crisis económica Argentina

Canasta de servicios 2026: ¿Cuánto incide en la Clase Media?

Compartí esta noticia !

“Si evaluamos las transformaciones macro y su incidencia en la vida diaria, lo más notorio es que la inflación se encuentra estable, pero aún en un nivel elevado. En ese marco, las tarifas de los servicios siguen en proceso de corrección gradual, atravesada por una dinámica de “ajustar sin desbordar, contener sin atrasar”, expresó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market. 

El siguiente gráfico compara el costo estimado de la canasta de servicios, de una familia tipo, en noviembre de 2025 frente a una proyección de marzo de 2026.

La familia considerada está compuesta por cuatro integrantes: dos adultos con empleo y dos niños en edad escolar.

El primer gasto inevitable es el techo. En noviembre del año pasado, podían alquilar un departamento de tres ambientes en el Gran Buenos Aires por un valor promedio de $760.860. Para marzo de este año, ese monto ascendería a $827.599. Este último valor surge de aplicar el incremento acumulado del IPC estimado. Sin embargo, durante 2025 los alquileres subieron alrededor de un 51% en el GBA, pese a que la inflación anual fue del 31,5%. La principal explicación está del lado de la oferta: la falta de desarrollo de edificios residenciales en propiedad horizontal y, en consecuencia, una menor disponibilidad de unidades en alquiler. Se trata de una escasez estructural de viviendas que persiste incluso tras el cambio en las reglas de juego del mercado inmobiliario, luego de la derogación de la Ley de Alquileres. La reducción del riesgo para el propietario logró atraer inversiones, pero por los tiempos y la magnitud que requieren las obras, ese movimiento no se traduce en un impacto directo en el corto plazo.

En cuanto a las expensas, para un departamento sin amenities de lujo, pasarían de $147.977 en noviembre a $161.476 en marzo, lo que representa un aumento del 9,12%. Vale señalar, que existe una brecha marcada entre las expensas del conurbano y las de la Ciudad de Buenos Aires: en CABA suelen ser el doble o más para viviendas comparables, en parte por actualizaciones tarifarias aplicadas en distintos momentos. Además, cuando la billetera se ajusta, este suele ser uno de los gastos donde primero aparece el recorte, y por ello en un edificio, entre el 15% y el 20% de las unidades registra deuda aún cuando las tasas de interés rondan el 6%.

Servicios públicos: tarifas con “lógica gradual”

Dentro de los servicios básicos, desde febrero comenzarán a regir nuevos valores para la electricidad y el gas. En noviembre de 2025, una familia sin subsidios pagaba en promedio $37.098 por la boleta de luz; para marzo, ese monto se estima en $53.744.

En el caso del gas natural, el ajuste sería más marcado debido a la implementación del Precio Anual Uniforme, conocido como “tarifa plana”. La factura pasaría de $24.071 a $27.276, contemplando el aumento promedio nacional del 16,86% y las estimaciones del IPC+IPIM. El objetivo del nuevo esquema tarifario es eliminar los picos de facturación durante el invierno y redistribuir el costo hacia los meses de menor demanda, para amortiguar el shock estacional e incorporar, además, la cuota mensual correspondiente a la Revisión Quinquenal Tarifaria. A esto se suma que en febrero entra en vigencia el nuevo Subsidio Energético Focalizado, que reemplaza al esquema anterior de segmentación.

Por su parte, el servicio de agua y cloacas continuará ajustándose hasta abril con subas del 4% mensual, lo que dejaría en marzo una boleta aproximada de $36.486, un 17,40% por encima del valor de noviembre.

Transporte: la movilidad esencial con subas por encima del promedio

Otro servicio esencial es el transporte público que garantiza la movilidad cotidiana de las familias entre escuela, trabajo y otros traslados diarios.

Durante 2025 los aumentos superaron ampliamente la inflación: 77,47% en la Provincia de Buenos Aires y 60% en CABA. Este comportamiento responde a los aumentos “excepcionales” sumado a la fórmula de actualización que contempla incrementos mensuales del 2% fijo más la variación de precios (IPC). Así, una familia que se desplaza diariamente combinando colectivos y trenes gastaría $89.381 mensuales en marzo, frente a los $70.605 mensuales de noviembre. En caso de no contar con SUBE nominalizada, el gasto ascendería a $147.120 en marzo, un 64% más.

