La operación fortalece el rol del banco como motor del desarrollo empresarial en Argentina y beneficiará especialmente a empresas del Norte Grande.
Banco Macro, una de las principales entidades financieras privadas de Argentina, fue seleccionado por BID Invest —el brazo del sector privado del Grupo BID— para recibir una línea de financiamiento de hasta US$200 millones destinada a ampliar el acceso al crédito productivo para pequeñas y medianas empresas en todo el país.
La decisión de BID Invest de elegir a Banco Macro como socio estratégico para esta operación no es casual: refleja el reconocimiento internacional a la solidez institucional, la trayectoria y el compromiso del banco con el desarrollo económico y social argentino.
Un componente central de la operación apunta a fortalecer el financiamiento de empresas radicadas en las provincias del Norte Grande, región históricamente postergada en materia de acceso al crédito.
Esta orientación federal es coherente con el ADN de Banco Macro: una entidad que construyó su liderazgo sobre la cercanía con sus clientes y el arraigo en las economías regionales.
La voz del Banco Macro
“A través de nuestro acuerdo con BID Invest, ponemos US$200 millones a disposición de las PyMEs, el comercio y la producción. Queremos ser unaliado estratégico para emprendedores y empresarios PyME, facilitando el acceso al crédito donde más se necesita, especialmente en el Norte Grande, para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo productivo con una visión verdaderamente federal”, aseguró Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.
El respaldo del BID Invest: una señal de confianza
La operación se enmarca en la Estrategia de País del Grupo BID con Argentina 2025-2028, que prioriza la modernización productiva y el acceso al financiamiento como palancas del crecimiento.
Qué BID Invest —con una cartera de US$22.000 millones en activos bajo gestión y presencia en 25 países— haya elegido a Banco Macro como vehículo de esta iniciativa en Argentina consolida el posicionamiento del banco como referente del sector financiero privado nacional.
Banco Macro: compromiso con el desarrollo productivo
Las pymes representan la columna vertebral del tejido empresarial argentino y una parte sustancial del empleo formal. Banco Macro entiende ese rol y asume el desafío de ser el banco que acompaña su crecimiento con soluciones reales, accesibles y de largo plazo.
Esta operación reafirma la visión estratégica de Banco Macro: crecer junto al país, apoyar a quienes generan trabajo y valor, y contribuir al progreso de las comunidades donde está presente.
De izquierda a derecha: Jorge Scarinci, Gerente de Finanzas de Banco Macro, Santiago Portais, Gerente de Entidades Financieras, y Sergio Lew, CIO de BID Invest
El Gobierno provincial acordó con el Banco de la Nación Argentina nuevas líneas de financiamiento con bonificación de tasas de hasta 14 puntos. El esquema alcanza a sectores estratégicos como yerba mate, forestoindustria, té, energía y transformación digital, en un contexto de caída de actividad en economías regionales y restricciones de acceso al crédito.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó este jueves junto al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, la presentación de nuevas líneas de crédito subsidiadas destinadas al sector privado productivo de la provincia.
El paquete financiero contempla un cupo total de $97.000 millones, con plazos de hasta 48 meses y subsidios provinciales sobre las tasas de interés que alcanzan hasta 14 puntos porcentuales.
La iniciativa involucra además al Ministerio del Agro, al Ministerio de Industria, a autoridades del Banco Nación y a entidades empresariales como la Confederación Económica de Misiones y la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.
El anuncio aparece en un momento de fuerte tensión para las economías regionales, atravesadas por caída del consumo, presión sobre costos y dificultades para acceder a financiamiento en condiciones competitivas.
El Gobierno provincial subsidia tasas y apunta al circuito productivo. El esquema presentado combina financiamiento del Banco Nación con subsidios directos de la Provincia para reducir el costo financiero final.
Safrán sostuvo que el nuevo contexto de baja de tasas mejora la viabilidad de estas herramientas, a diferencia de lo ocurrido durante 2025, cuando los niveles de interés “hacían inviable” tomar crédito productivo.
El diseño incluye líneas diferenciadas según actividad económica y destino de los fondos.
Entre los principales segmentos alcanzados aparecen: capital de trabajo para PyMEs, inversiones productivas, compra de maquinaria agrícola, transformación digital, servicios industriales, biomasa y energía, y asistencia específica para yerba y forestoindustria.
