Cristina Kirchner

La Corriente Nacional de la Militancia marca el rumbo del peronismo: unidad, federalismo y dura ofensiva contra Milei

Compartí esta noticia !

Con la mirada puesta en las elecciones de 2027 y en un escenario político que consideran de “cambio de época”, La Corriente Nacional de la Militancia presentó un documento de trabajo de 14 páginas que pretende convertirse en un insumo para el debate interno del peronismo y del campo nacional y popular.

El texto, titulado “Dónde estamos y hacia dónde queremos ir”, combina diagnóstico político, análisis geopolítico, economía, federalismo y una batería de propuestas para un eventual regreso del peronismo al poder. Pero, más allá de su contenido programático, el documento también representa un movimiento político: busca reposicionar a la organización como un actor con vocación de incidencia en la reconstrucción del espacio opositor y en la discusión estratégica del peronismo post-derrota.

La Corriente reivindica su historia dentro del kirchnerismo, recuerda su acompañamiento a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, su oposición a Mauricio Macri y su participación en la conformación del Frente de Todos en 2019. Desde esa identidad plantea que el desafío ya no pasa únicamente por resistir al gobierno libertario, sino por construir una alternativa de poder capaz de interpretar un escenario internacional y nacional profundamente distinto al de una década atrás.

Milei como antagonista absoluto

El documento no deja zonas grises respecto del Gobierno nacional. Define a Javier Milei como el responsable de un proceso de “destrucción” del aparato productivo, de transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados y de pérdida de soberanía.

La crítica atraviesa prácticamente todos los capítulos. Acusa al oficialismo de favorecer la reprimarización de la economía, desfinanciar la ciencia, debilitar las universidades, promover la apertura irrestricta de importaciones y consolidar un modelo pensado para los sectores de mayores ingresos. También sostiene que el crecimiento exhibido por algunos indicadores macroeconómicos convive con una caída del salario real, destrucción de empleo y cierre de miles de pequeñas y medianas empresas.

En términos discursivos, la organización intenta desplazar el eje de la discusión desde la inflación hacia el impacto social del ajuste. La tesis es que el problema ya no es únicamente económico sino también político: sostiene que la expectativa social depositada inicialmente en Milei comenzó a agotarse y que una mayoría percibe que el esfuerzo exigido no se traduce en mejoras concretas para la vida cotidiana.

Un mensaje hacia adentro del peronismo

Si la crítica a Milei ocupa la mitad del documento, la otra mitad está dirigida hacia el propio peronismo.

La Corriente sostiene que la principal tarea es reconstruir una mayoría política amplia y advierte que la división interna podría dejar allanado el camino para la reelección libertaria.

“No alcanza con la unidad de dirigentes”, plantea el texto. Propone construir una coalición más amplia que el Partido Justicialista y recuperar capacidad de representar a sectores sociales que hoy se sienten decepcionados tanto con el oficialismo como con la oposición tradicional.

El documento insiste en que la unidad no debe ser únicamente electoral sino también programática, con una agenda centrada en el trabajo, la producción, el desarrollo tecnológico, la justicia social y el federalismo.

Federalismo como eje político

Uno de los capítulos con mayor contenido político está dedicado a la relación entre Nación y provincias.

La Corriente sostiene que el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional implicó un recorte histórico de recursos para los gobiernos provinciales y municipales, afectando la obra pública, el transporte, la salud y la educación.

Según el documento, esa estrategia constituye además un mecanismo de disciplinamiento político hacia los gobernadores, al condicionar la distribución de recursos según el grado de alineamiento con la Casa Rosada. Esa dinámica, advierte, debilita el federalismo y deteriora la calidad institucional.

Es un planteo que dialoga con uno de los debates centrales del último año: la creciente tensión entre las provincias y el Gobierno nacional por la distribución de fondos y la paralización de obras públicas.

Cristina, pieza central

El documento también fija una posición explícita sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

La organización sostiene que su condena constituye un caso de persecución política y afirma que su liberación debe formar parte de los objetivos de un futuro gobierno nacional y popular.

