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Brito: “Los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”

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El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, eligió Puerto Iguazú para poner en palabras una mirada que combina respaldo al ordenamiento macroeconómico con una advertencia sobre el punto más sensible que enfrenta ahora el programa económico: la estabilización todavía no consiguió traducirse con suficiente fuerza en actividad, empleo e ingresos.

El nivel de actividad hoy es el tema en Argentina, el nivel de actividad y, en consecuencia, el empleo”, sostuvo Brito en una diálogo con Economis y otros medios, durante su participación en la reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Iguazú.

No es una observación menor viniendo de uno de los principales banqueros del país. Brito respaldó la necesidad de eliminar el déficit fiscal y consideró inevitable la corrección de buena parte de los subsidios que sostenía el Estado. Pero también marcó una diferencia con uno de los supuestos centrales sobre los que se apoyó el cambio de modelo: la velocidad con la que el mercado podía reordenar la economía.

Para mí es un error de diagnóstico creer que el mercado te iba a resolver muchos temas en el corto plazo”, afirmó.

Para Brito, el nuevo esquema económico produjo sectores ganadores y perdedores, pero ambos reaccionaron a velocidades diferentes.

Claramente lo que está ocurriendo es que los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”, explicó. Y allí ubicó una de las tareas pendientes: “Creo que ahí tiene que haber una coordinación”. 

Equilibrio fiscal, pero con matices

Brito no cuestiona el corazón fiscal del programa económico. Por el contrario, sostuvo que la Argentina había llegado a una situación en la que prácticamente no existían alternativas.

Cuando un Estado mantiene déficit y ya no consigue quién lo financie, explicó, quedan dos caminos: ajustar o emitir dinero. La experiencia inflacionaria argentina, planteó, mostró los límites de la segunda alternativa.

Sí puede discutirse, según el empresario, dónde debía recaer el recorte.

En ese sentido, defendió la reducción de los subsidios generalizados a las tarifas. “No hay países en el mundo, ni desarrollados ni subdesarrollados, que tengan subsidios de tarifa de la magnitud que tenía Argentina”, señaló.

Y utilizó su propio caso para graficar la distorsión: “Acá se subsidiaba la oferta y yo era subsidiado, yo, Jorge Pablo Brito. Entonces eso era algo que estaba claramente mal y había que resolverlo”. 

La corrección tarifaria redujo el ingreso disponible de las familias al mismo tiempo que la economía todavía no generó suficiente empleo e inversión como para compensar ese impacto. Según Brito, el peso de los servicios públicos en el presupuesto familiar pasó de niveles cercanos al 5 por ciento a alrededor del 25 por ciento, en un contexto que además combinó tasas de interés reales excepcionalmente elevadas, pérdida de puestos de trabajo y deterioro de ingresos. 

Uno de los ejes de la jornada del IAEF fue el crecimiento de la morosidad. Brito reconoció el problema, aunque evitó una lectura catastrófica.

En el sistema bancario, explicó, la mora involucra a más de dos millones de clientes, aunque representa menos del 10 por ciento. En Banco Macro, sostuvo, las nuevas generaciones de créditos muestran mejores indicadores de cumplimiento que las anteriores, una señal que alimenta la expectativa de que el deterioro haya comenzado a revertirse. 

No hay nada que nos haga pensar que eso vaya a incrementarse a futuro”, aseguró. “Somos muy optimistas de que esto se va a poder resolver en el corto plazo”. 

Brito aprovechó la entrevista con Economis para enviar además un mensaje directo a los clientes de Macro que atraviesan dificultades financieras.

“Convoco a todos los clientes que están en mora a que vengan. En el caso de mi banco van a encontrar una ayuda para poder refinanciar a tasas ventajosas y plazos convenientes”, afirmó. 

Pero trazó una línea frente a las propuestas políticas que buscan resolver el sobreendeudamiento afectando los derechos de los acreedores.

Para el presidente de Macro, una intervención de ese tipo podría solucionar un problema coyuntural a costa de generar otro mucho más profundo: reducir estructuralmente la oferta de crédito.

“Si violentamos o afectamos los derechos de los acreedores, eso en definitiva termina afectando la capacidad de dar préstamos”, advirtió. 

El argumento de Brito va más allá de la coyuntura de la mora. Su diagnóstico es que una de las debilidades estructurales argentinas es precisamente la escasez del crédito privado en relación con el tamaño de la economía.

