El informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizado por Nadin Argañaraz, Florencia Maldonado y Julieta Manso muestra que bajo un comportamiento idéntico de los salarios, solamente Santa Cruz, Chaco y Jujuy habrían tenido déficit en 2018
El hecho de analizar únicamente el resultado financiero deriva en una interpretación parcial de la situación fiscal de las provincias, sobretodo en un año de atraso salarial como fue 2018. Haciendo un estudio con mayor nivel de detalle sobre las jurisdicciones, se puede encontrar una marcada heterogeneidad en la solidez del resultado fiscal y de la política de ejecución de gastos.
Muchas provincias tuvieron una política de atraso salarial significativa que les permitió mejorar sus cuentas fiscales a través de una caída real del gasto en personal. Esta situación constituye una mejora endeble, dado que, en la medida que los salarios se recuperen a través de paritarias, el ahorro obtenido tenderá a desaparecer. La situación más probable es que se achique la brecha entre variación salarial y variación de los precios, sobretodo porque el año 2019 es electoral.
Cuando se supone un comportamiento igual del gasto en personal para todas las provincias durante los primeros 9 meses de 2018, se tiene que 9 jurisdicciones mantienen el superávit financiero, aunque lo reducen. Este grupo está conformado por las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa y Salta. Por otra parte, un grupo de 9 provincias mejoran el superávit financiero (CABA, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero). Córdoba y Corrientes eliminarían su déficit financiero, pasando a obtener superávit. Finalmente, las jurisdicciones de Chaco, Jujuy y Santa Cruz agudizarían el déficit financiero.
Más aún, si se hiciera un supuesto de igual comportamiento en el gasto de obra pública, Córdoba y Corrientes mejorarían aún más el resultado financiero.
Las discusiones actuales entre gremios y autoridades de las diferentes provincias, seguramente terminarán achicando la brecha entre variación salarial y variación de precios existente en los primeros 9 meses de 2018. Esto repercutirá en un salto de nivel en el gasto público de las provincias, principalmente en aquellas con mayor atraso salarial real. La suposición de una variación salarial similar entre provincias permite medir el impacto de esta situación en los resultados fiscales de cada una.
Un informe privado de la consultora Ecolatina muestra que las proyecciones de la política fiscal de este año quedarán por debajo del 2,7% del PBI. También muestran las proyecciones para el 2019
¿Cómo fue el resultado fiscal de noviembre?
En el anteúltimo mes del año, el déficit fiscal primario del Sector Público Nacional alcanzó ARS 34.000 millones, incrementándose 14% i.a. (-23% i.a. en términos reales). Así, es la primera vez desde diciembre de 2017 –cuando se adelantaron gastos correspondientes a 2018- que el resultado primario empeora nominalmente respecto al mismo mes del año previo.
De esta manera, el resultado primario acumula un rojo de ARS 204.000 millones restando un mes para el cierre del ejercicio. En términos del Producto, implica un déficit de 1,5% PBI vs 2,7% PBI en los primeros 11 meses del año pasado. Incluyendo los gastos del Programa de Inversiones Prioritarias (PIP), como establece la metodología de seguimiento de las cuentas fiscales del FMI, el rojo primario se eleva a 1,7% del PBI, encaminándose al cumplimiento de la meta acordada para 2018 (-2,7% del PBI).
Asimismo, el rojo financiero rozó los ARS 73.000 millones, trepando 58% i.a. (+7% i.a. en términos reales), producto de un fortísimo incremento del pago de intereses (+139% i.a.). En el acumulado del año, el resultado financiero llega a un rojo de ARS 535.000 millones, equivalente a un déficit de 3,9% del PBI (-4,1% considerando gastos en PIP).
¿Cuál fue el motivo del deterioro?
El gasto primario creció sólo 32% i.a. retrocediendo 11% i.a. en términos reales (descontada la inflación). Asimismo, los ingresos redujeron su ritmo de expansión (+35% i.a.) exhibiendo una caída de 9% i.a. en términos reales, tras haber empardado a la inflación en octubre.
