CRIMEN ORGANIZADO

Desarticulan una organización vinculada a un prófugo investigado por extorsión y tráfico de armas

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El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización investigada por su presunta vinculación con un integrante de la denominada “Mafia China”, en el marco de una investigación por asociación ilícita que permitió identificar una red de conexiones con presencia en La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El operativo fue desarrollado a partir de una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, que convocó al Departamento Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA para determinar el paradero de un hombre que permanece prófugo de la Justicia y reconstruir su círculo de vinculaciones y modalidad operativa.

Según la información oficial, el sospechoso se había fugado de un centro de detención y es buscado por distintas causas relacionadas con extorsión, tráfico de armas y sustancias ilícitas y el otorgamiento irregular de licencias y habilitaciones comerciales.

A partir de tareas de campo y del análisis de información, los investigadores identificaron a un grupo de personas que mantendría conexiones con el prófugo. Entre los integrantes detectados había ciudadanos de nacionalidad china, lo que permitió avanzar sobre una estructura presuntamente relacionada con el investigado.

La pesquisa derivó en la identificación de 15 domicilios de interés, distribuidos entre distintos puntos de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó una serie de allanamientos simultáneos para profundizar la investigación y secuestrar elementos considerados relevantes para la causa.

Los procedimientos se concretaron en distintos domicilios de La Plata, incluidos inmuebles ubicados sobre las calles 25, 531, 11, 520, 41, 4 y la avenida 137. También se realizaron allanamientos en las calles 96 y 116, en Villa Elvira, y en la calle 19, en Gonnet. En la Ciudad de Buenos Aires, los operativos alcanzaron propiedades ubicadas sobre las avenidas Jujuy y Corrientes y la calle French.

El despliegue permitió detener a nueve personas, siete hombres y dos mujeres. Entre los detenidos había cuatro hombres y dos mujeres de nacionalidad china y tres hombres argentinos. Además, otros integrantes quedaron vinculados formalmente a la investigación y dos hombres fueron identificados durante los procedimientos.

El material secuestrado aportará elementos para reconstruir la estructura investigada y determinar el alcance de sus actividades. Entre los objetos incautados se encuentran 21 teléfonos celulares, tres notebooks, un pendrive y documentación considerada de interés para la causa.

Los investigadores también secuestraron $8,7 millones y US$1.900, además de un importante arsenal compuesto por dos pistolas calibre 9 milímetros, una pistola calibre .380, tres cargadores, una escopeta calibre 12/70, 14 cartuchos de escopeta y 100 cartuchos calibre 9 milímetros.

Durante los allanamientos también fueron encontrados cinco licencias de conducir, dos cédulas de legítimo usuario de armas y dos registros de consumo de municiones, elementos que quedaron incorporados al expediente para establecer su procedencia y eventual vinculación con las maniobras investigadas.

La investigación forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional contra estructuras vinculadas con el crimen organizado. En este caso, el objetivo central fue avanzar sobre la red de relaciones de un prófugo y no limitar la pesquisa a la localización del principal investigado.

Los nueve detenidos, todos mayores de edad, quedaron junto con los elementos secuestrados a disposición de la Justicia, que deberá determinar ahora el grado de responsabilidad individual de cada uno y la eventual existencia de una estructura organizada detrás de los hechos investigados.

El resultado de los procedimientos abre además una segunda etapa: profundizar el análisis de los dispositivos electrónicos, la documentación y los registros vinculados con armas y habilitaciones. Esa evidencia puede permitir establecer cómo funcionaba la organización, qué roles cumplía cada integrante y cuál era el verdadero alcance de sus operaciones.

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Experto en crimen organizado alertó que la nueva ley de Tierras podría facilitar el desembarco narco en la frontera de Misiones

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El debate sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno nacional, incorporó en el Senado un elemento que trasciende la discusión jurídica sobre la propiedad: la seguridad nacional.

Quien puso el foco fue Marcelo Bergman, doctor en Sociología, investigador y uno de los mayores especialistas latinoamericanos en crimen organizado y economías ilegales. Invitado al plenario de comisiones que analiza el proyecto, lanzó una advertencia que impacta de lleno sobre provincias de frontera como Misiones.

“No vengo a discutir el régimen de propiedad privada. Vine simplemente para alertar sobre lo que estamos a punto de hacer en las zonas de frontera”, comenzó.

Su preocupación se concentra en uno de los cambios menos visibles del proyecto: la eliminación del régimen específico de Zonas de Seguridad de Frontera, vigente desde 1944, que establecía controles especiales para la adquisición de inmuebles en áreas consideradas estratégicas para la defensa y la soberanía nacional. El proyecto incorpora esas operaciones al régimen general de tierras rurales, eliminando ese tratamiento diferenciado.

Misiones, en el centro de la advertencia

Para explicar el riesgo, Bergman eligió deliberadamente a Misiones con un ejemplo concreto: “Si el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de San Pablo, quisiera adquirir territorios en Misiones para consolidar corredores del narcotráfico desde Paraguay hacia Argentina, con esta ley solamente necesitaría utilizar varios testaferros”, sostuvo durante su exposición.

El investigador explicó que las organizaciones criminales internacionales no compran tierras directamente, sino mediante cadenas de personas físicas o sociedades comerciales que dificultan reconstruir el origen del dinero.

“Es imposible trazar el dinero con el que adquieren esas tierras y ya tienen un espacio afincado”, advirtió.

Para Bergman, el problema no es solamente la droga. Las organizaciones criminales modernas diversifican sus actividades y utilizan el control territorial para múltiples negocios ilegales.

“No solamente trafican drogas. También participan en minería ilegal, contrabando, lavado de dinero y otras economías criminales”.

Fronteras porosas y territorios estratégicos

La advertencia adquiere especial relevancia en el caso de Misiones que posee más de 900 kilómetros de frontera internacional, con Paraguay y Brasil, atravesada por ríos, pasos clandestinos y una intensa circulación comercial y turística.

Bergman recordó que las fronteras argentinas son “muy porosas, muy amplias y muy difíciles de patrullar”, razón por la cual los grupos criminales las consideran espacios estratégicos para instalar infraestructura logística.

“Las zonas de frontera son muy apetecibles porque funcionan como santuarios para el paso de drogas provenientes de Paraguay o Bolivia hacia Argentina y luego hacia otros mercados.”

En ese contexto, sostuvo que flexibilizar los controles sobre la compra de inmuebles puede transformarse, en el mediano plazo, en un problema de seguridad mucho más complejo que una simple operación inmobiliaria.

Qué cambia la ley

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enviado por el Poder Ejecutivo tiene un alcance amplio: modifica normas vinculadas con desalojos, expropiaciones, manejo del fuego, regularización dominial y tierras rurales.

Dentro de ese paquete, uno de los capítulos elimina el régimen especial que regulaba las denominadas Zonas de Seguridad de Frontera, creado durante la década de 1940 con el objetivo de preservar el control nacional sobre áreas consideradas estratégicas.

En la práctica, las adquisiciones de inmuebles en esas zonas pasarían a regirse por las reglas generales para tierras rurales, con intervención de las provincias, sin el esquema específico de autorizaciones y controles que existía hasta ahora. El proyecto continúa en tratamiento parlamentario y, aunque recibió dictamen de mayoría con modificaciones, todavía mantiene posiciones enfrentadas entre oficialismo y oposición.

Más que cuestionar el derecho de propiedad, Bergman planteó un llamado de atención sobre los efectos no previstos de una eventual desregulación. “Tenemos que ser muy cuidadosos con la frontera. No sea cosa que dentro de diez o quince años nos agarremos la cabeza preguntándonos qué hicimos al permitir la apropiación de tierras por parte de organizaciones criminales.”

Su exposición introdujo una dimensión distinta al debate parlamentario. Hasta ahora, la discusión se había concentrado en la seguridad jurídica para propietarios, las ocupaciones ilegales, las expropiaciones y la regulación del mercado de tierras.

El especialista, en cambio, desplazó el eje hacia la seguridad nacional, el lavado de activos y la expansión territorial del crimen organizado.

En una provincia como Misiones, donde confluyen tres países y donde desde hace años las fuerzas federales combaten redes vinculadas al narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, la advertencia adquiere un peso particular.

La discusión ya no gira únicamente sobre quién puede comprar un campo. La pregunta que dejó planteada Bergman es otra: si el Estado conservará herramientas suficientes para impedir que organizaciones criminales internacionales conviertan la frontera argentina en un activo estratégico de sus operaciones.

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Asalto comando con explosivos en Paraguay: atacan tres bancos y una casa de cambios en Santa Rita

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Un grupo comando integrado por más de 20 delincuentes fuertemente armados protagonizó durante la madrugada de este martes uno de los ataques más audaces registrados en los últimos meses en el departamento paraguayo de Alto Paraná, en el corazón de la Triple Frontera y a unos pocos kilómetros de la frontera con Misiones. Los asaltantes utilizaron explosivos y armas largas para irrumpir simultáneamente en tres bancos y una casa de cambios ubicados en el centro de la ciudad de Santa Rita.

El operativo criminal se desarrolló entre la 1 y las 1.30 de la madrugada y tuvo como objetivos las sucursales de Banco Familiar, GNB y Ueno Bank, además de una casa de cambios situada sobre la Ruta PY06, una de las principales arterias de la región en la ciudad de Santa Rita.

Según informó el director de Policía de Alto Paraná, comisario general José Vega, los delincuentes se movilizaban en al menos cinco vehículos y actuaron con una logística propia de los denominados “asaltos tipo comando”, modalidad que ya tuvo antecedentes recientes en esa zona fronteriza de Paraguay.

Los atacantes detonaron explosivos en las instalaciones de Banco Familiar y GNB con el objetivo de acceder a las bóvedas. También irrumpieron en Ueno Bank, donde redujeron a un funcionario y a un guardia de seguridad, a quien le sustrajeron su arma reglamentaria.

La violencia del operativo alcanzó también a una patrulla policial. Cuatro efectivos de la Comisaría 18ª de Santa Rita que realizaban tareas de vigilancia preventiva en la zona fueron sorprendidos por los asaltantes. Los delincuentes rodearon la patrullera y lograron reducir a uno de los agentes, a quien despojaron de un fusil Galil y de su pistola reglamentaria.

El policía permaneció momentáneamente como rehén mientras sus compañeros lograban descender del vehículo y buscar cobertura a un costado de la ruta. El episodio derivó en un intercambio de disparos, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

Las primeras pericias indican que las bóvedas de Banco Familiar y GNB fueron violentadas. En cambio, los delincuentes no habrían logrado acceder a las bóvedas de Ueno Bank ni concretar un robo en la casa de cambios Santa Rita.

En este último establecimiento fue hallado un artefacto explosivo que no llegó a detonar. Especialistas en explosivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) fueron desplegados en el lugar para neutralizar el dispositivo y garantizar la seguridad de la zona.

Tras consumar el ataque, la banda emprendió la fuga utilizando una estrategia habitual para dificultar la persecución policial. Dos de los vehículos utilizados fueron incendiados en los accesos norte y sur de Santa Rita, mientras que en distintos puntos de la ciudad fueron esparcidos clavos conocidos como “miguelitos”, destinados a inutilizar los neumáticos de los móviles policiales.

El jefe de la Comisaría 18ª de Santa Rita, comisario principal Darío Aquino, relató que los agentes que realizaban patrullas preventivas fueron sobrepasados en número y poder de fuego por el grupo armado que ejecutó el ataque contra las entidades financieras.

Según relató, los policías a su cargo estaban realizando tareas de prevención cuando fueron interceptados por al menos 10 a 15 criminales encapuchados y fuertemente armados.

Aquino explicó que intentó con otro grupo de agentes acudir al sitio para apoyar a sus subalternos, pero fueron recibidos con disparos de armas de grueso calibre poco antes de llegar al lugar.

“Tratamos de llegar para apoyar a nuestro personal, pero lastimosamente no se pudo porque fuimos repelidos por disparos de armas de grueso calibre”, mencionó.

El jefe policial confirmó que uno de los agentes fue tomado como rehén por los asaltantes y que este pidió a sus camaradas no responder al ataque. Otros tres que se encontraban en la patrullera lograron parapetarse en una canaleta, al costado de la ruta PY06.

Las autoridades paraguayas aún no lograron determinar el monto del dinero sustraído durante el golpe.

El episodio reaviva la preocupación por la capacidad operativa de organizaciones criminales que actúan en la región de frontera. El antecedente más cercano ocurrió en febrero pasado en Naranjal, también en Alto Paraná, cuando una banda integrada por unos 15 delincuentes atacó con explosivos una sucursal del Banco Sudameris bajo una modalidad similar.

La investigación continúa y las fuerzas de seguridad paraguayas desplegaron operativos en distintos puntos del departamento para intentar localizar a los responsables.

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Paraguay intensifica operativo por millonario faltante tras caída de avión de caudales y crecen dudas sobre la investigación

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Una fuerza conjunta de fiscales y policías de Paraguay avanzó este miércoles con allanamientos en Minga Guazú, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, en busca de US$ 1,3 millón y R$ 4 millones desaparecidos tras la caída de un avión el sábado pasado. El operativo, ordenado por la Justicia y ejecutado en cinco viviendas del km 26 de la ruta PY02, no arrojó resultados, pero dejó una tensión latente: ¿se trata de un robo común o de un episodio más complejo que involucra fallas en los controles posteriores al siniestro?

El dato no es menor. El dinero era transportado por una aeronave vinculada a una empresa de caudales y su desaparición, confirmada recién el lunes por la tarde, abre un frente sensible en materia de seguridad y credibilidad institucional en una zona clave para el comercio regional.

Investigación bajo la lupa: foco en vecinos y vacíos en el procedimiento

El procedimiento fue encabezado por el Ministerio Público paraguayo, con orden judicial, y se concentró exclusivamente en familias de bajos recursos que viven cerca del lugar del accidente. Según el informe oficial, los allanamientos no encontraron evidencia vinculada al presunto robo, aunque las autoridades aseguran contar con información relevante para continuar la pesquisa.

El punto crítico no es solo la falta de resultados. La decisión de poner el foco en quienes primero asistieron a las víctimas —y no en otros actores que también estuvieron en el lugar desde el inicio— introduce un interrogante institucional. Policías, funcionarios del Ministerio Público, personal de la empresa de transporte de valores y bomberos no fueron incluidos en las medidas de verificación.

A esto se suma un dato que reconfigura la escena: la desaparición del dinero fue reportada dos días después del accidente. Ese desfase temporal instala dudas sobre lo ocurrido en las horas posteriores a la caída y abre la puerta a una hipótesis que ya circula en el expediente: la posibilidad de un fraude vinculado a la cobertura del seguro.

El accidente: una caída con impacto controlado y consecuencias abiertas

La aeronave, un Cessna 402B, se precipitó el sábado alrededor de las 15:30, a unos 700 metros del Aeropuerto Internacional Guaraní. Había despegado con destino a Asunción, pero tras registrar fallas mecánicas intentó regresar. En la maniobra final perdió potencia, impactó contra árboles y cayó parcialmente sobre una vivienda desocupada.

El piloto murió en el acto, mientras que tres ocupantes —dos de ellos empleados de la empresa transportadora de valores— resultaron heridos y fueron asistidos inicialmente por vecinos antes de la llegada de los equipos de emergencia. El incendio posterior fue controlado rápidamente.

El episodio, en sí mismo, ya implicaba un hecho grave. Sin embargo, la desaparición del dinero transformó el accidente en un caso de alto voltaje político y judicial.

Credibilidad en juego y tensión en la frontera

El desarrollo de la investigación empieza a impactar en dos planos. Por un lado, en la percepción de imparcialidad del sistema judicial paraguayo, ante cuestionamientos por el criterio selectivo de los allanamientos. Por otro, en la seguridad de las operaciones logísticas en una región donde circulan bienes, divisas y servicios entre Paraguay, Brasil y Argentina.

El faltante de dinero, sumado a la demora en su denuncia, coloca bajo presión a los actores involucrados en la cadena de custodia. No hay definiciones, pero sí señales de fragilidad en los mecanismos de control.

Para una provincia como Misiones, con fuerte vinculación comercial y territorial con el área del suceso, el caso no es ajeno. La dinámica fronteriza amplifica cualquier episodio que involucre transporte de valores, seguridad y circulación de capitales.

Entre el delito común y una trama más compleja

La investigación sigue en curso, pero el eje ya no es solo encontrar el dinero. También será clave reconstruir la secuencia posterior al accidente y determinar quién tuvo acceso real a la carga.

En las próximas semanas, el avance —o estancamiento— de la causa podría redefinir el enfoque: desde un robo puntual hasta un caso con implicancias institucionales más profundas.

Por ahora, el expediente deja más preguntas que certezas. Y en esa zona gris, donde se cruzan frontera, logística y control estatal, es donde se juega el verdadero alcance del caso.

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Paraguay autoriza el empleo de militares con armas de guerra en la Región Oriental para operaciones de defensa interna

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El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, firmó el Decreto N.º 5524 el 24 de febrero de 2026, que habilita el uso de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en la Región Oriental, incluidos ríos nacionales, fronterizos e internos. La medida, de alto impacto institucional y político, amplía el rol operativo militar frente a amenazas del crimen organizado y se enmarca en la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. El anuncio se produce en un contexto crítico de seguridad, marcado por el secuestro de un productor sojero en el norte del país.

La decisión del Ejecutivo paraguayo redefine el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en tareas de seguridad interior, autorizando el uso de la fuerza cuando los delincuentes posean armas de guerra, cuenten con entrenamiento pseudomilitar o intenten “quebrantar el Estado”. Si bien el decreto aún aguarda su publicación en la Gaceta Oficial para entrar en vigencia, su contenido ya genera atención regional, especialmente en provincias argentinas limítrofes como Misiones, por su impacto potencial en la dinámica de seguridad fronteriza.

