CRISIS POLÍTICA

Mover la ficha (limpia)

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No perder centralidad. Encuentro Misionero comenzó a encender la chispa política, esa que permite discutir posiciones, buscar coincidencias y dejar de lado las disidencias en pos del bienestar general. El jueves último, antes del inicio de las sesiones de la Cámara de Diputados, en la Legislatura se vivió una reunión inusual, en la que los protagonistas fueron jóvenes, empresarios y profesionales. 

Desde un jóven médico que lleva su voluntariado a las colonias -encontró rápida sociedad con un oftalmólogo que se ofreció a sumarse-, escritores, influencers hasta empresarios, con un denominador común: pensar y priorizar el desarrollo de Misiones. En ese escenario se presentó el manifiesto fundacional de Encuentro Misionero, en el que se proclama que es posible otra forma de hacer política: con proximidad, con gestión continua y “despreciando las disputas del poder central”. 

Varios puntos resaltan en el manifiesto. La identidad que nace “desde la selva bordeada por ríos” y una definición que descarta la idea de “periferia”, y construye un espacio con rasgos propios con la determinación  de seguir avanzando sin tutelas impuestas desde el país central. 

Esa rebeldía atraviesa, destacó Carlos Rovira, los cimientos de la provincia, que fue una de las que declaró la Independencia un año antes que el país central, en el Congreso del Arroyo La China, en territorio oriental, donde hoy es Entre Ríos. Lejos de renegar de ese pasado, la propuesta de Encuentro Misionero se basa en capitalizar lo logrado, incorporando nuevas voces  “sin abandonar lo que funciona”. 

Es un reposicionamiento, una (re) evolución de la propia Renovación, que nació con la unidad de peronistas, radicales e independientes, superó la transversalidad y experimentó con fallidos blends y refresh.

La irrupción en el escenario político de esa evolución renovadora contrasta con la parálisis que exhibe hoy el Gobierno nacional, atado a la suerte de Manuel Adorni, envuelto en un escándalo de enriquecimiento, frivolidades y secretos palaciegos. “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”, lo defendió el Presidente. El [reiterado] respaldo al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, a esta altura preocupa hasta a los más convencidos por las consecuencias electorales que genera el desplome en las encuestas, que arrastra al propio Javier Milei. La primera advertencia fue de Patricia Bullrich, en un intento por despegarse del deterioro acelerado en las encuestas. 

La desaprobación nacional alcanza el 64,5%, mientras que apenas el 34,3% aprueba la gestión libertaria. Siete de cada diez argentinos consideran que hace falta un cambio de gobierno, un dato que en cualquier otro contexto sería leído como una señal de crisis terminal. Sin embargo, la singularidad del escenario argentino reside en que ese rechazo no se traduce todavía en una alternativa consolidada, revela el último informe “Domingo de Datos” de la consultora Zuban & Córdoba.

Milei registra 64,5% de rechazo contra 34,3% de aprobación, prácticamente sin señales de recuperación respecto de meses anteriores. La serie comparada muestra que desde octubre de 2025 el oficialismo fue perdiendo respaldo de manera sostenida: pasó de 37,1% de aprobación a apenas 34,3%, mientras la desaprobación saltó de 62,8% a 64,5%. Manuel Adorni exhibe uno de los peores registros del tablero: apenas 16,5% de imagen positiva frente a 72,1% negativa. La corrupción que venían a desterrar, se convirtió en el principal foco de conflicto en el Gobierno, con Adorni como emblema que eclipsa otras causas, como $Libra, Andis o el 3% para la Primera Hermana.

Demian Reidel, con un pasado en JP Morgan y Goldman Sachs, amigo y economista más influyente del círculo íntimo de Javier Milei acaba de ser imputado por los gastos exorbitantes y lujosos realizados con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica, empresa que presidía. Entre los gastos observados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a la firma Mar y Sombra SL, una empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares; además de transferencias por Mercado Pago, hoteles, pasajes aéreos, indumentaria y consumos en distintos países.

También aparecen adelantos en efectivo por 56 millones de pesos y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.

La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que incluso si los gastos hubiesen estado vinculados a viajes oficiales, los consumos resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.

