DEFICIT

El Sector Público Nacional volvió a registrar superávit financiero en noviembre

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Caputo dijo que “se continúa consolidando el ancla fiscal del programa de gobierno”.

El Sector Público Nacional (SPN) volvió a registrar en noviemnre superávit financiero por $357.162 millones, luego del pago de intereses por $1.024.383  millones.

 “Durante noviembre, el Sector Público Nacional (SPN) registró nuevamente superávit financiero, por $357.162 millones, producto de un superávit primario de $1.381.545 millones, consistente con el sendero de gasto considerado sostenible, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.024.383 millones”, indicó el Ministerio de Economía, en un comunicado.

Al conocerse el resultado, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que “este resultado contrasta con el déficit financiero registrado en nov-23, que a precios de nov-24, hubiera sido equivalente a $2.008.000 millones”.

“El superávit primario (antes del pago de intereses de deuda) fue de $1.381.545. El resultado primario acumulado ene-nov 2024 es de +2,1% del PIB y el resultado financiero acumulado ene-nov 2024 es de 
+0,6% del PIB”, detalló el ministro.

Dijo que “así, el SPN acumuló en los primeros once meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PIB (superávit primario de aproximadamente 2,1% del PIB)”.

“De esta forma se continúa consolidando el ancla fiscal del programa de gobierno que, aún con el resultado estacionalmente negativo de diciembre, arrojará un superávit financiero entorno a 0,3% del PIB para el total del año 2024, consistente con un resultado primario de 1,9% del PIB”, agregó.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $9.609.299 millones, con un incremento de 147,3% interanual.  

En lo que respecta a la recaudación tributaria, la misma presentó un crecimiento de 182,1% interanual, explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+185,5% i.a.), los Derechos de Exportación (+477,4%), y Derechos de Importación (+187,9% i.a.).

Entre los tributos ligados a la actividad económica interna cabe mencionar la recaudación correspondiente al IVA neto de reintegros (+156,3% i.a.), al Impuesto a los Débitos y Créditos (+162,5% i.a.), y a las Ganancias (+177,8% i.a.).

Durante el mes de noviembre, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $ 8.227.754millones (+100,9% i.a.). 

En lo que refiere a las prestaciones de la Seguridad Social, las mismas ascendieron a $3.208.888 millones (+175,7% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24, que adecuó la mencionada fórmula para que los aumentos jubilatorios acompañen la evolución de la inflación y otorgó una compensación adicional de 12,5% para todos los pasivos bajo ese régimen. 

Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.133.684,3 millones producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.029.714,3 millones. 

Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de $1.238.429,6 millones, entre las que se destacan las inherentes a las prestaciones sociales; las prestaciones del PAMI; y el impacto de la movilidad en las asignaciones familiares, donde la Asignación Universal para Protección Social fue incrementada un 100% en enero.

También, los programas de Política Alimentaria, con un incremento en la Tarjeta Alimentar del 138% entre enero y octubre, y un incremento en la cantidad de beneficiarios; y el Plan 1.000 días.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en octubre alcanzaron los $523.9377,7 millones (+31,9% i.a.).

Por último, los subsidios económicos presentaron un incremento de $291.120 millones (107,9% i.a.), donde los energéticos variaron $208.980 millones (151,6% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $91.671 millones (+79,9% i.a.).      

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Dolarización de la economía argentina: ¿Propuesta esperanzadora o caótica?

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Dos economistas analizan la propuesta de Javier Milei y su apuesta por la dolarización

Javier Milei, mantiene su aspiración de dolarizar la economía del país. Si bien al inicio de su mandato se mostró abierto al debate sobre la “competencia de monedas”, recientes declaraciones suyas reafirman su persistente interés en la dolarización. Incluso ha denominado la última fase de su plan monetario como una “dolarización endógena”.

Emilio Ocampo y Alfredo Romano se han convertido en figuras clave en el impulso de la dolarización en Argentina. Ocampo, (inicialmente considerado para liderar el Banco Central, cargo que finalmente fue ejercido por Santiago Bausili), en una entrevista con el medio Bloomberg Línea con motivo de la publicación del libro: “Argentina Dolarizada” analizaron la viabilidad del esquema propuesto por Milei y sus potenciales beneficios.

