CRISTINA FERNANDEZ

Cristina Fernández internacionaliza su defensa, contrató al abogado de Lula por el caso Vialidad

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Cristina Fernández de Kirchner decidió abrir una nueva etapa en su estrategia judicial y llevar la discusión por su condena en la causa Vialidad fuera de la Argentina. Para avanzar en ese objetivo, la expresidenta incorporó a su equipo de abogados al jurista brasileño Rafael Valim, quien integró la defensa del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El especialista trabajará junto con otros asesores en la preparación de presentaciones ante organismos y tribunales internacionales, donde buscarán cuestionar la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que fue confirmada por la Corte Suprema argentina.

La decisión representa un giro en el planteo de la defensa. Con las principales instancias judiciales internas agotadas, el entorno de la exmandataria apunta ahora a denunciar presuntas violaciones a sus garantías fundamentales y a instalar el caso en ámbitos internacionales.Quién es Rafael Valim, el nuevo abogado de Cristina Kirchner

Rafael Valim es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y se desempeña como profesor de Derecho Público.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en cuestiones vinculadas con el Derecho Constitucional y los derechos humanos, además de haber intervenido en diferentes procesos ante tribunales internacionales.

También es uno de los autores del libro Lawfare: una introducción, escrito junto al actual juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Cristiano Zanin y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, ambos vinculados a la defensa de Lula.

Su incorporación al equipo de Cristina Kirchner refuerza la línea argumental que la expresidenta sostiene desde hace años: que la causa Vialidad habría formado parte de una persecución política y judicial destinada a excluirla de la competencia electoral.

Valim anticipó que en los próximos días se darán a conocer en Buenos Aires los detalles del planteo internacional.

“En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta”, sostuvo en declaraciones al medio brasileño Metrópoles.

El abogado también expresó su posición sobre la condena y adelantó cuál será uno de los argumentos centrales de las futuras presentaciones.

“Estoy firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto”.

Según explicó, el objetivo será intentar revertir esa situación mediante distintas herramientas disponibles en tribunales y organismos internacionales.Un exjuez europeo también integra el equipo

Valim no trabajará solo. La defensa internacional también estará integrada por el abogado español Javier Borrego, quien fue magistrado del Tribunal Supremo de España y juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ambos tendrán a su cargo el diseño de la estrategia para impugnar la condena dictada originalmente por el Tribunal Oral Federal N.° 2 y luego confirmada por las instancias superiores de la Justicia argentina.

El equipo deberá definir ante qué organismos presentará sus reclamos, qué garantías considerará vulneradas y cuáles serán los antecedentes internacionales utilizados para sostener el planteo.

La condena por la causa Vialidad

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos como responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El expediente investigó el direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz en favor de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal N.° 2 y posteriormente ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema, que rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa.

Con esa decisión, la condena quedó firme dentro del sistema judicial argentino.La Corte también confirmó el decomiso

La apertura del frente internacional se produce después de otro revés judicial para la expresidenta y el resto de los condenados.

La Corte Suprema rechazó recientemente los planteos contra el mecanismo utilizado para actualizar el monto que deberá ser decomisado en la causa. El tribunal dejó firme una cifra total cercana a los 685.000 millones de pesos.

Los reclamos habían sido presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, el exfuncionario Nelson Periotti y otros condenados, quienes cuestionaron el sistema de actualización utilizado para calcular el perjuicio económico.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles esas presentaciones, por lo que la obligación de devolver el dinero quedó firme.

Una batalla que ahora sale de la Argentina

Con las instancias nacionales prácticamente cerradas, la defensa de Cristina Kirchner intentará trasladar el debate al plano internacional.

La estrategia buscará demostrar que durante el proceso existieron vulneraciones a derechos y garantías reconocidos en tratados internacionales. Para eso, el equipo recurrirá a especialistas con experiencia en derechos humanos, tribunales europeos y casos vinculados con la utilización política del sistema judicial.

La incorporación de Rafael Valim y Javier Borrego marca el comienzo de esa nueva etapa. El desafío será conseguir que algún organismo internacional acepte analizar un expediente cuya condena ya fue confirmada por la máxima autoridad judicial argentina.

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La Justicia de EE.UU. obliga a la Argentina a pagar más de US$ 390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

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La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium, por la expropiación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.

