Crisis Empresarial

La destrucción silenciosa: en 28 meses cerraron 26.448 empresas y se perdieron 370 mil puestos registrados

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La economía argentina atraviesa una paradoja cada vez más visible. Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilización, el tejido productivo continúa achicándose. La fotografía que surge de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) es contundente: entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 desaparecieron 26.448 empleadores y se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. Si se suman las trabajadoras de casas particulares, la destrucción alcanza a 370.487 empleos formales.
Traducido a una escala cotidiana, la Argentina perdió 31 empresas por día y 435 empleos registrados diarios durante los primeros 28 meses de gestión de Javier Milei.
El dato expone una realidad menos visible que la desaceleración inflacionaria o la mejora financiera: la economía continúa expulsando unidades productivas y empleo formal.

Los números muestran que el universo de empleadores pasó de 512.357 a 485.909 firmas, una caída del 5,2%. Detrás de esa cifra hay comercios, pequeñas industrias, empresas de transporte, constructoras y prestadores de servicios que dejaron de operar o redujeron su estructura al punto de abandonar el empleo registrado.

Empresas empleadoras: 26.448 menos

Argentina | Noviembre 2023 vs marzo 2026

Indicador Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Empleadores registrados 512.357 485.909 -26.448
Ritmo promedio 28 meses -31 por día
Fuente: CEPA en base a SRT.

El sector más golpeado fue el comercio, con 6.836 empleadores menos. Le siguieron transporte y almacenamiento (-6.473), servicios inmobiliarios (-3.796), industria manufacturera (-3.393), servicios profesionales (-2.666) y actividades agropecuarias (-2.425).
Sin embargo, cuando se mide el impacto en términos relativos, el panorama cambia. Transporte y almacenamiento encabeza la crisis con una contracción del 16,4% de sus empleadores, seguido por servicios extraterritoriales (-15,8%), inmobiliarias (-12,8%) y construcción (-9,5%).

El empleo formal sigue en retroceso

La caída empresaria tuvo un correlato inevitable sobre el mercado laboral. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 el empleo registrado en unidades productivas cayó de 9,86 millones a 9,52 millones de trabajadores. Son 339.841 puestos menos, equivalente a una retracción del 3,45%.

La construcción aparece como el gran símbolo del ajuste económico. El sector perdió 81.425 empleos registrados, producto del freno de la obra pública nacional y de la retracción de la inversión privada. Detrás se ubicaron la industria manufacturera (-79.263), la administración pública (-67.312) y el transporte (-64.660).
En términos porcentuales, la construcción también lidera el deterioro con una caída del 17,1% del empleo. Transporte y servicios extraterritoriales registran bajas superiores al 12%, mientras que la industria manufacturera retrocede 6,5%.

Empleo formal: 370.487 puestos menos

Argentina | Unidades productivas + casas particulares

Categoría Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Trabajadores en unidades productivas 9.857.173 9.517.332 -339.841
Casas particulares 629.660 599.014 -30.646
Total empleo privado registrado 10.486.833 10.116.346 -370.487
Fuente: CEPA en base a SRT.


Un dato especialmente sensible es el comportamiento del empleo doméstico. Las trabajadoras de casas particulares registradas pasaron de 629.660 a 599.014. Son 30.646 empleos menos. Históricamente, este sector funciona como un termómetro del poder adquisitivo de los hogares de clase media: cuando las familias ajustan gastos, el empleo doméstico suele ser una de las primeras variables afectadas.

Misiones: una crisis más silenciosa, pero persistente

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino permiten observar que Misiones no quedó al margen de esta dinámica.

Misiones perdió 1.074 empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, pasando de 9.480 a 8.406 firmas registradas. La caída alcanza el 11,3%, más del doble del promedio nacional. Esto significa que más de una de cada diez empresas que empleaban trabajadores formales dejó de existir durante el período.

Misiones: más de una de cada diez empresas menos

Noviembre 2023 vs marzo 2026

Indicador Nov. 2023 Mar. 2026 Variación
Empresas empleadoras 9.480 8.406 -1.074 / -11,3%
Empleo privado formal 97.796 mínimo desde dic. 2020
Fuente: elaboración propia en base a datos laborales oficiales.