El planteo busca mantener vigente uno de los ejes históricos del kirchnerismo duro, aunque inserto dentro de una estrategia política más amplia orientada hacia la construcción de una nueva mayoría electoral.

El texto concluye aclarando que se trata de un documento abierto y sujeto a modificaciones, más orientado a promover la discusión que a establecer un programa cerrado de gobierno. Esa definición revela también su objetivo político: instalar una conversación dentro del peronismo sobre cómo reconstruir una identidad competitiva frente al oficialismo libertario.

En un contexto en el que buena parte de la oposición todavía busca reorganizarse, La Corriente Nacional de la Militancia intenta ocupar un lugar en esa discusión con una premisa clara: la derrota de 2023 no puede resolverse únicamente con un cambio de nombres, sino con una redefinición del proyecto político, del vínculo con la sociedad y de la agenda programática para la Argentina que emerja después de Milei.

Compartí esta noticia !

Casación ratificó el decomiso contra Cristina Kirchner y sus hijos: la Justicia avanza sobre bienes por $685 mil millones

Compartí esta noticia !

La Cámara Federal de Casación Penal dejó este jueves a Cristina Fernández de Kirchner al borde de una nueva instancia crítica en la causa Vialidad: ratificó el decomiso de bienes vinculado a la condena por administración fraudulenta y cerró el camino ordinario hacia la Corte Suprema. A la ex presidenta y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, sólo les queda presentar un recurso de queja directa ante el máximo tribunal.

La resolución habilita al Tribunal Oral Federal 2 a avanzar en la ejecución patrimonial de bienes valuados en $684.990 millones, incluyendo propiedades, empresas y activos vinculados tanto a la familia Kirchner como al empresario Lázaro Báez.

El fallo tiene una dimensión judicial, pero también un impacto político y económico de largo alcance: consolida la etapa de ejecución de condena en uno de los expedientes más emblemáticos de la relación entre obra pública, poder político y negocios privados durante el kirchnerismo.

La decisión fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, aunque este último votó parcialmente en disidencia respecto de algunos bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner.

El núcleo del fallo ratifica un principio que Casación viene sosteniendo desde la confirmación de la condena: el delito no puede constituir una fuente legítima de acumulación patrimonial.

“El decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo Hornos.

La resolución consolida así la posibilidad de que el Estado avance sobre: inmuebles, hoteles, departamentos, lotes, sociedades comerciales, y activos heredados o transferidos gratuitamente. En total, el universo patrimonial bajo ejecución alcanza 111 bienes.

El punto más sensible: los bienes heredados por Máximo y Florencia

El aspecto jurídicamente más delicado del fallo es el criterio aplicado sobre los bienes de los hijos de la ex presidenta.

Casación sostuvo que la condición de herederos o cesionarios no impide el decomiso cuando existe “una vinculación razonable” entre los activos y el beneficio económico derivado del delito investigado.

Ese razonamiento marca un precedente relevante en materia penal económica y patrimonial.

La Cámara consideró que: la transferencia hereditaria no neutraliza el decomiso; y que los bienes pueden ejecutarse aun cuando sus actuales titulares no hayan sido condenados en la causa principal. En juego aparecen 19 propiedades vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner.

Borinsky, en minoría parcial, cuestionó específicamente algunos inmuebles adquiridos antes del período temporal fijado por el tribunal oral para analizar el circuito patrimonial investigado.

Entre ellos aparecen: departamentos en Río Gallegos; lotes vinculados al complejo Los Sauces; y activos asociados a empresas compradas por Báez.

La resolución llega en un momento de extrema sensibilidad política para el peronismo.

Cristina Kirchner ya cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica y enfrenta un escenario donde la ejecución patrimonial empieza a adquirir una dimensión concreta sobre bienes familiares históricos.

La señal judicial tiene además impacto interno sobre el sistema político: debilita la capacidad de reorganización del kirchnerismo; tensiona la estrategia opositora del PJ; y vuelve a colocar la corrupción en el centro de la agenda pública.

La causa Vialidad siempre tuvo una doble lectura: una jurídica y otra estructural.