De esta manera, el tribunal de Estados Unidos confirmó que el país deberá pagarle al fondo una suma superior a los US$ 390 millones. “Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas“, indicó el director de Latam AdvisorsSebastián Maril.

La demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera, dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner.

Los demandantes obtuvieron en 2019 una sentencia firme favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero la Argentina nunca la pagó.

En 2017, el CIADI dictó su primera sentencia en contra del país, en ese entonces en favor del grupo español Marsans.

El juicio estaba en manos de Burford Capital, el estudio británico dedicado a comprar demandas de esta clase y conocido por la expropiación de la petrolera YPF. En 2018, con la sentencia a su favor por US$ 320 millonesBurford decidió venderlo a Titan Consortium por US$ 107 millones, dado que sabía que la Argentina continuaría apelando, y desde 2021 que litigó ante la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.

En 2024 parecía ser que ambas partes iban a llegar a un acuerdo para pagar ese litigio, con la negociación de los términos y condiciones ya aprobados así como el monto de la deuda y los intereses. 

Sin embargo, Argentina cambió la estrategia judicial, no caucionó la sentencia y Titan comenzó con los procedimientos para ejecutar el fallo a través del embargo de activos soberanos argentinos.

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Cristina Fernández presentó nuevos recursos para evitar el decomiso de sus bienes

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La batalla judicial por la ejecución de la condena en la causa Vialidad abrió un nuevo capítulo. Un día después de que la Corte Suprema dejara firme la actualización del monto del decomiso a $684.990 millones, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja para intentar frenar la ejecución y eventual remate de bienes alcanzados por la sentencia, una estrategia que también adoptó el empresario Lázaro Báez

La Corte rechazó los planteos de nulidad y ratificó el monto actualizado que deberán afrontar los condenados, cifra que surge de la actualización de los aproximadamente $85.000 millones originalmente establecidos por el Tribunal Oral Federal N.º 2.

La discusión ahora se concentra en la etapa de ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían quedar alcanzados por el decomiso figuran propiedades de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles vinculados a las firmas de la familia y otros activos incluidos en los expedientes judiciales. 

La defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, también busca excluir del proceso bienes de Máximo y Florencia Kirchner, argumentando que no existe prueba de que esos activos provengan de los hechos investigados. 

La causa Vialidad constituye uno de los expedientes de corrupción más relevantes de la historia reciente argentina. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en relación con 51 contratos de obra vial adjudicados en Santa Cruz. 

Aquella sentencia fue posteriormente confirmada por instancias superiores y finalmente quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema. 

Uno de los aspectos centrales del proceso es el decomiso, figura prevista en la legislación penal para recuperar activos obtenidos o vinculados con delitos contra el Estado. El cálculo original se basó en los perjuicios económicos atribuidos a las irregularidades detectadas en las licitaciones de obra pública investigadas. 

El expediente aún presenta otros frentes abiertos. La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados, sosteniendo que los activos vinculados a causas de lavado deben quedar bajo la órbita de organismos especializados.

Aunque las nuevas presentaciones judiciales podrían demorar algunas definiciones, especialistas consultados previamente por distintos medios nacionales han señalado que los recursos de queja no tienen efecto suspensivo automático, por lo que la Justicia podría avanzar paralelamente con las medidas destinadas a identificar, tasar y eventualmente ejecutar los bienes alcanzados por la condena. 

El caso tiene además una fuerte dimensión política. Cristina Kirchner continúa denunciando una persecución judicial y cuestionando las resoluciones adoptadas por los tribunales, mientras que el oficialismo considera que la ratificación de las condenas constituye un hito en la lucha contra la corrupción. 

En ese escenario, la disputa por el patrimonio de la ex presidenta aparece como el último gran tramo de un proceso judicial que se extendió durante más de una década y que ahora ingresa en su etapa más sensible: la recuperación efectiva de los bienes reclamados por el Estado.

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La Justicia arranca hoy a explicarle a Cristina Fernández por qué la acusa

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El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) retoma hoy, martes, el juicio por la Causa Cuadernos con un cambio clave en el cronograma: la suma de una audiencia semanal más. En esta etapa, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás 85 imputados escucharán el detalle de la acusación de la Fiscalía, centrada en la figura de la asociación ilícita.

Según la Agencia Noticias Argentinas, la reanudación del debate, que seguirá siendo virtual, se enfocará en la lectura del requerimiento de elevación, donde se explica el engranaje delictivo que funcionó entre 2003 y 2015.

