno económico que generan estas instituciones. La promoción internacional, la construcción de reputación sanitaria y la apertura de nuevos mercados benefician tanto a grandes exportadores como a pequeños productores, al ampliar la demanda y mejorar las posibilidades de colocación de la producción argentina.

Otro aspecto que las entidades destacan es el carácter federal y plural del instituto. Desde su creación, la presidencia y la vicepresidencia fueron ejercidas de manera rotativa entre representantes de distintas organizaciones, mientras que el Consejo Asesor incorpora universidades, institutos tecnológicos, asociaciones de criadores, organismos científicos, cámaras empresarias y organismos públicos, consolidando un esquema de gobernanza compartida que, sostienen, fortalece la legitimidad institucional.

La discusión también expone un desafío más amplio para la agenda de desregulación impulsada por el Gobierno. Mientras el Ejecutivo busca reducir mecanismos obligatorios de financiamiento sectorial, parte del complejo agroindustrial advierte que existen instituciones cuya sostenibilidad depende precisamente de la participación colectiva de todos los actores. En este caso, el interrogante no pasa únicamente por reducir costos, sino por determinar cómo preservar herramientas que contribuyen a generar divisas, abrir mercados y sostener el posicionamiento internacional de uno de los principales productos de exportación de la Argentina.

La controversia deja planteado un debate de fondo sobre el diseño de las políticas de competitividad. Para el sector cárnico, el desafío no consiste solamente en producir más, sino en mantener instituciones capaces de sostener la calidad sanitaria, promover la diferenciación de la carne argentina y consolidar su presencia en un mercado internacional cada vez más competitivo. Allí radica, sostienen las entidades, el verdadero valor estratégico del IPCVA.

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Capital Humano homologó la primera paritaria rural bajo la reforma laboral

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El Ministerio de Capital Humano homologó este miércoles la primera paritaria del sector rural encuadrada en el régimen general de negociación colectiva establecido por la Ley N.º 14.250, tras las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.

La decisión formalizó el acuerdo alcanzado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades representativas del agro: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO, Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA).

El acuerdo establece remuneraciones mínimas para trabajadores permanentes comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario regulado por la Ley N.º 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio.

Desde el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó la homologación como un “hito histórico en materia laboral” y la vinculó con un proceso de actualización del sistema de negociación colectiva.

El cambio institucional detrás de la paritaria rural

La modificación no sólo tiene impacto salarial. También redefine el mecanismo institucional mediante el cual se negocian las condiciones laborales del sector agrario.

Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas rurales eran definidas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un esquema donde el Estado tenía un rol central en la fijación salarial.

Con la reforma impulsada por la Ley N.º 27.802, las condiciones salariales pasan a discutirse bajo el régimen general de negociación colectiva previsto en la Ley N.º 14.250, trasladando mayor peso a la negociación directa entre sindicatos y cámaras empresarias.

La homologación realizada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social representa así el primer antecedente concreto de implementación de ese nuevo esquema en el ámbito rural.

El agro gana un marco de negociación más flexible

La medida también expone una reconfiguración en la relación entre Estado, sindicatos y entidades rurales.

El acuerdo reúne a actores históricamente influyentes del agro argentino, como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina, junto con el sindicato UATRE.

El Gobierno interpretó la homologación como un avance en “institucionalidad laboral”, al considerar que el nuevo régimen aporta previsibilidad y seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

La decisión además se inscribe dentro del proceso de reformas laborales promovido por la administración nacional, que busca modificar mecanismos tradicionales de regulación del trabajo y reducir la centralidad estatal en ciertas negociaciones sectoriales.

Qué cambia para el sector rural

El nuevo esquema implica que las futuras discusiones salariales del trabajo agrario podrán canalizarse mediante convenios colectivos negociados entre las partes y posteriormente homologados por la autoridad laboral.

En términos prácticos, el sistema se asemeja más al funcionamiento de otras actividades privadas que negocian salarios bajo convenios colectivos generales.

La novedad adquiere relevancia porque el trabajo rural históricamente mantuvo un régimen específico y diferenciado respecto de otros sectores de la economía.

El Gobierno sostiene que el cambio aporta mayor agilidad y modernización al sistema de relaciones laborales rurales.

Impacto potencial en Misiones y el NEA

La formalización de paritarias rurales bajo el régimen general puede tener impacto directo en provincias con fuerte presencia de economías regionales y trabajo agrario, como Misiones y otras jurisdicciones del NEA.

Sectores vinculados a producción yerbatera, forestal, tealera y actividades agroindustriales podrían verse alcanzados por futuras negociaciones bajo este nuevo esquema institucional.

Aunque el comunicado oficial no detalla cifras salariales específicas ni actividades regionales concretas, la modificación del mecanismo de negociación introduce una variable relevante para empleadores y trabajadores rurales del interior productivo.

La evolución de estos acuerdos será observada especialmente en regiones donde la actividad agraria tiene fuerte incidencia sobre empleo y dinámica económica local.

Una reforma que empieza a mostrar efectos concretos

La homologación de esta primera paritaria aparece como uno de los primeros efectos operativos visibles de la Ley de Modernización Laboral sobre el sistema de negociación colectiva.

El desafío hacia adelante será observar cómo evolucionan futuras discusiones salariales bajo el nuevo esquema y si el modelo logra consolidar mayor estabilidad en un sector históricamente atravesado por tensiones entre productividad, costos laborales y regulación estatal.

También quedará bajo análisis el alcance real de la negociación colectiva en actividades rurales específicas y la capacidad del nuevo sistema para equilibrar intereses entre sindicatos y entidades empresarias.

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CRA respaldó el rumbo de Milei aunque con exigencias

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El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, respaldó este martes el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei durante la apertura de JONAGRO, aunque reclamó una “hoja de ruta clara” para eliminar las retenciones. 

También defendió el equilibrio fiscal, la desinflación y la modernización del Estado, y pidió construir consensos políticos e institucionales de largo plazo.

El dirigente rural destacó además el acuerdo Mercosur-Unión Europea, reclamó mejoras de infraestructura y defendió organismos como el INTA, SENASA e INASE. También cuestionó al “ambientalismo extremo”, reivindicó la producción en la Patagonia y llamó a sostener la unidad del sector agropecuario en defensa del interior productivo.

Halagos y reclamos

Durante su discurso, el dirigente rural sostuvo que “terminar con la burocracia, ordenar las cuentas públicas y cerrar definitivamente espacios de corrupción no son solamente objetivos administrativos: son condiciones indispensables para liberar el enorme potencial productivo del país”.

Al mismo tiempo arguyó que “dialogar no es claudicar. Dialogar es entender que sin consensos no existen transformaciones profundas ni políticas de Estado capaces de sostenerse en el tiempo”.

Castagnani ponderó a la administración nacional:“valoramos los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas, pero necesitamos una hoja de ruta clara, previsible y definitiva hacia la eliminación total de las retenciones”, dijo.

Pero reclamó por la carga impositiva: “hoy discutir la legalidad de un impuesto o una tasa puede demorar quince o veinte años, mientras el productor sigue soportando cargas indebidas”.

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