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Fintech, criptomonedas y tarjetas no pagarán impuesto al cheque

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Un decreto publicado este jueves amplió el alcance de las exenciones del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios para empresas de servicios de pago, proveedores de activos virtuales, operadores de tarjetas y transportadoras de caudales. La medida busca equiparar tratamientos tributarios entre actores que realizan funciones similares y reducir costos de transacción en sectores vinculados a la economía digital.

La decisión oficial, formalizada mediante el Decreto 475/2026, modifica el régimen de exenciones del denominado “impuesto al cheque”, uno de los tributos que más inciden sobre la intermediación financiera y los movimientos bancarios. El cambio incorpora nuevos beneficiarios y actualiza criterios que habían quedado rezagados frente a la evolución tecnológica del sistema de pagos.

Para el sector privado, la señal es clara: el Gobierno busca eliminar distorsiones tributarias que afectaban a empresas fintech, plataformas de pagos y operadores de activos virtuales, actividades que ganaron peso en la economía argentina durante los últimos años, pero que mantenían diferencias regulatorias respecto de otros participantes del sistema financiero.

Menos costo transaccional para la economía digital

La principal novedad es la incorporación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) al listado de actividades alcanzadas por la exención.

Las cuentas bancarias utilizadas exclusivamente para operaciones vinculadas a la actividad de estos operadores quedarán exceptuadas del gravamen, siempre que estén debidamente registradas ante los organismos competentes.

La medida alcanza a empresas vinculadas al ecosistema cripto que operan legalmente en Argentina y que hasta ahora enfrentaban una carga tributaria adicional sobre movimientos operativos que no implicaban generación de valor agregado, sino mera circulación de fondos.

Desde una perspectiva económica, la eliminación de ese costo mejora la competitividad de plataformas locales frente a competidores internacionales y reduce el costo operativo de servicios vinculados a pagos digitales, tokenización y activos virtuales.

Fintech y cobranzas: equiparación tributaria

El decreto también amplía beneficios para las empresas dedicadas al cobro electrónico de servicios, impuestos y otras obligaciones por cuenta y orden de terceros.

La modificación incluye expresamente las cuentas utilizadas para depósitos de efectivo en cuentas bancarias o de pago y las empleadas por agentes oficiales que actúan dentro de esas redes.

La actualización normativa busca reconocer la transformación del sistema de cobranzas argentino, donde los canales digitales y las redes de proximidad cumplen funciones que históricamente realizaban entidades bancarias tradicionales.

Para miles de comercios que funcionan como puntos de cobranza o recepción de pagos, la medida puede traducirse en menores costos administrativos y financieros, favoreciendo la expansión de servicios en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Tarjetas y transporte de caudales también quedan alcanzados

Otra modificación relevante incorpora beneficios para las empresas que operan sistemas de tarjetas de crédito, compra y débito.

Las cuentas utilizadas para gestionar préstamos bancarios destinados a financiar su actividad y las operaciones vinculadas a la emisión o cancelación de obligaciones negociables quedarán exentas del impuesto.

La decisión apunta a reducir el costo financiero asociado al funcionamiento de la infraestructura de pagos electrónicos, un componente central para el comercio formal.

Además, se suman las empresas transportadoras de caudales registradas ante el Banco Central. Las cuentas utilizadas exclusivamente para rendir fondos en efectivo a sus clientes también quedarán alcanzadas por el beneficio.

Aunque el avance de los pagos digitales reduce gradualmente el uso de efectivo, la logística de valores continúa siendo un eslabón clave para actividades comerciales, supermercados, estaciones de servicio y cadenas de distribución en gran parte del interior del país.

Qué cambia para el sector productivo

Entre los principales efectos de la medida aparecen menor carga tributaria sobre movimientos operativos de empresas fintech y plataformas digitales. Reducción de costos de intermediación financiera para actores vinculados a pagos electrónicos. Mayor competitividad para operadores de activos virtuales regulados. Incentivos para ampliar servicios financieros en localidades del interior. Equiparación tributaria entre empresas que desarrollan actividades similares. Menores costos de infraestructura para redes de cobranza y medios de pago.

La ampliación de exenciones no modifica la estructura general del impuesto al cheque, pero sí profundiza una tendencia regulatoria orientada a favorecer la digitalización financiera y reducir cargas sobre actividades consideradas estratégicas para la modernización del sistema de pagos.

El desafío estará en medir si la reducción de costos regulatorios logra traducirse en una mayor expansión de servicios financieros, especialmente en regiones donde la inclusión financiera todavía representa una barrera para el crecimiento de las pymes y las economías regionales.