Ocampo recuerda que la dolarización se puede hacer de múltiples maneras y que cada país la hace según las restricciones que enfrente. Aun así, considera que lo ideal sería que el peso deje de existir porque “si el peso sobrevive, quedaría un régimen monetario muy vulnerable al embate de un político populista”. Y al respecto, advirtió: “Mientras sobreviva el peso y no haya libertad monetaria, la estabilidad de precios será una quimera”.

Romano, por su parte, señala que para implementar la dolarización se necesitarían entre 7 y 10 mil millones de dólares, provenientes preferiblemente de las reservas netas del Banco Central y no de préstamos externos. Enfatiza que un sistema bimonetario sería insuficiente y vulnerable a pesificaciones compulsivas.

Críticas a esquemas bimonetarios y falta de disciplina fiscal

En contraste con los esquemas bimonetarios adoptados por países vecinos como Perú o Uruguay, los autores argumentan que las condiciones institucionales y la historia económica de Argentina hacen improbable la efectividad de una medida similar. Critican la falta de disciplina fiscal e institucional en el país, elementos esenciales para el éxito de cualquier régimen monetario.

Ocampo, sostuvo: “con el grado de anomia institucional que existe en la Argentina creer que vamos a tener un banco central independiente porque lo dice una ley del Congreso (o se propone una enmienda constitucional) es delirante. Desde hace años tenemos un banco central independiente de jure, pero de facto es una agencia dependiente del Poder Ejecutivo. Basta ver lo que ocurre ahora”.

Romano, en tanto completó: “la indisciplina monetaria de Argentina extendida durante décadas no nos permite ya compararnos con países como Uruguay y Perú, quienes hace más de 30 años decidieron optar por estos modelos bimonetarios y los llevaron adelante de manera exitosa”.

Dudas sobre la “dolarización endógena”

En cuanto al concepto de “dolarización endógena” promovido por Milei, Ocampo y Romano expresan sus dudas sobre la viabilidad de depender de la voluntad de la sociedad para remonetizar la economía con dólares.

En palabras de Ocampo: “Una dolarización oficial no tiene sentido si no se adopta el dólar como moneda de curso legal. Tampoco tiene sentido si el peso sobrevive en el sistema bancario. No hay que eliminar el peso. Hay que darle curso legal al dólar y convertir todos los activos y pasivos del sistema bancario a dólares, dejándole a la gente la libertad de elegir con que moneda quiere operar. Este es el sistema que funcionó muy bien en El Salvador”.

Por su parte, Romano enfatizó: “creo que es fundamental ofrecer de manera voluntaria el canje del circulante en primera instancia, para luego terminar de dolarizar de manera completa la economía con el paso del tiempo, cómo lo hizo El Salvador. La sociedad terminara de optar por la moneda fuerte, pero esto se dará en un plazo de tiempo más prolongado.

Preocupaciones sobre la credibilidad del Banco Central y la fuente de dólares

Los autores abordan las preocupaciones sobre la capacidad del Banco Central de Argentina para reconstruir su credibilidad y la fuente de los dólares necesarios para la dolarización, frente a posturas del FMI que favorecen la competencia entre monedas.

Romano, con respecto a la credibilidad expresa que: “Hay que mirar el futuro y entender que nuestra historia está allí para enseñarnos, y no para volver a caer en las mismas trampas populistas que nos aquejan cada 5 o 10 años en la Argentina”.

Enfocándose sobre la fuente de dólares, en tanto, Romano señala: “Si se decide avanzar con la dolarización que vengo proponiendo desde hace años, únicamente es necesario avanzar con el canje voluntario del circulante, que hoy ronda, dependiendo el tipo de cambio, en 7 a 10 mil millones de dólares. Siempre he sido enfático que esos dólares tienen que provenir de reservas netas de nuestro BCRA y no deben ser dólares prestados cómo una señal de confianza”.

