Crisis Empresarial

En dos años se perdieron más de 23.500 empleadores privados en Argentina

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En los últimos dos años, Argentina perdió 23.587 empleadores del sector privado, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El organismo releva a las personas humanas o jurídicas que cuentan con al menos un trabajador registrado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

El informe excluye a los empleadores de la Administración Pública, las organizaciones extraterritoriales y los hogares con servicio doméstico, con el objetivo de analizar exclusivamente el comportamiento del empleo formal en el sector privado.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la cantidad de empleadores privados se redujo un 4,3 por ciento a nivel nacional. Se trata de una caída significativa tanto en términos absolutos como relativos, con impacto extendido en casi todo el país.

De las 24 jurisdicciones relevadas, sólo una registró crecimiento: Neuquén, con un aumento del 0,7 por ciento, equivalente a 59 empresas más. En contraste, el resto de las provincias evidenció retrocesos de distinta magnitud, desde caídas moderadas inferiores al 2 por ciento, como en San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta descensos de dos dígitos en Catamarca (10,8 por ciento), Tierra del Fuego (10,9 por ciento), Chaco (11,0 por ciento) y La Rioja (15,0 por ciento).

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con 5.949 empresas menos, lo que representa una baja del 3,5 por ciento. Le siguen Córdoba, con 4.011 firmas menos (7,7 por ciento); Santa Fe, con 2.414 menos (4,8 por ciento); y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una caída de 2.345 empleadores (1,9 por ciento).

Estas cuatro jurisdicciones explican gran parte de la contracción nacional, ya que concentran el 72 por ciento del total de empresas del país. Por ello, sus variaciones tienen un fuerte impacto en el resultado agregado.

La caída se mantiene en el último año

Si se analiza el período más reciente, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la tendencia contractiva se mantiene. En ese lapso, el total de empleadores privados se redujo un 2,0 por ciento, lo que equivale a 10.646 empresas menos en todo el país.

En este caso, sólo dos provincias lograron mostrar mejoras: Neuquén, con un incremento del 0,5 por ciento, y San Juan, con una leve suba del 0,1 por ciento. En el resto de las jurisdicciones continuaron las caídas, con La Pampa registrando la menor baja (0,4 por ciento) y La Rioja la más pronunciada (7,1 por ciento).

En términos absolutos, Neuquén sumó 45 empresas y San Juan otras 8. Por el contrario, las mayores pérdidas volvieron a concentrarse en la provincia de Buenos Aires, con 3.061 empleadores menos; Córdoba, con 1.688; Santa Fe, con 1.053; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 925 menos.

El análisis, elaborado por Politikon Chaco en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, confirma un proceso sostenido de retracción del entramado empresarial formal en el país.

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Crisis en Tapebicuá: 430 operarios quedan sin convenio y rechazan cobrar el 60% del salario

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La empresa Forestal Tapebicuá, ubicada en Gobernador Virasoro, cerró el pasado domingo 30 de noviembre el convenio laboral vigente con sus 430 operarios. La firma había propuesto suspensiones con “vacaciones forzosas” y un pago del 60% de los haberes hasta marzo de 2026, pero el planteo fue rechazado por la representación sindical, que exige elevarlo al 80%. La situación se agrava en medio de versiones de venta de la compañía y un escenario de inactividad prolongada.

Fin del convenio, propuesta de suspensión y tensiones por los salarios

El conflicto en Forestal Tapebicuá escaló en las últimas horas tras el vencimiento del acuerdo que regulaba las condiciones entre la firma y los operarios. El convenio dejó de estar vigente este domingo 30 de noviembre, dejando a 430 trabajadores sin un marco de continuidad claro.

Según trascendió durante la última reunión entre la empresa y los sindicatos, realizada el viernes, la compañía planteó: suspensiones con “vacaciones forzosas” por tres meses, pago del 60% del salario, continuidad de la medida hasta los primeros días de marzo de 2026, un esquema que incluiría el aporte provincial de un subsidio de $250.000.

En números concretos, la propuesta contemplaba abonar alrededor de $650.000 mensuales por trabajador más el subsidio estatal complementario.

La representación sindical rechazó el ofrecimiento al considerar que no garantiza el sustento mínimo de las familias durante un período de inactividad tan prolongado. La posición gremial es clara: exigir que el porcentaje de pago durante la suspensión se eleve al 80% del salario.

Un conflicto que se profundiza por la posible venta de la compañía

El trasfondo económico agrega tensión al escenario laboral. Fuentes internas señalan que la empresa estaría atravesando un proceso de venta, situación que explicaría la decisión de paralizar operaciones.

Esa presunta transición empresaria —no confirmada formalmente por la firma— dejó al personal sin definiciones sobre su continuidad, su relación laboral y el restablecimiento de la actividad productiva.

La propuesta de otorgar vacaciones forzosas por tres meses y pagar el 60% del salario aparece, en este contexto, como una solución de contingencia para la empresa, pero como una pérdida sustantiva de ingresos para los operarios.

Por ahora solo nos resta esperar hasta el 3 de diciembre, que será la próxima reunión con los empresarios y saber qué va a pasar”, expresó un trabajador de la planta a un medio local de Virasoro, graficando el clima de incertidumbre que atraviesa a las familias dependientes del complejo forestal

Impacto económico y político: qué está en juego

El conflicto no solo afecta a los operarios, sino también a la cadena forestoindustrial de Virasoro y de toda la región nordeste, donde la actividad aporta empleo, logística, servicios y movimiento comercial.

Los puntos críticos del escenario actual son: 430 trabajadores sin certeza sobre salario pleno ni continuidad laboral. Una oferta empresarial muy por debajo del ingreso normal. La intervención parcial del Gobierno provincial con subsidios, aunque insuficientes para neutralizar la pérdida salarial. Una empresa en presunto proceso de transferencia, lo que podría modificar estructura, producción y condiciones laborales. Riesgo de paralización total de la actividad durante al menos tres meses.

En términos institucionales, la situación reabre el debate sobre los mecanismos de protección en empresas en transición patrimonial y la necesidad de instrumentos de negociación que eviten que la carga económica recaiga exclusivamente sobre los trabajadores.

La próxima reunión —3 de diciembre— será clave para destrabar el conflicto, definir un esquema de ingresos y proyectar el futuro de la actividad forestal en una de las ciudades más industrializadas del nordeste argentino.

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Celulosa Argentina en concurso preventivo: la Justicia abre proceso para reestructurar deuda millonaria

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Celulosa Argentina entra en concurso preventivo: el futuro de la histórica papelera dependerá de la reestructuración de su deuda millonaria

El 26 de septiembre, Celulosa Argentina informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Lorenzo declaró abierto su concurso preventivo, tras la presentación realizada el 5 de septiembre. La medida, comunicada como Hecho Relevante, marca un punto de inflexión para la empresa con más de 90 años de trayectoria, que arrastra pérdidas por $172.634 millones, ingresos en caída del 44 % interanual y una deuda acumulada de US$128 millones.

La decisión judicial y el escenario financiero

El escrito presentado por Gonzalo Coda, apoderado de la compañía, detalla que la Justicia fijó para el 1° de octubre a las 10 horas la audiencia en la que se sorteará un síndico de categoría A. En caso de no concretarse, la diligencia se trasladará al miércoles inmediato posterior. El oficio ya fue elevado a la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario.

El concurso se da en un contexto crítico: el balance al 31 de mayo de 2025 reflejó un patrimonio neto negativo, configurando una situación de quiebra técnica. El fuerte retroceso en la demanda y el incremento de costos agravaron el cuadro. Paralelamente, la compañía enfrenta múltiples reclamos judiciales, entre ellos el segundo pedido de quiebra iniciado por la brasileña Bbunker, y la demanda de Tecmaco Integral por unos $17 millones en cheques rechazados.

Cambio accionario y desafíos de gestión

En paralelo al pedido de concurso, los accionistas mayoritarios transfirieron el 45,5 % del capital social a Esteban Antonio Nofal, titular de CIMA Investments, en una operación registrada por US$1. El acuerdo incluyó el compromiso de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el resto de las acciones.

Nofal asume la conducción con el compromiso de garantizar la continuidad operativa, aunque deberá enfrentar un escenario complejo: pasivos multimillonarios, litigios abiertos y un frente sindical delicado. La situación más crítica se concentra en Forestadora Tapebicuá, subsidiaria en Corrientes, donde más de 420 trabajadores permanecen suspendidos con salarios atrasados.

Impacto sectorial y perspectivas

La apertura del concurso preventivo fue recibida con cautela en el mercado de capitales, donde los títulos de la compañía ya acumulaban fuertes pérdidas. El desenlace del proceso tendrá repercusiones sobre la cadena forestal y papelera nacional, dado que la producción de Tapebicuá y las plantas de Santa Fe resulta clave para proveedores y contratistas.

El próximo paso será la designación del síndico y la presentación de un plan de reestructuración que logre adhesión suficiente de los acreedores. Si el concurso logra encauzarse, el nuevo controlador podría intentar reflotar las plantas industriales y recuperar operaciones. En caso contrario, el riesgo de liquidación se mantiene latente.

El Gobierno provincial de Corrientes y los gremios del sector siguen de cerca cada movimiento judicial, conscientes de que el futuro de Celulosa Argentina no solo compromete la continuidad de una compañía fundada en 1929, sino también la estabilidad laboral de cientos de familias y el abastecimiento de la industria forestal.

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