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Créditos en dólares: los bancos respaldan la flexibilización

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La flexibilización del crédito bancario en dólares abrió una discusión que excede el volumen potencial de préstamos y vuelve a colocar en el centro del debate la arquitectura prudencial del sistema financiero argentino. Mientras la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) respaldó la decisión oficial y la definió como “un paso más en la dirección correcta”, exfuncionarios como Hernán Lacunza y Guido Sandleris plantearon que el cambio puede reintroducir riesgos que la regulación posterior a la crisis de 2001 buscó precisamente evitar.

El Gobierno apunta a movilizar una masa creciente de ahorro en moneda extranjera hacia la inversión productiva. Según explicó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, los depósitos en dólares del sistema bancario pasaron de unos US$23.000 millones a alrededor de US$40.000 millones. Actualmente, las entidades utilizan en préstamos cerca del 60% de esos depósitos y la nueva regulación busca elevar esa proporción hasta el 75%, lo que permitiría generar una capacidad potencial adicional de unos US$6.000 millones de financiamiento para empresas.

La lógica oficial es que una economía con una disponibilidad limitada de pesos necesita aprovechar la competencia entre monedas y profundizar la intermediación financiera para transformar ahorro en inversión. El objetivo no es solamente aumentar el volumen de crédito, sino canalizar recursos que permanecen dentro del sistema hacia proyectos de mayor plazo y escala.

“Para una economía donde la cantidad de pesos está muy acotada, para seguir bajando la inflación es importante que se dé la competencia de monedas y el concepto de la dolarización endógena”, explicó Furiase. Bajo esa concepción, el dólar deja de funcionar únicamente como reserva de valor y comienza a adquirir un papel más relevante como vehículo de financiamiento de la economía real.

ADEBA acompañó esa interpretación. La entidad que reúne a los principales bancos de capital nacional sostuvo que la modificación puede generar condiciones para desarrollar el ahorro y el crédito en dólares durante los próximos años. Desde la asociación consideraron que el cambio permitirá una intermediación más eficiente de los ahorros en moneda extranjera hacia el sector privado y favorecerá tanto la captación de depósitos como la generación de préstamos destinados a la producción.

La construcción aparece entre las actividades que podrían aprovechar con mayor intensidad esta nueva herramienta. Furiase identificó a los desarrolladores inmobiliarios como potenciales demandantes de financiamiento para proyectos de gran escala, particularmente en un mercado donde el plazo constituye una de las principales restricciones para transformar ahorro en inversión.

El Gobierno también pretende complementar esta estrategia con instrumentos destinados a recuperar fondos que permanecen fuera del sistema financiero. La denominada “inocencia fiscal” forma parte de ese esquema: según las estimaciones oficiales mencionadas por Furiase, los argentinos mantienen aproximadamente US$170.000 millones fuera de los circuitos formales.

La apuesta consiste en que una mayor confianza en el sistema permita captar una parte de esos recursos, remunerar mejor al ahorrista y, simultáneamente, ampliar el financiamiento de proyectos productivos. El mecanismo podría generar un círculo de mayor intermediación financiera, inversión, productividad y, eventualmente, salarios reales.

El límite está en quién toma el crédito

El principal punto de discusión no está en la existencia del ahorro en dólares, sino en el destino del crédito. La regulación anterior establecía una relación mucho más estricta entre la moneda en la que una empresa genera sus ingresos y aquella en la que se endeuda. La nueva normativa amplía el universo de empresas que pueden acceder al financiamiento en dólares, incluso aquellas cuyos ingresos no provienen directamente de exportaciones.

Ahí aparece el riesgo que señalan los críticos: el descalce de moneda. Una empresa que recauda principalmente pesos pero toma deuda en dólares puede afrontar una situación financiera manejable mientras el tipo de cambio permanece relativamente estable. Una depreciación significativa, en cambio, puede incrementar abruptamente el peso de sus obligaciones sin que sus ingresos aumenten en la misma proporción.

Ese escenario es el que llevó a Lacunza a advertir sobre la posibilidad de repetir errores de fines de los años noventa. El exministro de Hacienda cuestionó que se otorgue crédito en dólares a empresas cuyos ingresos están denominados en pesos y sostuvo que, ante una eventual suba del tipo de cambio, la dificultad de repago podría trasladarse al sistema financiero.