La pobreza y el déficit, dos variables claves para el futuro:

Ambos autores reflexionan sobre el futuro, con una mirada esperanzadora con respecto al buen uso de las herramientas económicas, señalando que históricamente no se han empleado correctamente, por ello aún son positivos con el futuro.

En palabras de Ocampo, no hay que pensar que esto aumentaría la pobreza: “No hay razón para que una dolarización aumente la pobreza como argumentan algunos de sus detractores. La pobreza solo se puede reducir con crecimiento económico sostenido. Es imposible que la economía crezca con una inflación alta, persistente y volátil. Y mientras sobreviva el peso y no haya libertad monetaria, la estabilidad de precios será una quimera mientras la sociedad argentina siga adicta al populismo”.

Cuando el autor habla con respecto al déficit fiscal, señala: “Obviamente la dolarización no necesariamente implica su eliminación. Lo que elimina es la posibilidad de que el gobierno fuerce al banco central a emitir dinero para financiarlo. La dolarización implica un cambio de régimen monetario y fiscal. Monetario porque la variación de la oferta monetaria dependerá de la actividad económica y los flujos netos de divisas. Fiscal porque los gobiernos no podrán recurrir a la maquinita para financiar sus déficits. Es decir, elimina el mecanismo de financiamiento del gasto más pernicioso que existe y que nos condena a tener la inflación más alta del mundo”.

Finalmente, Ocampo concluye con que: “La Argentina es adicta al populismo y bajo el populismo la política cambiaria nunca amortigua los shocks externos, sino que los agudiza. Sus políticas económicas son esencialmente pro-cícilicas y temporalmente inconsistentes. Los procesos de apreciación más fuerte del tipo de cambio real de los últimos cincuenta años han ocurrido con un régimen cambiario semi-flexible y discrecional. En la medida que la sociedad argentina siga adicta al populismo, es irrealista esperar que las cosas cambien en el futuro. La idea de que nos estamos quedando sin una herramienta valiosa para estabilizar la economía es absurdo. Nunca hemos empleado bien esa herramienta! En la Argentina, la política económica no se guía por lo que dicen los manuales de texto sino por lo que deciden los políticos, siempre adictos al gasto”.

Fuente: Bloomberg

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Brecha en Protección Social en América Latina: Un Desafío Urgente

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América Latina y el Caribe enfrentan un panorama preocupante en materia de protección social.

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que la región tiene un déficit de financiación del 2,7% del PIB anual para alcanzar un nivel mínimo de protección social universal. Si bien este porcentaje es menor al de otras regiones como África (17,6%) o los países árabes (11,4%), sigue siendo una barrera significativa para garantizar el bienestar de millones de personas.

El informe destaca que el desempeño de América Latina se ve afectado por la situación extrema de Haití, país con el mayor déficit de financiación de la región (45,5% del PIB). Sin embargo, incluso excluyendo a Haití, la región aún tiene un camino largo por recorrer.

Brasil, con el mayor PIB de la región y un déficit de financiación del 1,4% (el quinto más bajo entre países de renta baja y media), es un ejemplo positivo. No obstante, aún necesita destinar el 0,8% adicional de su PIB para alcanzar la cobertura universal.

Los países con mayores déficits después de Haití son Venezuela (17,7%), Honduras (12,8%) y Nicaragua (9,9%).

En términos de áreas específicas, la atención sanitaria esencial tiene un déficit de financiación del 1% del PIB anual, mientras que las cinco principales prestaciones económicas de protección social presentan un déficit del 1,7%.

Las áreas más afectadas son la atención de niños (0,7% del PIB), las personas con discapacidad (0,3%), la maternidad (0,1%), la vejez (0,3%) y el desempleo (0,3%).

El listado de países con déficits de acuerdo a la OIT

  • Haití: 45,5
  • Venezuela: 17,7
  • Honduras: 12,8
  • Nicaragua: 9,9
  • Guatemala: 6,4
  • Surinam: 5,8
  • San Vicente y Granadinas: 5,1
  • Bolivia: 4,8
  • Belice: 4,7
  • Perú: 4,4
  • Cuba: 4,1
  • Colombia: 4
  • Paraguay: 3,7
  • Santa Lucía: 3,7
  • El Salvador: 3,4
  • Dominica: 3
  • Granada: 2,9
  • Ecuador: 2,8
  • Argentina: 2,7
  • Jamaica: 2,6
  • República Dominicana: 2,5
  • México: 1,9
  • Costa Rica: 1,9
  • Brasil: 1,4

¿Qué se puede hacer para cerrar esta brecha?

