crisis sanitaria argentina

Récord: 45% de los niños y adolescentes dependen solo de la salud pública

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El deterioro del empleo registrado, la escalada de las prepagas y la pérdida de cobertura social están reconfigurando el mapa sanitario argentino. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis de Gestión (IAG), elaborado en base a datos del INDEC, durante el segundo semestre de 2025 se alcanzó un récord histórico en toda la serie estadística: el 45% de los niños, niñas y adolescentes del país no tiene cobertura médica adicional y depende exclusivamente del sistema público de salud.

En términos absolutos, son 3.631.000 menores de 18 años los que solo cuentan con hospitales y centros de salud públicos para atenderse. La cifra forma parte de un universo total de 10.293.000 personas que quedaron sin obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, consolidando un fuerte retroceso en la cobertura sanitaria.

El dato no solo expone una crisis sanitaria, sino también una consecuencia directa del deterioro del mercado laboral y del fuerte incremento de los costos de la medicina privada.

Más de 742 mil personas perdieron cobertura en dos años

En comparación con el segundo semestre de 2023, cuando había 9.551.000 personas dependiendo exclusivamente del sistema público, en 2025 se sumaron 742 mil nuevos casos.

Ese incremento se distribuyó de la siguiente manera:

  • 254 mil menores de 18 años
  • 467 mil personas entre 18 y 64 años
  • 20 mil mayores de 65 años

En el caso de los adultos mayores, el impacto es menor debido a que el 96,7% cuenta con cobertura a través de PAMI.

El informe vincula esta situación con dos factores centrales: la desregulación del sistema de medicina prepaga y la caída del empleo registrado.

Personas sin cobertura médica adicional (2° semestre 2025)
Grupo Cantidad
Menores de 18 años 3.631.000
18 a 64 años 6.542.000
Mayores de 65 años 119.000
Total 10.293.000

Desde el DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei, que liberó el precio de las prepagas, estos servicios aumentaron un 417%, frente a una inflación acumulada de 293% en el mismo período. Paralelamente, se perdieron 206 mil empleos registrados desde el inicio de la actual gestión nacional, reduciendo el acceso a obra social y arrastrando también a los grupos familiares de esos trabajadores.

La desprotección laboral también marcó un récord

El fenómeno sanitario está estrechamente vinculado al deterioro del empleo formal. La tasa de desprotección laboral alcanzó el 44,9% de los ocupados, el nivel más alto de toda la serie, lo que significa que más de 6 millones de trabajadores no cuentan con cobertura derivada del empleo formal.

Como consecuencia, la población con obra social, prepaga o mutual cayó del 67,5% en el segundo semestre de 2023 al 65,4% en igual período de 2025. Es decir, en apenas dos años se perdieron 2,1 puntos porcentuales de cobertura médica privada o sindical.

El impacto fue mayor en las mujeres

El informe también revela una fuerte feminización de la pérdida de cobertura médica.

De las 742 mil personas que quedaron sin cobertura en los últimos dos años, el 59,8% fueron mujeres: unas 444 mil personas más, frente a 298 mil varones.

Esto provocó que, por primera vez en este período, las mujeres pasaran a ser mayoría dentro del grupo que depende exclusivamente del sistema público:

  • Mujeres: 5.180.000
  • Varones: 5.113.000

Según IAG, este comportamiento está directamente relacionado con el mayor deterioro de la inserción laboral femenina. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025, la desprotección laboral creció 8,5% entre las mujeres, frente a un 4,6% en los varones.

La pérdida de empleo formal, la informalidad y la mayor vulnerabilidad ocupacional explican buena parte de este desplazamiento.

Una presión creciente sobre el sistema público

El crecimiento sostenido de personas sin cobertura privada implica una presión cada vez mayor sobre hospitales, centros de salud y redes sanitarias provinciales.

Con más de 10 millones de personas dependiendo exclusivamente del sistema público, el desafío ya no es solo presupuestario, sino estructural: más demanda, mayores tiempos de espera, más costos de atención y un sistema que debe absorber el impacto de una crisis económica que también se expresa en la salud.

El dato más alarmante sigue siendo el de la infancia: casi uno de cada dos menores de edad en Argentina depende exclusivamente del sistema público para atender su salud. Una señal clara de que la crisis dejó de ser solo económica y ya impacta de lleno en la protección social más básica.

