La destrucción del entramado empresario y del empleo privado registrado se convirtió en uno de los datos más sensibles de la economía real. Según el informe semanal del Instituto Argentina Grande, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 cerraron 24.437 empresas en el país, una caída equivalente al 4,8% del total. El ritmo promedio marca una pérdida de alrededor de 30 empresas por día, más de una por hora.
El deterioro no fue homogéneo, pero sí federal. La caída alcanzó a 23 de las 24 jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires concentró el mayor impacto absoluto, con 5.374 empresas menos. Le siguieron Córdoba, con 4.159 firmas menos, y Santa Fe, con una pérdida cercana a las 2.774 empresas. En el otro extremo, Neuquén aparece como la única provincia con saldo positivo.
En términos relativos, la foto es todavía más dura para las economías provinciales de menor escala. La Rioja encabeza el ranking de deterioro empresario con una caída del 20,3%, seguida por Catamarca, con 15,5%, y Chaco, con 13,6%. También aparecen con retrocesos de dos dígitos Tierra del Fuego, Jujuy, Formosa y Misiones. En Misiones, el informe registra 1.034 empresas menos, una contracción relativa del 10,5%.
Ranking de destrucción de empresas
Noviembre 2023 – febrero 2026 | Variación absoluta
Puesto
Provincia
Empresas perdidas
1
Buenos Aires
-5.374
2
Córdoba
-4.159
3
Santa Fe
-2.774
4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
-2.082
5
Mendoza
-1.457
6
Chaco
-1.088
7
Misiones
-1.034
8
Entre Ríos
-935
9
Corrientes
-752
10
Chubut
-562
Total país: -24.437 empresas. Fuente: Instituto Argentina Grande en base a SRT.
El empleo privado registrado siguió la misma trayectoria. Desde noviembre de 2023 se perdieron 205.680 puestos formales en el sector privado, una baja nacional del 3,3%. La destrucción equivale a 254 empleos privados registrados por día. La provincia de Buenos Aires volvió a explicar el mayor volumen absoluto, con 73.370 empleos menos. Le siguieron Córdoba, con 15.460, Santa Fe, con 11.570, y Misiones, con 10.100 empleos destruidos.
Ranking de destrucción de empleo privado registrado
Noviembre 2023 – febrero 2026 | Variación absoluta
Puesto
Provincia
Empleos perdidos
1
Buenos Aires
-73.370
2
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
-36.300
3
Córdoba
-15.460
4
Santa Fe
-11.570
5
Misiones
-10.100
6
Santa Cruz
-9.690
7
Salta
-7.620
8
Chaco
-6.970
9
Chubut
-6.180
10
Tierra del Fuego
-5.130
Total país: -205.680 empleos privados registrados. Fuente: Instituto Argentina Grande en base a SIPA.
La lectura relativa muestra otra dimensión del ajuste. Santa Cruz fue la provincia más golpeada en empleo formal, con una caída del 15,9%. Le siguieron Tierra del Fuego, con 13,2%, Formosa, con 11,5%, Misiones, con 9,3%, y Chaco, con 9,0%. Sólo Neuquén y Río Negro lograron crear empleo privado registrado en el período analizado.
El dato central es que la crisis no se limita a un sector ni a una región: combina cierre de empresas, destrucción de empleo formal, debilidad del mercado interno, caída de la construcción y deterioro de las pequeñas y medianas empresas. En ese mapa, Misiones aparece entre las jurisdicciones con mayor pérdida relativa de empresas y empleo, lo que expone la fragilidad de una economía provincial intensiva en comercio, servicios, agroindustria y pymes.
En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes de pequeñas y medianas empresas encendieron una señal de alerta sobre el estado real de la economía: caída sostenida del consumo, pérdida de capital de trabajo y presión impositiva creciente, especialmente a nivel provincial y municipal.
El reclamo, canalizado por la CAME, incluyó la exigencia de un “nuevo consenso fiscal” y la posibilidad de declarar la emergencia PyME. La pregunta que atraviesa el debate es política: ¿el Congreso tomará un rol activo frente a la crisis microeconómica o quedará subordinado al enfoque macro del Gobierno?