Pagano -una de las libertarias más arrepentidas- también afirmó que Adorni es “el cajero de Karina Milei” y sugirió que cobró tres millones de dólares de la estafa con la criptomoneda Libra que promocionó Milei.

La legisladora del monobloque Coherencia, una de las denunciantes del jefe de Gabinete en la justicia federal, también le apuntó al secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, a quien tildó de “bolsero de Adorni”. Lanari es misionero, hijo de Carlos Lanari, ex presidente de la Sociedad Rural Misiones y hermano de Enrique, quien también entró a trabajar en el Estado con la gestión libertaria. Es un apellido que se escuchó mucho en estos últimos años. 

La Sociedad Rural de Lanari se alineó al proyecto macrista de convertir a Misiones en tierra a conquistar por la corporación Maizar, con el objetivo de exportar maíz a Brasil. Pretendían plantar 250 mil hectáreas, pero el proyecto quedó trunco por la resistencia de ambientalistas y la caída de Cambiemos. Ahora ese proyecto se retoma con los herederos libertarios -muchos ex macristas-, que quieren imponer el mismo plan, junto a soja y trigo para abastecer los pooles de siembra. El problema no es la soja ni el trigo, sino lo que trae aparejado. El macrismo, que también impulsaba la desregulación yerbatera que concretó la versión libertaria, nunca pudo explicar el impacto ambiental que traería aparejado ampliar la producción de maíz. Serían miles de litros de glifosato, lo mismo que demandaría la incorporación de trigo y de soja, que hoy no aparecen en el mapa productivo de Misiones. La dosis típica de glifosato oscila entre 2 y 4 litros por hectárea para malezas anuales, aunque puede aumentar hasta 15 o más litros en casos de alta resistencia o cultivos específicos 

Misiones inició un camino inverso, con el objetivo de erradicar el uso de agroquímicos. Pero no es el único punto de fricción: el modelo sojero no es compatible con el minifundio misionero y sólo tiene rentabilidad en grandes extensiones. Y la renta no se quedaría en la chacra, sino en los capitales inversores. 

Significaría la expulsión del pequeño productor de la chacra para darle entrada a dos o tres grandes grupos. Y también un profundo cambio de la provincia, tal como se la conoce, con rentabilidad para unos pocos. Pero de eso prefieren no hablar los promotores del modelo, ahora Adrián Núñez, antes Jerónimo Lagier. Sin embargo, están haciendo un trabajo de hormiga para sumar adhesiones, particularmente en el Alto Paraná, con el diputado Miguel Núñez como avanzada. Aunque la facción libertaria promete quedarse con el armado de “Misiones Productiva”.

Adorni, ex vocero devenido en Jefe de Gabinete está virtualmente callado, porque cada vez que enfrenta un micrófono -que no sea de los amigos-, es inevitable una pregunta sobre su nivel de gastos, la cascada de su piscina pagada cash en dólares black, sus flamantes propiedades o, incluso, su reciente distanciamiento con su esposa, que tomó distancia… por redes sociales. Una decadente novela libertaria con final incierto. Los únicos que todavía celebran al ex vocero son los misioneros Diego Hartfield, Adrián Núñez y Valeria Soczyuk.

En un intento desesperado por recuperar la iniciativa, el viernes hubo una conferencia de prensa encabezada por Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo y la de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Los empresarios hablan del riesgo Adorni”, inquirió un periodista. Y fue más allá: “¿Ustedes cobran sobresueldos? No hubo respuestas. Ni negativas.

El nuevo Super Rigi, anunciado de apuro y sin muchos detalles, no es otra cosa que más beneficios fiscales para los grandes capitales que inviertan en la Argentina, mientras que la economía real sufre una inédita caída, por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento exponencial de los costos de producción.

El Rigi original no tuvo la explosión esperada y se concentró únicamente en minerales o petróleo, mientras que el resto de las economías regionales sobrevive en una extensa agonía, tanta que hasta la Confederación Económica de la Mediana Empresa, que hasta ahora había mantenido un piadoso silencio, salió a pedir que el Gobierno tome medidas de reactivación y baje la presión impositiva. 