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Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares

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El tuiter del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 26 de diciembre del año pasado, cobra ahora una dimensión distinta. Acosado por el escándalo de la investigación por enriquecimiento ilícito, el funcionario mileísta presentó sus declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que incorporó activos que hasta ahora no figuraban en sus registros oficiales. Entre ellos sobresalen más de 500.000 dólares atribuidos a operaciones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

La presentación se produjo después de varias semanas de cuestionamientos públicos sobre la evolución de su patrimonio y en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según la reconstrucción presentada por el funcionario, él y su esposa habrían invertido alrededor de 200.000 dólares en criptomonedas y, tras distintas operaciones realizadas durante varios años, ese capital se habría valorizado hasta alcanzar aproximadamente 513.000 dólares.

La explicación oficial sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante registros de ocho billeteras virtuales utilizadas por el matrimonio durante ese período. Sin embargo, la revelación generó interrogantes políticos y judiciales debido a que esos activos no habían sido incluidos en declaraciones anteriores.

En una entrevista televisiva posterior a la presentación, Adorni reconoció que mantuvo durante años ahorros no declarados. “Esto era un ahorro nuestro en negro”, afirmó, al tiempo que atribuyó la omisión a un error que habría arrastrado en sucesivas presentaciones patrimoniales. También sostuvo que regularizará su situación fiscal y abonará los impuestos, intereses y sanciones que correspondan.

“Pensé en renunciar”, dijo Adorni en una nota que le hicieron este miércoles en LN+. “Pero sí yo renunciaba siendo un tipo honesto, después iban a ir por otros”, dijo el ex vocero, que admitió que ahorró 25 años en negro y confirmó de esa manera que, aún siendo funcionario, evadió impuestos.

Pero no sólo admitió ser evasor, sino que implícitamente reveló que mintió ante el Congreso cuando afirmó: “Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna”, afirmó.

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, prometió como si fuera algo optativo. El jefe de Gabinete negó además ser un “chorro”.

 La nueva estrategia tiene sentido, si se considera que es preferible una investigación por evasión que por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia deberá continuar su recorrido y analizar las denuncias por presunta corrupción, viajes al exterior y, contra su esposa, por supuestos contratos irregulares con el Estado. 

Las rectificaciones no se limitaron a las tenencias en criptomonedas. La documentación incorporó además bienes heredados tras el fallecimiento de su padre, incluyendo un inmueble en La Plata y un terreno en Daireaux, operaciones que, según la reconstrucción patrimonial, le reportaron ingresos por unos 79.000 dólares.

La revisión también alcanzó adquisiciones inmobiliarias realizadas durante su paso por la función pública. Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida en 2025, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que se encuentra bajo análisis judicial. Sobre este último caso, Adorni afirmó que se trató de una transacción realizada con un amigo y negó la existencia de maniobras irregulares.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la contradicción entre estas nuevas declaraciones y las manifestaciones realizadas por el propio funcionario ante el Congreso a fines de abril, cuando aseguró que no había existido ocultamiento patrimonial. Las modificaciones introducidas ahora reabrieron cuestionamientos sobre la consistencia de sus declaraciones previas y el alcance de las omisiones reconocidas.

Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que la revisión demuestra que el patrimonio familiar tiene origen previo a su ingreso al Gobierno nacional y que las inconsistencias detectadas responden a errores de registración y no a ingresos obtenidos durante la función pública.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción y ARCA no cierra, sin embargo, el frente judicial. La documentación pasará a integrar el expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario, mientras la Justicia deberá determinar si las rectificaciones alcanzan para justificar el origen y la evolución de los bienes declarados o si persisten elementos que ameriten profundizar la investigación.

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Nuevos audios complican a Milei y reavivan dudas en el caso $LIBRA

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La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo con la aparición de audios atribuidos al empresario Mauricio Novelli, que refuerzan las sospechas sobre su influencia en la estrategia comunicacional del presidente Javier Milei, especialmente en redes sociales.

Según surge del peritaje realizado sobre el celular de Novelli por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el lobista habría mantenido una relación fluida y directa con el mandatario y su entorno inmediato en momentos clave del lanzamiento del token.

Uno de los principales puntos bajo análisis es cómo Milei accedió al código alfanumérico de 44 caracteres que publicó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, apenas minutos después del lanzamiento de $LIBRA. Ese dato, central para operar la criptomoneda, sigue sin una explicación concluyente dentro del expediente.