Yerba y madera concentran parte del foco financiero
Uno de los capítulos centrales del programa está orientado al sector yerbatero y forestal, dos actividades estructurales para la economía misionera.
La línea reglamentaria 750_44 prevé financiamiento para capital de trabajo con subsidio de 10 puntos porcentuales y plazo de hasta 180 días.
Los cupos establecidos son: hasta $400 millones para secaderos y molinos yerbateros, y hasta $80 millones para empresas forestales.
La decisión refleja una lectura económica y política concreta: ambos sectores atraviesan un escenario de fragilidad por presión de costos, caída de rentabilidad y menor dinámica del mercado interno.
En paralelo, la provincia busca evitar una desaceleración más profunda sobre empleo industrial y actividad regional.
Energía y biomasa: financiamiento para infraestructura estratégica
Otro tramo relevante del esquema apunta al sector energético. Las líneas prevén financiamiento para: expansión de generación con biomasa, almacenamiento energético, transporte de gas natural a granel, y proyectos vinculados a infraestructura energética.
En esos casos, los créditos podrán alcanzar hasta USD 4 millones por empresa, equivalentes —según lo informado oficialmente— a $5.640 millones, con plazos de hasta 48 meses y subsidio de 7 puntos de tasa.
La inclusión de biomasa no es menor para Misiones. La provincia concentra una parte importante de la actividad forestal del país y busca desde hace años ampliar el aprovechamiento energético de residuos industriales madereros.
PyMEs y economía del conocimiento: la apuesta a sostener inversión
El paquete también incorpora líneas para micro y pequeñas empresas, con subsidios de hasta 14 puntos porcentuales.
Los créditos contemplan: hasta $20 millones para capital de trabajo e inversión productiva en pequeñas empresas, hasta $40 millones para innovación y transformación digital, y financiamiento para empresas de servicios industriales.
El Gobierno provincial intenta así sostener inversión privada en un contexto donde el acceso al crédito todavía sigue restringido para buena parte de las PyMEs del interior.
Passalacqua vinculó la herramienta con la necesidad de preservar empleo y actividad económica. Durante la presentación, remarcó que los recursos “van a generar producción y empleo”, y destacó que el esquema es posible por el equilibrio fiscal sostenido por la provincia.
Banco Nación gana centralidad en economías regionales
El lanzamiento también deja una lectura institucional.
En un escenario nacional de fuerte ajuste fiscal y retracción de instrumentos de estímulo, el Banco Nación recupera centralidad como brazo financiero para economías regionales.
Passalacqua planteó explícitamente esa mirada al señalar que las economías del interior “más frágiles” requieren cooperación financiera y una visión federal del sistema bancario.
El mensaje tiene peso político porque aparece asociado a un reclamo histórico de provincias periféricas: acceso desigual al crédito frente a sectores más concentrados de la economía argentina.
El impacto efectivo del programa dependerá de varios factores: nivel real de tasas finales, velocidad de aprobación bancaria, demanda empresaria, y evolución de la actividad económica.
Para sectores como yerba, té o forestoindustria, el acceso a capital de trabajo puede aliviar tensiones operativas de corto plazo.
En el caso de inversiones energéticas o tecnológicas, el horizonte es más estructural y dependerá de estabilidad macroeconómica y capacidad de ejecución privada.
Por ahora, el Gobierno provincial apuesta a utilizar subsidios de tasa como mecanismo anticíclico para sostener producción y empleo sin ampliar transferencias directas.
El nivel de utilización de los cupos y la capacidad de absorción del sector privado serán variables clave para medir el alcance real del programa durante los próximos meses.
En medio del debate por la reconversión productiva en Misiones, el empresario forestal Rafael Scherer, socio gerente de Pindó, puso el foco en un problema de fondo: la competitividad. Durante una jornada donde se discutieron alternativas para diversificar la producción, el dirigente planteó que sin crédito accesible ni una baja de la presión impositiva, el sector seguirá limitado. La pregunta que sobrevuela es directa: ¿puede Misiones cambiar su matriz productiva sin modificar las reglas nacionales, provinciales y municipales que hoy condicionan al productor?