Pese a los beneficios prometidos, de las 36 iniciativas presentadas en el Rigi original, hasta el momento, 22 continúan en evaluación oficial. En contraste, la Inversión Extranjera Directa está en niveles mínimos. Entre octubre y diciembre de 2025 hubo una salida neta de capitales de empresas extranjeras por 4.687 millones de dólares y la fuga de capitales en Argentina ha registrado niveles históricos en 2025 y principios de 2026 superando los US$ 23.000-25.000 millones, por encima de 2018 y aproximándose a crisis severas.

Caputo no tiene respuestas más que evasivas y atribuye la desconfianza al “riesgo Kuka”, al mismo tiempo que niega cualquier posibilidad de que vuelvan a ganar las elecciones. Incluso culpó a la sociedad por el explosivo crecimiento de la morosidad bancaria. “La gente pensó que la inflación iba a licuar las deudas“, dijo sin atender la pérdida del poder adquisitivo generalizada.

Esa caída de la actividad, obviamente se traduce en menor recaudación -ya van nueve meses consecutivos de caída real- y menos distribución de recursos federales a las provincias. 

Sin embargo, la decisión política en Misiones es sostener la actividad económica con todas las herramientas disponibles. En esa línea se inscriben el Ahora Chacra, el Ahora Verdulería y la continuidad de medidas de alivio fiscal para inyectar flujo de caja, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, aunque las grandes también están recibiendo atención. 

La reedición de la línea de descuento de cheques a tasa cero con el Banco Macro para mejorar el precio de la materia prima yerbatera fue bien recibido por la industria, que necesita financiamiento barato. El objetivo es elevar el piso de la hoja verde a 301 pesos y el de la canchada 1.160 pesos. Además, este año se incorporó una nueva herramienta: los molinos que paguen el precio mínimo de la canchada también podrán descontar los cheques provenientes de supermercados por la venta de yerba elaborada. Pese a la urgencia libertaria por mostrar datos positivos que justifiquen los bemoles de la desregulación, la yerba mate atraviesa un momento crítico en el sector productivo y de expectativa en el consumo interno, que está por debajo de 2025 y de 2023, que fue el año récord y el último del mercado “regulado”. Solo las exportaciones salvan la ropa, aunque con una rentabilidad en jaque.

En el Gobierno provincial entienden que la yerba no será atendida por la Nación -lo descartó el propio Adorni- y que la estabilidad -difícil hablar de recuperación- es vital en el terreno, por eso las medidas de contención.

Nuevamente, es recuperar el centro de la escena, la iniciativa, que no haya reacciones, sino acciones. Esa parece ser la premisa en esta etapa preelectoral que vio nacer a Encuentro Misionero. Marcar la agenda política, parlamentaria y económica y ahí radica una de las principales diferencias con las oposiciones, que responden a una agenda externa, en la que Misiones aparece poco y nada o es considerada una zona “periférica” en los excel de Nación.

El año en la Legislatura arrancó con la toma de estado parlamentario del proyecto de Ficha Limpia, impulsado por Carlos Rovira, que es mucho más severo que el que se discute en Nación. El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme y aun cuando la pena sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, el orden democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, contra la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal.

Esto implica que quedarían alcanzados delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático. También quedarán excluidos quienes figuren como deudores alimentarios morosos, quienes mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal y quienes tengan tres o más infracciones graves de tránsito acreditadas en los últimos dos años previos a la oficialización de listas. Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de los ciberdelitos como causal de inelegibilidad automática. El proyecto prevé que no podrán competir quienes tengan requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos vinculados al mundo digital, como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas, fraudes informáticos y otros delitos tipificados en el Código Penal.

La propuesta suma además una exigencia inédita: un certificado de aptitud toxicológica obligatorio al momento de oficializar listas. El postulante deberá presentar estudios integrales sobre al menos cuatro matrices biológicas -orina, saliva, folículo piloso y sangre- para acreditar la presencia o ausencia de consumo de sustancias psicoactivas. En caso de antecedentes de consumo problemático, deberá acompañar certificación de alta terapéutica o rehabilitación exitosa. El gobernador Hugo Passalacqua se adelantó y decretó la obligatoriedad de narcotests preventivos para descartar el consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los niveles de decisión política y fuerzas de seguridad. “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.

