En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes de pequeñas y medianas empresas encendieron una señal de alerta sobre el estado real de la economía: caída sostenida del consumo, pérdida de capital de trabajo y presión impositiva creciente, especialmente a nivel provincial y municipal.

El reclamo, canalizado por la CAME, incluyó la exigencia de un “nuevo consenso fiscal” y la posibilidad de declarar la emergencia PyME. La pregunta que atraviesa el debate es política: ¿el Congreso tomará un rol activo frente a la crisis microeconómica o quedará subordinado al enfoque macro del Gobierno?

Consumo en retroceso y presión tributaria: el diagnóstico del sector

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Comercio, dirigentes empresariales describieron un escenario crítico. La caída del consumo aparece como el principal factor de estrangulamiento.

“El 95% de las PyMEs viven del consumo interno. Podemos tener las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada”, advirtió Gerardo Díaz Beltrán, representante de la Confederación Económica de Misiones. La definición no es menor: desplaza el eje del debate desde la normativa hacia la demanda, en un contexto donde la recuperación macroeconómica no logra traccionar ventas.

Desde la conducción de la CAME, también se puso el foco en el peso del sistema tributario. Vicente Lourenzo, de la comisión de Asuntos Tributarios, planteó la necesidad de una “reforma fiscal, tributaria y previsional” y apuntó directamente contra Ingresos Brutos, al que calificó como “muy regresivo y perjudicial para la actividad económica”.

El problema, según explicaron, no es solo la carga impositiva, sino el mecanismo de recaudación. Las retenciones y percepciones anticipadas —a través de tarjetas o plataformas— impactan directamente sobre el capital de trabajo. “Nos sacan antes de que se devengue el impuesto”, sintetizó Lourenzo.

Tensiones federales: provincias, municipios y “aduanas internas”

El debate dejó expuesta una tensión estructural del esquema fiscal argentino: la relación entre Nación, provincias y municipios.

Desde el sector empresario denunciaron que varias jurisdicciones están profundizando mecanismos que afectan la circulación de mercadería. “Hay provincias que están generando aduanas internas”, señalaron, en referencia a pagos anticipados de Ingresos Brutos para permitir el ingreso de productos.

En paralelo, cuestionaron el crecimiento de tasas municipales que, según indicaron, no guardan relación con servicios prestados. Este punto abre un frente político sensible: la presión fiscal subnacional aparece como un límite para cualquier intento de reactivación desde el consumo.

El Congreso como árbitro: entre la emergencia y la reforma

El plenario no solo funcionó como diagnóstico, sino también como plataforma de presión política. Los empresarios pidieron avanzar en una declaración de emergencia PyME a nivel nacional, en línea con lo que ya ocurre en Santa Cruz, donde se registran ocho meses consecutivos de caída del consumo.

Además, surgieron cuestionamientos al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Según expusieron, el esquema actual deja afuera a un segmento significativo de empresas. El pedido es concreto: ampliar su alcance y extender la estabilidad de beneficios, actualmente de 2 años, a un plazo mayor.

En el plano legislativo, se evidenció una diferencia de enfoque. Desde sectores de la oposición se planteó la necesidad de avanzar en una ley que atienda la crisis del sector, mientras que desde el oficialismo se defendió la prioridad de estabilizar la macroeconomía y controlar la inflación.

Entre la macro y la economía real

El debate expone una fractura clásica pero vigente: el desfasaje entre indicadores macroeconómicos y la realidad de las empresas. Mientras algunos legisladores destacan señales de estabilización, el entramado PyME advierte sobre cierres, pérdida de rentabilidad y caída de ventas.

El dato aportado en el plenario —24.180 empresas cerradas desde diciembre de 2023— refuerza esa tensión y eleva el costo político de la inacción.

En ese contexto, el Congreso aparece como un espacio de negociación clave. La propuesta de conformar una mesa de trabajo con CAME sugiere un intento de institucionalizar el diálogo, aunque sin garantías de resultados inmediatos.

Consumo, impuestos y gobernabilidad económica

Lo que dejó el plenario es menos una resolución que una advertencia. El reclamo PyME articula variables económicas y políticas: consumo deprimido, presión fiscal y falta de previsibilidad.

En las próximas semanas, el foco estará en dos frentes. Por un lado, si el Congreso logra avanzar en herramientas concretas —emergencia, reforma o alivio fiscal—. Por otro, cómo evoluciona la relación entre Nación y provincias en materia tributaria.

El trasfondo es más amplio: la sostenibilidad del modelo económico en su dimensión micro. Porque, como plantearon los empresarios, sin consumo no hay crecimiento que se sostenga en el tiempo. Y ese punto, más que técnico, empieza a convertirse en un problema político.