Audios, chats y coordinación en tiempo real

Los nuevos audios revelan que Novelli no solo tenía contacto directo con el Presidente, sino que además intervenía en la dinámica de publicaciones en redes sociales.

En distintas grabaciones, el empresario afirma que enviaba contenido para que Milei lo difundiera, e incluso menciona la necesidad de insistir para lograr que se publiquen determinados mensajes vinculados a sus negocios.

El análisis forense también detectó una intensa actividad de comunicaciones: entre el 14 y el 16 de febrero de 2025, Novelli registró 38 contactos con Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Solo el día del lanzamiento del token hubo 19 intercambios, en una franja horaria que coincidió con la salida al mercado y posterior colapso de la criptomoneda.

Estas evidencias contrastan con la explicación pública que dio el propio Milei tras el escándalo. En una entrevista televisiva, el Presidente aseguró que había difundido el proyecto por interés personal en temas tecnológicos y sin una vinculación previa con sus impulsores.

Sin embargo, la información surgida del celular de Novelli plantea un escenario distinto: una posible coordinación previa en la difusión del activo digital, lo que abre interrogantes sobre el grado de conocimiento e involucramiento del jefe de Estado.

En paralelo, la causa judicial continúa su curso en el Juzgado Federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. La querella solicitó la indagatoria de Novelli, de los hermanos Milei y de otros actores vinculados al lanzamiento de $LIBRA.

Por su parte, la defensa de Novelli pidió la nulidad del peritaje sobre su celular, argumentando presuntas irregularidades y filtraciones durante el proceso.

El expediente se encamina hacia una etapa clave, con posibles definiciones judiciales en los próximos días que podrían reconfigurar el alcance político y penal del caso.

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Caso $Libra: la oposición reactiva la ofensiva en el Congreso y apunta al rol de Milei y al fiscal Taiano

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La causa conocida como Criptogate volvió a escalar en el escenario político nacional. Tras la aparición de nuevas pruebas sobre comunicaciones entre el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el operador cripto Mauricio Novelli, diputados de la oposición lanzaron una contraofensiva institucional para reactivar la investigación del caso $LIBRA, el token promocionado por el mandatario el 14 de febrero de 2025.

El movimiento se expresó en una conferencia de prensa de legisladores que integraron la Comisión Investigadora Libra, donde se anunció una batería de medidas: desde denuncias contra el fiscal Eduardo Taiano por posible “encubrimiento”, hasta pedidos formales de informes al Poder Ejecutivo y solicitudes de interpelación en el Congreso.

El episodio reabre una disputa que había quedado en segundo plano en el debate político. Ahora, con nuevos elementos sobre llamadas telefónicas previas y posteriores al tuit presidencial que promocionó la criptomoneda, la oposición busca reinstalar una pregunta incómoda para el Gobierno: si el presidente estaba efectivamente al margen del proyecto o si tuvo un rol activo en la operatoria.

Las llamadas que vuelven a poner el foco en el Presidente

El eje de la ofensiva política se concentra en los registros telefónicos que vinculan al jefe de Estado y a la secretaria general de la Presidencia con Mauricio Novelli, señalado por los legisladores como uno de los articuladores de la operatoria del token.

El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) sostuvo que esos registros contradicen la versión oficial que el Presidente había planteado cuando estalló el escándalo.

Según explicó, las comunicaciones se produjeron en las horas previas y posteriores al mensaje publicado por Milei en la red social X, donde el mandatario promocionó el token como una iniciativa vinculada a inversión para pymes.

Desde la oposición interpretan que esa secuencia abre interrogantes sobre el nivel de conocimiento que tenía el Presidente sobre el proyecto.

En paralelo, el ex presidente de la comisión investigadora, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), calificó el caso como una “estafa y un hecho de corrupción millonario” que, según su interpretación, implicó una utilización indebida de la investidura presidencial.

Ferraro sostuvo además que el Presidente habría sido “partícipe necesario” de la operatoria, una afirmación que eleva el tono político del conflicto y anticipa un escenario de mayor confrontación parlamentaria.

La ofensiva institucional: denuncias y pedidos de interpelación

El movimiento opositor no se limita al plano discursivo. Los legisladores anunciaron una serie de acciones institucionales que buscan presionar sobre distintos frentes.

La primera apunta al fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación judicial del caso. Los diputados resolvieron denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal y pedir formalmente su apartamiento de la causa.

El argumento central es que habría existido “entorpecimiento de la investigación” y posible encubrimiento de los hechos denunciados.