El deterioro también se refleja en el empleo privado registrado. En marzo de 2026 Misiones contabilizó 97.796 trabajadores formales en el sector privado, el nivel más bajo desde diciembre de 2020. La provincia perdió 707 puestos solamente en marzo y acumula una caída interanual que la ubica entre las jurisdicciones más afectadas del NEA.

La diferencia respecto de otras provincias radica en la estructura económica misionera. La provincia depende fuertemente de pymes comerciales, agroindustriales y de servicios vinculados al mercado interno. Son precisamente los segmentos que más sufren cuando cae el consumo, se encarece el financiamiento y se retrae la actividad.

Pymes que desaparecen, grandes empresas que despiden

Otro dato relevante del informe es que la desaparición de empleadores se concentra casi exclusivamente en las pequeñas y medianas empresas. De las 26.448 firmas perdidas, 26.382 tenían menos de 500 trabajadores. Es decir, el 99,75% de los cierres corresponde a empresas de menor tamaño.

Sin embargo, cuando se analiza el empleo, el mayor ajuste provino de las grandes compañías. Las empresas con más de 500 empleados explican el 67,1% de los puestos destruidos, con una pérdida de 228.084 trabajadores.

La lectura es clara: las pymes son las que desaparecen, mientras que las grandes empresas sobreviven reduciendo personal.

La discusión económica argentina suele concentrarse en inflación, dólar, reservas o superávit fiscal. Pero detrás de esos indicadores aparece otra realidad: la del tamaño efectivo de la economía.

Los datos muestran que la estabilización macroeconómica todavía no logró traducirse en una recuperación sostenida del entramado productivo. Menos empresas, menos empleo registrado y una industria que opera con elevados niveles de capacidad ociosa configuran un escenario donde la economía puede mostrar mejores balances fiscales mientras continúa reduciendo su base productiva.

El desafío de los próximos meses no será solamente sostener la estabilidad. Será demostrar que esa estabilidad puede generar nuevas empresas, recuperar empleo formal y revertir una dinámica que, por ahora, sigue mostrando una economía más ordenada, pero también más pequeña.

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La Justicia declara la quiebra indirecta de SanCor y habilita continuidad bajo control judicial

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El juez Marcelo Gelcich resolvió este miércoles declarar la quiebra indirecta de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en un fallo que establece la continuidad parcial de operaciones bajo supervisión judicial y fija un cronograma estricto para ordenar el proceso. La decisión, que se formaliza en el marco del Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, marca un punto crítico en la crisis de la empresa y abre una etapa donde el objetivo central será su eventual venta, total o fragmentada.

El dato central es que la propia cooperativa reconoció su imposibilidad de afrontar el pasivo concursal y continuar con el plan de crisis. Esa admisión, presentada el 10 de abril de 2026, activó el mecanismo de quiebra tras la frustración del concurso preventivo. En paralelo, se mantiene la convocatoria a asamblea para el 30 de abril, aunque el fallo aclara que su resultado no altera la validez de la resolución judicial.

Un proceso judicial para administrar la crisis

La resolución no implica un cierre inmediato. Por el contrario, diseña un esquema de administración judicial que intenta evitar una liquidación desordenada. Se habilita la continuidad limitada de actividades productivas y comerciales, bajo el criterio de preservar valor económico y reducir el impacto social.

El síndico designado, Ignacio Pacheco, asumirá el control operativo con plazos definidos: 10 días para el inventario preliminar, 30 días para la verificación de créditos, 60 días para el informe general y reportes periódicos cada 90 días. El proceso centraliza todos los reclamos de acreedores y suspende ejecuciones individuales, lo que reordena la disputa por los activos bajo control del juzgado.

