lun. Sep 28th, 2026

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Trabajadores despedidos y empresarios alertaron por la emergencia industrial: el ejemplo de Dass

By Economis Redacción 6 días ago
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La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, presidida por Julia Strada, convocó este martes a una reunión informativa en la que trabajadores despedidos, empresarios y representantes de diferentes sectores de la economía productiva dieron su testimonio sobre la situación actual. La jornada puso en evidencia que la apertura importadora y el abandono del Estado. Son vidas de personas y familias de carne y hueso que están al límite.

Strada abrió la reunión remarcando la urgencia del debate: “El gobierno de Milei quiere cerrar el Congreso. Niegan la realidad. Nosotros hacemos lo opuesto, queremos legislar para que esta crisis no se lleve puesta a la gente”.
El primero en tomar la palabra fue Ezequiel Centurión, trabajador despedido de Granja Tres Arroyos de Capitán Sarmiento, que describió una situación de urgencia extrema: “No se cobró ninguna quincena del mes de julio, ninguna del mes de agosto ni de septiembre. La gente ya no está comiendo”.

José Barbara, también de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay, trazó una comparación que sintetiza el estado de ánimo de muchos: “Hemos pasado la crisis de 2001 y nunca hubo problemas y ahora, el señor presidente entró y en dos años y medio yo quedé sin trabajo”.

Víctor Ávalos, trabajador despedido WADE (Buenos Aires) completó el cuadro con una imagen que se repite en cada rincón del país: “Todos están haciendo Didi, Uber. Salís a la calle, prendés la aplicación y hay 70 autos alrededor. Mi hermano está haciendo un viaje por $3.000”.

Joel Mujica, despedido de Granja Tres Arroyos WADE de San Miguel del Monte, puso el foco en la deuda que se acumula cuando el trabajo desaparece: “Me estoy atrasando en todas las deudas. No sé cómo seguir sosteniendo el pago del colegio de mi hijo. Pero la deuda se va acrecentando y no creo que sea mi único caso”.

Sergio Talenti, empresario de Jorsa Argentina en San Martín, identificó las consecuencias de la apertura importadora: “El amortiguador del Gol, a nosotros, la materia prima nos cuesta $38.000, mientras que lo recibimos final desde China por $17.000. Es imposible que podamos competir”.

Gabriela Diaz, trabajadora despedida de Expreso Brío de Rosario, rechazó el relato de que la crisis es consecuencia de malas decisiones individuales: “Estoy endeudada no por comprarme un televisor para el mundial. Estoy endeudada porque me dejaron de pagar. Estoy en la crisis de este país, que yo no la provoqué”.

Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Sarandí, llegó con pruebas concretas de competencia desleal: “Tenemos una medida antidumping contra China que vence a fin de año. Hemos presentado todas las pruebas donde se demuestra que un calzado chino llega a la Argentina en situación de dumping y no parece haber voluntad de renovarlo. Quieren destruir la industria, es imposible competir en esas condiciones”.

Raúl Javier Amil, empresario del sector autopartista de San Martín, midió las consecuencias comparando con lo que sucede del otro lado de la frontera: “Las terminales que operan en Brasil anunciaron inversiones por USD 20.000 millones mientras que en Argentina solamente por mil y pico millones de dólares”.

Germán Pucheta, trabajador despedido de la textil Emilio Alal de Goya, Corrientes, llevó el testimonio más duro de la jornada: “A la gente le duele la panza porque tiene hambre. La gente tiene hambre, no tiene para comer. Un compañero mío, 64 años, poquito faltó para jubilarse y se terminó quitándose la vida por esto”.

Ezequiel Agüero, dueño de la parrilla Los Agüero en Berazategui que recientemente publicó para 14 puestos de trabajo y se presentaron 1.500 personas, graficó la situación con una escena que resume todo: “Cuando viene un tornero y le preguntas ¿por qué puesto venís a postularte? y te dice por el que sea, te das cuenta qué mal que estuvo nuestro país”.

Federico Soromello, trabajador despedido de la fábrica de caucho de Pampa Energía (Puerto Gral. San Martín, Santa Fe), describió la transformación de una zona que supo ser sinónimo de producción: “Venimos del cordón industrial, pero de industrial está quedando poco. Están cerrando y cerrando empresas. Lo único que queremos es que la empresa no se desmantele. Se está haciendo insostenible”.