Consumo en retroceso y presión tributaria: el diagnóstico del sector
Durante la reunión conjunta de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Comercio, dirigentes empresariales describieron un escenario crítico. La caída del consumo aparece como el principal factor de estrangulamiento.
“El 95% de las PyMEs viven del consumo interno. Podemos tener las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada”, advirtió Gerardo Díaz Beltrán, representante de la Confederación Económica de Misiones. La definición no es menor: desplaza el eje del debate desde la normativa hacia la demanda, en un contexto donde la recuperación macroeconómica no logra traccionar ventas.
Desde la conducción de la CAME, también se puso el foco en el peso del sistema tributario. Vicente Lourenzo, de la comisión de Asuntos Tributarios, planteó la necesidad de una “reforma fiscal, tributaria y previsional” y apuntó directamente contra Ingresos Brutos, al que calificó como “muy regresivo y perjudicial para la actividad económica”.
El problema, según explicaron, no es solo la carga impositiva, sino el mecanismo de recaudación. Las retenciones y percepciones anticipadas —a través de tarjetas o plataformas— impactan directamente sobre el capital de trabajo. “Nos sacan antes de que se devengue el impuesto”, sintetizó Lourenzo.
Gerardo Díaz Beltrán, de la Confederación Económica de Misiones
Tensiones federales: provincias, municipios y “aduanas internas”
El debate dejó expuesta una tensión estructural del esquema fiscal argentino: la relación entre Nación, provincias y municipios.
Desde el sector empresario denunciaron que varias jurisdicciones están profundizando mecanismos que afectan la circulación de mercadería. “Hay provincias que están generando aduanas internas”, señalaron, en referencia a pagos anticipados de Ingresos Brutos para permitir el ingreso de productos.
En paralelo, cuestionaron el crecimiento de tasas municipales que, según indicaron, no guardan relación con servicios prestados. Este punto abre un frente político sensible: la presión fiscal subnacional aparece como un límite para cualquier intento de reactivación desde el consumo.
El Congreso como árbitro: entre la emergencia y la reforma
El plenario no solo funcionó como diagnóstico, sino también como plataforma de presión política. Los empresarios pidieron avanzar en una declaración de emergencia PyME a nivel nacional, en línea con lo que ya ocurre en Santa Cruz, donde se registran ocho meses consecutivos de caída del consumo.
Además, surgieron cuestionamientos al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Según expusieron, el esquema actual deja afuera a un segmento significativo de empresas. El pedido es concreto: ampliar su alcance y extender la estabilidad de beneficios, actualmente de 2 años, a un plazo mayor.
En el plano legislativo, se evidenció una diferencia de enfoque. Desde sectores de la oposición se planteó la necesidad de avanzar en una ley que atienda la crisis del sector, mientras que desde el oficialismo se defendió la prioridad de estabilizar la macroeconomía y controlar la inflación.
Entre la macro y la economía real
El debate expone una fractura clásica pero vigente: el desfasaje entre indicadores macroeconómicos y la realidad de las empresas. Mientras algunos legisladores destacan señales de estabilización, el entramado PyME advierte sobre cierres, pérdida de rentabilidad y caída de ventas.
El dato aportado en el plenario —24.180 empresas cerradas desde diciembre de 2023— refuerza esa tensión y eleva el costo político de la inacción.
En ese contexto, el Congreso aparece como un espacio de negociación clave. La propuesta de conformar una mesa de trabajo con CAME sugiere un intento de institucionalizar el diálogo, aunque sin garantías de resultados inmediatos.
Pablo Farías, presidente de la Comisión de PyMEs
Consumo, impuestos y gobernabilidad económica
Lo que dejó el plenario es menos una resolución que una advertencia. El reclamo PyME articula variables económicas y políticas: consumo deprimido, presión fiscal y falta de previsibilidad.
En las próximas semanas, el foco estará en dos frentes. Por un lado, si el Congreso logra avanzar en herramientas concretas —emergencia, reforma o alivio fiscal—. Por otro, cómo evoluciona la relación entre Nación y provincias en materia tributaria.