“Cuantos menos préstamos tenemos en relación al producto, menos desarrollados somos”, sintetizó.

Pero hizo una distinción sobre la calidad del financiamiento. El desafío no pasa únicamente por multiplicar préstamos al consumo, sino por construir un sistema capaz de prestar a largo plazo.

“El préstamo bueno no es necesariamente el de consumo. Es el préstamo hipotecario, el que permite a un individuo comprarse una vivienda, a una pyme o a una empresa financiar capital de trabajo”. 

Allí aparece otra de las restricciones argentinas: el costo financiero.

Brito señaló que sobre cada préstamo existe una carga impositiva correspondiente a los tres niveles del Estado que puede terminar siendo superior al propio spread financiero de las entidades bancarias.

Para bajar el costo del crédito, planteó, también será necesario revisar esa estructura. 

Ante la pregunta sobre cómo recuperar el poder adquisitivo, Brito volvió sobre una palabra: productividad.

Su secuencia es inversión, productividad, creación de empleo y, finalmente, recuperación del salario real.

“Productividad genera empleo y la competencia del empleo es lo que genera aumento de salarios”, explicó.

Para que aumente el salario real, lo que tenemos que generar es aumento del empleo y el aumento del empleo se genera pura y exclusivamente con inversión”, insistió. 

Desde su rol empresario, aseguró que ésa es precisamente la estrategia que intenta llevar adelante en las compañías que conduce: identificar oportunidades de inversión capaces de generar crecimiento.

Brito mira al interior: “Debe ser el gran ganador”

En Iguazú, el presidente de Banco Macro dejó además una definición especialmente relevante para Misiones y las economías regionales.

El interior es el gran ganador” del nuevo modelo económico, afirmó, aunque inmediatamente introdujo una condición: para que ese potencial pueda convertirse en producción, exportaciones y empleo, la Argentina necesita infraestructura.

El riesgo, según Brito, es repetir viejos desequilibrios territoriales. Si las oportunidades económicas cambian de lugar pero la infraestructura no acompaña, el país puede volver a generar procesos migratorios y cuellos de botella como los ocurridos décadas atrás.

Por eso planteó la necesidad de “empezar a trabajar diagramando este nuevo modelo de país”, con infraestructura capaz de acompañar el desarrollo productivo de las provincias. 

Misiones, sostuvo, tampoco debería quedar al margen.

Brito identificó a la energía, el petróleo y el gas como motores de buena parte de la Patagonia y a la agricultura como un vector que atraviesa numerosas provincias del centro y del norte. En ese escenario, planteó que las exportaciones deberían adquirir mucho más peso dentro de la economía argentina, pero con una condición adicional: incorporar valor agregado. 

La infraestructura aparece, en su visión, como el puente entre el equilibrio macroeconómico y la recuperación de la economía real.

Argentina, dijo, tiene una infraestructura “totalmente desinvertida y atrasada”. Recuperarla permitiría atacar dos problemas simultáneamente: mejorar la competitividad futura y generar actividad y empleo ahora.

Y no necesariamente mediante obra pública financiada directamente por el Estado.

Brito planteó que el Gobierno puede crear incentivos y marcos regulatorios capaces de movilizar capital privado hacia rutas, ferrocarriles y obras hídricas.

“Todo eso debería generar un plan de infraestructura para generar empleo en el corto plazo”, sostuvo. 

Es, en definitiva, el matiz que Brito introduce al debate económico desde el sector privado. El equilibrio fiscal aparece como una condición que no debería abandonarse. Pero no alcanza.

La segunda etapa necesita inversión. Necesita crédito. Necesita infraestructura. Y, sobre todo, necesita velocidad para que los sectores que pueden crecer comiencen a hacerlo antes de que el ajuste de quienes perdieron termine profundizando el freno de la actividad.

El propio Brito lo resumió desde Iguazú: Argentina necesita empresarios “que se animen, que inviertan”.

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El dólar superó los $1.500 y el mercado mira ahora las tasas y la actividad

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El dólar mayorista cerró este lunes en $1.510 y superó por primera vez la barrera de los $1.500, en una jornada que dejó una señal relevante para el mercado: el Gobierno permitió una mayor corrección del tipo de cambio, aunque hacia el final de la rueda apareció intervención oficial para contener la cotización. El movimiento volvió a colocar en el centro de la escena la relación entre dólar, tasas de interés y actividad económica.