Marcelo Barrionuevo, trabajador despedido de Ilva de Pilar, resumió en una frase lo que muchos en la sala querían decir: “Llevamos 387 días de conflicto. Con este modelo están destruyendo industrias, están destruyendo familias. Vengo en representación de 300 familias que no damos más”.

Gabriel Corigliano, empresario textil de Mom Sports de San Martín, señaló que el problema no es de competitividad sino de reglas del juego: “El consumo está hecho un desastre y la competencia desleal con las importaciones. Entra todo muy barato con reglas diferentes a las nuestras. Porque vienen todos los productos subvencionados de China”.

Claudio Gómez, ex trabajador de UnionBat de Gualeguaychú, puso en números lo que significa perder el empleo en una ciudad pequeña: “Los trabajadores están sin su plata de indemnización, sin su sueldo del mes de julio y tenemos 100 personas en Gualeguaychú andando de Uber que se están chocando entre ellos”.

Gustavo Melgarejo, trabajador despedido de Dass calzado en Eldorado, Misiones interpeló directamente a los legisladores del oficialismo “Los invito a que vengan a Misiones y me digan a dónde están los puestos de trabajo. De los 14 millones que sacaron de la pobreza, aparte de Adorni, a dónde está el resto”.

La reunión se desarrolló en un escenario de profunda crisis del sector industrial. Desde la asunción de Milei, el país perdió 249.220 puestos de trabajo privados, de los cuales 105.136 corresponden al empleo industrial. En el mismo período cerraron 4.158 empresas industriales -una caída del 8,4%- y la capacidad instalada se ubica en 58,2%, operando 7,5 puntos por debajo del promedio registrado antes de la gestión actual. A eso se suma un aluvión importador de bienes de consumo que acumuló USD 11.376 millones en los últimos doce meses, compitiendo de manera desleal con la producción local, mientras los salarios registrados se ubican 8,2% por debajo de noviembre de 2023.

Para finalizar, diputados de Unión por la Patria expusieron los proyectos que impulsan para lograr tratamiento legislativo, a pesar de que estén cerradas las Comisiones permanentes de Legislación del Trabajo, Industria y Presupuesto y Hacienda, las tres presididas por LLA y aliados.

Desde UxP se impulsa la emergencia del sector agro industrial avícola por el caso de Tres Arroyos y que los trabajadores despedidos puedan cobrar REPRO por seis meses, prorrogable por otros seis meses más. También el Bloque de Unión por la Patria busca aprobar la emergencia Pyme y limitar la indiscriminada apertura importadora, reponiendo medidas antidumping y protegiendo la industria mano de obra intensiva.

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El riesgo país se mantuvo al alza y superó los 550 puntos

By Redacción Economis 6 días ago
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Luego de la reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con inversores en Nueva York, las acciones y los bonos argentinos sufrieron marcadas caídas y elevaron el riesgo país a niveles superiores a los 550 puntos.

Los títulos públicos sufren bajas de hasta 1,5% (AL35D), lo que llevó al índice soberano a marcar su mayor valor desde el 20 de mayo. Esto, sumado a la suba en la tasa de interés por parte de la Fed y un contexto internacional más adverso, impulsó a un nuevo alza en el indicador.

En paralelo, el barril de petróleo retomó el sendero bajista y cerró por debajo de los US$100. El Brent cotizó a US$98,6 mientras que el WTI hizo lo mismo en US$89,9.

En tanto, los ADRs de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas, con Cresud como la de peor performance, con un retroceso de 2,7% en la jornada. En tanto, los papeles de YPF (0,5%), Telecom (0,8%) y Central Puerto (1,3%) fueron los que lideran las alzas.

En el plano local, el Merval se mantuvo estable y cerró en los 2.997.659 puntos; medido en dólares cedió hasta los US$1.866 (-1,9%).

La Bolsa porteña operó con disparidades, donde las ganancias avanzaron hasta un 2,8% (Transportadora de Gas del Norte) mientras que las pérdidas mermaron hasta 1,3% (Metrogas).

Esta mala jornada financiera se produce al día siguiente de una reunión que Caputo mantuvo en la sede del JP Morgan en Nueva York con inversores y que no fue informada por el Ministerio de Economía.

En ese encuentro, el jefe del Palacio de Hacienda dio explicaciones acerca de la continuidad del plan económico y de las herramientas con las que cuenta el gobierno para cumplir con el pago de la deuda pública.