El costo oculto del “uso moderado” del vehículo particular

Si los adultos contaran con un automóvil y lo utilizaran de manera moderada, solo para salidas de fin de semana, el costo del combustible y del seguro recortaría rápidamente el margen del presupuesto familiar. En noviembre, el litro de nafta súper costaba $1.435, y se estima que para marzo alcance los $1.727, en base a los aumentos esperados. En términos prácticos, llenar un tanque de 50 litros pasaría a costar $86.349, un 20% más que en noviembre.

Para este ejercicio se supusieron salidas los sábados y domingos, desde la Provincia de Buenos Aires hacia CABA (44 km ida y vuelta) como actividad recreativa. Bajo ese esquema, el consumo sería apenas inferior a un tanque completo, lo que implicaría un gasto aproximado de $72.947 en marzo, frente a los $60.614 de noviembre. A esto se suma el costo del seguro automotor.

En noviembre, una cobertura mínima (terceros completo) se ubicaba en $83.686, mientras que para marzo se estima en $146.020. Naturalmente, este valor varía según el año y el precio del vehículo, la jurisdicción donde se contrata y el tipo de cobertura. En este caso se toma como referencia la opción mínima.

Además, si se considera el uso ocasional de taxis para cubrir imprevistos, un viaje entre PBA y CABA costaba en noviembre aproximadamente $23.040, mientras que en marzo se estima en $25.060. Con cuatro viajes mensuales, uno por semana, el gasto total ascendería a $100.243.

Salud, educación y conectividad: servicios que se vuelven inelásticos

La salud y la educación son pilares en cualquier sociedad y garantizar su acceso, no es un debate sino un consenso social. Si bien en Argentina existen escuelas y hospitales públicos, una parte importante de las familias opta por alternativas privadas en busca de mayor calidad o previsibilidad, aun cuando eso implique un gasto significativamente mayor.

En el caso de la educación, los colegios privados cuentan con libertad para fijar sus aranceles, mientras que aquellos que reciben algún porcentaje de aporte estatal se manejan dentro de una banda autorizada. Como resultado, las cuotas mensuales varían ampliamente entre instituciones. Para este ejercicio se tomó como referencia un colegio semiprivado de calidad intermedia: con dos niños en edad escolar, el gasto era de $352.206 mensuales. Para el ciclo lectivo 2026 se proyectan aumentos de al menos el 70%, por lo que enviar a ambos hijos al colegio costaría $605.794.

La magnitud de esa dispersión se observa con claridad al mirar el extremo superior: una institución 100% privada puede tener un arancel básico de $1.133.319 por mes. Para la mayoría de los hogares de clase media, superar los $2 millones mensuales solo en cuota escolar, sin contar el resto de los servicios, resulta directamente inviable.

Por su parte, muchas familias sostienen una prepaga, un rubro de peso en el presupuesto pero difícil de recortar por su carácter esencial. En general, estos planes ajustan según IPC con un rezago de N-2. Así, una prepaga familiar básica que costaba $576.389 en noviembre pasaría a $647.044 en marzo.

Por último, los servicios de conectividad y entretenimiento ganaron relevancia en el hogar, tanto por su uso cotidiano como por su impacto en el gasto mensual. En telefonía, considerando dos líneas para el grupo familiar, el precio aumentaría un 5% en marzo respecto de noviembre. El servicio de internet, hoy indispensable, rondaría los $81.202 en el tercer mes del año, mientras que el cable se ubicaría en $32.762 para el paquete básico. Cabe señalar que muchas empresas ofrecen estos servicios en combo y aplican bonificaciones por seis meses, con posibilidad de renovación; sin embargo, para simplificar el cálculo se asumió el pago del 100% del valor. En el caso del streaming, se tomó como referencia la plataforma más extendida. En marzo, un plan familiar estándar costaría $26.698 mensuales, incluyendo IVA y Ganancias.