Regulaciones, crédito caro y una estructura que no cierra
Scherer participó de un encuentro en el que se analizaron modelos productivos, especialmente de Brasil, con la intención de replicar esquemas que permitan mejorar la rentabilidad y frenar el éxodo rural. Sin embargo, advirtió que el principal obstáculo no es técnico ni productivo, sino estructural.
“El problema sigue siendo el mismo: no hay acceso al crédito y hay demasiadas regulaciones que se superponen”, resumió. En su diagnóstico, el exceso de trámites y registros no solo no aporta valor, sino que genera costos adicionales y errores operativos. “Terminamos haciendo más trabajo administrativo que productivo”, señaló.
El financiamiento aparece como otro cuello de botella. Según explicó, en Misiones el crédito “es más caro por la carga impositiva, especialmente por las alícuotas de Ingresos Brutos que también afectan a quienes otorgan préstamos”. Esa estructura se traslada directamente al productor. “Hay que pensar seriamente en bajar impuestos. No queda otra”, insistió.
Desregulación nacional: avances parciales y expectativas abiertas
Consultado sobre el impacto de las medidas del Gobierno nacional, Scherer reconoció mejoras puntuales, aunque lejos de un cambio estructural. En particular, destacó avances en comercio exterior: “Exportar, cobrar y pagar se facilitó mucho”.
Sin embargo, aclaró que ese alivio no se tradujo todavía en una mejora integral para el sector productivo. “Queremos estar más libres, pero todavía hay mucho lastre”, graficó. El resultado, para el empresario, hasta ahora es un esquema híbrido: mejoras puntuales en apertura externa, pero sin un cambio estructural en costos internos ni en presión impositiva.
En cuanto al crédito, señaló que en los últimos meses comenzaron a aparecer opciones con tasas “relativamente lógicas”, aunque vinculó esa mejora más a la disponibilidad de liquidez en el sistema que a cambios de fondo en la política económica.
Mercado interno débil y un contexto global adverso
El escenario se complejiza por fuera de las fronteras. Scherer describió una situación internacional inestable, con conflictos que impactan en la demanda y generan cancelaciones o cambios abruptos en los pedidos.
“Hay una crisis grave a nivel mundial que nos está afectando en forma directa”, afirmó. A diferencia de otros momentos, el sector forestal ya no encuentra en el mercado interno un respaldo para compensar la caída externa. “Antes era un refugio. Hoy está muy dispar: hay lugares donde no se vende nada”, explicó.
En ese contexto, el foco exportador se mantiene en Asia y Norteamérica, con Estados Unidos como principal referencia global para la madera. Europa, en cambio, no aparece como un destino relevante en el corto plazo.
Inversión en pausa y decisiones atadas a la política
Más allá de la coyuntura económica, Scherer introdujo un elemento político en el análisis: la falta de previsibilidad. “No se van a tomar grandes decisiones hasta que se consolide el rumbo”, advirtió.
Para el empresario, la incertidumbre no responde solo a variables económicas, sino a la falta de definiciones claras sobre el proyecto político. Esa combinación retrasa inversiones y obliga a las empresas a adoptar una lógica defensiva: reducir costos antes que expandirse.
“La reconversión va a ser una constante. Cuando las cosas no van bien, lo primero que hacés es ajustar gastos. Pero eso no alcanza si no podés vender más”, explicó.
Un reclamo que atraviesa niveles del Estado
El planteo de Scherer no se limita al ámbito nacional. También incluye a provincias y municipios, donde —según indicó— tampoco se observa una baja significativa de la presión fiscal.
“No hemos visto que ningún nivel del Estado haya reducido impuestos de forma importante”, sostuvo, y recordó que en otras etapas de crisis hubo reacciones más rápidas desde la política.
El reclamo es transversal: menos impuestos, menos burocracia y más acceso al financiamiento. Sin esas condiciones, advierte, cualquier intento de diversificación productiva queda condicionado.
Entre la necesidad de cambio y la falta de condiciones
El diagnóstico del sector forestal expone una tensión que atraviesa a toda la economía misionera: la necesidad de reconvertirse frente a un escenario cambiante, pero sin las herramientas necesarias para hacerlo.