La OIT señala que se necesitan recursos adicionales por un valor de US$1,4 billones (el 3,3% del PIB global en 2024) para alcanzar la cobertura universal.

Para América Latina, esto significa triplicar la ayuda oficial al desarrollo destinada a la protección social. Adicionalmente, es fundamental movilizar recursos internos y explorar mecanismos innovadores de financiamiento.

Sin embargo, la mayor amenaza para la protección social en la región es el pago de la deuda pública. En América Latina y el Caribe, el 54% del gasto en protección social, el 64% del gasto en salud y el 63% del gasto en educación se destinan al pago de intereses de la deuda. Para evitar más deuda, 134 gobiernos en el mundo comenzaron a recortar el gasto público en 2021, una tendencia que se espera continúe hasta 2025.

Lamentablemente, esto incluye la focalización y racionalización del gasto en protección social, lo que podría profundizar aún más las desigualdades.

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En junio el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $611.743 millones

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Durante junio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $611.742,5 millones. Por otra parte, se registró un déficit financiero de $708.603,4 millones, producto del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzó los $96.860,9 millones.

En el primer semestre, se destaca el impacto de la sequía en la recaudación asociada a los derechos de exportación que percibe el Estado Nacional estimándose una caída aproximada de $740.000 millones (0,4% del PIB) respecto a las proyecciones sobre los derechos de exportación contenidas en la Ley de Presupuesto 2023. De no haberse producido esta merma, el déficit primario del Sector Público Nacional acumulado al primer semestre de este año presentaría una mejora del 0,4% del PIB.

En el marco de este escenario restrictivo, la administración de la política fiscal dispuesta por las autoridades del Ministerio de Economía priorizó durante este periodo las asignaciones destinadas a la política educativa y a los programas de inversión pública con énfasis en la infraestructura asociada a vivienda, transporte y energía. De esta manera, la moderación en la ejecución del resto de los gastos presupuestados logró compensar el impacto negativo en el resultado primario del período provocado por la sequía. De hecho, la variación interanual real del gasto primario durante el primer semestre fue negativa (-6,0%).

Durante junio, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $2.584.204,1 millones (+115,0% i.a), impulsados por el desempeño de los recursos vinculados a la actividad económica interna, a la seguridad social y a los derechos de exportación; siendo estos últimos motorizados por el Programa de Incremento Exportador. Sin embargo, el primer semestre refleja una variación de +89,1% i.a. afectada principalmente por el impacto de la sequía en la recaudación de los tributos vinculados al comercio exterior.

En lo que respecta a los tributos ligados a la actividad económica interna, se destaca la recaudación correspondiente al IVA neto de reintegros (+$312.749,8 millones; +146,2% i.a.) y el impuesto sobre Débitos y Créditos (+$120.584,7 millones; +109,6% i.a). Mientras tanto, el impuesto a las ganancias registró una suba de +76,7% (+$131.066,6 millones). Por su parte, los derechos de exportación registraron el crecimiento interanual más alto en lo que va del año (+116,5% i.a; +$114.308,5 millones) en el marco del mencionado Programa de Incremento Exportador.

Los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social se incrementaron en +$366.142,6 millones (+112,5% i.a.) como consecuencia del aumento del 2 salario medio del sector privado y sector público. Cabe destacar que, estos ingresos se encuentran disminuidos por la exención que alivia la carga tributaria de las provincias del Norte Argentino y el sector de la salud.