No será la única iniciativa que causará revuelo. Rovira, quien anticipó que Encuentro Misionero acompañará la eliminación de las PASO, deslizó la posibilidad de discutir la ley de Lemas actual para transformarla en una boleta única con ley de lemas por partido. El ex gobernador recordó que la ley de Lemas surgió de un acuerdo del viejo peronismo con el viejo radicalismo y que con él en el Gobierno, se suprimió el capítulo para gobernador, posibilidad que incorporó ahora Salta, curiosamente cuyo gobernador, Gustavo Saenz, es aliado libertario.

El contraste con la agenda opositora es notable. El jueves los libertarios debutaron con una gaffe llamativa: pretendían que un dictamen ya aprobado vuelva a comisión porque ellos no integraban la Cámara cuando se trató originalmente. Un capricho que se da de bruces contra los principios democráticos.

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Venezuela: movilizaciones y continuidad institucional tras el ataque militar de EE.UU.

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Luego del ataque militar que generó conmoción en Venezuela, el país atraviesa horas de fuerte movilización social y definiciones institucionales clave. Según describió el periodista venezolano Ernesto Navarro, en diálogo con Radio Open 101.7, la reacción popular fue inmediata, organizada y sin desbordes, con concentraciones multitudinarias en Caracas y en el resto de los estados del país, en rechazo al ataque y en respaldo al orden constitucional.

El escenario se desarrolla en un contexto político sensible: este 5 de enero se instala formalmente la nueva Asamblea Nacional, tal como establece el mandato constitucional, mientras el gobierno activó mecanismos de continuidad ante la ausencia del presidente Nicolás Maduro, a quien Navarro definió como “bajo una situación de secuestro”.

Movilización social y organización territorial tras el ataque

Desde Carrizal, a 18 kilómetros de Caracas, Navarro explicó que la población venezolana reaccionó “con rapidez y cordura” frente a un hecho que calificó como “difícil de digerir”. El periodista destacó que Caracas fue escenario de una movilización impresionante, con miles de personas que salieron a condenar el ataque militar y a exigir el regreso del presidente.

Las manifestaciones no se limitaron a la capital. De acuerdo con el relato, hubo movilizaciones en los 24 estados del país, de los cuales 23 están gobernados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que facilitó una respuesta territorial coordinada. Navarro subrayó que esta capacidad de reacción se apoya en un entramado de organización social de base, impulsado por ley, que obliga a las comunidades a organizarse en comunas para acceder a créditos y obras sociales.

“Eso se vio no solo en la reacción rápida del pueblo, sino también en la organización”, señaló, al tiempo que remarcó que el mensaje dominante fue el de actuar con “nervios de acero”, una consigna que, según indicó, el propio presidente Maduro suele utilizar en contextos de crisis.

Continuidad institucional y rol de la Asamblea Nacional

En paralelo a la movilización social, el país transita un momento institucional relevante. Este 5 de enero, conforme al calendario constitucional, asume funciones la nueva Asamblea Nacional, lo que agrega un elemento central al escenario político.

Navarro explicó que, ante la ausencia del presidente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia realizó una interpretación de la norma y ordenó que la vicepresidenta asuma las funciones del jefe de Estado de manera temporal. Según sostuvo, la Constitución venezolana prevé mecanismos de continuidad ante ausencias, aunque “ninguna constitución del planeta prevé el secuestro del jefe de Estado”.

Desde esa perspectiva, el periodista remarcó que el chavismo mantiene el control del gobierno nacional y que el funcionamiento institucional continúa, incluso en un contexto que definió como “extraordinario”.

Oposición, escenario internacional y expectativas sociales

En relación con la oposición, Navarro diferenció entre los sectores que actúan dentro del país y aquellos que, según afirmó, se encuentran fuera de Venezuela y tienen mayor visibilidad en la prensa internacional. Señaló que los partidos de oposición que participan de la vida política interna cuentan con representación parlamentaria y rechazaron una agresión militar contra el país, sumándose a una convocatoria unitaria previa.

En contraste, indicó que los sectores que promueven sanciones o intervenciones desde el exterior “no tienen capacidad de movilización interna”, mientras que la oposición que permanece en Venezuela apuesta al juego democrático y al respeto del orden constitucional.

Respecto del clima social, Navarro sostuvo que la población muestra disciplina política y alto nivel de conciencia, producto de los últimos veinte años de conflictividad. “No hay desbordamientos ni justicia por mano propia”, afirmó, y anticipó que en los próximos días el accionar popular seguirá canalizado a través de convocatorias oficiales y conducción política.

Finalmente, señaló que existen conversaciones y negociaciones a nivel del alto gobierno, cuyos resultados se conocerán con el correr de las horas, en un escenario que permanece dinámico y abierto.

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Causa Espert-Machado: la Justicia allanó el Congreso y el domicilio del diputado libertario

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Allanan el despacho y la vivienda de José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculado a Fred Machado.

La Justicia Federal de San Isidro dispuso allanamientos simultáneos en el domicilio del diputado y en su despacho del Congreso. La investigación, originada por una denuncia de Juan Grabois, apunta a una transferencia de USD 200.000 realizada por el empresario argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

La Justicia avanza sobre Espert por presuntos vínculos con una red internacional

Por orden del Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del magistrado Lino Mirabelli, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron este jueves allanamientos en el domicilio particular del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad bonaerense de Beccar, y en su despacho del Congreso de la Nación.

Las medidas se enmarcan en una investigación por presunto lavado de dinero derivada de una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois, que señala al legislador por sus supuestos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente imputado y detenido por narcotráfico en los Estados Unidos.

Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue ejecutado bajo secreto de sumario por orden del fiscal federal Federico Domínguez. Durante el allanamiento en su vivienda, Espert entregó voluntariamente un teléfono celular, que quedará en poder de la Justicia hasta su peritaje forense.

El propio legislador recibió a los agentes en su domicilio acompañado por su equipo de abogados. Paralelamente, en el Congreso, la Cámara de Diputados autorizó el ingreso de la PFA al despacho del legislador, en cumplimiento del pedido judicial remitido por Mirabelli, conforme al procedimiento previsto para funcionarios con fueros parlamentarios.

El despacho de Espert quedó clausurado con fajas de seguridad, mientras personal judicial retiraba documentación y equipos electrónicos.

La denuncia de Grabois y la transferencia investigada

La causa tuvo origen en una transferencia de USD 200.000 que, según registros financieros del Bank of America, fue realizada por una empresa vinculada a Fred Machado a nombre de Espert. La denuncia plantea que esos fondos podrían provenir de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, juzgada por la justicia federal del Estado de Texas (EE.UU.), y que podrían configurar el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303 inciso 1 del Código Penal argentino.

El nombre del diputado libertario aparece además en documentación contable paralela utilizada como prueba en el juicio que culminó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia comercial de Machado.

En su descargo público, Espert explicó que el pago correspondía a un “adelanto de honorarios profesionales” por un asesoramiento económico a la firma Minas del Pueblo de Guatemala, presuntamente vinculada al empresario.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Era un contrato de un millón de dólares, del cual recibí un anticipo de 200 mil”, afirmó Espert en un video difundido en redes sociales.

Según su versión, el trabajo nunca se concretó por la irrupción de la pandemia y porque, tras su participación electoral de 2019, no retomó la actividad profesional privada.

Efectos políticos: licencia, renuncia y crisis interna en La Libertad Avanza

El escándalo judicial derivó en una serie de decisiones políticas inmediatas por parte del legislador. En primer lugar, renunció a su candidatura electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego solicitó licencia en su banca de la Cámara de Diputados. También renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, uno de los espacios de mayor influencia legislativa dentro del oficialismo.

En paralelo, la Policía Federal también allanó la vivienda de Fred Machado en Viedma, donde el empresario cumplía prisión domiciliaria mientras avanza su proceso de extradición a Estados Unidos. En ese procedimiento, los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo, en el que se consignaba un pago total de USD 1.000.000 a favor de Espert.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación busca determinar si existió una intermediación financiera o societaria orientada a encubrir operaciones de lavado internacional de activos a través de contratos de asesoría ficticios.