El valor final de la canasta

En términos totales, la canasta completa de servicios para una familia tipo ascendería en marzo de 2026 a $2.980.339. Esto representa un 22,25% más que en noviembre del año pasado. Dado que se contemplan únicamente los servicios en ella, el nivel de gasto resulta elevado en relación con los ingresos percibidos por el hogar. Además, duplica la inflación acumulada estimada del período, que se ubicaría por debajo del 10%. En parte, esto se explica porque los mayores incrementos se concentran en rubros que venían de un atraso o contención tarifaria y que, en muchos casos, los servicios privados no ajustan sus aumentos a la nueva “normalidad” inflacionaria.

Si se compara el valor de la canasta de marzo 2025 con el de marzo 2026, se observa un aumento del 57,5%, muy por encima de la inflación interanual del mismo período.

“Los avances macroeconómicos son valiosos y merecen ser reconocidos, pero todavía no logran traducirse plenamente en la vida cotidiana. En este contexto, las reformas estructurales que se discuten, como la modernización laboral, no tendrán efectos inmediatos, aunque sí pueden ser determinantes en el mediano y largo plazo. Para acelerar esta transición hacia la microeconomía, será clave avanzar en la eliminación progresiva de las restricciones cambiarias pendientes, permitiendo que el sistema en su conjunto funcione con mayor normalidad y previsibilidad, y habilite un sendero de estabilidad con crecimiento. A su vez, el hecho de no atravesar un período electoral hasta 2027 abre una ventana de oportunidad poco frecuente: consolidar las medidas ya tomadas, sostener el rumbo y profundizar consensos en políticas estructurales“, indicó Damián DiPace Director de la Consultora Focus Market. 

Compartí esta noticia !

La Universidad de las Fuerzas de Seguridad pausó el ingreso de cadetes penitenciarios para 2026

Compartí esta noticia !

La Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones, en su sede del Servicio Penitenciario Provincial, resolvió pausar la convocatoria e ingreso de aspirantes a cadetes correspondiente al ciclo lectivo 2026. La decisión fue comunicada oficialmente a través de un parte institucional difundido en las últimas horas.

Según se informó, la medida obedece “al actual contexto económico nacional y a la necesidad de reducir el gasto administrativo para resguardar las finanzas provinciales”. En ese marco, la institución consideró necesario suspender temporalmente el proceso de incorporación de nuevos aspirantes a la formación en la Diplomatura Universitaria en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria.

No obstante, desde la casa de estudios aclararon que las instancias alcanzadas hasta el momento por los postulantes serán reconocidas cuando se retome el proceso de selección. De esta manera, quienes ya hubieran avanzado en las etapas previstas no deberán reiniciar el trámite desde cero una vez que se reactive la convocatoria.

La institución agradeció además el compromiso demostrado por los aspirantes y destacó el interés manifestado por formar parte del Servicio Penitenciario Provincial.

La decisión se inscribe en un escenario de ajuste y revisión del gasto público que atraviesan distintas áreas del Estado, en un contexto económico nacional complejo que impacta en las administraciones provinciales.

Compartí esta noticia !

Mayoría pide bajar la edad de imputabilidad y avala la reforma laboral en medio de la crisis

Compartí esta noticia !

La nueva medición del Monitor de Opinión Pública exhibe una clara sintonía entre los temas en debate legislativo y la opinión pública. El 64,2% se muestra a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13/14 años, mientras que el 48,6% respalda la reforma laboral actualmente en discusión. En ese contexto, el Gobierno nacional logra apropiarse de la agenda pública y convertirla en capital político, algo que se refleja en la imagen positiva de Javier Milei, que alcanza el 47%, en un escenario de fuerte polarización.

La demanda de bajar la edad de imputabilidad no se explica únicamente por la agenda de seguridad, sino por el clima general que refleja el MOP. La situación económica aparece como el principal problema del país y el 46,8% evalúa negativamente el rumbo nacional. En ese marco de malestar, crece la expectativa de respuestas firmes y decisiones concretas. La discusión penal se inscribe en esa lógica: cuando la percepción de fragilidad aumenta, la tolerancia social disminuye y el reclamo de orden se vuelve transversal.