A su vez, las erogaciones primarias del Sector Público Nacional alcanzaron en el mes de junio los $3.195.946,6 millones (+109,8% i.a.), priorizando la política educativa y la inversión pública; con especial énfasis en vivienda, transporte y energía. Ésta última incluyó la finalización del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

En lo que refiere a las prestaciones de la seguridad social, las mismas ascendieron a $1.366.545,2 millones (+93,9% i.a.). Esta dinámica se explica por el impacto de la fórmula de movilidad vigente (Ley N° 27.609), que arroja incrementos conforme crece la recaudación y los salarios. Cabe destacar que este concepto no incluye el refuerzo de ingresos previsionales (inversión de más de alrededor $75.000 millones) en jubilaciones y pensiones no contributivas. Por otra parte, la erogación asociada a remuneraciones alcanzó los $344.140,6 millones (+125,6% i.a.) producto de los incrementos otorgados en el marco de los acuerdos salariales alcanzados.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $977.878,5 millones (+123,8% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$426.916,2 millones (+118,6% i.a.). Entre ellas, se destaca el mencionado refuerzo de ingresos otorgado a jubilados y pensionados. Al mismo tiempo, los subsidios económicos crecieron en +$254.664,7 millones (+147,8% i.a.), explicados principalmente por la dinámica de los subsidios energéticos (+$203.996,8 millones; +147,9% i.a.). Sin embargo, es menester mencionar que, durante el primer semestre el gasto en subsidios energéticos acumula una suba del +81,5%, mientras que el gasto en subsidios al transporte varió +64,8%.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en junio alcanzaron los $189.538,9 millones (+$112.680,0 millones; +146,6% i.a.), entre las que se destaca las transferencias a la Provincia de Buenos Aires en el marco del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) (+18.665,8 millones) y las transferencias realizadas por el Ministerio de Educación a las provincias en el marco del FONID por (+$11.728,9 millones; +135,3%).

Finalmente, el gasto de capital alcanzó durante el periodo de referencia los $254.098,2 millones (+144,5% i.a.). En lo que respecta a Inversión Real Directa, la misma se incrementó en +$73.164,0 millones (+108,3% i.a.), destacándose el gasto realizado por ENARSA (más de $50.000 millones), para financiar la finalización del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Por su parte, las Transferencias de Capital a Provincias registraron un crecimiento de +163,1% i.a., entre las que se destaca el incremento de las transferencias realizadas por los Fondos Fiduciarios para la Vivienda Social, de Integración Socio Urbana y el Hídrico.

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Déficit fiscal: Argentina cumplió las metas de ajuste para el primer semestre

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El Sector Público Nacional registró en junio un déficit primario de $321.644,4 millones. El pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, fue de $74.933,0 millones, alcanzando un déficit financiero de $396.577,4 5 millones. Por su parte, el resultado primario acumulado al primer semestre, registra un déficit de $755.975,7 millones, esto es un 0,99% del PBI, en tanto el financiero registro un resultado negativo de $ 1.244.916,4, dado el pago de intereses de la deuda pública, neto de los correspondientes a pagos intra sector público, de $488.940,7 millones.

A los fines de los objetivos de política contenidos en el programa económico consistentes con una meta de déficit primario de 2,5% del PIB, se estableció un límite anual para el cómputo de los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos equivalente al 0,3% del PBI. Considerando dicho límite, déficit primario es de $800.681,4 millones (1,05% del PBI), cumpliendo la meta del primer semestre establecido en el Programa de Facilidades Extendida ($874.382,5 millones; 1,14% de PBI).

En el mes de junio, los ingresos totales del SPN ascendieron a $1.201.888,0 millones (+56,8% i.a.). Este guarismo se ve afectado por la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que en el mencionado período fue de $89.733,7 millones. Sin considerar el mencionado recurso, dicha variación asciende a +77,5% i.a. Los ingresos tributarios alcanzaron los $771.956,8 millones (+71,1% i.a.), motorizados principalmente por la dinámica de los tributos referidos a la actividad económica mientras que los aportes y contribuciones a la Seguridad Social se incrementaron en un 84,2% alcanzando los $325.383,2 millones.