La resolución de Mirabelli se inscribe en una línea de cooperación judicial con Estados Unidos, que desde 2023 mantiene abierta una causa espejo vinculada a las operaciones financieras del empresario argentino.

De comprobarse los vínculos, el caso podría derivar en una acusación formal contra el diputado por lavado de dinero y asociación ilícita, con potencial impacto político sobre el bloque de La Libertad Avanza, que enfrenta su primera crisis institucional de magnitud desde la asunción de Javier Milei.

Por el momento, el expediente continuará bajo secreto de sumario mientras se analizan los dispositivos electrónicos incautados y las transferencias bancarias detectadas en el exterior.

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Maduro juro como presidente de Venezuela por el periodo 2025-2031

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Este viernes Nicolás Maduro juramentó como presidente de Venezuela, iniciando así su tercer mandato. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, inició la sesión al anunciar que Maduro juramentaría sobre la constitución original de Hugo Chávez

Luego, Rodríguez declaró investido a Maduro para el periodo 2025-2031 y le impuso la banda presidencial, acompañado de un grupo de ciudadanos.

Además, le impusieron el collar de la Orden de Libertadores y Libertadoras de Venezuela, que guarda la llave del libro de actas de la Independencia de Venezuela. Luego entonaron en la Asamblea Nacional el himno nacional.

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El presidente del Congreso de Perú dijo que el adelanto de las elecciones no está descartado

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El presidente del Congreso unicameral de Perú, José Williams, afirmó hoy que entre marzo y julio “se puede volver a tratar el tema” del eventual adelantamiento de las elecciones generales, reclamado por la opinión pública y rechazado hasta ahora por el parlamento, pero advirtió que las diferentes bancadas “no se ponen de acuerdo”.

“De aquí a julio se puede volver a tratar el tema, no solamente en esta legislatura que ya terminó el 17, sino también a partir del 1 de marzo podemos ver el tema con un nuevo dictamen”, dijo Williams en declaraciones a periodistas.

Las elecciones generales están previstas para 2026 y su anticipo es reclamado por gran parte de la opinión pública y por los manifestantes que protestan en las calles desde el 7 de diciembre pasado, pero depende de un complejo proceso legal.

La Constitución establece que la modificación de la fecha de elecciones implica una reforma constitucional y solo puede ser aprobada por dos tercios del Congreso en dos períodos legislativos consecutivos o una sola vez con mayoría simple, pero en este caso debe ser ratificado por un referendo.

Al haber finalizado el viernes pasado la legislatura 2022-23 sin aprobar el adelanto de los comicios, la única posibilidad de que se efectúen este año quedó limitada a la aprobación por mayoría simple y la realización de un referendo.

Desde el comienzo del año, el parlamento debatió más de media docena de iniciativas destinadas a adelantar las elecciones, algunas a 2023 y otras a 2024, y en algunos casos con el agregado de un llamado a referendo sobre la necesidad de reformar la Constitución, pero ninguna obtuvo el número necesario de votos para ser aprobada.

Williams sostuvo que los congresistas deben llegar a un consenso antes de volver a presentar una propuesta de adelanto de comicios que pueda prosperar.

“Es necesario un tiempo de meditación, un tiempo para que los congresistas puedan pensar bien en el asunto y no nos apresuremos con un proyecto a 2023, 2024, otros a 2026, creo que una calma es conveniente para analizar bien las cosas”, dijo.

“Hay congresistas que quieren que sea en 2023 pero con constituyente, otros abril 2024 y otros 2026; cada uno de ellos tiene sus razones y no llegan a un consenso porque son políticos, no se ponen de acuerdo”, apuntó, según la agencia de noticias Andina.

Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

Los manifestantes reclaman esencialmente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que sucedió a Castillo por ser hasta entonces su vice, y el adelantamiento de las elecciones generales.

En esas protestas murieron 49 personas (48 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.298 personas (entre ellas, 333 policías y seis militares) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado ayer.

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