La encuesta también muestra que el desempleo figura entre las principales preocupaciones y que el 41,9% atravesó la pérdida de trabajo propia o en su entorno cercano durante el último año. A esto se suma que el 76,1% considera que su salario no le gana a la inflación. Este escenario de inestabilidad económica y deterioro del poder adquisitivo impulsa la búsqueda de cambios estructurales, particularmente en el mercado laboral, donde casi la mitad de la sociedad se muestra dispuesta a respaldar modificaciones de fondo.

En una economía con altos niveles de informalidad y condiciones laborales frágiles, se consolida además un fuerte desgaste de los actores sindicales tradicionales. El MOP de noviembre ya había registrado una mala imagen de los gremios, con alrededor del 65% de evaluación negativa. A ello se sumó el amplio respaldo social a la eliminación de las cuotas sindicales obligatorias, aunque finalmente el Gobierno y la CGT acordaron mantenerlas. Ese contraste expone una brecha entre la dirigencia sindical y el humor social: mientras las cúpulas gremiales resisten cambios y defienden estructuras de financiamiento propias, una parte significativa del electorado cuestiona su representatividad y su capacidad real de mejorar las condiciones laborales.

En este marco, la reforma laboral no es leída exclusivamente en clave ideológica, sino como una posible ruptura con un sindicalismo percibido como corporativo y desconectado de los trabajadores más vulnerables, especialmente los informales y precarizados. La resistencia de la CGT, lejos de generar un respaldo automático, se enfrenta a una opinión pública que muestra fatiga frente a un modelo sindical que no logra revertir ni la informalidad ni la pérdida del poder adquisitivo.

Con ambos proyectos ya con media sanción en la Cámara de Diputados, la agenda legislativa se consolida como uno de los ejes centrales en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. La combinación entre demanda de orden en materia penal y disposición a discutir reformas laborales configura un escenario en el que el Congreso debate iniciativas que cuentan con respaldo social significativo y que pueden redefinir el equilibrio político en el inicio del nuevo período legislativo.

Consultados sobre los cambios ocurridos durante febrero, tras la salida del director del INDEC, Marcos Lavagna, se observa una posición mayoritariamente negativa en la opinión pública. Predomina la lectura de que se trata de una intervención sobre un organismo que funciona como el “termómetro” de lo que ocurre con los precios y, por lo tanto, como un pilar de credibilidad institucional en un tema sensible para la vida cotidiana.

Ante la pregunta sobre si están de acuerdo con la intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones del INDEC, el 59,3% se mostró en contra, mientras que solo el 17,9% se manifestó a favor. Ese rechazo convive con otro dato igual de relevante, porque también se ve afectada la confianza en las estadísticas oficiales. En febrero, vuelve a crecer la desconfianza y más del 60% afirma que el dato de inflación publicado no refleja lo que percibe en la vida cotidiana, una brecha persistente entre el número oficial y la experiencia real de precios.

La paradoja es contundente y marca un límite institucional. Una enorme mayoría no cree en el dato, pero casi esa misma mayoría tampoco avala que el Poder Ejecutivo intervenga el organismo para modificar qué se mide o cómo se mide. En términos políticos, el mensaje no es “ajusten el número”, sino “no capturen el termómetro”. Es un reclamo de independencia que remite a antecedentes de otras etapas, cuando intervenciones sobre la metodología y la canasta generaron cuestionamientos dentro y fuera del país. Esa memoria social quedó instalada y cualquier movimiento que se parezca activa, de inmediato, las luces de alarma.

Imágenes Políticas

En febrero, la imagen del presidente de la Nación, Javier Milei, muestra una mejora respecto a enero y, por primera vez desde julio de 2025, pasa a exhibir un diferencial positivo de poco más de un punto porcentual. Alcanza 47% de imagen positiva y 45,9% de imagen negativa. Este movimiento lo vuelve a colocar en el centro del debate público, en un contexto marcado por cambios estructurales y discusiones intensas sobre reglas establecidas, mientras la oposición política todavía no logra consolidar figuras con peso suficiente para disputar agenda ni instalar propuestas superadoras con llegada social.