Los impuestos que presentaron los principales incrementos son: Ganancias ($91.650,8 millones; 115,7% i.a.), IVA (neto de reintegros) ($93.005,2 millones; 76,9%), Débitos y Créditos ($42.934,0 millones; 64,0%) y Bienes Personales ($17.173,6 millones; 104,4 %). En particular, el Impuesto a las Ganancias se vio impulsado producto del vencimiento de Declaraciones Juradas de Sociedades con cierre en diciembre 2021, reflejando la recuperación económica durante ese ejercicio. Por su parte, los tributos de comercio exterior muestran una mejora de $31.355,3 millones. Los Derechos de Importación aumentaron en un 63,5% i.a., producto del crecimiento de la actividad económica, mientras que los Derechos de Exportación lo hicieron en un 17,9% i.a.

Por otro lado, las rentas de la propiedad aumentan en $28.096,3 millones (95,4%), valor que contempla el crecimiento de las relacionadas con emisiones primarias del Tesoro ($5.585,6 millones).

El gasto del Sector Público Nacional ascendió en el mes de junio de 2022 a $1.598.465,4 es decir un 64,0% superior al mismo mes del ejercicio anterior.

Las prestaciones de la seguridad social ascendieron a $704.656,4 millones (72,7% i.a). Esta dinámica se explica por el impacto de la fórmula de movilidad vigente (Ley N° 27.609), que arroja mejoras conforme crece la economía y se recupera la recaudación y los salarios, y por el impacto de la regularización de haberes y otros conceptos que incrementaron las pasividades de Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $ 436.858,7 millones (45,1% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de $ 118.725,9 millones (49,2% i.a.). Se destaca el pago transitorio del refuerzo de ingresos a sectores vulnerables para morigerar los efectos adversos del contexto internacional sobre las familias ($56.274,2 millones), como los mayores pagos correspondientes a las Asignaciones Familiares ($21.455,9 millones), impulsados por el otorgamiento del complemento mensual dispuesto por el decreto N°719/21, y a la Asignación Universal para Protección Social ($1.206,7 millones). Por su parte, contribuyeron los incrementos de Políticas Alimentarias ($12.337,6 millones) por el aumento de la prestación Alimentar en un 50% dispuesto en abril, y del programa Potenciar Trabajo ($15.743,8 millones). Al mismo tiempo, se observaron mayores transferencias destinadas a los programas ACOMPAÑAR ($2.593,8 millones), becas PROGRESAR ($4.389,6 millones), Asistencia a Agentes del Seguro de Salud (1.178,7 millones) y Atención Medica a beneficiarios de Pensiones no Contributivas de ANDIS ($1.242,8 millones). Por su parte, los subsidios energéticos se incrementaron en $38.790,7millones.

Las transferencias corrientes al sector público arrojaron una variación positiva de $17.075,9 millones (28,6% i.a.), destacándose las destinadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 27.606 y a la provincia de Buenos Aires en concepto del Fondo del Fortalecimiento Fiscal dispuesto en la Resolución 524/2020. Asimismo, se registraron aumentos en las transferencias a Gobiernos Provinciales por parte del Ministerio de Educación en el marco del FONID ($5.258,7 millones). Además, las transferencias a Universidades se incrementaron en $8.916,7 millones.

Las remuneraciones registraron una variación de +79,8% i.a. producto de los incrementos otorgados en el marco de los acuerdos salariales alcanzados. En cuanto al gasto en bienes y servicios, este registró una suba de $11.662,1 millones (37,8% i.a.), destacándose los asociados al Censo Nacional de Población y Vivienda.

Finalmente, el gasto de capital tuvo una suba de $55.310,2 millones (113,7% i.a.) respecto al año anterior. Por un lado, se evidenció un incremento de la Inversión Real Directa en 146,9% i.a., de los cuales $34.165,5 millones corresponden a mayores inversiones realizadas por la empresa IEASA; $2.967,4 millones a las empresas públicas del sector transporte y $1.379,3 millones al Ministerio de Educación para fortalecer el programa Conectar-Igualdad. A su vez, las Transferencias de Capital se incrementaron en $ 14.186,6 millones (77,7% i.a.), destacándose las transferencias a provincias por parte del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y las ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas para el desarrollo de infraestructura hídrica.

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