Su argumento recupera una de las lecciones centrales de la crisis de 2001: el problema no radica únicamente en la capacidad individual de una empresa para endeudarse, sino en qué ocurre cuando una depreciación cambiaria afecta simultáneamente a una gran cantidad de deudores.

Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, planteó una objeción similar desde la perspectiva de la regulación prudencial. Para el exfuncionario, la Argentina logró construir después de 2001 una de las pocas reglas financieras que atravesó distintas crisis cambiarias sin desembocar en una crisis bancaria: separar, en términos generales, los circuitos de intermediación en pesos y dólares.

Según su argumento, los depósitos en moneda extranjera podían prestarse esencialmente a quienes también generaban divisas, de modo que una depreciación del peso no transformara automáticamente una deuda en dólares en un problema de solvencia para el tomador y, por extensión, para el banco.

La advertencia de Sandleris apunta a una cuestión de diseño institucional: aunque el monto habilitado inicialmente sea relativamente acotado, el precedente regulatorio puede tener mayor relevancia que el volumen inmediato de crédito. El riesgo, desde esta perspectiva, no es necesariamente la medida actual sino una eventual ampliación futura del criterio.

El desafío es transformar ahorro en inversión sin trasladar el riesgo al sistema

La discusión ofrece dos diagnósticos diferentes sobre un mismo problema. El Gobierno observa una oportunidad: depósitos en dólares que crecieron con fuerza, una mayor confianza financiera y una economía que necesita inversión de largo plazo. Los críticos observan una vulnerabilidad: una economía todavía bimonetaria, con antecedentes de fuertes depreciaciones y empresas cuyos ingresos pueden estar denominados en pesos.

El punto de equilibrio está en los mecanismos de cobertura y en la evaluación individual del riesgo. La nueva regulación mantiene límites macroprudenciales y establece condiciones más exigentes para las financiaciones alcanzadas por el nuevo régimen, precisamente para evitar que una expansión del crédito se transforme en un deterioro de la solvencia bancaria.

Desde una perspectiva de desarrollo, el desafío consiste en lograr que el ahorro en dólares financie activos productivos capaces de generar los flujos necesarios para devolver esos dólares. No es lo mismo financiar una actividad exportadora, un proyecto inmobiliario con ingresos dolarizados o infraestructura vinculada a sectores transables que utilizar divisas para cubrir gastos de una empresa cuyos ingresos dependen exclusivamente del mercado interno.

La diferencia es crucial porque determina quién absorbe el riesgo cambiario. Si el proyecto genera dólares, el endeudamiento puede funcionar como una herramienta natural de financiamiento. Si genera pesos, la cobertura requiere mecanismos adicionales que impidan que una depreciación transforme una decisión empresarial en un riesgo sistémico.

En ese sentido, la flexibilización puede convertirse en una herramienta para profundizar el mercado de crédito argentino si consigue ampliar el financiamiento de inversiones sin deteriorar la calidad de los activos bancarios. El objetivo de política pública no debería ser simplemente prestar más dólares, sino conseguir que esos dólares financien productividad, infraestructura y capacidad exportadora.

La oportunidad está en aprovechar el crecimiento de los depósitos en moneda extranjera sin repetir el descalce que históricamente convirtió las crisis cambiarias en crisis financieras. La discusión que acaba de abrirse, por lo tanto, no enfrenta necesariamente crédito contra prudencia: plantea cómo diseñar una intermediación más profunda que pueda sostenerse también cuando cambie el ciclo cambiario.

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El BCRA amplía el crédito en dólares, pero fija un techo del 15% y endurece los controles prudenciales

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adecuará el marco prudencial para las financiaciones en moneda extranjera luego de la modificación del artículo 23 del Decreto 905/02 anunciada por el Poder Ejecutivo. La decisión amplía el universo de destinos al que podrán dirigirse los depósitos en dólares, pero incorpora un límite cuantitativo y mayores exigencias de capital para evitar que una expansión del crédito genere nuevos riesgos sobre el sistema financiero.

La lógica económica detrás del cambio apunta a profundizar la intermediación financiera en una economía donde el ahorro y las decisiones de inversión se encuentran parcialmente dolarizados. El objetivo es que una mayor proporción de los depósitos en moneda extranjera pueda transformarse en financiamiento para la inversión privada, la actividad productiva y el empleo, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de fuentes externas de crédito.

El cambio, sin embargo, no supone una liberalización irrestricta del crédito en dólares. El BCRA establecerá que las financiaciones provenientes de depósitos en moneda extranjera destinadas a clientes que no encuadren en los destinos que ya estaban habilitados no podrán superar, en conjunto, el 15% de los depósitos en dólares de cada entidad financiera.

Ese límite funciona como una barrera prudencial frente a uno de los principales riesgos de una mayor dolarización del crédito: el descalce de moneda. Un tomador que genera sus ingresos en pesos pero contrae una deuda en dólares puede enfrentar un deterioro abrupto de su capacidad de repago si se produce una variación significativa del tipo de cambio. Por eso, la nueva regulación combina la ampliación del crédito con requisitos adicionales para bancos y deudores.

La primera protección estará vinculada al capital. Para estas nuevas financiaciones, el requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del correspondiente a otras operaciones comparables. En términos regulatorios, esto implica que las entidades deberán respaldar con una mayor cobertura patrimonial los créditos considerados más expuestos al riesgo cambiario.

El segundo mecanismo operará sobre los límites de exposición crediticia. Estas financiaciones computarán por 1,25 veces la exposición que correspondería si no estuvieran alcanzadas por el tratamiento específico. De esta manera, el regulador eleva el costo prudencial de incrementar este tipo de cartera y desalienta una expansión excesivamente acelerada.

El tercer componente será la evaluación de la capacidad de repago. Las entidades financieras deberán analizar cómo responderían los tomadores ante escenarios de variación del tipo de cambio de diferente magnitud. El objetivo es que la decisión de otorgar un préstamo en dólares no se base exclusivamente en la situación financiera actual del cliente, sino también en su capacidad para absorber eventuales movimientos cambiarios.

La combinación de límite cuantitativo, mayor exigencia de capital y pruebas de capacidad de pago busca resolver una tensión central de la política financiera argentina: cómo utilizar los dólares depositados dentro del sistema para financiar inversión sin trasladar al sistema bancario los riesgos derivados de prestar en una moneda distinta de aquella en la que generan ingresos muchos de los tomadores.

En ese sentido, la medida parte de una premisa relevante para una economía bimonetaria: profundizar la intermediación entre el ahorro doméstico y la inversión privada puede reducir el desbalance entre ambos. Cuando los dólares permanecen fuera del circuito crediticio, el sistema financiero pierde capacidad para transformar ese ahorro en inversión productiva. Cuando se habilita su utilización, aumenta potencialmente la oferta de crédito, pero también adquiere mayor importancia la gestión del riesgo cambiario.

El desafío consiste, entonces, en ampliar la frontera del financiamiento sin deteriorar la calidad de los activos bancarios. La regulación diseñada por el BCRA busca que la expansión sea gradual y que cada peso de riesgo adicional tenga un respaldo patrimonial acorde con su exposición.

Para las empresas, especialmente aquellas con ingresos o activos vinculados al dólar, la modificación puede ampliar las alternativas de financiamiento disponibles dentro del sistema local. El efecto sobre la inversión dependerá, sin embargo, de la capacidad de los bancos para canalizar esos fondos y de que la demanda de crédito encuentre proyectos con flujos suficientes para sostener obligaciones en moneda extranjera.

La medida también apunta a un problema estructural de la economía argentina: la baja profundidad del crédito bancario. Movilizar el ahorro en dólares existente dentro del sistema puede generar una fuente adicional de financiamiento sin depender exclusivamente del ingreso de capitales externos. Para que ese mecanismo tenga impacto sostenido, será necesario que el nuevo crédito se dirija hacia actividades capaces de generar productividad, exportaciones o ingresos compatibles con la moneda del financiamiento.

El BCRA plantea así una estrategia de expansión controlada: permitir nuevos destinos para los depósitos en dólares, pero establecer límites explícitos y una cobertura prudencial superior. La eficacia de la medida se jugará en el equilibrio entre ambos objetivos: transformar ahorro inmovilizado en crédito útil para la economía real sin comprometer la solvencia y liquidez de las entidades financieras.

En última instancia, el cambio regulatorio no busca solamente aumentar el volumen de préstamos denominados en dólares. Su objetivo más profundo es ampliar la capacidad del sistema financiero argentino para conectar ahorro e inversión dentro del país. El resultado dependerá de que esa mayor disponibilidad de crédito pueda convertirse en inversión productiva y empleo, manteniendo bajo control el riesgo que históricamente representa el descalce de monedas.

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Banco Macro recibe una línea financiera del BID Invest por US$200 millones para impulsar el crédito productivo a PyMEs

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La operación fortalece el rol del banco como motor del desarrollo empresarial en Argentina y beneficiará especialmente a empresas del Norte Grande.

Banco Macro, una de las principales entidades financieras privadas de Argentina, fue seleccionado por BID Invest —el brazo del sector privado del Grupo BID— para recibir una línea de financiamiento de hasta US$200 millones destinada a ampliar el acceso al crédito productivo para pequeñas y medianas empresas en todo el país.

La decisión de BID Invest de elegir a Banco Macro como socio estratégico para esta operación no es casual: refleja el reconocimiento internacional a la solidez institucional, la trayectoria y el compromiso del banco con el desarrollo económico y social argentino.

Un componente central de la operación apunta a fortalecer el financiamiento de empresas radicadas en las provincias del Norte Grande, región históricamente postergada en materia de acceso al crédito.

Esta orientación federal es coherente con el ADN de Banco Macro: una entidad que construyó su liderazgo sobre la cercanía con sus clientes y el arraigo en las economías regionales.

La voz del Banco Macro

“A través de nuestro acuerdo con BID Invest, ponemos US$200 millones a disposición de las PyMEs, el comercio y la producción. Queremos ser unaliado estratégico para emprendedores y empresarios PyME, facilitando el acceso al crédito donde más se necesita, especialmente en el Norte Grande,
para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo productivo con una visión verdaderamente federal”, aseguró Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

El respaldo del BID Invest: una señal de confianza

La operación se enmarca en la Estrategia de País del Grupo BID con Argentina 2025-2028, que prioriza la modernización productiva y el acceso al financiamiento como palancas del crecimiento.

Qué BID Invest —con una cartera de US$22.000 millones en activos bajo gestión y presencia en 25 países— haya elegido a Banco Macro como
vehículo de esta iniciativa en Argentina consolida el posicionamiento del banco como referente del sector financiero privado nacional.

Banco Macro: compromiso con el desarrollo productivo

Las pymes representan la columna vertebral del tejido empresarial argentino y una parte sustancial del empleo formal. Banco Macro entiende ese rol y asume el desafío de ser el banco que acompaña su crecimiento con soluciones reales, accesibles y de largo plazo.

Esta operación reafirma la visión estratégica de Banco Macro: crecer junto al país, apoyar a quienes generan trabajo y valor, y contribuir al progreso de las comunidades donde está presente.

De izquierda a derecha: Jorge Scarinci, Gerente de Finanzas de Banco Macro, Santiago Portais, Gerente de Entidades Financieras, y Sergio Lew, CIO de BID Invest

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Misiones lanza créditos subsidiados por $97.000 millones para sostener empleo en yerba, madera y PyMEs

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El Gobierno provincial acordó con el Banco de la Nación Argentina nuevas líneas de financiamiento con bonificación de tasas de hasta 14 puntos. El esquema alcanza a sectores estratégicos como yerba mate, forestoindustria, té, energía y transformación digital, en un contexto de caída de actividad en economías regionales y restricciones de acceso al crédito.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó este jueves junto al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, la presentación de nuevas líneas de crédito subsidiadas destinadas al sector privado productivo de la provincia.

El paquete financiero contempla un cupo total de $97.000 millones, con plazos de hasta 48 meses y subsidios provinciales sobre las tasas de interés que alcanzan hasta 14 puntos porcentuales.

La iniciativa involucra además al Ministerio del Agro, al Ministerio de Industria, a autoridades del Banco Nación y a entidades empresariales como la Confederación Económica de Misiones y la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.

El anuncio aparece en un momento de fuerte tensión para las economías regionales, atravesadas por caída del consumo, presión sobre costos y dificultades para acceder a financiamiento en condiciones competitivas.

El Gobierno provincial subsidia tasas y apunta al circuito productivo. El esquema presentado combina financiamiento del Banco Nación con subsidios directos de la Provincia para reducir el costo financiero final.

Safrán sostuvo que el nuevo contexto de baja de tasas mejora la viabilidad de estas herramientas, a diferencia de lo ocurrido durante 2025, cuando los niveles de interés “hacían inviable” tomar crédito productivo.

El diseño incluye líneas diferenciadas según actividad económica y destino de los fondos.

Entre los principales segmentos alcanzados aparecen: capital de trabajo para PyMEs, inversiones productivas, compra de maquinaria agrícola, transformación digital, servicios industriales, biomasa y energía, y asistencia específica para yerba y forestoindustria.

Yerba y madera concentran parte del foco financiero

Uno de los capítulos centrales del programa está orientado al sector yerbatero y forestal, dos actividades estructurales para la economía misionera.

La línea reglamentaria 750_44 prevé financiamiento para capital de trabajo con subsidio de 10 puntos porcentuales y plazo de hasta 180 días.

Los cupos establecidos son: hasta $400 millones para secaderos y molinos yerbateros, y hasta $80 millones para empresas forestales.

La decisión refleja una lectura económica y política concreta: ambos sectores atraviesan un escenario de fragilidad por presión de costos, caída de rentabilidad y menor dinámica del mercado interno.

En paralelo, la provincia busca evitar una desaceleración más profunda sobre empleo industrial y actividad regional.

Energía y biomasa: financiamiento para infraestructura estratégica

Otro tramo relevante del esquema apunta al sector energético. Las líneas prevén financiamiento para: expansión de generación con biomasa, almacenamiento energético, transporte de gas natural a granel, y proyectos vinculados a infraestructura energética.

En esos casos, los créditos podrán alcanzar hasta USD 4 millones por empresa, equivalentes —según lo informado oficialmente— a $5.640 millones, con plazos de hasta 48 meses y subsidio de 7 puntos de tasa.

La inclusión de biomasa no es menor para Misiones. La provincia concentra una parte importante de la actividad forestal del país y busca desde hace años ampliar el aprovechamiento energético de residuos industriales madereros.

PyMEs y economía del conocimiento: la apuesta a sostener inversión

El paquete también incorpora líneas para micro y pequeñas empresas, con subsidios de hasta 14 puntos porcentuales.

Los créditos contemplan: hasta $20 millones para capital de trabajo e inversión productiva en pequeñas empresas, hasta $40 millones para innovación y transformación digital, y financiamiento para empresas de servicios industriales.

El Gobierno provincial intenta así sostener inversión privada en un contexto donde el acceso al crédito todavía sigue restringido para buena parte de las PyMEs del interior.

Passalacqua vinculó la herramienta con la necesidad de preservar empleo y actividad económica. Durante la presentación, remarcó que los recursos “van a generar producción y empleo”, y destacó que el esquema es posible por el equilibrio fiscal sostenido por la provincia.

Banco Nación gana centralidad en economías regionales

El lanzamiento también deja una lectura institucional.

En un escenario nacional de fuerte ajuste fiscal y retracción de instrumentos de estímulo, el Banco Nación recupera centralidad como brazo financiero para economías regionales.

Passalacqua planteó explícitamente esa mirada al señalar que las economías del interior “más frágiles” requieren cooperación financiera y una visión federal del sistema bancario.

El mensaje tiene peso político porque aparece asociado a un reclamo histórico de provincias periféricas: acceso desigual al crédito frente a sectores más concentrados de la economía argentina.

El impacto efectivo del programa dependerá de varios factores: nivel real de tasas finales, velocidad de aprobación bancaria, demanda empresaria, y evolución de la actividad económica.

Para sectores como yerba, té o forestoindustria, el acceso a capital de trabajo puede aliviar tensiones operativas de corto plazo.

En el caso de inversiones energéticas o tecnológicas, el horizonte es más estructural y dependerá de estabilidad macroeconómica y capacidad de ejecución privada.

Por ahora, el Gobierno provincial apuesta a utilizar subsidios de tasa como mecanismo anticíclico para sostener producción y empleo sin ampliar transferencias directas.

El nivel de utilización de los cupos y la capacidad de absorción del sector privado serán variables clave para medir el alcance real del programa durante los próximos meses.

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Misiones Productiva: “Sin crédito barato y con alta carga impositiva, es imposible competir”, afirmó Rafael Scherer

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En medio del debate por la reconversión productiva en Misiones, el empresario forestal Rafael Scherer, socio gerente de Pindó, puso el foco en un problema de fondo: la competitividad. Durante una jornada donde se discutieron alternativas para diversificar la producción, el dirigente planteó que sin crédito accesible ni una baja de la presión impositiva, el sector seguirá limitado. La pregunta que sobrevuela es directa: ¿puede Misiones cambiar su matriz productiva sin modificar las reglas nacionales, provinciales y municipales que hoy condicionan al productor?

Regulaciones, crédito caro y una estructura que no cierra

Scherer participó de un encuentro en el que se analizaron modelos productivos, especialmente de Brasil, con la intención de replicar esquemas que permitan mejorar la rentabilidad y frenar el éxodo rural. Sin embargo, advirtió que el principal obstáculo no es técnico ni productivo, sino estructural.

“El problema sigue siendo el mismo: no hay acceso al crédito y hay demasiadas regulaciones que se superponen”, resumió. En su diagnóstico, el exceso de trámites y registros no solo no aporta valor, sino que genera costos adicionales y errores operativos. “Terminamos haciendo más trabajo administrativo que productivo”, señaló.

El financiamiento aparece como otro cuello de botella. Según explicó, en Misiones el crédito “es más caro por la carga impositiva, especialmente por las alícuotas de Ingresos Brutos que también afectan a quienes otorgan préstamos”. Esa estructura se traslada directamente al productor. “Hay que pensar seriamente en bajar impuestos. No queda otra”, insistió.

Desregulación nacional: avances parciales y expectativas abiertas

Consultado sobre el impacto de las medidas del Gobierno nacional, Scherer reconoció mejoras puntuales, aunque lejos de un cambio estructural. En particular, destacó avances en comercio exterior: “Exportar, cobrar y pagar se facilitó mucho”.

Sin embargo, aclaró que ese alivio no se tradujo todavía en una mejora integral para el sector productivo. “Queremos estar más libres, pero todavía hay mucho lastre”, graficó. El resultado, para el empresario, hasta ahora es un esquema híbrido: mejoras puntuales en apertura externa, pero sin un cambio estructural en costos internos ni en presión impositiva.

En cuanto al crédito, señaló que en los últimos meses comenzaron a aparecer opciones con tasas “relativamente lógicas”, aunque vinculó esa mejora más a la disponibilidad de liquidez en el sistema que a cambios de fondo en la política económica.

Mercado interno débil y un contexto global adverso

El escenario se complejiza por fuera de las fronteras. Scherer describió una situación internacional inestable, con conflictos que impactan en la demanda y generan cancelaciones o cambios abruptos en los pedidos.

“Hay una crisis grave a nivel mundial que nos está afectando en forma directa”, afirmó. A diferencia de otros momentos, el sector forestal ya no encuentra en el mercado interno un respaldo para compensar la caída externa. “Antes era un refugio. Hoy está muy dispar: hay lugares donde no se vende nada”, explicó.

En ese contexto, el foco exportador se mantiene en Asia y Norteamérica, con Estados Unidos como principal referencia global para la madera. Europa, en cambio, no aparece como un destino relevante en el corto plazo.

Inversión en pausa y decisiones atadas a la política

Más allá de la coyuntura económica, Scherer introdujo un elemento político en el análisis: la falta de previsibilidad. “No se van a tomar grandes decisiones hasta que se consolide el rumbo”, advirtió.

Para el empresario, la incertidumbre no responde solo a variables económicas, sino a la falta de definiciones claras sobre el proyecto político. Esa combinación retrasa inversiones y obliga a las empresas a adoptar una lógica defensiva: reducir costos antes que expandirse.

“La reconversión va a ser una constante. Cuando las cosas no van bien, lo primero que hacés es ajustar gastos. Pero eso no alcanza si no podés vender más”, explicó.

Un reclamo que atraviesa niveles del Estado

El planteo de Scherer no se limita al ámbito nacional. También incluye a provincias y municipios, donde —según indicó— tampoco se observa una baja significativa de la presión fiscal.

“No hemos visto que ningún nivel del Estado haya reducido impuestos de forma importante”, sostuvo, y recordó que en otras etapas de crisis hubo reacciones más rápidas desde la política.

El reclamo es transversal: menos impuestos, menos burocracia y más acceso al financiamiento. Sin esas condiciones, advierte, cualquier intento de diversificación productiva queda condicionado.

Entre la necesidad de cambio y la falta de condiciones

El diagnóstico del sector forestal expone una tensión que atraviesa a toda la economía misionera: la necesidad de reconvertirse frente a un escenario cambiante, pero sin las herramientas necesarias para hacerlo.

La discusión ya no pasa solo por qué producir, sino bajo qué reglas. En ese equilibrio, el margen de acción del sector privado aparece cada vez más acotado. Mientras tanto, las decisiones de inversión siguen en pausa.

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