Marco legal y alcance territorial de la medida

El Decreto N.º 5524 dispone el “empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la Región Oriental”, con el objetivo explícito de “garantizar la seguridad interna”. El texto fundamenta la decisión en la Ley N.º 1337/1999, “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”, modificada por la Ley N.º 5036/2013, que habilita al Poder Ejecutivo a recurrir de manera transitoria a medios militares frente a amenazas graves a la soberanía, la integridad territorial o el orden constitucional.

En ese marco, el decreto autoriza al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) a “realizar las acciones necesarias para organizar y ejecutar lo dispuesto”, y ordena que “todos los Organismos y Entidades del Estado de los departamentos de la Región Oriental, dependientes del Poder Ejecutivo, apoyen sin restricciones y colaboren” con dicho comando. Asimismo, establece la obligación de comunicar la decisión al Congreso Nacional “dentro del plazo y en los términos del artículo 56” de la Ley N.º 1337/1999.

Desde el punto de vista institucional, la norma refuerza la cadena de mando presidencial como “Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación” y delimita un ámbito territorial concreto, condición exigida por la legislación vigente para este tipo de intervenciones.

Seguridad interna bajo presión: antecedentes y justificación oficial

El decreto se apoya en la Nota N.º 92/2026, del 23 de febrero de 2026, remitida al Poder Ejecutivo por el almirante (R) Cíbar Benítez Cáceres, en su carácter de ministro secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena). En ese documento, citado textualmente en los considerandos, se advierte que, según “informes relevantes de inteligencia”, se constató la “presencia de miembros de agrupaciones ilegales en diversas zonas y departamentos de la Región Oriental, vinculadas al crimen organizado transnacional, terrorismo y delitos conexos”.

El texto oficial sostiene que estos grupos “estarían aprovechando precisamente de que en determinadas zonas de la Región Oriental actualmente no existe la presencia de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional” para realizar incursiones y operaciones ilegales. A partir de esa lectura, el decreto afirma que las organizaciones criminales —incluyendo narcotráfico y grupos delictivos de alto riesgo— “están aprovechando dichos flancos abiertos en el territorio nacional para poder realizar sus bases operativas, de logística y de estrategia”.

“La situación descripta compromete la vida, la libertad y los derechos de las personas, así como la seguridad, la protección de sus bienes y el libre ejercicio de las funciones constitucionales y legales de la autoridad legítimamente constituida”, subraya el decreto, que concluye que el escenario “amerita una adecuada respuesta y atención de las fuerzas públicas dentro del marco legal establecido”.

El anuncio en contexto: secuestro, criminalidad organizada y repercusiones regionales

El fortalecimiento del rol militar en la seguridad interna fue anunciado públicamente el lunes pasado en el Palacio de López, cuando el Gobierno comunicó que incrementará la presencia operativa de las FF.AA. en zonas bajo amenaza criminal y ampliará los efectivos del CODI. La decisión se produce en paralelo al secuestro del productor de soja Almir de Brum da Silva, ocurrido el sábado último en la localidad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, un hecho atribuido a un grupo criminal conocido y que volvió a poner en primer plano la fragilidad de la seguridad en áreas rurales y de frontera.

Desde una perspectiva económica y productiva, el mensaje es claro: el Estado busca recuperar control territorial en zonas clave para la actividad agropecuaria y logística, afectadas por el avance del crimen organizado. A nivel político, la medida reabre el debate sobre los límites entre defensa nacional y seguridad interior, y sobre el rol de las Fuerzas Armadas en contextos de conflictividad interna.

Para las provincias argentinas fronterizas, en particular Misiones, el decreto paraguayo introduce un nuevo factor en la ecuación regional de seguridad. Un mayor despliegue militar del otro lado de la frontera podría impactar en los flujos ilegales, en la coordinación bilateral y en la presión sobre las fuerzas de seguridad locales. Aunque el texto se circunscribe al territorio paraguayo, la mención explícita a ríos nacionales y fronterizos refuerza la dimensión transfronteriza del problema.

En términos institucionales, el Gobierno paraguayo apuesta a una señal de autoridad y disuasión. El alcance real de la medida dependerá de su implementación efectiva, del control civil sobre las operaciones y de la capacidad de articular acciones conjuntas con la Policía Nacional, sin desbordar el marco legal que la propia norma invoca como sustento.

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