No se discute solamente una condena individual, sino el funcionamiento de un modelo de administración de obra pública durante casi dos décadas en Santa Cruz.

La dimensión económica: obra pública, contratistas y poder

El expediente Vialidad se transformó en un caso testigo sobre la relación entre el Estado y empresarios contratistas durante los gobiernos kirchneristas.

Casación volvió a remarcar que existió un “flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

Ese punto tiene relevancia actual porque el Gobierno de Javier Milei busca utilizar políticamente el caso para reforzar su narrativa sobre: ajuste del gasto público, eliminación de intermediaciones, y cuestionamiento al modelo tradicional de obra pública nacional.

La ejecución de bienes también reabre un debate económico más amplio:
cómo recuperar activos derivados de delitos contra el Estado y cuál es la verdadera capacidad del sistema judicial argentino para ejecutar patrimonios complejos después de condenas firmes.

Aunque el fallo pertenece al terreno judicial, el mercado financiero sigue de cerca este tipo de decisiones por una razón central: la percepción institucional.

En los últimos meses, el Gobierno nacional intentó instalar la idea de una Argentina con: mayor previsibilidad jurídica; disciplina fiscal; y fortalecimiento institucional.

En ese contexto, causas de alto impacto político funcionan también como señales hacia inversores internacionales sobre el comportamiento del sistema judicial argentino frente a delitos económicos y corrupción pública.

El dato no es menor en un país donde históricamente existió escepticismo sobre la capacidad efectiva del Estado para sancionar casos de corrupción estructural.

Santa Cruz, hoteles y el corazón patrimonial del kirchnerismo

Muchos de los bienes alcanzados tienen además un fuerte valor simbólico y político.

Entre ellos aparecen activos asociados a: Los Sauces, propiedades en Río Gallegos, y sociedades vinculadas históricamente al patrimonio familiar.

La causa vuelve así sobre uno de los núcleos históricos del kirchnerismo: la construcción patrimonial y empresarial desarrollada desde Santa Cruz hacia el poder nacional.

No se trata únicamente de bienes económicos. También son activos políticos y simbólicos acumulados durante más de tres décadas de construcción de poder territorial.

El próximo movimiento judicial será la presentación de recursos de queja ante la Corte Suprema.

Sin embargo, la decisión de Casación deja al Tribunal Oral en condiciones de profundizar medidas de ejecución y recuperación patrimonial mientras el máximo tribunal evalúa si toma o no intervención.

La discusión jurídica ahora gira sobre dos preguntas centrales: hasta dónde puede avanzar el decomiso sobre bienes heredados; y cuánto tiempo demorará la Corte en definir si revisa el caso.

Mientras tanto, el expediente Vialidad entra en una etapa distinta:
menos enfocada en la condena penal y más centrada en la recuperación efectiva de activos.

Y ahí aparece un dato políticamente sensible para el sistema argentino: por primera vez, la discusión deja de ser abstracta y empieza a impactar directamente sobre el patrimonio histórico de la familia más influyente del peronismo de las últimas dos décadas.

Compartí esta noticia !

Milei busca capitalizar el fallo por YPF y lanza una ofensiva política contra la expropiación

Compartí esta noticia !

En un mensaje por cadena nacional, el presidente Javier Milei convirtió el fallo favorable de la Justicia estadounidense en la causa por YPF en algo más que un alivio financiero: lo posicionó como un punto de inflexión político. La decisión judicial que evitó un pago de hasta US$18.000 millones fue presentada como un “hecho de trascendencia histórica”, pero también como una plataforma para profundizar su agenda de reformas. La pregunta que sobrevuela es si este triunfo judicial consolida el rumbo del Gobierno o si abre una nueva fase de confrontación política e institucional.

Del fallo judicial a la narrativa política

El Presidente estructuró su discurso sobre una línea clara: transformar un resultado judicial en validación política. Según planteó, el fallo no solo evitó un impacto económico equivalente a “setenta millones de jubilaciones mínimas”, sino que también permitió “sacarse de encima” una amenaza estructural sobre la economía.