La decisión se produce en un momento particularmente sensible para la causa: el fiscal dejó sin efecto la citación como testigo de la abogada y periodista Natalia Volosin, quien había difundido documentos y datos que colocaron bajo presión a la investigación.

En paralelo, los legisladores anunciaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se esclarezca el contenido de las conversaciones entre funcionarios y Mauricio Novelli.

El requerimiento incluye a: Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, y Demian Reidel,

La oposición también anticipó que solicitará la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de Karina Milei en el Congreso.

Se trata de un movimiento con fuerte carga política: la interpelación parlamentaria funciona como uno de los instrumentos institucionales más visibles de control legislativo sobre el Ejecutivo.

El oficialismo se repliega y apuesta al silencio

Mientras la oposición intenta reinstalar el tema en la agenda pública, el Gobierno mantiene una estrategia de silencio político.

En la Casa Rosada no hubo respuestas directas sobre las nuevas revelaciones. Funcionarios consultados se limitaron a reiterar la postura expresada por el jefe de Gabinete: la investigación debe seguir su curso en la Justicia.

Al mismo tiempo, desde el entorno oficialista transmiten una señal de tranquilidad política.

Según esa posición, no aparecerá información que comprometa al Presidente en la causa.

La lógica del Gobierno parece clara: evitar ampliar el conflicto político y dejar que el caso se tramite en el plano judicial. No hubo, sin embargo, señales adicionales de respaldo institucional al mandatario más allá de esa postura.

En paralelo, el oficialismo intenta desplazar el foco del debate hacia la agenda económica. En su reciente disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el Presidente volvió a centrarse en el programa económico y reiteró que su plan apunta a erradicar la inflación.

El Congreso vuelve a ser el escenario de la disputa

El movimiento opositor también tiene una dimensión parlamentaria más amplia.

Los legisladores que integraron la comisión investigadora anticiparon que evaluarán una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados para continuar delimitando responsabilidades políticas.

Entre las iniciativas en discusión aparece nuevamente la posibilidad de impulsar un juicio político contra el Presidente.

Sin embargo, el propio Juan Marino reconoció que la oposición no cuenta con la mayoría necesaria para iniciar el proceso. El mecanismo exige la mitad más uno de los votos para avanzar en Diputados y una mayoría agravada de dos tercios para prosperar.

Ese dato marca uno de los límites estructurales de la ofensiva política: la oposición puede abrir debates y presionar institucionalmente, pero enfrenta dificultades para transformar esa presión en decisiones formales del Congreso.

Periodismo, investigación y tensión institucional

El caso también reactivó un frente adicional: la relación entre el Gobierno y el periodismo.

Los diputados opositores repudiaron los cuestionamientos del Presidente hacia los periodistas que investigaron el tema y anunciaron que pedirán la convocatoria de la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso.

La intención es que los periodistas que publicaron las investigaciones puedan exponer sus hallazgos en el ámbito parlamentario.

De esta manera, la disputa deja de ser exclusivamente judicial o política y se proyecta también sobre la relación entre el poder político, el sistema institucional y el trabajo periodístico.

Un conflicto que vuelve a abrir interrogantes

El caso $LIBRA vuelve a instalar una tensión que parecía haberse disipado: hasta dónde llega la responsabilidad política del Presidente en una operación que combinó criptomonedas, redes sociales y promoción pública de inversiones.

La oposición intenta reactivar el expediente parlamentario y presionar sobre la investigación judicial.

El Gobierno, en cambio, apuesta a que la causa no avance hacia pruebas que comprometan al jefe de Estado.

Entre ambas estrategias se mueve un escenario todavía abierto. En las próximas semanas habrá que observar si el Congreso logra reactivar su capacidad investigativa, si la Justicia modifica el rumbo de la causa y, sobre todo, si aparecen nuevos elementos que alteren el equilibrio político que hasta ahora mantiene contenido el conflicto.

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Un documento en el celular de Novelli menciona US$5 millones por el respaldo de Milei al criptoactivo $LIBRA

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Según registros recuperados por peritos judiciales, el memo detallaba pagos escalonados vinculados a anuncios públicos del Presidente y a un eventual contrato de asesoría en blockchain. La causa investiga el rol de intermediarios y comunicaciones previas al lanzamiento del token.

Un documento recuperado del teléfono celular del lobista Mauricio Novelli —quien facilitó el contacto entre la Casa Rosada y el empresario estadounidense Mark Hayden Davis— detalla un presunto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA.

El contenido forma parte del material que analiza la Justicia en la causa sobre la creación y promoción de ese token. El texto fue hallado entre las notas redactadas por Novelli en su celular y posteriormente eliminadas, pero recuperadas por peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal.

