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Plaza de Mayo volvió a marcar el pulso político del 24 de marzo

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Con una Plaza de Mayo colmada desde horas antes del acto central y columnas que avanzaban por Avenida de Mayo, diagonales Norte y Sur, la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 volvió a convertirse este martes en un hecho político de escala nacional. La cita principal estaba prevista para las 16.30, con la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, pero mucho antes de ese momento la escena ya había enviado una señal contundente: la memoria no quedó reducida al terreno simbólico, sino que volvió a ocupar la calle con capacidad de convocatoria, densidad social y proyección política.

La relevancia del día no estuvo solo en la fecha redonda. En un aniversario atravesado por el peso histórico del medio siglo y por una disputa abierta sobre el sentido del pasado reciente, la masividad de la movilización instaló una pregunta de fondo: si el acto central lograría transformar esa presencia callejera en una síntesis política común o si, por el contrario, dejaría expuestas las distintas capas de una coalición social amplia, pero no uniforme.

La Plaza, otra vez, como escenario de centralidad política

A falta de dos horas para el acto central, el espacio disponible en la Plaza de Mayo ya era escaso. Miles de personas llegaban al microcentro porteño para participar de una jornada marcada por el recuerdo, el duelo y también por la intervención política sobre el presente. El movimiento de columnas, banderas, familias, organizaciones y militantes confirmó que el 24 de marzo sigue siendo una de las pocas fechas del calendario argentino capaces de articular, en un mismo territorio, memoria histórica, identidad colectiva y posicionamiento político.

El escenario tuvo además una estructura claramente institucionalizada. El documento central, previsto para las 16.30, quedó en manos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, dos espacios que condensan parte de la autoridad construida durante décadas alrededor de la demanda de memoria, verdad y justicia. Esa centralidad no anuló la diversidad de actores, pero sí ordenó la jornada en torno de una voz esperada.

La movilización reunió a sectores con trayectorias, pertenencias y gramáticas distintas. A las 12 se concentraron la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. El Frente Renovador hizo lo propio en Avenida de Mayo y Tacuarí. La UCR convocó a las 13 en Alsina y Entre Ríos. La Asociación Madres de Plaza de Mayo junto al Movimiento Derecho al Futuro organizó un acto político en la Casa de las Madres, en Yrigoyen 1584, para luego marchar hacia la plaza. También hubo columnas de izquierda con puntos de encuentro diferenciados, además de la CGT, que se reunió en Diagonal Sur y Bolívar a las 14.

Ese mapa de concentraciones mostró algo más que logística. Expuso que la memoria sigue operando como un territorio de convergencia, aunque no necesariamente de homogeneidad. Cada actor llegó con su identidad, su historia y su lectura del presente, pero todos confluyeron hacia una misma escena de legitimidad.

La memoria como disputa de sentido en el presente

La jornada no transcurrió en un vacío histórico. El 50° aniversario del golpe reactivó preguntas que el Estado argentino todavía no cerró. Entre las consignas más repetidas aparecieron “¿Dónde están los desaparecidos?”, “que digan dónde están”, “Nunca más” y “abran los archivos”. El reclamo, en ese punto, no fue solo conmemorativo. También apuntó a una deuda persistente del Estado frente al plan sistemático de secuestro, tortura, violación y desaparición forzada de personas iniciado hace exactamente medio siglo.

La escena callejera mostró cómo esa demanda se transmite entre generaciones. Fotos en blanco y negro colgadas al cuello, pañuelos blancos, carteles, banderas con los rostros de desaparecidos y familias enteras en la marcha reforzaron una dimensión que en política no es menor: la memoria no aparece únicamente como archivo del pasado, sino como relato activo que sigue produciendo pertenencia y movilización.

En ese marco, la presencia de columnas partidarias y sindicales reveló una doble operación. Por un lado, el acto conservó su matriz histórica vinculada a los organismos de derechos humanos. Por otro, funcionó como espacio donde distintas fuerzas buscaron inscribirse en una fecha con alto valor moral y político. La decisión de La Cámpora de partir desde la ex-ESMA hacia Plaza de Mayo, en una caravana de 16 kilómetros, e incluir una parada en San José 1111, frente al departamento donde Cristina Kirchner cumple una condena, agregó una señal específica dentro de esa disputa por los símbolos y los recorridos.

El saludo de CFK desde el balcón, en ese contexto, no quedó desacoplado de la jornada. Sin necesidad de ocupar el centro formal del acto, esa imagen se integró a una secuencia política donde la memoria, la militancia y la referencia a una figura opositora convergieron en una misma puesta en escena.

Correlación de fuerzas: quién capitaliza una fecha que excede a todos

La Plaza llena fortaleció, en primer lugar, a los organismos que sostienen la agenda de derechos humanos como política pública y como narrativa histórica. La expectativa por el documento central mostró que, aun en un escenario fragmentado, sigue existiendo una búsqueda de palabra autorizada capaz de ordenar el sentido de la jornada.

Al mismo tiempo, la movilización ofreció volumen político a un abanico más amplio de actores: organizaciones sindicales, espacios partidarios, sectores del peronismo, radicalismo y agrupaciones de izquierda. Esa amplitud no implica unidad estratégica, pero sí marca un dato relevante: frente a una fecha cargada de historia, ninguna fuerza con vocación de incidencia quiso quedar afuera de la escena principal.

La lectura de poder aparece justamente ahí. El 24 de marzo no es solo una conmemoración; también funciona como un test de capacidad de presencia, articulación y legitimidad. Quien logra inscribirse sin desentonar en esa fecha suma un activo simbólico. Quien queda corrido del clima general, pierde interlocución con una porción significativa del espacio público.

La participación del Frente Renovador y el mensaje difundido por Sergio Massa en sus redes sociales también ingresan en esa lógica. No alteran la centralidad de los organismos, pero sí muestran cómo una fecha de memoria se proyecta sobre el tablero opositor y obliga a cada actor a fijar posición.

Un documento esperado y una plaza que dejó más de una señal abierta

La atención puesta en la lectura del documento central a las 16.30 condensó buena parte de la expectativa política del día. No solo por lo que pudiera decir, sino por la posibilidad de que funcionara como síntesis de una movilización multitudinaria y heterogénea. En aniversarios como este, la calle ordena, pero no resuelve por sí sola las diferencias.

Lo que deberá observarse en las próximas horas es si esa masividad se traduce en una voz común capaz de proyectarse más allá de la fecha o si quedará como una demostración potente, aunque dispersa, de rechazo al olvido y defensa del consenso democrático. También habrá que ver qué lugar ocupa esta jornada en la disputa más amplia por el sentido del pasado reciente, un terreno donde la memoria sigue lejos de haberse cristalizado.

A 50 años del golpe, la Plaza de Mayo volvió a demostrar que hay fechas que no se administran desde arriba ni se reducen a protocolo. Se construyen en la calle, con cuerpos, símbolos y relatos. Y esta vez, otra vez, la política tuvo que leer primero lo que ya estaba diciendo la multitud.

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Reforma Laboral: empresarios respaldan el proyecto y sindicatos la rechazan por “regresiva”

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El Senado inició este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de Reforma Laboral en una maratónica sesión que expuso con nitidez la fractura entre el sector empresario y las organizaciones sindicales. Mientras cámaras industriales, comerciales y entidades agropecuarias respaldaron la iniciativa por considerarla clave para reducir la informalidad y la litigiosidad, las centrales obreras —incluida la CGT— la rechazaron por “inconstitucional” y “regresiva”. El plenario de comisiones pasó a cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, cuando continuarán las exposiciones.

Un debate extenso y el respaldo del sector productivo

La jornada se desarrolló en el Salón Azul y reunió al plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA). El debate se extendió hasta pasadas las 20 horas, con la participación de funcionarios nacionales y representantes de cámaras empresariales, industriales, comerciales y del agro.

Tras la exposición del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, sostuvo que “el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad”, y apuntó a la litigiosidad laboral y a la crisis del sistema de riesgos del trabajo como los principales obstáculos. “Si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal”, afirmó, al tiempo que expresó el respaldo de la UIA al proyecto por permitir “actualizar modalidades de trabajo y convenios” en línea con las realidades productivas y tecnológicas.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidenta primera Eloisa Frederking destacó que la iniciativa aporta coherencia normativa y se inscribe en un trabajo conjunto entre el sector público y privado para reducir burocracia, en especial en el contrato de trabajo agrario. En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, valoró que el proyecto busca “mejorar las relaciones laborales” y aportar previsibilidad y certidumbre, subrayando la dinámica cotidiana entre pymes y trabajadores.

Por su parte, Pablo Devoto, presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), acompañó las actualizaciones propuestas y alertó sobre la informalidad laboral, que ubicó en 43%, advirtiendo que el país se aproxima a niveles de economías con informalidad del 50% o 60%. También desde ADIMRA, el director Gustavo Corradini consideró que la reforma permite ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales, aunque pidió revisar puntos específicos como la ultraactividad, los convenios de empresa para pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, por posibles efectos no deseados.

Rechazo gremial y críticas por constitucionalidad

El contrapunto llegó desde el sindicalismo. Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, cuestionó la extensión y el contenido del proyecto —197 artículos— y sostuvo que “viola normas constitucionales” y derechos consagrados, al tiempo que “fomenta el despido”. En sintonía, Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, advirtió que la discusión se da en un contexto en el que el salario mínimo es el más bajo de América Latina, y recordó que reformas laborales previas derivaron en caídas del empleo, alertando sobre una legislación contraria a la Constitución Nacional.

El cierre del debate estuvo a cargo de la CGT, cuyos referentes se sumaron al tramo final de la jornada. Jorge Sola, secretario general de Seguros, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y reclamó un tratamiento más profundo, advirtiendo sobre el impacto en los derechos individuales y en la representación sindical. Jorge Argüello, de Camioneros, calificó la iniciativa como “regresiva” y sostuvo que se trata de una flexibilización laboral que no genera empleo. Finalmente, Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA, afirmó que la CGT “no avaló en ningún momento” la reforma y que no aporta “nada al mundo del trabajo”.

Escenario abierto y próximas definiciones

Con posiciones claramente delineadas, el Senado acordó un cuarto intermedio para retomar el debate este jueves a las 9.30. El proyecto avanza con respaldo empresario y resistencia sindical, en un contexto de alta sensibilidad económica y social, donde la discusión combina empleo formal, informalidad, litigiosidad y derechos laborales. Las próximas exposiciones y eventuales cambios al texto serán determinantes para definir el rumbo de una reforma que promete seguir generando fuertes tensiones políticas e institucionales.

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Ajuste, deuda y gasto social: las alertas de CIFRA sobre el Proyecto de Presupuesto 2026

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Presupuesto 2026, el informe de CIFRA advierte una profundización del ajuste, recortes históricos en gasto social y una estrategia fiscal con desequilibrios ocultos

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 consolida el fuerte ajuste fiscal iniciado en 2024 y sostenido en 2025, en un contexto marcado por la ausencia de leyes presupuestarias aprobadas por el Congreso en esos dos ejercicios. Así lo señala un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), que advierte una caída real del 24,2% del gasto de la Administración Pública Nacional respecto de 2023, último año con presupuesto sancionado, junto con recortes aún más severos en funciones clave del Estado y una estrategia fiscal que, según el análisis, oculta desequilibrios relevantes vinculados a la deuda y a la política tributaria.

El trabajo sostiene que el proyecto enviado al Congreso no solo legaliza el ajuste ya ejecutado, sino que proyecta su profundización, con impactos económicos, sociales e institucionales de largo alcance, en un escenario de estancamiento económico y fragilidad financiera.

Un Estado desfinanciado y recortes sin precedentes en funciones clave

De acuerdo con CIFRA, el total del gasto previsto para 2026 implica una contracción real del 24,2% frente a 2023, tomando como referencia la inflación proyectada en el propio Presupuesto. Sin embargo, la magnitud del ajuste es significativamente mayor en áreas centrales de la política pública. El informe detalla caídas reales del 45,3% en Educación, del 98,1% en Vivienda y Urbanismo, del 86,5% en Agua Potable y Alcantarillado y del 71,5% en Promoción y Asistencia Social.

El resultado, según el centro de estudios, es “un Estado progresivamente desfinanciado” y una drástica reducción de su capacidad para garantizar derechos básicos. En particular, el presupuesto educativo alcanzaría en 2026 apenas el 0,75% del PBI, menos de la mitad de lo que representaba en 2015 y con una disminución real del 45,3% respecto de 2023. Si se excluye el financiamiento a las universidades nacionales, la caída asciende al 70,1%.

El ajuste también se refleja en los gastos en personal, consolidando, según CIFRA, un proceso de degradación del empleo público iniciado en 2024, profundizado en 2025 y ahora formalizado en el proyecto de ley. Mientras algunos organismos muestran aumentos reales en sus partidas de personal, una amplia mayoría registra recortes de dos dígitos y, en algunos casos, la eliminación total de asignaciones.

Meta fiscal, deuda y recaudación: los supuestos bajo cuestionamiento

El Proyecto de Presupuesto 2026 proyecta un superávit primario del 1,2% del PBI y un resultado financiero equilibrado (0% del PBI). Para CIFRA, esta meta fiscal opera como eje rector de toda la política económica, pero se apoya en supuestos que no están explicitados en el texto legal.

El informe advierte, en primer lugar, que el resultado financiero no contabiliza plenamente los intereses de la deuda, debido a una estrategia de capitalización. Según CIFRA, si esos intereses se registraran como devengados —tal como exige el Fondo Monetario Internacional en su último informe— el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit superior a los 2 puntos del PBI, en lugar del equilibrio proyectado.

En segundo término, el análisis subraya el impacto fiscal de la reducción de impuestos a sectores de altos ingresos, como las rebajas en retenciones a las exportaciones y las propuestas de alivio en contribuciones patronales y en el impuesto a las ganancias de grandes empresas. Estas medidas, que no estarían plenamente contempladas en el proyecto, obligarían a un ajuste aún mayor del gasto primario para alcanzar la meta fiscal. CIFRA estima que el esfuerzo fiscal asociado a estas rebajas se acerca al 1% del PBI, unos 6.000 millones de dólares.

A ello se suma un escenario macroeconómico que el informe considera excesivamente optimista. El Presupuesto proyecta una expansión del PBI que, según CIFRA, difícilmente se concrete, dado el estancamiento que muestra la economía desde febrero y sus efectos negativos sobre la recaudación tributaria.

Sin programa financiero frente a una crisis de deuda

Otro de los puntos críticos señalados por CIFRA es la ausencia de un programa financiero claro para enfrentar los vencimientos de deuda externa pública previstos para 2026. Según el informe, esos compromisos ascienden a 35.597 millones de dólares, entre capital e intereses, mientras que la emisión neta de deuda en moneda extranjera proyectada es “sumamente reducida”.

En un contexto de reservas internacionales netas negativas y con un déficit comercial proyectado de 5.752 millones de dólares para 2026, el centro de estudios advierte que el Presupuesto no ofrece respuestas consistentes frente a la problemática de la deuda, lo que agrega incertidumbre macroeconómica y financiera al escenario planteado.

En conjunto, CIFRA concluye que el Proyecto de Presupuesto 2026 no solo consolida el ajuste ejecutado en los últimos dos años, sino que lo institucionaliza, con fuertes recortes en el gasto social, una estrategia fiscal condicionada por supuestos cuestionables y una falta de definiciones clave en materia de deuda. Un diagnóstico que anticipa un debate intenso en el Congreso y posibles reacciones de los sectores más afectados por la reducción del gasto público.

Las alertas de CIFRA sobre el Presupuesto 2026 by CristianMilciades

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La Argentina perdió 205.000 puestos asalariados desde noviembre de 2023, según datos oficiales

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El empleo asalariado cayó al nivel más bajo desde el inicio del gobierno de Javier Milei: se perdieron más de 200.000 puestos. El sector privado acumuló la mayor destrucción de empleo, seguido por el público y las casas particulares. La industria, la construcción y el transporte encabezaron las caídas.

El empleo asalariado formal registró en julio de 2025 su nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, de acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) publicados por la Secretaría de Trabajo. Desde noviembre de 2023, el país perdió 205.500 empleos asalariados registrados, en un proceso que afecta tanto al sector privado como al público y al trabajo doméstico.

Según el relevamiento, se destruyeron 127.000 puestos en el sector privado, 57.900 en la administración pública y 20.600 en casas particulares, lo que redujo el total de trabajadores asalariados formales a 10.096.200, la cifra más baja desde octubre de 2022. En el segmento privado, el empleo se ubicó en su mínimo desde agosto del año pasado, confirmando el estancamiento del mercado laboral formal en un contexto de fuerte contracción económica.

Destrucción de empleo y estancamiento productivo

El ajuste en el gasto público y la recesión en la obra pública impactaron directamente sobre la industria manufacturera y la construcción, dos sectores que concentran el grueso de la caída del empleo formal.
Solo en julio, se perdieron 8.800 empleos privados, con la industria manufacturera aportando 3.300 bajas. En términos acumulados desde diciembre, la construcción redujo su plantilla en 60.500 puestos, mientras que la industria perdió 39.200, alcanzando su menor nivel desde mayo de 2022.

El deterioro también se extendió al sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 15.100 empleos menos, y alcanzó a ramas tradicionalmente más estables como la actividad minera-petrolera y el sector financiero, que hoy operan con los niveles de empleo más bajos desde 2022 y 2011, respectivamente.

A nivel territorial, el senador Martín Barrionuevo destacó que la pérdida de empleo fue generalizada: “Salvo Neuquén, Tucumán, Mendoza y Río Negro, todas las provincias registraron caídas en el empleo asalariado”, señaló en redes sociales.

“Década perdida” en el empleo privado

El investigador Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, definió el panorama como un “proceso estructural de estancamiento” del empleo privado formal. “En julio de 2025 hay menos asalariados registrados en el sector privado que en julio de 2015. Decir ‘década perdida’ es poco a esta altura”, sostuvo.

En la misma línea, el economista Juan Manuel Telechea remarcó que “la Argentina tiene exactamente los mismos 6,2 millones de empleos privados registrados que hace diez años, pero con una población que hoy cuenta con casi cinco millones de personas más”.

Aunque el ritmo de destrucción de empleo se desaceleró desde agosto de 2024, el informe oficial indica que no se vislumbran señales de recuperación sostenida. De hecho, julio marcó la tercera caída mensual consecutiva y el peor desempeño desde el inicio del año.

Aumento del trabajo independiente y precarización

El retroceso en el empleo asalariado fue parcialmente compensado por un aumento en los trabajadores independientes, entre los que se sumaron 127.100 nuevos monotributistas y autónomos. No obstante, este fenómeno refleja una mayor informalidad y precarización, en un mercado laboral que no logra absorber la oferta de fuerza de trabajo bajo condiciones formales.

Para la segunda mitad del año, Campos advirtió un escenario “muy complicado”: “En agosto el índice de evolución del empleo cayó un 0,3%, el segundo peor agosto de la última década. Estamos frente a un modelo económico que no crea empleo y que no demanda fuerza de trabajo”, alertó.

En contraste, el dato positivo del informe fue la recuperación parcial del salario real privado, que mejoró por tercer mes consecutivo. En julio, los sueldos del sector privado registrado se ubicaron 3,8% por encima del nivel de noviembre de 2023, aunque todavía 0,4% por debajo del pico alcanzado en febrero de este año.

Entre la estabilidad macro y la pérdida de empleo

El gobierno nacional sostiene que la política de ajuste fiscal y equilibrio macroeconómico será la base para una futura recuperación del empleo privado. Sin embargo, los datos del SIPA reflejan que, al menos en el corto plazo, el impacto del programa económico libertario recae sobre los asalariados, tanto del sector público como del privado.

La caída acumulada de más de 200.000 empleos desde el inicio de la gestión Milei coloca al mercado laboral en su nivel más bajo en casi tres años y plantea un desafío estructural para la recuperación de la actividad productiva y del consumo interno.

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Salario mínimo: Cuándo entra en vigor la suba y qué opina la CTA

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El salario mínimo aumentará un 20% en Argentina entre diciembre y marzo, pasando de $57900 a $69500, según el acuerdo firmado este martes tras las negociaciones entre el Gobierno, los trabajadores y los empresarios. La visión de la CTA sobre el acuerdo.

Este incremento está previsto en tramos mensuales, de 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo. En total el salario mínimo registrará un aumento del 110,5% en el año de marzo 2022 a marzo 2023.

“Lo que hoy estamos viendo es precisamente resultad de un consenso entre los que trabajan y los empleadores y eso es algo muy importante y muy necesario en los tiempos que vivimos”, dijo el presidente Alberto Fernández durante la firma del acuerdo tripartito.

El gobierno convocó el encuentro de las tres partes, según la agencia estatal Telam, en el marco de la fuerte alza de los precios que vive el país.

La visión de la CTA

Ricardo Peidro, secretario adjunto de la CTA expresó sobre el salario mínimo vital y móvil del 20%. “Nosotros no acompañamos la propuesta y hemos votado en contra. Hicimos otra propuesta para tener una recuperación del salario y que se vaya recuperando lo perdido en el gobierno de Macri y en los años de este gobierno. Pedimos recuperar verdaderamente el salario y el círculo virtuoso de salarios, producción y consumo”, detalló en contacto con la CNN radio.

Peidro,  añadió: “Con estos aumentos solo corremos detrás de la inflación y tenemos poca recuperación de lo perdido”.

“Una de las obligaciones que tiene el Consejo del Salario es conformar una Canasta Básica. El salario mínimo para un trabajar sin carga familiar, que le alcance para vestimenta, alimentación, educación y vacaciones, debería estar en 150 mil pesos”, expresó.

El representante de la CTA aclaró que votaron en contra porque piden que haya un plan para establecer una recuperación. “Queremos que se establezca un aumento de entrada que recupere parte de lo perdido y que después haya un escalonamiento. Necesitamos un impacto muy fuerte de entrada”.

El salario mínimo y la inflación

La ministra de Trabajo, Raquel Olmos, explicó que con los aumentos previstos para diciembre y enero “se buscó restituir capacidad adquisitiva” de aquellos que perciben el sueldo mínimo y que los porcentajes de febrero y marzo responden al plan del Gobierno “de quebrar la alta inflación”.

El índice de Precios al Consumidor aumentó un 6,3% en octubre en comparación con septiembre, de acuerdo a las estadísticas más recientes publicadas por el INDEC.

De enero a octubre la inflación del 76,6%, mientras que si se calcula en base interanual el aumento de los precios fue del 88%.

Los mayores aumentos del mes pasado fueron en el sector de las comunicaciones, especialmente por los aumentos en los servicios de telefonía e internet, seguido de la categoría de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Además de entrar en juego los cambios en la segmentación de tarifas del gas y la electricidad.

La administración recordó que a este incremento del salario mínimo se le suma el 40% de aumento de la Prestación Familiar (Tarjeta Alimentar) definido el lunes, hará que las personas con un hijo, embarazadas o con discapacidad reciban $12500, quienes tengan dos reciban $19500 y quienes tengan tres o más reciban un total de $25000.

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