La suba fue de $11 respecto del cierre previo, equivalente a 0,7%, y representó el avance diario más importante para un lunes en varias semanas. El dólar oficial en el Banco Nación terminó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, mientras que el blue cerró en $1.545 y $1.565, respectivamente. El MEP se ubicó en $1.539,70 para la venta y el contado con liquidación llegó a $1.600,40.

El dato central, sin embargo, no estuvo únicamente en el nuevo precio del dólar. Los operadores observaron desde el comienzo de la rueda una menor presencia oficial en el mercado de futuros, una señal que fue interpretada como un relajamiento de la estrategia utilizada durante las semanas anteriores para evitar que el tipo de cambio perforara el techo informal de $1.500.

Gabriel Caamaño, de Outlier, señaló que por primera vez desde el martes anterior la variación diaria del interés abierto en futuros de dólar Rofex resultó negativa, con una reducción de 34.782 contratos. La lectura del mercado fue que el Banco Central habría reducido su participación mediante este mecanismo.

La intervención, de todos modos, no desapareció. Según reportes citados por el mercado, la presencia oficial se hizo visible hacia el cierre para defender el nivel de $1.510. PPI, además, observó un fuerte incremento en la negociación de la letra dólar linked más corta, que movilizó US$168 millones, frente a los US$77 millones del viernes, lo que podría indicar participación del Banco Central en el mercado secundario de estos instrumentos.

El cambio de estrategia adquiere relevancia porque durante las últimas semanas el Gobierno había utilizado distintas herramientas para moderar la presión cambiaria. A las operaciones en futuros y dólar linked se sumaron intervenciones puntuales del Tesoro y una política de tasas que buscó absorber liquidez y contener la demanda de dólares.

Ahora aparece una tensión diferente. Una tasa elevada puede contribuir a sostener la estabilidad financiera y cambiaria, pero también encarece el crédito, dificulta la refinanciación de empresas y familias y puede retrasar la recuperación de sectores con menor capacidad de acceso al financiamiento.

Por eso, el mercado empieza a observar el movimiento del dólar no solo como una cuestión cambiaria sino como parte de una ecuación más amplia. Gustavo Ber planteó que una estabilización de las tasas en pesos resulta necesaria para que la economía pueda recuperar dinamismo. En esa lectura, una menor presión para sostener artificialmente el dólar en $1.500 podría abrir margen para una relajación de los rendimientos financieros.

El costo de defender ese nivel cambiario ya había sido advertido por la consultora 1816. La discusión pasa ahora por determinar cuánto puede desplazarse el tipo de cambio sin trasladar presión significativa a precios y expectativas, y cuánto espacio existe para reducir las tasas sin reactivar una demanda de dólares que vuelva a tensionar el mercado.

El calendario financiero agrega otro elemento. Esta semana vence la D31G6 por US$2.595 millones, el mayor vencimiento de este tipo durante la gestión de Javier Milei, por encima de los US$2.247 millones correspondientes al vencimiento de julio. PPI recordó que, ante el vencimiento anterior, el Banco Central no compró dólares y el Tesoro llegó a vender US$150 millones para mantener el tipo de cambio por debajo de $1.500.

La señal que deja la rueda es, entonces, más compleja que un simple salto del dólar. El Gobierno parece haber tolerado un movimiento alcista acotado, mientras conserva herramientas para intervenir si la cotización amenaza con desbordarse. En paralelo, el mercado empieza a descontar que una menor presión sobre el tipo de cambio podría permitir una reducción de las tasas.

Ese eventual cambio sería relevante para la economía real. La construcción, entre otros sectores que enfrentaron mayores dificultades durante esta etapa, podría beneficiarse de condiciones financieras menos restrictivas. También podrían mejorar las posibilidades de refinanciación para empresas y hogares, siempre que la reducción de tasas no vuelva a alimentar una presión cambiaria que obligue a revertir la estrategia.

La jornada dejó así un nuevo precio de referencia, pero sobre todo una pregunta de política económica: cuánto puede dejar correr el Gobierno al dólar para aliviar las tasas sin perder el control sobre las expectativas cambiarias. La respuesta tendrá impacto directo sobre el crédito, la inversión y la velocidad de recuperación de la actividad.