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Passalacqua cargó contra el recorte de Nación en salud y advirtió por el aumento de suicidios y violencia de género

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dedicó un tramo central de su discurso de apertura legislativa a la situación sanitaria de la provincia y lanzó duras críticas al Gobierno nacional por el recorte del programa Remediar, al tiempo que expuso cifras alarmantes sobre suicidios, violencia familiar y femicidios.

Desarticular una política pública que funciona hace más de 20 años, pasando de enviar 60 medicamentos esenciales a tan solo 3 a partir de agosto, es un golpe directo a la atención primaria”, afirmó el mandatario al referirse a la reducción del programa Remediar, una decisión que obligará a la provincia a asumir mayores costos para sostener la cobertura sanitaria de los sectores más vulnerables. “Frente a este vacío, otra vez, es la provincia la que sale a cubrir esa carencia asumiendo los costos, porque la salud y los medicamentos de nuestra población no pueden ser nunca la variable de ajuste”, sostuvo.

Passalacqua remarcó que el esfuerzo provincial no implica convalidar esa política y aseguró que Misiones ya inició los reclamos correspondientes. “Nuestro esfuerzo no avala esta injusticia. Por eso, estamos reclamando en los ámbitos que corresponden”, sentenció.

En paralelo, el gobernador destacó avances en infraestructura y equipamiento sanitario. Subrayó que el PET, anunciado el año pasado, ya funciona con un promedio de 20 estudios semanales y lo definió como una herramienta clave para el diagnóstico oncológico, cardiológico y neurológico.

También resaltó la incorporación del equipo “Alcon Constellation” en el servicio de Oftalmología del Hospital Madariaga, una tecnología de última generación para cirugías de cataratas, retina y vitrectomías, tanto en adultos como en niños. “Estas cirugías requerían históricamente la derivación y traslado hacia Buenos Aires. Proyectamos alcanzar para fin de año mil cirugías con esta gran incorporación”, explicó.

A esto se suma el tercer trasplante cardíaco pediátrico exitoso realizado desde el IPS y la ampliación de cobertura de medicamentos de alto costo para enfermedades complejas.

En ese marco, Passalacqua anunció además una mejora para jubilados y pensionados provinciales: “Desde mayo, nuestros jubilados y pensionados provinciales recibirán un incremento en sus haberes aplicado a la movilidad previsional”, dijo, tras confirmar un reconocimiento parcial de deuda de la ANSES con el IPS.

La red sanitaria también se fortaleció con la incorporación de 17 nuevas ambulancias, cinco de ellas de alta complejidad, alcanzando un total de 142 unidades operativas en toda la provincia.

Además, se entregaron equipos laparoscópicos en Posadas, Oberá y Jardín América, junto con nuevos tomógrafos para Eldorado, Puerto Iguazú y próximamente para el Hospital de Pediatría. También se distribuyeron seis ecógrafos para hospitales de Leandro N. Alem, San Vicente, Aristóbulo del Valle, Wanda y Oberá.

En infraestructura hospitalaria, el Hospital Nivel I de Pozo Azul ya presenta un avance del 75% y será inaugurado en julio. Según explicó el gobernador, atenderá la demanda de dos municipios recientemente creados que reúnen cerca de 30 mil familias. También avanzan las obras del Hospital Nivel III de Puerto Rico, con un 59% de ejecución, y la remodelación integral del Hospital Nivel I de Almafuerte.

Suicidios, violencia y una alerta social creciente

Uno de los pasajes más sensibles del discurso estuvo vinculado a salud mental y violencia social. Durante 2025, Misiones registró más de 1.300 situaciones vinculadas al suicidio: más del 56% fueron intentos y poco más del 12% suicidios consumados.

La provincia presenta una tasa de 11,5 suicidios cada 100 mil habitantes, con mayor incidencia en jóvenes de entre 20 y 24 años. El 81% de los casos corresponde a varones. “Nos ocupan y nos interpelan con urgencia”, advirtió Passalacqua.

El gobernador remarcó que Misiones forma parte del reducido grupo de seis provincias argentinas que cuentan con programas específicos para abordar esta problemática, mediante acciones de prevención, asistencia, rehabilitación y posvención.

También alertó por el crecimiento de la violencia familiar y de género. En 2025 se contabilizaron más de 31 mil denuncias, casi un 6% más que el año anterior: 86 denuncias por día. En más del 79% de los casos, las víctimas fueron mujeres.

Además, el año pasado cerró con la cifra más alta de femicidios en los últimos seis años: 11 casos. “Reafirmamos nuestros valores de protección de la vida, la dignidad y la igualdad”, afirmó.

Como respuesta a este escenario, el Gobierno provincial fortaleció los Centros de Primera Escucha del programa “Espacio 33.3 – Hay respuesta”, que pasaron de dos centros en Posadas a 17 en toda la provincia en menos de un año, con más de mil voluntarios capacitados.

Estos espacios trabajan en prevención de adicciones, abusos, consumos problemáticos y conflictos sociales.

Passalacqua también advirtió sobre el aumento de la conflictividad en las escuelas, donde crece la demanda de los Gabinetes Psicopedagógicos Interdisciplinarios. Actualmente funcionan 15 sedes distribuidas en toda la provincia con equipos integrados por distintos profesionales.

Finalmente, recordó que el sistema educativo misionero sostiene a más de 400 mil estudiantes y 35 mil docentes, una estructura que definió como prioritaria y que demanda una parte sustancial del presupuesto provincial.

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La SAP alerta por la caída de la vacunación y el riesgo de reaparición de enfermedades

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La caída sostenida en las coberturas de vacunación en Argentina encendió una señal de alerta en el sistema de salud. En un contexto atravesado por la reaparición de enfermedades inmunoprevenibles y un incremento de la mortalidad infantil, la Sociedad Argentina de Pediatría advirtió sobre el deterioro de uno de los pilares históricos de la salud pública.

El pronunciamiento se dio en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas 2026, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud, que se desarrolla entre el 25 de abril y el 2 de mayo. Allí, los especialistas pusieron el foco en un fenómeno que ya muestra consecuencias concretas: la disminución de la inmunidad colectiva.

La evidencia es contundente. La vacunación ha permitido salvar más de 150 millones de vidas en los últimos cincuenta años a nivel global y fue determinante para erradicar enfermedades como la viruela, además de eliminar en Argentina patologías como la poliomielitis, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita.

También fue clave en la drástica reducción de la hepatitis A, cuya incidencia cayó más del noventa por ciento tras la incorporación de la vacuna al calendario nacional.

Sin embargo, ese avance histórico hoy enfrenta un retroceso. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación citados por la Sociedad Argentina de Pediatría, uno de cada tres niños no recibió el refuerzo de la vacuna quíntuple correspondiente a los quince meses, mientras que apenas la mitad de los niños de cinco años contaba con el esquema completo al momento de ingresar a la escuela.

El panorama se agrava en el caso de las personas gestantes. En 2025, las coberturas de la vacuna contra la tos convulsa y el tétanos neonatal alcanzaron el setenta y siete por ciento, mientras que la inmunización contra el virus sincicial respiratorio —principal causa de bronquiolitis en lactantes— llegó apenas al sesenta y cinco por ciento. Niveles muy por debajo del noventa y cinco por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la inmunidad colectiva.

Las consecuencias ya son visibles. Durante 2025 se registró el mayor número de casos de tos convulsa desde 2019, con once niños fallecidos. Ninguno de ellos había recibido las vacunas correspondientes. A su vez, los casos de hepatitis A se multiplicaron por cuatro en las primeras semanas de 2026 en comparación con los años previos, en un contexto de menor cobertura inmunológica.

“Cuando baja la vacunación, aumenta el riesgo de brotes”, advirtió la infectóloga Alejandra Gaiano, quien subrayó que el sistema ya está viendo “las consecuencias en tiempo real”.

El fenómeno no responde a una única causa. Entre los factores identificados aparecen las dificultades de acceso al sistema de salud, la pérdida de percepción del riesgo frente a enfermedades que parecían erradicadas y, especialmente, la circulación de información no basada en evidencia.

“La desinformación es uno de los principales desafíos actuales. Existe abundante evidencia científica que respalda la seguridad y eficacia de las vacunas”, sostuvo la pediatra Guadalupe Pérez, al tiempo que llamó a reforzar el vínculo entre la población y los profesionales de la salud.

En este escenario, la Sociedad Argentina de Pediatría plantea la necesidad de recuperar una estrategia integral de inmunización, que no se limite a la infancia sino que abarque todas las etapas de la vida. La vacunación, remarcan, debe volver a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria.

El mensaje es claro: la vacunación no solo protege a quien recibe la dosis, sino que constituye una barrera colectiva frente a enfermedades potencialmente graves. Y ese escudo, advierten los especialistas, hoy comienza a debilitarse.