“Ahora tenemos cosas que mostrar”, indicó el funcionario, al tiempo que planteó que “las reformas irían más rápido” en caso de ganar las elecciones del próximo año, ya que podrían lograr mayoría en el Congreso.

Mañana expondrá el presidente Javier Milei en el Debate General de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Su discurso se dará en medio de tensiones internacionales y conflictos regionales, y se espera que exponga los lineamientos centrales de su política exterior, el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel, y la posición argentina frente a los desafíos globales.

También el miércoles, pero a las 16, encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute. Allí hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

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Cómo es el proyecto de Máximo Kirchnner para cobrar un impuesto a las transferencias internacionales de capital

By Redacción Economis 6 días ago
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El diputado Máximo Kirchnner presentó un proyecto que busca crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital para poder cobrar una alícuota del 3% y, según indica el texto, destinar ese dinero a la realización de obras en las provincias y municipios en áreas como salud, discapacidad, educación, jubilaciones y PAMI.

A través de un comunicado, el legislador indicó que la alícuota del 3% se aplicará a “toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados”.

Según explicó: “Cada dólar, acción o activo digital que se traslada fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado, representa una pérdida de capacidad soberana”, por lo que el objetivo del gravamen es fijar “un mecanismo compensatorio frente a las salidas de capital que deterioran las reservas internacionales, desfinancian al Estado y agravan la desigualdad estructural”.

El proyecto contempla la suma de una alícuota del 2% cuando la transferencia sea hacia un destino “de baja o nula tributación”.

¿Cómo se repartirán los fondos? Los fondos se distribuirán de la siguiente manera: un “60% para las provincias y municipios (obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, de vivienda y vial, y recomposición salarial en salud y educación); 10% (para) salud y discapacidad; 10% (para) educación; 10% (para) jubilaciones y pensiones; 10% (para) medicamentos y atención médica de PAMI”.

El líder de La Cámpora aseveró que se recaudarán como mínimo 2,89 billones de pesos, cifra que -según precisó- “equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital”.

Y añadió que entre 2023 y 2025, “las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas, que comprenden buena parte de los recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial, cayeron un 72,8%”.

Aclaró que la propuesta no “incluye la tenencia de dólares de los argentinos y argentinas; no grava el consumo, el ahorro interno y la inversión productiva; tampoco están incluidas las compras de bienes que ingresan regularmente al país (siempre que sean importaciones genuinas, documentadas y trazables); también quedan excluidas la compra de dólares, bonos, Cedears o fondos, (siempre que los activos permanezcan en la Argentina)”. 

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Lo que el derecho puede hacer por Misiones, sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

By Sergio César Santiago 6 días ago
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Hace pocas semanas, leíamos con optimismo acerca del cierre de un programa de cooperación técnica entre la FAO y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sobre Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO): herramientas que, coincidieron los especialistas, permiten ganar mercados y fortalecer el asociativismo.

Quedó pendiente, sin embargo, ir un paso más allá del diagnóstico y preguntarnos qué dice exactamente el derecho —argentino y comparado— sobre estos institutos, y qué puede hacerse concretamente desde Misiones para aprovecharlos. Como punto de partida vale recordar que Misiones ya cuenta con dos productos con Indicación Geográfica reconocida a nivel nacional —la Yerba Mate Argentina (Resolución N° 13/2016, con el 90% de su zona productiva en nuestra provincia) y el Té Argentino (Resolución N° 126/2024, la producción de té más austral del planeta)—.

Pero la IG y la DO son solo una parte del instrumental de propiedad intelectual disponible. La marca —individual, colectiva o de certificación— es la otra cara de la misma moneda, y en la práctica suele ser la primera línea de defensa cuando el nombre de un territorio empieza a valer dinero.

Tres institutos, una misma familia jurídica

La Indicación Geográfica identifica un producto como originario de una zona cuando una cualidad, reputación u otra característica es atribuible fundamentalmente a ese origen. La Denominación de Origen es una especie más exigente: exige que la totalidad del proceso —materia prima, elaboración y transformación— ocurra dentro de la misma región. Esta distinción, que recoge nuestra Ley N° 25.380, es la misma que adoptó el artículo 22.1 del Acuerdo ADPIC de la OMC.

La marca, en cambio, es un derecho privado y exclusivo: identifica el origen empresarial de un producto o servicio y pertenece a quien la registra. Entre ambos extremos existen las figuras intermedias de la marca colectiva —usada por los miembros de una asociación bajo un reglamento común— y la marca de certificación o de garantía —de titularidad de un tercero neutral que no compite en el mercado, y que autoriza su uso a quien acredite cumplir un estándar—. España las distingue con precisión en el artículo 68 de su Ley de Marcas 17/2001, y su oficina de patentes y marcas señala una diferencia práctica poco conocida: mientras las marcas requieren renovación periódica y pueden caducar por falta de uso, la protección de una IG o DO, una vez otorgada, es indefinida mientras se mantengan las condiciones que le dieron origen. Es una asimetría que conviene tener presente al diseñar la estrategia de protección de cualquier producto regional: la marca defiende un interés privado y debe sostenerse activamente en el tiempo; la IG/DO protege un atributo colectivo y, en principio, no vence.

El marco argentino: sólido en lo normativo, tímido en su desarrollo

La Ley 25.380 (2000), modificada por la Ley 25.966 (2004) y reglamentada por el Decreto 556/2009, establece nuestro régimen para productos agrícolas y alimentarios (los vinos tienen su propio régimen, la Ley 25.163). Prevé una Comisión Nacional Asesora que dictamina cada solicitud, y exige que cada DO se gobierne por un Consejo de Denominación de Origen integrado exclusivamente por quienes producen, acondicionan o comercializan el producto en la zona. A veinticinco años de sancionada, el registro nacional sigue siendo acotado frente al de otros países. Misiones, con la yerba mate y el té, ya demostró que el camino funciona cuando hay organización de productores, decisión política provincial y acompañamiento técnico-jurídico sostenido.

Lo que enseña el derecho comparado

La Unión Europea renovó por completo su sistema con el Reglamento (UE) 2024/1143, en aplicación desde marzo de 2026, que deroga el Reglamento 1151/2012 y unifica vinos, bebidas espirituosas y agroalimentarios bajo la lógica DOP/IGP. España acompañó ese cambio con un nuevo decreto de simplificación de trámites, y su Ley 6/2015 organiza a los Consejos Reguladores —Rioja, Jamón de Huelva, Queso Manchego— como corporaciones de derecho público con estructura y funcionamiento obligatoriamente democráticos.

Pero el aporte más relevante para el eje marcario es jurisprudencial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió en 2021 (asunto C-783/19, “Champanillo”) que la protección de una DOP se extiende también a servicios y que la evocación ilícita no requiere identidad ni similitud entre productos: basta con que el consumidor, ante el signo cuestionado, traiga a la mente el producto protegido. El Tribunal Supremo español confirmó esa doctrina en abril de este año. Es una lección directa: una IG o DO mal defendida —o defendida solo contra la copia literal— deja a los productores expuestos frente a las mil variantes con que el mercado erosiona un nombre de origen.

Marcas vs. indicaciones geográficas: la tensión que hay que anticipar

Aquí es donde el derecho marcario y el régimen de IG/DO se cruzan, y donde más valor puede aportar un estudio jurídico con práctica en ambas materias. Nuestra propia Ley de Marcas 22.362 contiene, en su artículo 3° inciso c), una regla de separación tajante: no pueden registrarse como marca las denominaciones de origen, nacionales o extranjeras. Es un cortafuegos legal para impedir que un nombre geográfico colectivo sea capturado como activo privado. Pero la relación no es unidireccional. El propio ADPIC, en su artículo 22.3, obliga a denegar o invalidar una marca que contenga una indicación geográfica cuando el producto no proviene de ese lugar y el uso induce a error; y en su artículo 24.5 protege al titular de una marca solicitada, registrada o usada de buena fe antes de que la IG estuviera protegida en su país de origen. El que llegó primero y construyó de buena fe un prestigio propio no queda automáticamente arrasado por el reconocimiento posterior de una indicación geográfica.

Nuestros tribunales ya aplicaron esta lógica. En el caso “Martinique”, la Cámara Federal resolvió en 2010 una oposición marcaria fundada en la denominación de origen francesa homónima (registrada en Francia en 1996): el solicitante de la marca invocó la excepción del artículo 24.5 del ADPIC alegando uso de buena fe anterior, pero al no lograr probarlo en el período crítico —entre el registro de la DO extranjera y el 1° de enero de 2000, fecha en que Argentina comenzó a aplicar plenamente las disciplinas del ADPIC—, la Cámara hizo prevalecer el obstáculo del artículo 3° inciso c) de la Ley 22.362. Es jurisprudencia nacional concreta, y demuestra que estos conflictos se litigan y se resuelven en nuestros propios tribunales federales.

El ejemplo internacional de manual es Budweiser. La disputa entre la cervecera estadounidense Anheuser-Busch y la checa Budějovický Budvar por los nombres “Bud” y “Budweiser” lleva más de un siglo, se litigó en decenas de países y llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-216/01, 2003). Ningún sistema jurídico la “resolvió” de manera definitiva y uniforme: cada jurisdicción la zanjó combinando, a su manera, prioridad registral, uso de buena fe y riesgo de confusión del consumidor. La enseñanza para cualquier asociación de productores es clara: cuanto antes se ordene la protección marcaria y geográfica de un nombre, menos margen queda para que un tercero construya derechos propios sobre él.

Hay, además, un vacío normativo argentino que conviene señalar. A diferencia de España, que regula con precisión la marca de garantía en su Ley de Marcas, Argentina carece todavía de un régimen general de marcas colectivas y de certificación que complemente la Ley 22.362: distintos proyectos legislativos lo propusieron a lo largo de los años sin ser sancionados. La única ley vigente en la materia, la 26.355, creó una “Marca Colectiva” acotada al ámbito de la economía social y administrada por el Ministerio de Desarrollo Social —valiosa para cooperativas y agricultura familiar, pero no pensada como instrumento general de exportación—. En la práctica, el INPI admite marcas colectivas y de certificación por extensión del régimen ordinario, pero sin las reglas específicas que sí tienen España o la Unión Europea.

Eso no impide actuar: una asociación de productores misioneros puede, ya hoy, registrar ante el INPI una marca colectiva o de certificación con su propio reglamento de uso, obteniendo una protección privada, rápida y exigible mientras se tramita —en paralelo y con plazos más largos— el reconocimiento de la Indicación Geográfica o la Denominación de Origen ante la Secretaría de Agricultura.

Casos concretos, ya sobre la mesa

La pregunta no es solo teórica. Misiones tiene hoy, al menos, dos producciones con organización incipiente, vínculo territorial fuerte y ninguna marca colectiva o de certificación vigente que las proteja —el terreno exacto donde conviene actuar antes de que el mercado, o un tercero, se adelanten.

La miel de yateí, producida por una abeja nativa sin aguijón central en la cosmovisión guaraní, ya cuenta con cooperativas apícolas activas desde hace más de treinta años y con un programa provincial del Instituto Misionero de Biodiversidad que asiste técnicamente a nuevos productores. El Código Alimentario Argentino incorporó recientemente su producto a la categoría “miel”, y existe investigación etnobiológica del CONICET que documenta su significación cultural —exactamente el tipo de prueba que después exige una Indicación Geográfica—. Hoy no existe ninguna marca colectiva ni de certificación sobre “miel de yateí misionera”: una cooperativa podría registrar una ante el INPI, con reglamento de uso propio, y ese mismo reglamento serviría de base técnica si más adelante se avanza con la IG, siguiendo el camino ya recorrido por la yerba y el té.

La citronela de El Soberbio, localidad que se autodenomina “Capital Nacional de las Esencias” y concentra entre 400 y 500 familias productoras con más de sesenta años de tradición, es casi un manual en vivo del problema que describimos más arriba. Una cooperativa local ya registró marcas ordinarias sobre el aceite esencial y el repelente, pero productores de la zona denuncian que terceros venden como “citronela” un producto de calidad inferior, diluyendo el prestigio del nombre: es el mismo fenómeno de evocación y erosión que describimos a propósito de “Champanillo”, solo que aquí sin ningún reglamento colectivo que lo impida. Una marca de certificación —de titularidad neutral, que autorice el uso solo a quien acredite el origen y el método artesanal de destilación— cerraría esa brecha y dejaría el terreno preparado para una futura IG, dado que el propio suelo y clima de la zona ya se invocan como factor de calidad.

En los dos casos la receta es la misma: organizar cuanto antes el registro de una marca colectiva o de certificación con reglamento de uso propio, sin esperar a la Indicación Geográfica o la Denominación de Origen, cuyos plazos —como vimos— se cuentan en años y no en meses.