La discusión ya no pasa solo por qué producir, sino bajo qué reglas. En ese equilibrio, el margen de acción del sector privado aparece cada vez más acotado. Mientras tanto, las decisiones de inversión siguen en pausa.
El encuentro bautizado “Misiones Productiva”, realizado este miércoles 25 de marzo a las 17 en el Hotel Julio César de Posadas, reunió a dirigentes de la oposición, identificados con Cambiemos y aliados al Gobierno nacional con empresarios forestales y ganaderos que insisten en cambiar la matriz productiva y pagar menos impuestos.
El evento organizado por los empresarios Alfredo Gruber, Gabriel Montiel y el diputado Miguel Núñez. Entre el público estaban referentes empresarios del sector forestal, yerbatero y ganadero. Productores de diferentes sectores de la provincia y legisladores del sector opositor como Cristian Castro del PAyS, Martín Arjol, del partido Libertario, Santiago Koch de la UCR, Elvani Goring del PAyS, Ramón Amarilla del partido Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, Rosa Kurtz de la UCR. Además, estaban referentes del radicalismo Gustavo González, Ariel Pianesi, Walter Molina y del PRO, Jerónimo Lagier.
El planteo central giró en torno a las condiciones estructurales que enfrenta el sector productivo misionero. Desde la organización, se insistió en que las reglas actuales resultan “inciertas” y sin un direccionamiento claro, lo que desalienta inversiones de largo plazo, como la compra de maquinaria o la ampliación de escala.
En ese marco, se cuestionaron regulaciones específicas —como la quema programada— y se puso en debate la orientación de políticas públicas que, según se expuso, terminan condicionando la capacidad productiva. La crítica no se limitó a una medida puntual: se planteó una revisión integral del esquema normativo de Nación.
El diagnóstico incluyó además una propuesta concreta en el plano institucional: avanzar con un proyecto legislativo para que la provincia adopte como referencia las habilitaciones y prohibiciones del organismo sanitario nacional, en un intento por alinear criterios y reducir superposiciones regulatorias.
A la par, se introdujo un cambio de enfoque en la política productiva. La consigna fue directa: producir lo que se consume. Se mencionaron ejemplos concretos de productos que hoy llegan desde otras provincias —harina, carne, maíz— y que, según se planteó, podrían generarse localmente. La idea de diversificación productiva apareció así como alternativa a la dependencia de actividades tradicionales.
Empresarios en alerta: costos, crédito y mercado en tensión
El sector empresario reforzó el diagnóstico con una mirada operativa. La falta de acceso al crédito, la presión impositiva y la superposición de normativas fueron señaladas como los principales obstáculos para sostener la actividad.
Desde el ámbito forestal, se advirtió que el financiamiento en la provincia resulta más caro tanto para quien toma como para quien otorga crédito, en parte por las alícuotas vigentes. Esa estructura encarece la inversión y limita la expansión productiva. A eso se suma la carga administrativa: registros, controles y trámites que, según se expuso, “no generan beneficios concretos y sí costos operativos”.
En paralelo, se describió un escenario económico complejo. La actividad muestra señales de estancamiento, con caída de la demanda tanto en el mercado interno como en el externo. La falta de obra pública y la inestabilidad global —con impactos en comercio exterior y precios— agravan el cuadro.
A ese contexto se suma un factor emergente: el aumento de los combustibles, vinculado a tensiones internacionales, que ya empieza a ser percibido como un nuevo vector de presión sobre costos e inflación.
Correlación de fuerzas: presión sectorial y desafío político
El tono del encuentro dejó en evidencia un reacomodamiento en la relación entre el sector productivo y la política. Los empresarios no sólo plantearon demandas económicas, sino que también interpelaron directamente a los decisores públicos.
El reclamo por una baja de impuestos —en los tres niveles del Estado— aparece como un punto de coincidencia transversal. Sin embargo, también se reconoció la dificultad fiscal para avanzar en esa dirección, lo que introduce una tensión estructural: la necesidad de aliviar costos sin desfinanciar al Estado.
En ese escenario, el sector productivo busca ganar centralidad en la agenda política. La convocatoria a que los productores “sean protagonistas” del cambio y la referencia al rol de los legisladores como responsables de definir políticas públicas marcan una intención de incidir directamente en el diseño institucional.