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El crédito desde una perspectiva de largo plazo

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Por Guillermo Bermúdez / Fundación FIEL – En diversas ocasiones, desde la presente columna, se abordó la cuestión del crédito al sector privado en cuanto a su participación en la hoja de balance del sistema financiero en los meses recientes; en lo referido al impacto del alza de tasas activas y el deterioro de los ingresos del público sobre la mora bancaria; respecto a los cambios regulatorios necesarios para canalizar los depósitos en dólares hacia el crédito en esa moneda a personas que no generan divisas -restricciones del artículo 23 del decreto 905 del año 2002-; así como la caracterización del episodio de recuperación de los préstamos desde inicios de 2024.

El objetivo del presente análisis es ampliar al inicio de la Convertibilidad el repaso presentado en abril[1] cuando se revisó la situación del crédito y los depósitos en la hoja de balance del sistema financiero desde 1994, en momentos en el que el crédito al sector público absorbía una proporción menor de la capacidad prestable y la Convertibilidad del peso y el carácter bimonetario de la economía habían propiciado una marcada dolarización del sistema financiero. Adicionalmente, se exploran potenciales factores de corto plazo que obstaculizarían un repunte más dinámico de los préstamos en los meses por venir.

En julio de 2026, el crédito al sector privado alcanza $ 135.9 billones, de los cuales $ 100.2 billones –un 74%- corresponden a líneas de financiamiento en pesos. Este nivel de préstamos totales se coloca unos $ 4.6 billones en moneda constante por debajo del pico alcanzado en diciembre pasado durante el último episodio de recuperación del crédito iniciado en abril de 2024. En perspectiva histórica, la marca también se coloca por debajo de otros picos como el de agosto de 2018, cuando los préstamos al sector privado sumaron $ 169.8 billones, el de diciembre de 2013 ($ 147.3 billones) o el de diciembre de 1998 ($ 154.5 billones). De lo anterior surge que el stock actual de préstamos se encuentra por debajo de marcas históricas.

La comparación resulta menos favorable cuando se la realiza en relación al PBI. En la actualidad, el stock de préstamos al sector privado representa 11.2% del producto, mostrando un retroceso respecto a febrero pasado, cuando la relación alcanzó 12.8%, y colocándose por debajo de marcas previas como septiembre de 2018 (15.3%), o enero de 2000, cuando el stock trepó hasta 21.5% del PBI alcanzando la relación más elevada en cerca de cuatro décadas.

Pero el nivel actual de crédito en relación al producto no sólo es bajo en la comparación con los registros del pasado reciente, sino que también lo es en la comparación con el tamaño de los préstamos en economías de la región o con niveles de ingreso similares a los de Argentina. En efecto, la relación de crédito al sector privado en Uruguay alcanza 31%, en Chile supera el 70%, en Brasil el 75%, en Paraguay el 56%, en Latinoamérica y el Caribe el 48% y para los países de ingresos medios altos 136%, de acuerdo a datos del Banco Mundial.

Tal como se ha mencionado anteriormente, el nivel actual de créditos -y depósitos- en relación al PBI, en la comparación histórica e internacional, vuelve a señalar un potencial para la profundización financiera de la economía.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA e INDEC.

Al respecto, del lado del fondeo en pesos, aún existe espacio para un mayor recorte de los requisitos mínimos de liquidez, dando continuidad a la normalización de la política de encajes en marcha desde diciembre del año pasado y que en abril los redujo a 45% para las cuentas a la vista, con la posibilidad de integrar en efectivo el 31.5% y el resto con títulos de deuda pública. La demora en un más acelerado recorte de encajes, que propicie una mayor dinamización del crédito, viene dada por la debilidad de la demanda de pesos, y de ello un potencial impacto sobre la desinflación. Lo anterior, sin perder de vista que unos mayores requisitos de liquidez contribuyen a ampliar el spread de tasas de interés encareciendo el crédito. Asimismo, sobre la recuperación del crédito gravita una mayor selectividad en el otorgamiento de préstamos por parte de las entidades bancarias luego del aumento de la irregularidad de cartera que se tuvo desde comienzos de 2025.