La acusación de la Fiscalía

La acusación que pesa sobre la expresidenta es la de haber sido la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Además, se le atribuyen 204 hechos de cohecho pasivo (recibir coimas), que representan una suma superior a los 10.400.000 dólares.

El requerimiento de elevación, cuyo texto se continuará leyendo hoy, sostiene:

“Desde sus albores la investigación se centró en la conformación de una asociación ilícita integrada por las más altas esferas estatales de la República Argentina.”

El fiscal federal Carlos Stornelli argumenta que existió un “sistema de recaudación de dinero” donde los funcionarios públicos y los empresarios obtuvieron beneficios recíprocos: los funcionarios obtenían dinero y garantizaban su permanencia, mientras que los privados recibían promesas y beneficios concretos en contratos con la Administración Pública Nacional.

El cronograma de diciembre

El Tribunal, integrado por los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli, seguirá con la lectura de la acusación de la “causa madre” hasta el 2 de diciembre.

Posteriormente, el jueves 4 de diciembre se iniciará la lectura del expediente conexo, conocido como “la Camarita”, donde las confesiones de imputados colaboradores como Carlos Wagner (expresidente de la Cámara de la Construcción) y José López posibilitaron desentrañar la cartelización de la obra pública y los pagos que iban del 10 al 30 por ciento. Finalmente, el 18 de diciembre se leerá la investigación concentrada en los Corredores Viales.

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Comenzó el juicio por la causa Cuadernos: 87 acusados con Cristina Kirchner en el centro de la escena

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El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Cuadernos comenzó este jueves de manera remota con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho ante el Tribunal Oral Federal 7.

La ex mandataria se conectó vía Zoom y fue obligada por los jueces a mostrarse en cámara.

“Se da inicio a este juicio oral y público” anunció el presidente del tribunal, Enrique Médez Signori, luego de haber comprobado la presencia en el megazoom de los 87 acusados, sus abogados, la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Comenzó así la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio del fiscal que instruyó el caso, Carlos Stornelli: llegaron a enumerarle a la ex presidenta 40 de los casos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios de los que la acusación la considera coautora en su carácter de beneficiaria final.

Los jueces Méndez SignoriFernando Canero y Germán Castelli se conectaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550, donde ese tribunal tiene su sede y donde minutos antes permitieron el acceso de reporteros gráficos para tomar imágenes.

Con todas las partes ya en el Zoom, se inició la lectura interrumpida a los pocos minutos por el juez Méndez Signori porque no todos los acusados se dejaban ver ante las cámaras, uno de ellos Cristina Kirchner.

“Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos, les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver”, expresó el juez.

Entonces la ex presidenta se mostró en la imagen junto a su abogado Carlos Beraldi desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario de seis años por administración fraudulenta en el caso Vialidad.

Primera jornada: las lecturas

La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, comenzó la lectura del requerimiento que narra cómo se inició la causa y el detalle de acusaciones a la ex presidenta como coautora en relación a, por lo  menos, 40 hechos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios a entonces funcionarios de su gobierno como Roberto Baratta y José López, también juzgados en un total de 87 acusados.

A lo largo de la jornada se escucharon los cargos que pesan contra los acusados en la causa principal, la 9.608 abierta en 2018, cuando el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó medidas en base al dictamen de impulso de la investigación resuelto por Stornelli.

En ese juzgado tramitaba la causa por delitos con la compra de gas licuado en el kirchnerismo y había declarado Hilda Horowitz, la ex esposa del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos, y quien se presentó para decir que tenía información.

Según la acusación, Centeno, temeroso de ser allanado, entregó a un amigo, Jorge Bacigalupo, una caja de cartón con los ocho cuadernos y otros documentos, todo lo cual recibió de manos de este último el periodista Diego Cabot a principios de 2018, según la causa judicial.

El periodista llevó la evidencia a Comodoro Py en el marco de esta causa ya abierta y Bonadio resolvió iniciar una nueva investigación.

Todo eso se repasó en la lectura de la acusación trasmitida por el canal de Youtube del Poder Judicial. En el juicio interviene la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF.

El debate se inició poco antes de las 10.30, casi una hora después de lo previsto, terminó a media tarde y se reanudará el jueves próximo con otra jornada de lectura de la acusación fiscal.

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