En términos concretos, la cooperativa llega a esta instancia con 914 empleados —215 bajo régimen de jornada reducida— y un volumen de deuda significativo. Solo en el plano postconcursal, acumula más de $6.349 millones en obligaciones impositivas y previsionales, $12.788 millones en deuda laboral y más de $13.313 millones en compromisos comerciales. A esto se suman pasivos en dólares que, según estimaciones mencionadas en el expediente, superan los USD 86 millones.

Venta de activos y continuidad condicionada

El eje operativo del fallo es la venta de unidades productivas. El tribunal habilita la enajenación de activos mediante licitaciones públicas o privadas, priorizando el mayor valor posible para satisfacer a los acreedores y sostener la actividad en la medida de lo viable.

No se trata de una liquidación inmediata, sino de un proceso escalonado. Cada decisión deberá justificarse en términos de utilidad económica y social, con autorización judicial. La continuidad de las plantas —hoy operando por debajo de su capacidad— queda supeditada a ese criterio.

La caída de contratos de fason y la baja utilización de instalaciones, especialmente en Sunchales, aparecen como elementos que explican la inviabilidad operativa previa a la quiebra.

Impacto en la cadena láctea y señal institucional

El fallo introduce un mensaje que trasciende a la empresa: la quiebra es presentada como un mecanismo para ordenar la crisis y no como un abandono del sistema productivo. El juzgado incluso insta a autoridades nacionales y provinciales a acompañar el proceso, con el objetivo de sostener el empleo y evitar un colapso mayor en la cadena láctea.

En términos de poder, la decisión judicial redefine el control de la compañía: desplaza la conducción efectiva hacia el síndico y subordina todas las decisiones a la lógica concursal. Los acreedores, en tanto, pasan a disputar su posición dentro de un esquema regulado, donde los créditos laborales tienen prioridad.

La asamblea convocada por el Consejo de Administración conserva valor institucional, pero pierde capacidad de incidencia real sobre el destino inmediato de la cooperativa.

Un proceso abierto y con múltiples variables

El futuro de SanCor queda ahora atado a la capacidad del proceso de generar interés en potenciales compradores y sostener la operación mínima necesaria para preservar activos. La evolución del inventario, la verificación de créditos y las condiciones de mercado serán determinantes.

También habrá que observar el grado de intervención de actores públicos y el impacto social en las regiones vinculadas a la producción láctea. La continuidad productiva, aunque habilitada, no está garantizada: depende de decisiones económicas que se tomarán en un marco judicial.

El proceso recién comienza y, aunque establece reglas claras, deja abierta la pregunta central: si la reconfiguración permitirá sostener parte de la estructura productiva o si el desenlace derivará en una fragmentación definitiva.

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En dos años se perdieron más de 23.500 empleadores privados en Argentina

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En los últimos dos años, Argentina perdió 23.587 empleadores del sector privado, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El organismo releva a las personas humanas o jurídicas que cuentan con al menos un trabajador registrado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

El informe excluye a los empleadores de la Administración Pública, las organizaciones extraterritoriales y los hogares con servicio doméstico, con el objetivo de analizar exclusivamente el comportamiento del empleo formal en el sector privado.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la cantidad de empleadores privados se redujo un 4,3 por ciento a nivel nacional. Se trata de una caída significativa tanto en términos absolutos como relativos, con impacto extendido en casi todo el país.

De las 24 jurisdicciones relevadas, sólo una registró crecimiento: Neuquén, con un aumento del 0,7 por ciento, equivalente a 59 empresas más. En contraste, el resto de las provincias evidenció retrocesos de distinta magnitud, desde caídas moderadas inferiores al 2 por ciento, como en San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta descensos de dos dígitos en Catamarca (10,8 por ciento), Tierra del Fuego (10,9 por ciento), Chaco (11,0 por ciento) y La Rioja (15,0 por ciento).

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con 5.949 empresas menos, lo que representa una baja del 3,5 por ciento. Le siguen Córdoba, con 4.011 firmas menos (7,7 por ciento); Santa Fe, con 2.414 menos (4,8 por ciento); y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una caída de 2.345 empleadores (1,9 por ciento).

Estas cuatro jurisdicciones explican gran parte de la contracción nacional, ya que concentran el 72 por ciento del total de empresas del país. Por ello, sus variaciones tienen un fuerte impacto en el resultado agregado.

La caída se mantiene en el último año

Si se analiza el período más reciente, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la tendencia contractiva se mantiene. En ese lapso, el total de empleadores privados se redujo un 2,0 por ciento, lo que equivale a 10.646 empresas menos en todo el país.

En este caso, sólo dos provincias lograron mostrar mejoras: Neuquén, con un incremento del 0,5 por ciento, y San Juan, con una leve suba del 0,1 por ciento. En el resto de las jurisdicciones continuaron las caídas, con La Pampa registrando la menor baja (0,4 por ciento) y La Rioja la más pronunciada (7,1 por ciento).

En términos absolutos, Neuquén sumó 45 empresas y San Juan otras 8. Por el contrario, las mayores pérdidas volvieron a concentrarse en la provincia de Buenos Aires, con 3.061 empleadores menos; Córdoba, con 1.688; Santa Fe, con 1.053; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 925 menos.

El análisis, elaborado por Politikon Chaco en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, confirma un proceso sostenido de retracción del entramado empresarial formal en el país.

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Crisis en Tapebicuá: 430 operarios quedan sin convenio y rechazan cobrar el 60% del salario

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La empresa Forestal Tapebicuá, ubicada en Gobernador Virasoro, cerró el pasado domingo 30 de noviembre el convenio laboral vigente con sus 430 operarios. La firma había propuesto suspensiones con “vacaciones forzosas” y un pago del 60% de los haberes hasta marzo de 2026, pero el planteo fue rechazado por la representación sindical, que exige elevarlo al 80%. La situación se agrava en medio de versiones de venta de la compañía y un escenario de inactividad prolongada.

Fin del convenio, propuesta de suspensión y tensiones por los salarios

El conflicto en Forestal Tapebicuá escaló en las últimas horas tras el vencimiento del acuerdo que regulaba las condiciones entre la firma y los operarios. El convenio dejó de estar vigente este domingo 30 de noviembre, dejando a 430 trabajadores sin un marco de continuidad claro.

Según trascendió durante la última reunión entre la empresa y los sindicatos, realizada el viernes, la compañía planteó: suspensiones con “vacaciones forzosas” por tres meses, pago del 60% del salario, continuidad de la medida hasta los primeros días de marzo de 2026, un esquema que incluiría el aporte provincial de un subsidio de $250.000.

En números concretos, la propuesta contemplaba abonar alrededor de $650.000 mensuales por trabajador más el subsidio estatal complementario.

La representación sindical rechazó el ofrecimiento al considerar que no garantiza el sustento mínimo de las familias durante un período de inactividad tan prolongado. La posición gremial es clara: exigir que el porcentaje de pago durante la suspensión se eleve al 80% del salario.

Un conflicto que se profundiza por la posible venta de la compañía

El trasfondo económico agrega tensión al escenario laboral. Fuentes internas señalan que la empresa estaría atravesando un proceso de venta, situación que explicaría la decisión de paralizar operaciones.

Esa presunta transición empresaria —no confirmada formalmente por la firma— dejó al personal sin definiciones sobre su continuidad, su relación laboral y el restablecimiento de la actividad productiva.

La propuesta de otorgar vacaciones forzosas por tres meses y pagar el 60% del salario aparece, en este contexto, como una solución de contingencia para la empresa, pero como una pérdida sustantiva de ingresos para los operarios.

Por ahora solo nos resta esperar hasta el 3 de diciembre, que será la próxima reunión con los empresarios y saber qué va a pasar”, expresó un trabajador de la planta a un medio local de Virasoro, graficando el clima de incertidumbre que atraviesa a las familias dependientes del complejo forestal

Impacto económico y político: qué está en juego

El conflicto no solo afecta a los operarios, sino también a la cadena forestoindustrial de Virasoro y de toda la región nordeste, donde la actividad aporta empleo, logística, servicios y movimiento comercial.

Los puntos críticos del escenario actual son: 430 trabajadores sin certeza sobre salario pleno ni continuidad laboral. Una oferta empresarial muy por debajo del ingreso normal. La intervención parcial del Gobierno provincial con subsidios, aunque insuficientes para neutralizar la pérdida salarial. Una empresa en presunto proceso de transferencia, lo que podría modificar estructura, producción y condiciones laborales. Riesgo de paralización total de la actividad durante al menos tres meses.

En términos institucionales, la situación reabre el debate sobre los mecanismos de protección en empresas en transición patrimonial y la necesidad de instrumentos de negociación que eviten que la carga económica recaiga exclusivamente sobre los trabajadores.

La próxima reunión —3 de diciembre— será clave para destrabar el conflicto, definir un esquema de ingresos y proyectar el futuro de la actividad forestal en una de las ciudades más industrializadas del nordeste argentino.

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Celulosa Argentina en concurso preventivo: la Justicia abre proceso para reestructurar deuda millonaria

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Celulosa Argentina entra en concurso preventivo: el futuro de la histórica papelera dependerá de la reestructuración de su deuda millonaria

El 26 de septiembre, Celulosa Argentina informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Lorenzo declaró abierto su concurso preventivo, tras la presentación realizada el 5 de septiembre. La medida, comunicada como Hecho Relevante, marca un punto de inflexión para la empresa con más de 90 años de trayectoria, que arrastra pérdidas por $172.634 millones, ingresos en caída del 44 % interanual y una deuda acumulada de US$128 millones.

La decisión judicial y el escenario financiero

El escrito presentado por Gonzalo Coda, apoderado de la compañía, detalla que la Justicia fijó para el 1° de octubre a las 10 horas la audiencia en la que se sorteará un síndico de categoría A. En caso de no concretarse, la diligencia se trasladará al miércoles inmediato posterior. El oficio ya fue elevado a la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario.

El concurso se da en un contexto crítico: el balance al 31 de mayo de 2025 reflejó un patrimonio neto negativo, configurando una situación de quiebra técnica. El fuerte retroceso en la demanda y el incremento de costos agravaron el cuadro. Paralelamente, la compañía enfrenta múltiples reclamos judiciales, entre ellos el segundo pedido de quiebra iniciado por la brasileña Bbunker, y la demanda de Tecmaco Integral por unos $17 millones en cheques rechazados.

Cambio accionario y desafíos de gestión

En paralelo al pedido de concurso, los accionistas mayoritarios transfirieron el 45,5 % del capital social a Esteban Antonio Nofal, titular de CIMA Investments, en una operación registrada por US$1. El acuerdo incluyó el compromiso de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el resto de las acciones.

Nofal asume la conducción con el compromiso de garantizar la continuidad operativa, aunque deberá enfrentar un escenario complejo: pasivos multimillonarios, litigios abiertos y un frente sindical delicado. La situación más crítica se concentra en Forestadora Tapebicuá, subsidiaria en Corrientes, donde más de 420 trabajadores permanecen suspendidos con salarios atrasados.

Impacto sectorial y perspectivas

La apertura del concurso preventivo fue recibida con cautela en el mercado de capitales, donde los títulos de la compañía ya acumulaban fuertes pérdidas. El desenlace del proceso tendrá repercusiones sobre la cadena forestal y papelera nacional, dado que la producción de Tapebicuá y las plantas de Santa Fe resulta clave para proveedores y contratistas.

El próximo paso será la designación del síndico y la presentación de un plan de reestructuración que logre adhesión suficiente de los acreedores. Si el concurso logra encauzarse, el nuevo controlador podría intentar reflotar las plantas industriales y recuperar operaciones. En caso contrario, el riesgo de liquidación se mantiene latente.

El Gobierno provincial de Corrientes y los gremios del sector siguen de cerca cada movimiento judicial, conscientes de que el futuro de Celulosa Argentina no solo compromete la continuidad de una compañía fundada en 1929, sino también la estabilidad laboral de cientos de familias y el abastecimiento de la industria forestal.

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