Del lado, del fondeo en dólares, hoy los depósitos del sector privado en esa moneda superan los USD 40.2 mil millones -colocándose en niveles récord desde la Convertibilidad-, mientras que los préstamos en dólares ascienden a USD 24.1 mil millones. De lo anterior, la búsqueda por parte de algunas entidades bancarias de lograr la flexibilización de la normativa relativa al otorgamiento de créditos en esta moneda a personas sin capacidad directa de generación de divisas. A partir de ello, el BCRA mediante la Comunicación A 8446 dispuso habilitar a los bancos a otorgar este tipo de créditos a personas que cuenten con el aval directo de una empresa con capacidad de obtener ingresos en dólares y que se constituya como principal pagador. Al respecto, si bien el BCRA establece el marco prudencial, son las entidades financieras las que deberán escudriñar el perfil crediticio de los potenciales tomadores de crédito y tomar la decisión del otorgamiento. El salto de la mora en las líneas en pesos durante 2025 sugiere que las entidades podrían mostrar una mayor reticencia respecto a los casos en el que los créditos en moneda dura continúen siendo destinados a la prefinanciación de exportaciones.

Aun cuando el nivel actual del crédito resulte bajo, el episodio de recuperación iniciado en abril de 2024 ha sido el más dinámico en la comparación con otros eventos similares que tuvieron lugar desde comienzos de los noventa.

Tomando en consideración el crecimiento real del crédito al sector privado, desde 1991 pueden identificarse seis episodios de recuperación[2], dos de los cuales corresponden a la década del noventa, uno en el comienzo de los dos mil, dos en la segunda década de este siglo y finalmente el reciente iniciado a comienzos de 2024.

A los fines de comparación del crecimiento de los préstamos en cada uno de estos episodios, teniendo en cuenta que se tienen diferencias de duración entre cada uno de ellos –por ejemplo, el iniciado en abril de 1991 se prolongó por 46 meses hasta febrero de 1995 y el que tuvo comienzo en septiembre de 1995 duró 39 meses, hasta diciembre de 1998-, se calculó la tasa media mensual, tanto para el crédito total como para las líneas en pesos y dólares.

Como se observa en el Gráfico 2, el episodio de recuperación del crédito iniciado en abril de 2024 resultó el más dinámico en la comparación con los cinco restantes, superando con holgura incluso el registrado en los primeros cuatro años de la Convertibilidad.

En efecto, en el inicio de la Convertibilidad el crecimiento del crédito avanzó hasta 1995 a un ritmo mensual de 2.1% para el total de préstamos, 1.7% para los denominados en pesos y 2.4% para los otorgados en dólares. De este modo, en 46 meses el crédito sumó 9.5% del PBI alcanzando un equivalente de 16.9% del producto. Por su parte, el último episodio de crecimiento del crédito mostró un ritmo mensual del 4.6% para los préstamos en pesos, 5.7% para los otorgados en dólares y del 4.8% para el total. De este modo, entre abril de 2024 y diciembre de 2025 el stock de crédito creció hasta un equivalente de 11.8% del PBI sumando en el período 7% del producto. Con todo, el episodio actual tuvo una tasa mensual de crecimiento que multiplicó por 2.7 la registrada entre abril de 1991 y febrero de 1995 para los préstamos en pesos y por 2.3 en el caso de los créditos en dólares y para el total de préstamos, aunque el avance en términos del PBI resultó algo más bajo.

El episodio de recuperación, superado el impacto de la crisis de México –efecto Tequila-, mostró un más moderado ritmo de crecimiento del crédito en la comparación con años previos, desde niveles que duplicaban las líneas en pesos y triplicaban los otorgados en dólares en la comparación con abril de 1991. Fue hacia el fin de esa fase de crecimiento del crédito donde la relación del crédito a PBI se colocó entre los máximos históricos.

A lo largo de 1999 y 2000, se sucedieron esporádicamente alzas mensuales del crédito que no anotaron una continuidad. Más tarde, las restricciones a la operatoria bancaria en efectivo hacia diciembre de 2001, la posterior suspensión de la Ley de Intangibilidad de depósitos a comienzos de enero de 2002, y la consecuente pesificación asimétrica de depósitos y créditos, afectó marcadamente al sistema financiero, demorando hasta bien entrado 2004 la recuperación del crédito. En efecto, desde el punto de vista de la actividad sectorial, la intermediación financiera continuó profundizando su caída desde comienzos de 2002 hasta el primer semestre de 2004, rezagando la mejora de otros sectores de servicios como el comercio o el transporte que, a comienzos de 2003, ya mostraban avances.