El trasfondo es más amplio: la sostenibilidad del modelo económico en su dimensión micro. Porque, como plantearon los empresarios, sin consumo no hay crecimiento que se sostenga en el tiempo. Y ese punto, más que técnico, empieza a convertirse en un problema político.
El clima de negocios en Misiones atraviesa uno de sus momentos más complejos del último año. La última encuesta provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), basada en 256 empresarios de todos los sectores, revela un fuerte deterioro en las expectativas, con un salto en el pesimismo sobre la evolución de la economía argentina y señales concretas de parálisis en el mercado laboral.
El dato más contundente es el salto en la desconfianza: el descreimiento sobre el crecimiento de la Argentina en los próximos seis meses alcanzó su nivel más alto del último año. Apenas el 32% de los encuestados cree que el país crecerá, mientras que el 24% considera que no lo hará y un 38% se mantiene en la incertidumbre.
El panorama es aún más crítico cuando se observa la mirada sobre la economía provincial: sólo el 9% de los empresarios cree que Misiones crecerá en el corto plazo, frente a un 49% que descarta esa posibilidad y un 34% que no logra proyectar una tendencia.
La percepción inflacionaria es prácticamente unánime: el 99% de los empresarios detectó aumentos de precios en marzo. Este dato confirma que, pese a la desaceleración de algunos indicadores oficiales, la dinámica inflacionaria sigue presente en la economía real.
En paralelo, crecen las señales de estrés financiero. El 33% reportó un leve aumento en la mora de pagos de sus clientes y otro 21% indicó que el incremento fue significativo. Solo el 30% percibe estabilidad.
El sistema de pagos también muestra tensiones: entre quienes operan con cheques, el 26% recibe rechazos con frecuencia y el 25% de manera ocasional, lo que evidencia un deterioro en la cadena de pagos.
El movimiento económico de marzo se mantuvo mayormente en terreno “regular” (47%), consolidando una tendencia de estancamiento. Apenas el 12% lo calificó como positivo (11% bueno y 1% muy bueno), mientras que el 38% lo ubicó en terreno negativo (23% malo y 15% muy malo).
Por sectores, Turismo y Servicios lograron sostener un desempeño regular, mientras que Comercio, Industria y Producción mostraron resultados mayormente negativos, en línea con la debilidad del consumo interno.
Uno de los indicadores más relevantes del informe es la virtual congelación del empleo: el 88% de las empresas no adoptó medidas sobre su personal, es decir, no contrata ni despide. Solo el 10% prevé despidos y apenas el 1% evalúa incorporar trabajadores.
Entre las principales barreras para contratar, los empresarios señalan las cargas laborales (27%), la inestabilidad económica (24%), el riesgo sindical (13%) y el temor a juicios laborales (11%). El dato refleja no sólo un problema de costos, sino también de incertidumbre jurídica y macroeconómica.
La estructura de costos aparece como el principal condicionante de la actividad. A nivel nacional, las principales preocupaciones son la carga tributaria (24%), el costo laboral (21%) y la recesión (18%), seguidas por la corrupción (10%) y las dificultades de financiamiento (9%).
En el plano provincial, el diagnóstico se mantiene: la carga tributaria (30%) y las barreras arancelarias (28%) lideran las preocupaciones, mientras que la corrupción (17%) y los problemas de infraestructura (9%) completan el cuadro.
A nivel municipal, el foco está puesto en la informalidad y la competencia desleal (21%), junto con tasas e impuestos locales (14%), el impacto del comercio fronterizo (12%) y la burocracia administrativa (11%).
Un diagnóstico estructural
El informe de la CEM no sólo describe una coyuntura adversa, sino que expone un problema estructural: la combinación de alta presión fiscal, costos laborales elevados, incertidumbre económica y debilidad del consumo configura un escenario donde las pymes operan sin margen.
El dato final sintetiza el momento: sin expectativas de crecimiento, con inflación percibida de manera casi unánime y con el empleo congelado, el sector empresario de Misiones enfrenta un escenario de resistencia más que de expansión.