En ese marco, vinculó directamente el litigio con decisiones del pasado, al señalar que el proceso se inició tras la expropiación de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que el caso tuvo un fallo adverso en primera instancia durante la gestión de Alberto Fernández.

La intervención incluyó críticas explícitas al actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizó por el diseño del proceso de expropiación. Más allá del tono, la lectura política es clara: el oficialismo busca fijar el fallo como una frontera entre dos modelos de gestión económica.

Reforma legal y estrategia institucional

El anuncio más relevante no estuvo en la celebración del fallo, sino en la agenda que lo sigue. Milei confirmó el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con el objetivo de reforzar la “inviolabilidad de la propiedad privada”.

El movimiento no es aislado. Se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para redefinir reglas de juego en materia económica y jurídica, en línea con su narrativa de seguridad jurídica como condición para atraer inversiones.

El mensaje también incluyó un reconocimiento explícito a la estructura técnica del Estado involucrada en el litigio, con menciones a la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro y el equipo económico, lo que refuerza la idea de una construcción institucional del resultado, más allá del discurso político.

Impacto en la correlación de fuerzas

El fallo fortalece al Gobierno en varios frentes. En lo económico, elimina un pasivo potencial de magnitud que condicionaba la política fiscal y la negociación financiera. En lo político, le permite consolidar su discurso sobre la necesidad de reglas claras para la inversión.

Al mismo tiempo, tensiona la relación con la oposición. La decisión de asociar el resultado judicial con errores de gestiones anteriores reabre un debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos y el alcance de la intervención pública.

En el Congreso, donde ya ingresó el proyecto de reforma, el oficialismo buscará capitalizar ese respaldo simbólico para avanzar con cambios estructurales. La discusión no será solo técnica: pondrá en juego modelos de desarrollo y concepciones sobre soberanía económica.

Un triunfo que abre otra etapa

El Gobierno transformó un fallo judicial en una pieza central de su narrativa política. Pero el escenario que se abre no es lineal. La reforma de la ley de expropiaciones, el debate sobre la propiedad privada y la necesidad de atraer inversiones configuran un nuevo frente de discusión.

En las próximas semanas, la clave estará en cómo se procesa ese traslado del plano judicial al legislativo. El fallo despejó un riesgo inmediato, pero también dejó planteada una disputa de fondo: qué reglas regirán la relación entre Estado, mercado e inversión en la Argentina que viene.

Compartí esta noticia !

Los insultos de Milei a Kicillof por el Juicio por YPF

Compartí esta noticia !

El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos en favor de la Argentina, en el marco de la causa de YPF, que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera y cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. 

“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó, y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”. 

Durante su exposición en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, el mandatario destacó la tarea de la Procuración del Tesoro y del titular de la compañía mixta en la causa. 

Asimismo, en un mensaje a la oposición, sostuvo: “Y que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…’ Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”. 

En la primera fila, seguían con atención el discurso la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de los principales apuntados por la polémica por los viajes y las presuntas propiedas que no tendría declarada. 

Con escasas referencias a los cuestionamientos contra el ministro coordinador, el mandatario le agradecidó a Pettovello por “luchar incansablemente para desarrollar el capital humano”, y la definió como la ministra más “torpedeada, cuestionada, operada, ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos”.

La ensuciaron y la operaron por ser honesta, por cortar el curro de los intermediarios de la pobreza, por cortar el curro de los gerentes de la pobreza, que, además, junto a la enorme tarea de la hoy senadora nacional, la doctora Bullrich, no solo enfrentaron a los delincuentes, mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que, además, ese dinero que le robaban, lo utilizaban para extorsionar a la gente y que les fuera a las marchas”, expresó.

Asimismo, ante la mirada atenta del ex vocero, el libertario agregó: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”. En la previa, el funcionario fue incluido en el retrato que celebró el fallo en el caso de YPF. 

Compartí esta noticia !

Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina

Compartí esta noticia !

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina y revirtió la condena que obligaba al país a pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. La decisión, conocida en las últimas horas, modifica el escenario de uno de los juicios más sensibles para las cuentas públicas y abre un nuevo capítulo en una disputa que lleva más de una década. ¿Se trata de un cierre definitivo o de un respiro estratégico antes de una instancia mayor?