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Remediar en jaque: alerta sanitaria por el ajuste que pone en riesgo a millones de pacientes

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El anuncio del Gobierno nacional sobre el cierre o reconversión del Plan Remediar encendió una fuerte alarma en todo el sistema sanitario argentino. Provincias, gremios y especialistas advierten que la medida podría dejar sin acceso a medicamentos esenciales a millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud, en un contexto ya marcado por la creciente demanda y la restricción de recursos.

Según lo expuesto en el Consejo Federal de Salud (COFESA), el programa habría dejado de operar desde el 1° de abril, con una compra de emergencia destinada a cubrir apenas los meses de mayo y junio. A partir de allí, sería reemplazado por una estrategia mucho más acotada, enfocada en enfermedades cardiovasculares y con provisión de apenas tres fármacos, lo que implica un cambio estructural en una de las políticas sanitarias más relevantes de las últimas dos décadas.

Las críticas no tardaron en llegar. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó la decisión como “una de las más graves y difíciles de recuperar”, al advertir que impacta de manera directa en alrededor de 20 millones de personas. Pero más allá del tono político, los cuestionamientos se apoyan en datos concretos: distintos informes ya evidencian una reducción sostenida en la distribución de medicamentos, lo que anticipa un escenario de mayor fragilidad en la atención primaria.

Creado en 2002, el Plan Remediar se consolidó como la columna vertebral del primer nivel de atención en Argentina. Actualmente, distribuye hasta 79 medicamentos esenciales en cerca de 7.800 centros de salud y cubre alrededor del 80% de las consultas. Su alcance incluye tratamientos para enfermedades crónicas y agudas -como diabetes, hipertensión e infecciones-, además de antibióticos, analgésicos y vitaminas, garantizando una respuesta inmediata en los centros de atención barriales.

La eventual reconversión implicaría una reducción drástica de esa cobertura. La red de distribución se achicaría a unos 800 centros y la provisión de medicamentos se limitaría a un número muy reducido de fármacos, lo que en términos operativos supone pasar de una política universal a una intervención focalizada y de alcance limitado.

El impacto de este ajuste no es hipotético. Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria señala que entre 2023 y 2026 la entrega de botiquines cayó un 59% a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la distribución de medicamentos se redujo más de un 55%, evidenciando un proceso de retracción que ya venía en marcha. El documento advierte sobre un “riesgo crítico de discontinuidad terapéutica”, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, lo que podría derivar en complicaciones evitables y un aumento de la demanda hospitalaria.

En paralelo, las provincias comienzan a dimensionar el impacto fiscal de la medida. La eventual retirada de Nación en la provisión de medicamentos obligaría a los sistemas sanitarios provinciales a cubrir esos costos con recursos propios, en un contexto de caída de transferencias y tensión presupuestaria. El efecto es doble: más gasto en salud y mayor presión sobre estructuras que ya operan al límite.

A esto se suma un dato estructural clave: la demanda del sistema público viene en aumento, impulsada por la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas. En ese escenario, la reducción en la provisión de medicamentos no solo afecta a los pacientes, sino que reconfigura el funcionamiento de todo el sistema, desplazando la demanda hacia hospitales de mayor complejidad y tensionando aún más las guardias.

Desde la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) advirtieron que el desfinanciamiento del programa ya genera consecuencias concretas. Su secretario general, Pablo Maciel, sostuvo que miles de pacientes con enfermedades crónicas han dejado de tomar su medicación por no poder costearla, lo que multiplica las internaciones por cuadros que podrían haberse evitado. En ese sentido, fue categórico: “El Remediar no es un gasto, es una inversión en la vida de millones de familias”.

El planteo es compartido por distintos actores del sistema, que coinciden en que el impacto no será inmediato, pero sí progresivo y acumulativo. La interrupción de tratamientos básicos puede derivar en complicaciones de mayor costo sanitario y económico, configurando un escenario en el que el ahorro fiscal de corto plazo se traduce en un mayor gasto a mediano plazo.

En la última reunión del COFESA, las provincias expresaron un rechazo generalizado a la medida y advirtieron sobre sus consecuencias en la sostenibilidad del sistema sanitario. El debate, lejos de cerrarse, abre un nuevo frente de tensión entre Nación y las jurisdicciones, en un momento en que el ajuste fiscal redefine el alcance de las políticas públicas y pone bajo presión a sectores sensibles como la salud.

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