En aquella fase de recuperación, el comportamiento más dinámico lo mostraron los créditos en dólares con un alza mensual real de 2.6% hasta inicios de 2008, bien por delante de las líneas en pesos que crecieron a un ritmo mensual del 1.5%, pero desde niveles muy bajos –los préstamos en dólares alcanzaban el 11% del total, muy por debajo del 63% que ostentaban en diciembre de 1998 o el 59% de febrero de 1995-.

En relación a lo anterior, la pesificación de depósitos que siguió al abandono de la Convertibilidad, determinó que la participación de los depósitos en dólares se redujera drásticamente, relación que se mantiene en bajos niveles hasta la actualidad. En efecto, los depósitos en dólares promediaron entre 1991 y 2000 una participación del 58% y desde 2002 a la actualidad, 14% con una tendencia de aumento en los dos últimos años y medio.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA e INDEC.

La recuperación del crédito iniciada en abril de 2010, que se prolongó hasta fines de 2013, se caracterizó por un marcado retroceso de los préstamos en dólares, los que se recortaron a un ritmo mensual del 1.6%, cayendo a menos de la mitad al fin del episodio –pasaron de $ 14.5 billones a $ 7.1 billones medidos en moneda constante-. No hay que perder de vista que, hacia octubre de 2011, el gobierno de Cristina Fernández comenzó a implementar restricciones para la operatoria de divisas –cepo cambiario- iniciando con el requerimiento de permisos ante AFIP para la realización de operaciones cambiarias. Las restricciones se fueron profundizando a lo largo de 2012 –declaraciones juradas anticipadas de importación, límites a la compra de divisas con fines de ahorro y para turismo, etc.-, propiciando el despegue de la brecha de cambio, sin lograr contener la pérdida de divisas por parte del BCRA, y produciendo el marcado retroceso del crédito en dólares.

Luego de la unificación cambiaria de fines de 2015, durante los primeros meses de la gestión de Cambiemos, el crédito en términos reales mostró un retroceso en el primer semestre a causa de un avance de la inflación por encima del ritmo de aumento de los préstamos, motorizada en parte por algún reordenamiento de precios relativos a partir de la corrección del atraso tarifario. Desde agosto de 2016, el crédito retomó un sendero de crecimiento, con un mayor dinamismo para las líneas en dólares, nuevamente desde bajos niveles de participación en el crédito total.

Desde el pico de agosto de 2018 y por los próximos seis años, el crédito y el sistema financiero fueron reduciéndose en términos del PBI hasta mínimos históricos en un contexto en el que el financiamiento monetario del déficit generaba una inflación rampante que propiciaba la desmonetización, el BCRA dilapidaba divisas y el Sector Público ocupaba una proporción creciente en el balance del sistema financiero.

Hacia abril de 2024, la relación de crédito al sector privado con el PBI tocó 4.8%, un mínimo histórico –en el que también se ubicaban los agregados monetarios-, y es desde allí que se tiene el último episodio de recuperación del crédito que, como se mencionó, resultó el más dinámico, superando el de la primera parte de la década de los noventa. En este episodio, no sólo el crecimiento del crédito en pesos resultó el más veloz, sino también en el caso de los préstamos en dólares. Este aumento no sólo fue propiciado por un alza de los depósitos en esa moneda a partir de la Ley de exteriorización de activos de la segunda mitad de 2024, sino también a causa de una preferencia por parte de las firmas exportadoras de optar por el fondeo en dólares en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y compresión de la brecha.

Como se mencionó en la columna de junio[3], el recorte de las tasas de interés y la mora en los meses por venir, no parecen suficientes para desatar un episodio de recuperación del crédito como se tuvo a inicios de 2024, en parte por una oferta más selectiva de las entidades bancarias, y en parte porque el costo del crédito resulta aún elevado.

Al respecto, además de los encajes bancarios -en niveles históricamente altos-, encarece el costo del financiamiento la elevada carga tributaria, comenzando por impuestos nacionales -el impuesto al valor agregado computado sobre la tasa activa y el impuesto a los créditos y débitos bancarios-, siguiendo por ingresos brutos a nivel provincial y sumando otras tasas municipales.

De lo anterior, a la búsqueda de movilizar el crédito en moneda dura hacia sectores sin capacidad de generación de divisas, debería anteponerse el recorte del componente tributario del costo del financiamiento, lo que contribuiría al mismo tiempo a la reducción de la irregularidad-, de modo de dinamizar una recuperación más acelerada del crédito, y de ello de la actividad y el empleo.