Esa dinámica de polarización también se refleja en la evaluación de gestión. La aprobación alcanza valores muy similares a los de su imagen: 44,4% aprueba la gestión y 45% la desaprueba, configurando un escenario de paridad que sugiere un país dividido, con márgenes estrechos y alta sensibilidad a la evolución de la agenda política y económica.

En contraste, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continúa en descenso y alcanza el mínimo de la serie analizada. Su imagen positiva se ubica en 30,6%, mientras que la negativa trepa a 61,6%. El dato no solo describe un desgaste personal, sino también un problema político más amplio para la oposición, que todavía no logra consolidar un liderazgo capaz de disputarle a Javier Milei el centro de la escena con un discurso competitivo y propuestas de cambio con llegada social.

En términos de clima de época, Kicillof aparece asociado a un modelo político que una parte importante del electorado percibe como “pasado”, especialmente en un contexto donde crecen demandas de cambios en normas e instituciones. Debates internos como la presidencia del PJ bonaerense o del PJ nacional operan como discusiones de microclima partidario, alejadas de los temas que hoy dominan la agenda social. Esa desconexión termina amplificando la distancia con las preocupaciones cotidianas y profundiza la dificultad de la oposición para ordenar una alternativa que interpele a una sociedad que, según este propio estudio, expresa malestar y pide definiciones.

Sobre el estudio

Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), un estudio desarrollado desde Zentrix Consultora con el propósito de relevar percepciones políticas y económicas de la población residente en Argentina. El relevamiento, correspondiente a la medición de enero, incluyó 1.002 casos válidos con cobertura nacional y fue realizado mediante un diseño muestral ponderado por región y edad según el último padrón electoral. La recolección de datos se efectuó a través de un cuestionario autoadministrado en línea (Google Forms), con difusión controlada y posterior depuración de duplicados y registros inválidos. Se aplicaron mecanismos de validación mediante variables externas (como el voto declarado en el balotaje 2023 y octubre 2025), y los resultados fueron ajustados para garantizar representatividad nacional. Bajo estas condiciones, el margen de error teórico se estima en ±3,09%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica.

Compartí esta noticia !

Passalacqua congela su salario hasta fin de 2026 y se excluye de futuros aumentos en la administración pública

Compartí esta noticia !

En el marco de las medidas de contención del gasto público, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso que no percibirá incrementos salariales hasta el 31 de diciembre de 2026, aun cuando se otorguen aumentos al personal de la Administración Pública Central.

La decisión fue oficializada mediante un decreto firmado por el mandatario provincial y refrendado por el ministro de Coordinación General de Gabinete y el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

Según se detalla en los considerandos del instrumento legal, la medida se fundamenta en la persistencia de la situación económica tanto a nivel nacional como provincial, que -señala el texto- impone la necesidad de adoptar acciones orientadas a reducir el gasto público.

En concreto, el artículo primero del decreto establece que “a partir de la fecha del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2026, los aumentos de haberes que se dispongan para el personal dependiente de la Administración Pública Central no serán aplicables para los haberes que perciba el Señor Gobernador”.

La norma se enmarca en los antecedentes de los decretos 453 de marzo de 2024 y 358 de marzo de 2025, en los cuales ya se habían dispuesto medidas vinculadas a la racionalización del gasto.

Desde el Gobierno provincial remarcan que la decisión responde a un criterio de austeridad y coherencia fiscal en un contexto económico complejo, en el que la Provincia busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas y priorizar la asignación de recursos.

El decreto instruye además a los organismos competentes -entre ellos el Ministerio de Coordinación General de Gabinete, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Dirección de Liquidaciones de la Contaduría General y el Instituto de Previsión Social- a tomar conocimiento y proceder conforme a lo dispuesto.

Con esta resolución, el gobernador queda formalmente excluido de cualquier actualización salarial que pudiera otorgarse al resto del personal de la administración central durante lo que resta de 2026.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin