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Adorni admitió que ocultó ingresos en sus declaraciones juradas por medio millón de dólares

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El tuiter del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el 26 de diciembre del año pasado, cobra ahora una dimensión distinta. Acosado por el escándalo de la investigación por enriquecimiento ilícito, el funcionario mileísta presentó sus declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que incorporó activos que hasta ahora no figuraban en sus registros oficiales. Entre ellos sobresalen más de 500.000 dólares atribuidos a operaciones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

La presentación se produjo después de varias semanas de cuestionamientos públicos sobre la evolución de su patrimonio y en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según la reconstrucción presentada por el funcionario, él y su esposa habrían invertido alrededor de 200.000 dólares en criptomonedas y, tras distintas operaciones realizadas durante varios años, ese capital se habría valorizado hasta alcanzar aproximadamente 513.000 dólares.

La explicación oficial sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante registros de ocho billeteras virtuales utilizadas por el matrimonio durante ese período. Sin embargo, la revelación generó interrogantes políticos y judiciales debido a que esos activos no habían sido incluidos en declaraciones anteriores.

En una entrevista televisiva posterior a la presentación, Adorni reconoció que mantuvo durante años ahorros no declarados. “Esto era un ahorro nuestro en negro”, afirmó, al tiempo que atribuyó la omisión a un error que habría arrastrado en sucesivas presentaciones patrimoniales. También sostuvo que regularizará su situación fiscal y abonará los impuestos, intereses y sanciones que correspondan.

“Pensé en renunciar”, dijo Adorni en una nota que le hicieron este miércoles en LN+. “Pero sí yo renunciaba siendo un tipo honesto, después iban a ir por otros”, dijo el ex vocero, que admitió que ahorró 25 años en negro y confirmó de esa manera que, aún siendo funcionario, evadió impuestos.

Pero no sólo admitió ser evasor, sino que implícitamente reveló que mintió ante el Congreso cuando afirmó: “Respecto de todos los bienes que componen mi patrimonio no existió nunca ocultación alguna”, afirmó.

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”, prometió como si fuera algo optativo. El jefe de Gabinete negó además ser un “chorro”.

 La nueva estrategia tiene sentido, si se considera que es preferible una investigación por evasión que por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Justicia deberá continuar su recorrido y analizar las denuncias por presunta corrupción, viajes al exterior y, contra su esposa, por supuestos contratos irregulares con el Estado. 

Las rectificaciones no se limitaron a las tenencias en criptomonedas. La documentación incorporó además bienes heredados tras el fallecimiento de su padre, incluyendo un inmueble en La Plata y un terreno en Daireaux, operaciones que, según la reconstrucción patrimonial, le reportaron ingresos por unos 79.000 dólares.

La revisión también alcanzó adquisiciones inmobiliarias realizadas durante su paso por la función pública. Entre ellas figura una vivienda en el country Indio Cuá, adquirida en 2025, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación que se encuentra bajo análisis judicial. Sobre este último caso, Adorni afirmó que se trató de una transacción realizada con un amigo y negó la existencia de maniobras irregulares.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la contradicción entre estas nuevas declaraciones y las manifestaciones realizadas por el propio funcionario ante el Congreso a fines de abril, cuando aseguró que no había existido ocultamiento patrimonial. Las modificaciones introducidas ahora reabrieron cuestionamientos sobre la consistencia de sus declaraciones previas y el alcance de las omisiones reconocidas.

Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que la revisión demuestra que el patrimonio familiar tiene origen previo a su ingreso al Gobierno nacional y que las inconsistencias detectadas responden a errores de registración y no a ingresos obtenidos durante la función pública.

La presentación ante la Oficina Anticorrupción y ARCA no cierra, sin embargo, el frente judicial. La documentación pasará a integrar el expediente que analiza la evolución patrimonial del funcionario, mientras la Justicia deberá determinar si las rectificaciones alcanzan para justificar el origen y la evolución de los bienes declarados o si persisten elementos que ameriten profundizar la investigación.

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La esposa de Adorni accedió al régimen de “inocencia fiscal” mientras se investiga el patrimonio familiar

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La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa luego de que trascendiera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó formalmente su incorporación al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”, una herramienta creada para permitir la declaración de ingresos y activos que no habían sido exteriorizados previamente ante el fisco.

Según registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Angeletti realizó el trámite el pasado 31 de mayo, pocos días antes de que Adorni deba presentar su declaración jurada patrimonial correspondiente al último ejercicio.

La adhesión se concretó bajo el marco de la Ley 27.799, normativa que establece un mecanismo de regularización para contribuyentes que buscan normalizar situaciones fiscales pendientes sin afrontar consecuencias penales ni antecedentes tributarios derivados de esas inconsistencias. El régimen contempla la actualización de declaraciones y obligaciones impositivas, aunque no constituye una exención total de responsabilidades económicas.

Un movimiento que adquiere relevancia política

La decisión cobra especial relevancia por el lugar que ocupa Adorni dentro del Gobierno nacional. Como una de las principales voces de la administración de Javier Milei y actual jefe de Gabinete, ha sido uno de los funcionarios más activos en la defensa de las políticas de transparencia, reducción del gasto público y control de la gestión estatal.

En ese contexto, la regularización fiscal de su cónyuge genera interrogantes sobre la evolución patrimonial del grupo familiar y abre un debate político respecto de la consistencia entre el discurso oficial y las situaciones particulares de quienes integran la primera línea del Gobierno.