En síntesis. En la comparación histórica la dinámica de crecimiento del crédito en la fase de recuperación iniciada a comienzos de 2024 supera con holgura a la mejor experiencia en materia de préstamos que tuvo lugar en la primera parte de la Convertibilidad. El actual nivel de crédito resulta bajo en la comparación histórica e internacional, lo que permite avizorar una profundización financiera en el futuro cercano, de mayor parsimonia que en el pasado reciente, en parte explicado por la mora y un elevado costo del financiamiento, el que incluye una elevada carga tributaria.


[1] https://fielfundacion.org/blog/2026/04/13/creditos-y-depositos-del-sector-privado/

[2] Comprendidos entre 04.1991 – 02.1995; 09.1995 – 12.1998; 05.2004 – 01.2008; 04.2010 – 12.2013; 08.2016 – 08.2018 y 04.2024 – 12.2025.

[3] https://fielfundacion.org/blog/2026/06/06/recorte-de-tasas-y-mora-seran-insuficientes/

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BCRA: Bausili descartó un salvataje estatal para los deudores morosos

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la puerta a un programa estatal de rescate para los clientes bancarios que atraviesan situaciones de mora. Su presidente, Santiago Bausili, ratificó que el Gobierno no utilizará recursos públicos, emisión monetaria ni subsidios de tasas para absorber los incumplimientos y sostuvo que la salida deberá construirse mediante acuerdos entre las entidades financieras y sus clientes.

La definición se produjo este jueves durante una conferencia de prensa realizada en la sede del BCRA, en la que Bausili presentó el Informe de Política Monetaria correspondiente al segundo trimestre del año. Su postura se alineó con las declaraciones previas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes también habían descartado una asistencia oficial frente al incremento de la morosidad.

“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro, y eso incluye una monetización de estas cuestiones. Seguimos viendo esto como una conversación entre privados”, sostuvo Bausili.

La definición implica que el Estado no asumirá el costo de las deudas impagas ni creará un mecanismo general para trasladarlo al conjunto de los contribuyentes. En cambio, las condiciones de refinanciación quedarán sujetas a la negociación entre cada banco y sus clientes, en un escenario en el que el sistema financiero ya comenzó a extender plazos y reducir tasas para determinados casos.

Bausili justificó esa decisión a partir de la experiencia histórica de la intervención estatal en contratos entre particulares. “En la historia, cuando el Estado se mete en medio de una conversación entre privados, típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas”, señaló.

El titular del Central agregó que las propias entidades financieras prefieren mantener el proceso fuera de una intervención directa del Estado. “Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que nosotros no nos metamos”, afirmó.

Desde la perspectiva oficial, además, el nivel actual de incumplimiento no constituye una señal de alarma sistémica. Bausili sostuvo que el ratio de morosidad “está en niveles normales” y “no preocupa”. También planteó que la dinámica de las deudas debe analizarse en períodos más extensos, debido a que los procesos de refinanciación no se resuelven de manera inmediata.

“Es un proceso dinámico en el que las deudas se refinancian a lo largo del tiempo, eso lleva meses”, explicó el presidente del BCRA.

El diagnóstico oficial coloca el problema de la mora en una zona intermedia: no representa, según el Gobierno, un riesgo que justifique un salvataje estatal, pero sí requiere que bancos y clientes encuentren mecanismos para reestructurar obligaciones que dejaron de ser sostenibles bajo las condiciones originales.

En esa línea, el Ministerio de Economía sostiene que las entidades financieras están refinanciando compromisos a tasas más bajas y plazos más extensos. La expectativa oficial es que esa dinámica permita reducir gradualmente el nivel de morosidad sin recurrir a recursos fiscales ni a mecanismos de expansión monetaria.

La postura representa un cambio relevante respecto de los esquemas de asistencia que trasladan al Estado parte del costo de los incumplimientos privados. El criterio elegido por la administración de Javier Milei es preservar la responsabilidad contractual entre las partes y evitar que el Tesoro o el Banco Central absorban pérdidas originadas en créditos otorgados por entidades financieras.

La discusión sobre la mora se produjo, además, en paralelo con un mensaje optimista del BCRA sobre la evolución de la actividad económica. Durante la presentación del informe monetario, Bausili anticipó que la inflación continuará desacelerándose y sostuvo que la expansión económica continuará durante los próximos meses.

Junto con el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, afirmó que el crecimiento comenzará a extenderse hacia distintos sectores de la economía y destacó la recuperación del consumo luego del denominado “shock monetario de 2025”.

La apuesta oficial es que una economía con menor inflación y mejores condiciones de crédito contribuya a recomponer la capacidad de pago de hogares y empresas. En ese escenario, la reducción de tasas y la extensión de plazos aparecen como herramientas privadas para contener la mora sin necesidad de una intervención estatal.

Para los deudores, sin embargo, el esquema implica que no habrá una solución general financiada por el Estado. La alternativa dependerá de la capacidad de cada persona o empresa para negociar con su entidad financiera condiciones compatibles con sus ingresos y compromisos, mientras los bancos deberán administrar el equilibrio entre recuperar créditos y evitar que una reestructuración termine profundizando los incumplimientos.

El Gobierno, en tanto, busca que la normalización se produzca dentro del propio sistema financiero. Bausili dejó así definida la hoja de ruta: sin emisión para cubrir morosidad, sin fondos fiduciarios y sin subsidios de tasas, pero con refinanciaciones privadas como mecanismo para absorber gradualmente el problema.

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Misiones es la sexta provincia de menor presión fiscal sobre los bancos

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El Banco Central de la República Argentina dio un paso técnico con alto impacto político y fiscal: habilitó a los bancos a radicar las cuentas abiertas de manera no presencial en cualquier sucursal del país, independientemente del domicilio real del cliente. La medida, ya vigente, apunta a reducir el peso de Ingresos Brutos y otras cargas provinciales y municipales sobre la actividad financiera, uno de los factores que encarecen el crédito en la Argentina.

La decisión reabre una discusión de fondo: cuánto de la tasa que paga un usuario o una empresa responde al riesgo financiero y cuánto corresponde a la presión fiscal aplicada sobre los bancos. En un sistema donde buena parte de las operaciones ya se realizan por canales digitales, el BCRA introduce una posibilidad concreta: que las entidades asignen las cuentas abiertas por internet o por aplicación a sucursales ubicadas en jurisdicciones con menor carga tributaria. La única exigencia operativa es que el banco informe claramente al cliente cuál es la sucursal elegida.

El dato central surge del informe de ADEBA difundido por el propio BCRA: las diferencias entre provincias son muy marcadas. La Pampa encabeza el ranking de mayor presión sobre la actividad financiera, con una alícuota de 9,1% sobre Ingresos Brutos. Le siguen Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con alícuotas del 9%. En el otro extremo aparece Santiago del Estero, que aplica 3% sobre el spread, mientras Corrientes tributa 4,7% y Formosa 5,5%.

Misiones queda en la parte media-baja del ranking, pero todavía por encima de las jurisdicciones más competitivas: figura en el puesto 19 sobre 24, con una alícuota del 7,8% sobre Ingresos Brutos. Además, según el cuadro de ADEBA, grava títulos públicos, pero no créditos hipotecarios. Esa combinación la diferencia de provincias como Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y San Luis, que sí registran carga sobre créditos hipotecarios.

El punto más sensible está en la transmisión de esa carga al precio del crédito. En la práctica, una mayor presión de Ingresos Brutos sobre los bancos puede trasladarse a tasas más altas, comisiones o menor incentivo a prestar. Por eso la medida del BCRA opera como una forma indirecta de competencia fiscal: las provincias con menor carga pueden volverse más atractivas para la radicación administrativa de cuentas digitales, aun cuando el cliente viva y opere en otra jurisdicción.

Para Misiones, el nuevo esquema deja una señal ambivalente. Por un lado, no se encuentra entre las provincias de mayor presión, como La Pampa o Buenos Aires. Por otro, tampoco aparece entre las más competitivas. Con 7,8%, queda por debajo del pelotón del 8% y 9%, pero bastante lejos de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa. En un mercado financiero cada vez más digital, esa diferencia puede ganar relevancia.

La discusión excede a los bancos. El BCRA busca empujar una baja de costos en el crédito, pero también tensiona la relación entre Nación y provincias, porque Ingresos Brutos es una fuente clave de recaudación subnacional. El dilema es conocido: aliviar la carga fiscal puede mejorar el acceso al financiamiento; mantenerla sostiene ingresos fiscales en un contexto de fuerte restricción presupuestaria.

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