Al mismo tiempo, el modelo comparativo con regiones vecinas de Brasil —particularmente en materia de financiamiento y productividad— opera como presión adicional sobre las autoridades locales.
Escenario abierto: entre la expectativa y la incertidumbre
El encuentro dejó planteado un punto de inflexión, aunque sin certezas sobre su traducción concreta en políticas públicas. La iniciativa de llevar propuestas al ámbito legislativo abre un canal institucional, pero el margen de acción dependerá de la capacidad de articular consensos y de las restricciones fiscales.
En paralelo, el contexto macroeconómico y global introduce un factor de incertidumbre que condiciona cualquier estrategia de mediano plazo. La falta de definiciones claras sobre el rumbo económico, sumada a la volatilidad externa, frena decisiones de inversión.
La discusión de fondo —qué producir, cómo y bajo qué reglas— quedó instalada. Lo que resta observar es si ese debate se transforma en reformas concretas o si queda absorbido por la dinámica política y económica que todavía no termina de estabilizarse.
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Ltda. (CONINAGRO) llevó adelante su primera reunión de Consejo del año 2026, que contó con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en un encuentro donde se expusieron las distintas realidades que atraviesan las economías regionales a lo largo del país.
Durante la reunión, productores y consejeros de la entidad presentaron ante el funcionario nacional un diagnóstico de las principales problemáticas del sector productivo, con eje en el acceso al financiamiento, el crédito, la infraestructura y las condiciones macroeconómicas que impactan sobre cooperativas y productores de las distintas regiones.
Pese a la amplitud de la agenda, no fue abordada la crisis que atraviesa actualmente la cadena de la yerba mate, uno de los complejos productivos más sensibles para provincias del NEA y que viene registrando fuertes tensiones en precios, rentabilidad y volumen de cosecha.
Agenda de propuestas de CONINAGRO
Previo al encuentro con el Consejo, Santilli fue recibido por el Comité Ejecutivo de CONINAGRO, que le entregó una serie de propuestas orientadas al sector agropecuario, con especial énfasis en la necesidad de avanzar en procesos de simplificación y armonización tributaria entre los distintos niveles de gobierno.
Entre los ejes presentados, la entidad puso sobre la mesa el Semáforo de Economías Regionales, una herramienta de seguimiento que refleja la situación dispar de las actividades productivas en las provincias y expone los desequilibrios estructurales que afectan al entramado cooperativo y rural.
Asimismo, se planteó una propuesta de Programa de Financiamiento Estratégico para el Campo, enfocado en inversiones en riego, malla antigranizo y hacienda, como complemento de las medidas incluidas en el Proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Poder Ejecutivo y que se encuentra actualmente en debate en el Congreso.
Crédito productivo, reforma laboral e infraestructura
Otro de los puntos abordados fue el análisis del crédito al sector productivo, con especial atención en aquellos rubros que enfrentan mayores dificultades de acceso y condiciones de financiamiento más costosas, una problemática recurrente para cooperativas y productores de menor escala.
También se presentaron propuestas de políticas innovadoras para el agro, que incluyen no solo la simplificación tributaria, sino también la creación de un Fondo Anticíclico y de Riesgo Agropecuario, concebido como una herramienta para mitigar el impacto de crisis climáticas, económicas y de mercado sobre las economías regionales.
Al finalizar la visita, Santilli señaló: “Siempre es bueno escuchar a los productores de todas las provincias. Esperemos que a todos los sectores llegue el buen rumbo que está tomando el presidenteJavier Milei”*.
En relación al debate por la reforma laboral que se discute en el Congreso, el ministro expresó su expectativa de que el proyecto avance en el Senado: “Yo soy muy positivo en que tengamos media sanción la semana que viene. Tiene que ser el puntapié inicial para los otros cambios que tienen que venir en nuestro país”.
Finalmente, Santilli se refirió a las modificaciones previstas en materia de infraestructura vial y sostuvo que el Ministerio de Economía proyecta concesionar 9.200 kilómetros de corredores viales antes de mitad de año, en un proceso que, según indicó, ya cuenta con antecedentes en rutas como la 14, que atraviesa Entre Ríos y Corrientes.