La documentación oficial indica que Angeletti figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017, dentro del rubro de actividades profesionales, científicas y técnicas. Sin embargo, su inscripción en los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias recién se formalizó en octubre de 2025.

Ese desfase temporal entre el desarrollo de actividad económica y la registración tributaria completa es uno de los elementos que observan tanto especialistas tributarios como los investigadores judiciales que siguen la evolución patrimonial de la familia.

Qué permite el régimen de regularización

La Ley 27.799 habilita un esquema simplificado para que contribuyentes puedan declarar ingresos o activos previamente no exteriorizados, regularizando su situación ante la autoridad fiscal.

La constancia emitida por ARCA confirma la adhesión de Angeletti para el período fiscal 2025, aunque la información vinculada a montos, bienes declarados o activos incorporados permanece protegida por el secreto fiscal.

Por esa razón, no existe información pública sobre el volumen de recursos regularizados ni sobre el origen de los ingresos alcanzados por el régimen.

Tampoco se conocen los motivos específicos que llevaron a la esposa del funcionario a realizar el trámite en este momento, ni si la decisión respondió a una revisión patrimonial voluntaria, recomendaciones de asesores fiscales o a la creciente exposición pública derivada de las investigaciones judiciales.

La investigación patrimonial

La presentación se produce en paralelo a una causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se analizan distintas operaciones patrimoniales vinculadas al entorno familiar de Adorni.

Entre los movimientos bajo análisis figuran adquisiciones inmobiliarias, acuerdos de financiación privada, gastos de refacción y consumos con tarjetas de crédito.

Uno de los expedientes examina la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito realizada durante 2025. Según la documentación judicial, la operación incluyó un desembolso inicial en efectivo y un financiamiento privado acordado con las vendedoras.

También se encuentra bajo revisión la adquisición de una vivienda en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, donde se investiga la estructura financiera utilizada para concretar la compra y posteriores trabajos de remodelación.

A ello se suman gastos vinculados a viajes nacionales e internacionales, así como consumos registrados mediante tarjetas de crédito durante el último año.

Expectativa por la declaración jurada

La atención ahora se concentra en la próxima presentación patrimonial de Adorni, que permitirá contrastar la evolución de los activos familiares con la información disponible en los expedientes judiciales y administrativos.

Hasta el momento, no se conocen observaciones formales por parte de ARCA respecto de la adhesión al régimen ni existen conclusiones judiciales definitivas sobre los movimientos patrimoniales investigados.

Sin embargo, la incorporación de Angeletti al esquema de regularización fiscal agrega un nuevo elemento de análisis en una causa que continúa avanzando y que mantiene bajo observación la evolución económica de uno de los funcionarios más relevantes del gobierno de Javier Milei.

La combinación entre regularización tributaria, operaciones patrimoniales de magnitud y el rol institucional de Adorni garantiza que el caso seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda política y judicial de las próximas semanas.

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Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo a la discusión sobre la evolución de su patrimonio: hipotecó el departamento donde residía previamente en la ciudad de Buenos Aires y obtuvo un préstamo de 100.000 dólares, según registros oficiales.

La operación fue instrumentada el 15 de noviembre de 2024, una fecha que no pasa desapercibida: ese mismo día, su esposa, Bettina Angeletti, figura como compradora de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La simultaneidad de ambas operaciones introduce un dato clave para reconstruir la dinámica financiera del funcionario.

El crédito fue otorgado por dos personas físicas: Graciela Isabel Molina de Cancio —quien habría aportado 85.000 dólares— y Victoria María José Cancio, con 15.000 dólares. Ambas figuran como acreedoras en la estructura de financiamiento del matrimonio.

No se trata de la única carga sobre el inmueble. El departamento ubicado en Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco, ya contaba con una hipoteca previa por 75.000 dólares, inscripta en 2014 a favor de la vendedora original. Es decir, el activo presenta doble gravamen, un dato relevante al analizar la consistencia patrimonial.

En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni reconoció deudas con ambas acreedoras, aunque por montos significativamente menores en términos nominales: 43,86 millones de pesos con Molina de Cancio y 7,74 millones con Cancio. La brecha entre los valores declarados y el monto total del crédito hipotecario abre interrogantes sobre la valuación y el registro de las obligaciones.

La figura de Molina de Cancio tampoco es menor: se trata de una comisaria retirada de la Policía Federal, que hasta 2021 se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

La operatoria se conoce en un contexto de creciente escrutinio judicial. El fiscal Gerardo Pollicita, que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, citó como testigo a la escribana interviniente en estas operaciones, Adriana Mónica Nechevenko, quien además participó en la compra de otras propiedades del funcionario.

La fiscalía solicitó la documentación completa de las transacciones, lo que permitirá reconstruir los flujos de pago, las condiciones de los créditos y la estructura de garantías.

El caso se inscribe en una secuencia más amplia. Días atrás trascendió que Adorni adquirió en 2025 un departamento en Caballito de aproximadamente 200 metros cuadrados, financiado en gran parte —cerca del 90%— mediante un préstamo de 200.000 dólares otorgado por las vendedoras del inmueble.

A esto se suma la incorporación de una vivienda en un country y la compra de una camioneta Jeep Compass en marzo de 2024, pocos meses después de asumir como vocero presidencial.

En conjunto, las operaciones delinean un esquema de financiamiento basado en créditos privados garantizados con hipotecas, que creció en paralelo a su paso por la función pública y que hoy se encuentra bajo análisis judicial.

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