La información fue revelada por los periodistas Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi, del diario La Nación, quienes accedieron a copias del documento incorporado a la investigación.

Un memo con pagos escalonados

El texto recuperado tiene formato de memorando y estaba dirigido a Davis y a su entorno cercano. Según los registros analizados por los investigadores, habría sido redactado entre octubre y noviembre de 2024, poco antes del viaje del empresario a la Argentina para reunirse con Milei en la Casa Rosada.

El documento detalla tres pagos que, en conjunto, suman US$5 millones.

Según el contenido del memo, el esquema previsto contemplaba:

  • US$1,5 millones en tokens o dinero en efectivo como adelanto.
  • US$1,5 millones adicionales cuando el Presidente anunciara en redes sociales que Davis o su equipo lo asesoraban en temas vinculados a blockchain.
  • US$2 millones más tras la firma presencial de un contrato de asesoría tecnológica en blockchain o inteligencia artificial para el Gobierno argentino o para Milei.

El mensaje, redactado en inglés informal, comenzaba con la frase: “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”, en aparente referencia a Hayden Davis.

Hasta el momento no existen pruebas judiciales de que ese supuesto acuerdo haya sido validado por funcionarios del Gobierno, ni de que el memo haya sido efectivamente enviado.

Coincidencias con hechos posteriores

El contenido del documento coincide con algunos acontecimientos que ocurrieron meses después.

El 30 de enero de 2025, Milei recibió a Davis en la Casa Rosada. Tras ese encuentro, el Presidente publicó en su cuenta oficial en la red social X una fotografía junto al empresario estadounidense y afirmó que lo estaba asesorando en temas de blockchain y criptoactivos.

Ese mismo día, según reveló el diario Clarín, ambas partes firmaron un entendimiento vinculado a cooperación tecnológica.

Los registros de ingresos a la Casa Rosada muestran que Davis entró al edificio gubernamental a las 13:56, apenas un minuto después que Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy. Los tres se retiraron a las 14:31.

Comunicaciones previas al lanzamiento

Los datos recuperados del teléfono de Novelli también muestran un intenso intercambio de comunicaciones en torno al lanzamiento del token.

De acuerdo con el análisis pericial, Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron más de veinte llamadas telefónicas y mensajes con el lobista durante las horas previas y posteriores al debut de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025.

Los registros también incluyen:

  • 14 comunicaciones con el asesor presidencial Santiago Caputo, considerado entonces parte del llamado “triángulo de hierro”.
  • Tres contactos con Demian Reidel, quien en ese momento era jefe de asesores económicos.

La primera llamada entre Caputo y Novelli aparece registrada a las 23:37 del mismo día del lanzamiento, cuando el escándalo por el desplome del criptoactivo ya se había desatado.

El mensaje que Novelli sugería publicar

Entre los archivos del celular también aparece un borrador de mensaje que Novelli redactó tras una conversación telefónica con Caputo el 16 de febrero de 2025.

En ese texto proponía el contenido de un eventual mensaje presidencial en la red social X. “Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros”, escribió antes de redactar el tuit sugerido.

Finalmente, ese texto no fue publicado. Sin embargo, el Presidente difundió un mensaje de tono similar en el que afirmó que había apoyado un “supuesto emprendimiento privado” sin tener participación en el proyecto y que decidió eliminar el tuit una vez que se interiorizó sobre los detalles.

La secuencia del día del lanzamiento

El análisis de los registros telefónicos permite reconstruir los minutos previos al anuncio público del token.

El 14 de febrero de 2025, Novelli intentó contactar primero a Karina Milei desde Dallas a las 17:53, sin éxito.

Posteriormente:

  • A las 18:44 intentó comunicarse con el Presidente.
  • Diez minutos después logró una llamada con Milei que duró 1 minuto y 25 segundos.
  • A las 18:56 volvió a comunicarse con el mandatario durante 13 segundos.

Un minuto después se activó el sitio Viva La Libertad Project, la plataforma asociada al lanzamiento del token.

A las 19:01, Milei publicó el tuit en el que difundía $LIBRA, incluyendo el código necesario para acceder al contrato del token.

Según el análisis de expertos informáticos citado en la investigación, 22 segundos antes de ese mensaje ya se habían registrado 87 transacciones desde 74 billeteras virtuales, que compraron activos por 13,5 millones de dólares.

La causa judicial continúa en etapa de investigación para determinar responsabilidades y la eventual existencia de vínculos financieros o contractuales detrás del lanzamiento del criptoactivo.

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