El tribunal revisor avaló que YPF fue correctamente exculpada en el proceso de estatización y dejó sin efecto el fallo de primera instancia de 2023, que había sido adverso al Estado argentino. Aun así, el expediente no está cerrado: las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un giro judicial en una causa de alto impacto fiscal

El caso se remonta a 2015, cuando se inició el litigio por la forma en que se llevó adelante la expropiación de la petrolera durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2023, la jueza de primera instancia había determinado que la Argentina violó el estatuto de la compañía en ese proceso y ordenó el pago de una indemnización superior a los US$16.000 millones.

Ese fallo colocó al país frente a una contingencia fiscal de magnitud, con implicancias directas sobre la sostenibilidad financiera y la negociación externa. La decisión de la Cámara de Apelaciones introduce ahora un cambio sustancial: desactiva, al menos por el momento, esa obligación de pago y valida el encuadre jurídico de la estatización.

En términos institucionales, el pronunciamiento no solo revisa la interpretación del estatuto de YPF, sino que también redefine el alcance de la responsabilidad estatal en procesos de nacionalización bajo legislación extranjera.

Repercusiones políticas: alivio para el Gobierno y disputa por la narrativa

El fallo tuvo una inmediata lectura política. El presidente Javier Milei celebró públicamente la decisión y la presentó como una victoria de su administración en el frente internacional. El mensaje no fue neutro: incluyó cuestionamientos directos a la gestión que impulsó la expropiación, en un intento de reconfigurar la narrativa sobre el origen del conflicto.

En ese marco, el resultado fortalece al oficialismo en dos planos. Por un lado, le permite mostrar capacidad de gestión en un litigio de alto impacto económico. Por otro, le otorga margen discursivo para insistir en la crítica a decisiones previas que derivaron en el juicio.

Al mismo tiempo, la resolución condiciona a sectores de la oposición vinculados al proceso de estatización, que quedan expuestos en la discusión pública sobre las consecuencias legales de aquella decisión.

Desde el punto de vista económico, evitar un pago de esa magnitud implica despejar una presión significativa sobre las reservas y sobre cualquier esquema de negociación financiera futura.

La cronología de los hechos

El origen de la causa judicial por la nacionalización de la petrolera YPF tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem se dispuso su privatización.

1993 — PRIVATIZACIÓN

Se incluye la cláusula OPA en el estatuto social de la compañía para proteger a los accionistas minoritarios ante cambios de control.

2008-2011 — ENTRADA DE PETERSEN

El Grupo Petersen adquiere el 25% de las acciones de YPF mediante préstamos otorgados por Repsol y un consorcio de bancos.

ABRIL 2012- NACIONALIZACIÓN

El Congreso argentino expropia el 51% a Repsol. Las empresas Petersen entran en default al no recibir dividendos para pagar sus deudas.

2015 — INICIO DE DEMANDA

Burford Capital compra los derechos de quiebra de Petersen e inicia el juicio en Nueva York contra el Estado e YPF.

2023 — CONDENA INICIAL

La jueza Loretta Preska dicta sentencia por US$ 16.100 millones contra Argentina, eximiendo de responsabilidad a la petrolera.

MARZO 2026 — ANULACIÓN

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revoca la condena principal y ordena la revisión total del proceso judicial.

Un escenario abierto: la última palabra aún no está dicha

A pesar del giro favorable, el proceso judicial está lejos de concluir. La posibilidad de que el caso escale a la Corte Suprema de Estados Unidos mantiene abierta la incertidumbre y obliga al Gobierno a sostener la estrategia legal.

El foco ahora se traslada a la próxima instancia: si las partes deciden avanzar, el litigio podría prolongarse y volver a poner en discusión los fundamentos del fallo. En paralelo, el impacto político interno seguirá en evolución, especialmente en la disputa por la interpretación de la estatización y sus consecuencias.

Por lo pronto, la decisión de Nueva York redefine el tablero, pero no lo cierra. El juicio por YPF sigue siendo, más que un expediente judicial, un frente donde se cruzan política, economía y estrategia de poder.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin