CRIMEN ORGANIZADO

Lamelas visitó Misiones con una agenda centrada en comercio, inversiones y seguridad fronteriza

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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, visitó Misiones en el marco de una agenda diplomática que busca profundizar el vínculo de Washington con las provincias y abrir nuevos canales para el comercio y la inversión. En una provincia atravesada por una frontera internacional estratégica y por el movimiento económico de la Triple Frontera, la visita suma una dimensión particular: la cooperación en seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado.

Peter Lamelas es el segundo embajador que visita la tierra colorada en el marco de sus funciones en el país. Su predecesor Marc Robert Stanley, visitó Misiones hace tres años y luego de sus actividades hizo varias menciones a la provincia en sus redes sociales.

La agenda contempló reuniones de trabajo con autoridades provinciales y locales, con el objetivo de identificar oportunidades de cooperación económica y fortalecer los vínculos institucionales. El componente comercial adquiere relevancia en una provincia cuya posición geográfica la conecta directamente con Paraguay y Brasil y que, al mismo tiempo, busca ampliar sus circuitos de exportación y atraer inversiones.

La visita se produce además en un momento de mayor intensidad en la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Lamelas viene desarrollando una agenda activa de promoción de inversiones y cooperación en seguridad, mientras Washington profundiza sus vínculos con distintos gobiernos provinciales. En las últimas semanas, el diplomático participó de encuentros vinculados con inversiones estratégicas y cooperación contra el narcotráfico.

Para Misiones, el eje de seguridad tiene una lectura específica. La provincia cuenta con una extensa frontera internacional y constituye un punto de circulación permanente de personas y mercaderías. Por eso, la cooperación frente al crimen organizado transnacional y el intercambio de información adquieren una dimensión que excede la agenda diplomática y se vincula directamente con la seguridad económica y fronteriza de la región.

La llegada de Lamelas tuvo un componente turístico. El embajador recorrió el Parque Nacional Iguazú y las Cataratas del Iguazú, uno de los principales activos turísticos internacionales de la Argentina y un motor de actividad para Puerto Iguazú y buena parte de la economía provincial. La visita finalmente se concretó este fin de semana, con un recorrido reservado por las Cataratas, la Selva Paranaense y Güirá Oga.

El recorrido incluyó una excursión náutica, el Circuito Superior y una navegación por el río Iguazú, además de una visita al centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre Güirá Oga. La agenda permitió al diplomático conocer no solamente el principal atractivo turístico de Misiones, sino también parte de las políticas y actividades de conservación vinculadas con la biodiversidad provincial.

Foto gentileza de La Voz de Cataratas

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Entró en vigencia el sistema acusatorio federal en Misiones

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Misiones puso en marcha este lunes el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y se convirtió en la décima provincia argentina en adoptar el sistema acusatorio federal. El cambio supone una transformación estructural en la Justicia penal: la investigación queda bajo conducción de los fiscales, mientras los jueces controlarán las garantías y resolverán en audiencias públicas.

La reforma busca reemplazar un esquema caracterizado por expedientes y estructuras tradicionales por un modelo basado en la oralidad, la concentración de funciones y una mayor velocidad en la resolución de los procesos. En términos prácticos, el objetivo es que la Justicia pueda responder con mayor rapidez ante delitos complejos, especialmente aquellos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, sin resignar las garantías de las personas sometidas a proceso.

Una nueva distribución del poder dentro del proceso penal

El cambio más relevante está en la división de responsabilidades. Los fiscales pasan a tener la conducción directa de las investigaciones penales y serán responsables de definir las estrategias de persecución, reunir pruebas y llevar los casos a juicio. Los jueces, en cambio, dejan de concentrar funciones investigativas para asumir un papel de terceros imparciales encargados de controlar que el proceso respete los derechos y garantías establecidos por la ley.

La Procuración General de la Nación formalizó la nueva estructura mediante la Resolución PGN 59/26, que creó la Fiscalía de Distrito de Misiones. La conducción estará a cargo de Vivian Andrea Barbosa como fiscal general coordinadora, mientras que Silvina Flavia Gutiérrez fue designada fiscal general interina revisora y Pablo Ricardo Di Loreto ocupará el cargo de suplente.

El rediseño también modifica la presencia territorial del Ministerio Público Fiscal. La provincia queda organizada alrededor de una Unidad Fiscal en Posadas y tres sedes descentralizadas en Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú, con competencias diferenciadas según los departamentos que integran cada región.

La Unidad Fiscal Posadas tendrá jurisdicción sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra. Su estructura contempla áreas específicas para la atención inicial, investigación y litigio de casos simples y complejos, transición, ejecución penal, ejecución no penal y electoral, además de atención a víctimas.

En Oberá funcionará una sede descentralizada que abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, 25 de Mayo, Oberá y Guaraní. La conducción estará a cargo de la fiscal Viviana Alejandra Vallejos.

La sede de Eldorado tendrá competencia sobre los departamentos de Eldorado, Montecarlo y San Pedro y estará bajo la titularidad de la fiscal Liliam Edith Delgado. En Puerto Iguazú, en tanto, la estructura cubrirá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano y estará a cargo del fiscal interino Aníbal Fabián Martínez.

Para reforzar la coordinación territorial, especialmente en las zonas norte y centro, la Procuración asignó de manera interina al fiscal general adjunto Marcelo José Bernachea, quien articulará acciones con las sedes de Eldorado y Oberá.

Por qué el cambio puede impactar en las causas federales

El nuevo sistema no representa solamente un cambio de nombres o de oficinas. La transformación apunta a modificar la lógica con la que se tramitan las investigaciones federales y a concentrar recursos en áreas operativas, con equipos destinados a investigar y litigar los casos.

La oralidad constituye uno de los instrumentos centrales de esa transformación. Las decisiones relevantes deberán discutirse en audiencias, lo que busca reducir los tiempos asociados al trámite escrito y hacer más visible la intervención de cada una de las partes.

Para Misiones, la dimensión territorial agrega un componente relevante. La provincia ocupa una posición estratégica en la frontera norte y concentra corredores vinculados con el tránsito internacional, lo que vuelve especialmente sensibles las investigaciones relacionadas con narcotráfico, contrabando y otras manifestaciones del crimen organizado.

La nueva estructura pretende, precisamente, distribuir capacidades de investigación y litigio en distintos puntos del territorio, en lugar de concentrarlas exclusivamente en Posadas. La presencia de unidades en Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú busca acercar la respuesta institucional a los lugares donde se originan o tramitan las causas.

El desafío, a partir de ahora, estará en que el rediseño institucional se traduzca efectivamente en investigaciones más rápidas, mejor coordinación entre fiscales y fuerzas de seguridad, atención adecuada a las víctimas y decisiones judiciales oportunas. La reforma cambia el procedimiento; su impacto concreto dependerá de cómo funcionen esos recursos en la práctica.

Derechos humanos: las causas de lesa humanidad mantienen su estructura

La implementación del sistema acusatorio no modifica el tratamiento de las investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esas causas continuarán bajo la representación de Vivian Andrea Barbosa y del equipo de apoyo correspondiente, en coordinación con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación.

La resolución establece que se mantendrán los recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en esta materia.

Así, el nuevo esquema abre una etapa diferente para la Justicia penal federal en Misiones, pero no supone una ruptura uniforme con todas las estructuras existentes. El desafío institucional pasa ahora por demostrar que la reorganización puede convertir la promesa de mayor celeridad y transparencia en resultados concretos para víctimas, imputados y para una sociedad que demanda una Justicia federal con capacidad de respuesta frente a delitos cada vez más complejos.

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Desarticulan una organización vinculada a un prófugo investigado por extorsión y tráfico de armas

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El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización investigada por su presunta vinculación con un integrante de la denominada “Mafia China”, en el marco de una investigación por asociación ilícita que permitió identificar una red de conexiones con presencia en La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El operativo fue desarrollado a partir de una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que convocó al Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA para determinar el paradero de un hombre que permanece prófugo de la Justicia y reconstruir su círculo de vinculaciones y modalidad operativa.

Según la información oficial, el sospechoso se había fugado de un centro de detención y es buscado por distintas causas relacionadas con extorsión, tráfico de armas y sustancias ilícitas y el otorgamiento irregular de licencias y habilitaciones comerciales.

A partir de tareas de campo y del análisis de información, los investigadores identificaron a un grupo de personas que mantendría conexiones con el prófugo. Entre los integrantes detectados había ciudadanos de nacionalidad china, lo que permitió avanzar sobre una estructura presuntamente relacionada con el investigado.

La pesquisa derivó en la identificación de 15 domicilios de interés, distribuidos entre distintos puntos de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó una serie de allanamientos simultáneos para profundizar la investigación y secuestrar elementos considerados relevantes para la causa.

Los procedimientos se concretaron en distintos domicilios de La Plata, incluidos inmuebles ubicados sobre las calles 25, 531, 11, 520, 41, 4 y la avenida 137. También se realizaron allanamientos en las calles 96 y 116, en Villa Elvira, y en la calle 19, en Gonnet. En la Ciudad de Buenos Aires, los operativos alcanzaron propiedades ubicadas sobre las avenidas Jujuy y Corrientes y la calle French.

El despliegue permitió detener a nueve personas, siete hombres y dos mujeres. Entre los detenidos había cuatro hombres y dos mujeres de nacionalidad china y tres hombres argentinos. Además, otros integrantes quedaron vinculados formalmente a la investigación y dos hombres fueron identificados durante los procedimientos.

El material secuestrado aportará elementos para reconstruir la estructura investigada y determinar el alcance de sus actividades. Entre los objetos incautados se encuentran 21 teléfonos celulares, tres notebooks, un pendrive y documentación considerada de interés para la causa.

Los investigadores también secuestraron $8,7 millones y US$1.900, además de un importante arsenal compuesto por dos pistolas calibre 9 milímetros, una pistola calibre .380, tres cargadores, una escopeta calibre 12/70, 14 cartuchos de escopeta y 100 cartuchos calibre 9 milímetros.

Durante los allanamientos también fueron encontrados cinco licencias de conducir, dos cédulas de legítimo usuario de armas y dos registros de consumo de municiones, elementos que quedaron incorporados al expediente para establecer su procedencia y eventual vinculación con las maniobras investigadas.

La investigación forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional contra estructuras vinculadas con el crimen organizado. En este caso, el objetivo central fue avanzar sobre la red de relaciones de un prófugo y no limitar la pesquisa a la localización del principal investigado.

Los nueve detenidos, todos mayores de edad, quedaron junto con los elementos secuestrados a disposición de la Justicia, que deberá determinar ahora el grado de responsabilidad individual de cada uno y la eventual existencia de una estructura organizada detrás de los hechos investigados.

El resultado de los procedimientos abre además una segunda etapa: profundizar el análisis de los dispositivos electrónicos, la documentación y los registros vinculados con armas y habilitaciones. Esa evidencia puede permitir establecer cómo funcionaba la organización, qué roles cumplía cada integrante y cuál era el verdadero alcance de sus operaciones.

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Experto en crimen organizado alertó que la nueva ley de Tierras podría facilitar el desembarco narco en la frontera de Misiones

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El debate sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno nacional, incorporó en el Senado un elemento que trasciende la discusión jurídica sobre la propiedad: la seguridad nacional.

Quien puso el foco fue Marcelo Bergman, doctor en Sociología, investigador y uno de los mayores especialistas latinoamericanos en crimen organizado y economías ilegales. Invitado al plenario de comisiones que analiza el proyecto, lanzó una advertencia que impacta de lleno sobre provincias de frontera como Misiones.

“No vengo a discutir el régimen de propiedad privada. Vine simplemente para alertar sobre lo que estamos a punto de hacer en las zonas de frontera”, comenzó.

Su preocupación se concentra en uno de los cambios menos visibles del proyecto: la eliminación del régimen específico de Zonas de Seguridad de Frontera, vigente desde 1944, que establecía controles especiales para la adquisición de inmuebles en áreas consideradas estratégicas para la defensa y la soberanía nacional. El proyecto incorpora esas operaciones al régimen general de tierras rurales, eliminando ese tratamiento diferenciado.

Misiones, en el centro de la advertencia

Para explicar el riesgo, Bergman eligió deliberadamente a Misiones con un ejemplo concreto: “Si el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de San Pablo, quisiera adquirir territorios en Misiones para consolidar corredores del narcotráfico desde Paraguay hacia Argentina, con esta ley solamente necesitaría utilizar varios testaferros”, sostuvo durante su exposición.

El investigador explicó que las organizaciones criminales internacionales no compran tierras directamente, sino mediante cadenas de personas físicas o sociedades comerciales que dificultan reconstruir el origen del dinero.

“Es imposible trazar el dinero con el que adquieren esas tierras y ya tienen un espacio afincado”, advirtió.

Para Bergman, el problema no es solamente la droga. Las organizaciones criminales modernas diversifican sus actividades y utilizan el control territorial para múltiples negocios ilegales.

“No solamente trafican drogas. También participan en minería ilegal, contrabando, lavado de dinero y otras economías criminales”.

Fronteras porosas y territorios estratégicos

La advertencia adquiere especial relevancia en el caso de Misiones que posee más de 900 kilómetros de frontera internacional, con Paraguay y Brasil, atravesada por ríos, pasos clandestinos y una intensa circulación comercial y turística.

Bergman recordó que las fronteras argentinas son “muy porosas, muy amplias y muy difíciles de patrullar”, razón por la cual los grupos criminales las consideran espacios estratégicos para instalar infraestructura logística.

“Las zonas de frontera son muy apetecibles porque funcionan como santuarios para el paso de drogas provenientes de Paraguay o Bolivia hacia Argentina y luego hacia otros mercados.”

En ese contexto, sostuvo que flexibilizar los controles sobre la compra de inmuebles puede transformarse, en el mediano plazo, en un problema de seguridad mucho más complejo que una simple operación inmobiliaria.

Qué cambia la ley

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enviado por el Poder Ejecutivo tiene un alcance amplio: modifica normas vinculadas con desalojos, expropiaciones, manejo del fuego, regularización dominial y tierras rurales.

Dentro de ese paquete, uno de los capítulos elimina el régimen especial que regulaba las denominadas Zonas de Seguridad de Frontera, creado durante la década de 1940 con el objetivo de preservar el control nacional sobre áreas consideradas estratégicas.

En la práctica, las adquisiciones de inmuebles en esas zonas pasarían a regirse por las reglas generales para tierras rurales, con intervención de las provincias, sin el esquema específico de autorizaciones y controles que existía hasta ahora. El proyecto continúa en tratamiento parlamentario y, aunque recibió dictamen de mayoría con modificaciones, todavía mantiene posiciones enfrentadas entre oficialismo y oposición.

Más que cuestionar el derecho de propiedad, Bergman planteó un llamado de atención sobre los efectos no previstos de una eventual desregulación. “Tenemos que ser muy cuidadosos con la frontera. No sea cosa que dentro de diez o quince años nos agarremos la cabeza preguntándonos qué hicimos al permitir la apropiación de tierras por parte de organizaciones criminales.”

Su exposición introdujo una dimensión distinta al debate parlamentario. Hasta ahora, la discusión se había concentrado en la seguridad jurídica para propietarios, las ocupaciones ilegales, las expropiaciones y la regulación del mercado de tierras.

El especialista, en cambio, desplazó el eje hacia la seguridad nacional, el lavado de activos y la expansión territorial del crimen organizado.

En una provincia como Misiones, donde confluyen tres países y donde desde hace años las fuerzas federales combaten redes vinculadas al narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, la advertencia adquiere un peso particular.

La discusión ya no gira únicamente sobre quién puede comprar un campo. La pregunta que dejó planteada Bergman es otra: si el Estado conservará herramientas suficientes para impedir que organizaciones criminales internacionales conviertan la frontera argentina en un activo estratégico de sus operaciones.

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Asalto comando con explosivos en Paraguay: atacan tres bancos y una casa de cambios en Santa Rita

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Un grupo comando integrado por más de 20 delincuentes fuertemente armados protagonizó durante la madrugada de este martes uno de los ataques más audaces registrados en los últimos meses en el departamento paraguayo de Alto Paraná, en el corazón de la Triple Frontera y a unos pocos kilómetros de la frontera con Misiones. Los asaltantes utilizaron explosivos y armas largas para irrumpir simultáneamente en tres bancos y una casa de cambios ubicados en el centro de la ciudad de Santa Rita.

El operativo criminal se desarrolló entre la 1 y las 1.30 de la madrugada y tuvo como objetivos las sucursales de Banco Familiar, GNB y Ueno Bank, además de una casa de cambios situada sobre la Ruta PY06, una de las principales arterias de la región en la ciudad de Santa Rita.

Según informó el director de Policía de Alto Paraná, comisario general José Vega, los delincuentes se movilizaban en al menos cinco vehículos y actuaron con una logística propia de los denominados “asaltos tipo comando”, modalidad que ya tuvo antecedentes recientes en esa zona fronteriza de Paraguay.

Los atacantes detonaron explosivos en las instalaciones de Banco Familiar y GNB con el objetivo de acceder a las bóvedas. También irrumpieron en Ueno Bank, donde redujeron a un funcionario y a un guardia de seguridad, a quien le sustrajeron su arma reglamentaria.

La violencia del operativo alcanzó también a una patrulla policial. Cuatro efectivos de la Comisaría 18ª de Santa Rita que realizaban tareas de vigilancia preventiva en la zona fueron sorprendidos por los asaltantes. Los delincuentes rodearon la patrullera y lograron reducir a uno de los agentes, a quien despojaron de un fusil Galil y de su pistola reglamentaria.

El policía permaneció momentáneamente como rehén mientras sus compañeros lograban descender del vehículo y buscar cobertura a un costado de la ruta. El episodio derivó en un intercambio de disparos, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

Las primeras pericias indican que las bóvedas de Banco Familiar y GNB fueron violentadas. En cambio, los delincuentes no habrían logrado acceder a las bóvedas de Ueno Bank ni concretar un robo en la casa de cambios Santa Rita.

En este último establecimiento fue hallado un artefacto explosivo que no llegó a detonar. Especialistas en explosivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) fueron desplegados en el lugar para neutralizar el dispositivo y garantizar la seguridad de la zona.

Tras consumar el ataque, la banda emprendió la fuga utilizando una estrategia habitual para dificultar la persecución policial. Dos de los vehículos utilizados fueron incendiados en los accesos norte y sur de Santa Rita, mientras que en distintos puntos de la ciudad fueron esparcidos clavos conocidos como “miguelitos”, destinados a inutilizar los neumáticos de los móviles policiales.

El jefe de la Comisaría 18ª de Santa Rita, comisario principal Darío Aquino, relató que los agentes que realizaban patrullas preventivas fueron sobrepasados en número y poder de fuego por el grupo armado que ejecutó el ataque contra las entidades financieras.

Según relató, los policías a su cargo estaban realizando tareas de prevención cuando fueron interceptados por al menos 10 a 15 criminales encapuchados y fuertemente armados.

Aquino explicó que intentó con otro grupo de agentes acudir al sitio para apoyar a sus subalternos, pero fueron recibidos con disparos de armas de grueso calibre poco antes de llegar al lugar.

“Tratamos de llegar para apoyar a nuestro personal, pero lastimosamente no se pudo porque fuimos repelidos por disparos de armas de grueso calibre”, mencionó.

El jefe policial confirmó que uno de los agentes fue tomado como rehén por los asaltantes y que este pidió a sus camaradas no responder al ataque. Otros tres que se encontraban en la patrullera lograron parapetarse en una canaleta, al costado de la ruta PY06.

Las autoridades paraguayas aún no lograron determinar el monto del dinero sustraído durante el golpe.

El episodio reaviva la preocupación por la capacidad operativa de organizaciones criminales que actúan en la región de frontera. El antecedente más cercano ocurrió en febrero pasado en Naranjal, también en Alto Paraná, cuando una banda integrada por unos 15 delincuentes atacó con explosivos una sucursal del Banco Sudameris bajo una modalidad similar.

La investigación continúa y las fuerzas de seguridad paraguayas desplegaron operativos en distintos puntos del departamento para intentar localizar a los responsables.

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