Qué podemos hacer, entonces

Desde el Estado —nacional y provincial—, siguiendo el propio camino del Té Argentino (articulación entre la Asociación de Té Argentino, el gobierno de Misiones y la Secretaría de Agricultura de la Nación):
• Relevar sistemáticamente qué producciones misioneras —forestales, citrícolas, apícolas, artesanales— reúnen condiciones para una IG o DO.
• Acompañar la elaboración de los pliegos de condiciones y simplificar los procedimientos, como acaba de hacer España.
• Impulsar la sanción de un régimen general de marca colectiva y de certificación que hoy Argentina no tiene.

Desde los particulares, asociaciones y cooperativas:
• Constituirse con estructura democrática y representación equilibrada de toda la cadena.
• Registrar cuanto antes una marca colectiva o de certificación propia, con reglamento de uso, en lugar de esperar los años que puede llevar una IG o DO nacional.
• Sostener el control de calidad y la trazabilidad, y asumir la defensa activa del nombre frente a usos indebidos o evocaciones.

Desde el Estudio Jurídico Santiago y Asociados:
• Diseño y registro ante el INPI de marcas colectivas y de certificación para asociaciones y cooperativas.
• Confección de reglamentos de uso que puedan servir además de base técnica para una futura IG o DO.
• Búsquedas de disponibilidad y coexistencia antes de adoptar un nombre comercial ligado a un producto regional, para evitar litigios del tipo “Martinique” o “Budweiser”.
• Oposiciones y acciones de nulidad ante el INPI contra marcas de terceros que se apropien indebidamente de un nombre de origen misionero, y vigilancia marcaria activa aplicando el estándar de evocación fijado en “Champanillo”.
• Tramitación de la solicitud de IG o DO ante la Secretaría de Agricultura, y estrategia de protección en mercados de exportación mediante registro marcario en los países de destino.

Misiones tiene selva, agua, suelo colorado y generaciones de saberes productivos que ya le dieron identidad legal a la yerba mate y al té. La marca y la indicación geográfica no compiten entre sí: son dos capas de protección que, bien combinadas, convierten un nombre de origen en un activo defendible durante décadas. Cada una que logremos consolidar es, en el fondo, una forma de soberanía económica.

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Furiase aseguró que la inflación “pasó a segundo plano”

By Redacción Economis 7 días ago
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El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que el proceso inflacionario dejó de ocupar el centro de las preocupaciones de la sociedad y atribuyó esa dinámica a los resultados del programa de estabilización implementado por el Poder Ejecutivo. 

Sin embargo, admitió que la discusión económica viró hacia el ritmo de crecimiento de la actividad.

Las declaraciones del funcionario se dieron en un canal de streaming, tras conocerse la inflación de agosto del 1,7%, la variación más baja registrada en los últimos 14 meses.

Desaceleración del IPC y debate sobre la actividad económica

Durante la entrevista, Furiase enfatizó el impacto del esquema económico sobre la evolución de los precios. “Hoy ya no discutimos la inflación, la inflación pasó a un segundo, tercer plano para las preocupaciones de la gente y eso habla del éxito del programa de estabilización. Después podemos discutir velocidades de crecimiento”, expresó el secretario de Finanzas.

Destacó que el programa logró reducir la dinámica inflacionaria “del 1% diario hasta el 30% interanual” actual. El mercado, en tanto, sigue con atención las mediciones de septiembre para evaluar si se consolidará esta tendencia descendente.

El funcionario reconoció una moderación en la expansión económica respecto al año previo: “En 2025 se creció al 4,5%. Hoy la economía está creciendo más cerca del 2% interanual”. La afirmación se da tras el dato del INDEC de junio (+2,7% interanual) y en medio de indicadores sectoriales de julio que mostraron caídas en la construcción (-4,5%) y la industria (-4,9%).

Metas con el FMI y compras de reservas

De cara al inicio de la tercera revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Furiase remarcó el cumplimiento de los compromisos asumidos con el organismo multilateral. “La relación con el Fondo es superpositiva; las metas están sobrecumplidas todas”, afirmó.

Además destacó la recomposición de reservas netas por parte del Banco Central (BCRA) y precisó que, mientras la meta inicial preveía compras por entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, el nivel proyectado alcanzó los USD 14.000 millones.

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