Analizando en términos reales las erogaciones se observa que: los subsidios treparon 36% i.a. (los energéticos se duplicaron); los gastos de capital avanzaron 13% i.a. (por segunda vez consecutiva, luego de 14 meses de caída); y las prestaciones sociales se derrumbaron 18% i.a.
Asimismo, en términos reales la mayoría de los ingresos se contrajeron. Las excepciones fueron: derechos de exportación (+131% i.a) por el nuevo esquema de retenciones y el salto cambiario; rentas de la propiedad (+68% i.a.) por la prefinanciación del programa financiero; y el impuesto a los créditos y débitos (+20% i.a.). Como novedad, se observa que la recaudación del IVA revirtió su signo: por la reducción de alícuotas a las importaciones y la caída de las ventas, este tributo cayó 13% i.a. Por su parte, los aportes y contribuciones a la seguridad social continúan en franco retroceso (-16% i.a.) por la reforma impositiva y la retracción de los salarios formales. Por último, los impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias también siguen cayendo (-68% i.a. y -27% i.a. en términos reales).
¿Cuál es la perspectiva para 2019?
De cara al año próximo, proyectamos que los impuestos a las exportaciones dinamizarán los ingresos tributarios, de la mano de una mayor competitividad cambiaria y la ampliación de las retenciones al resto de los bienes y a los servicios. Al mismo tiempo, la transferencia de parte de los subsidios económicos a las provincias alivianará las cuentas del Tesoro Nacional y el recorte en obra pública reducirá el peso del gasto primario en la economía.
Sin embargo, producto de un nivel de actividad por debajo de lo presupuestado y un posible aumento de la informalidad, será difícil alcanzar el equilibrio primario en 2019.
Además, el pago de intereses seguirá creciendo el año que viene: se ubicaría en torno a 3,5% del PBI y tendrá un peso creciente sobre el presupuesto, pudiendo alcanzar casi 15% de la Recaudación Nacional.
El Gobierno desistió de terminar el Gasoducto del Nordeste. No se trata de una postergación ni un replanteo sino que se decidió abandonar cientos de kilómetros de cañerías instaladas con el argumento de que durante más de una década el Estado desembolsó casi 2300 millones de dólares, el doble de su presupuesto original, a través de licitaciones en las que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) identificó vicios que irían desde la falta de planificación a licitaciones amañadas y sobreprecios.
Los caños del gasoducto del NEA destinados al abandono si el gobierno nacional no toma la decisión política de proveer de energía a la región. En el Chaco las obras estaban terminadas en gran parte.
Según un informe del diario Clarín la obra se repartió entre varias empresas conocidas y otras no tanto algunas de las cuales aparecen complicadas con la investigación sobre el dinero negro que se habría pagado a funcionarios en el marco de la obra pública de acuerdo a los cuadernos que supuestamente escribió el ex chofer Centeno. Entre ellas Vertúa, que debía ejecutar el primer tramo del ducto (EPC1), que en Salta permitiría conectar todo el tendido con la cuenca boliviana en un tramo de 100 kilómetros.
A pesar de los anticipos de dinero, el contratista no concluyó la tarea y en un concurso reciente, Ieasa (sucesora de la estatal Enarsa) relicitó ese fragmento a través de una compulsa que ganó la constructora de Techint. Pero la posibilidad de que Argentina sea superavitaria en gas, unida a las restricciones fiscales, hicieron que el Gobierno tomara la decisión de no construirlo, abortando el proyecto tal como fue concebido. Qué hacer con los caños
El primer desafío oficial es darle un uso a los 3018 kilómetros de caños, troncales y de aproximación, so pena de que se transformen en un monumento al despilfarro de fondos públicos. El renunciado titular de Enarsa, Hugo Balboa, había imaginado utilizarlo para almacenar el gas que sobra en verano. El diario Clarín publica que según Ieasa, una porción del tendido se está utilizando para llevar gas por redes a una docena de localidades santafesinas en un ramal que finaliza en San Justo y algo similar ocurriría con otras del Chaco sin que se sepa de caños que empalmen lo existente con el ramal santafesino que se alimenta en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Lo cierto es que Vaca Muerta recién produce el 10% del gas que se consume en épocas normales y por ahora parece difícil que pueda asimilar la demanda de una región tan grande como la del gasoducto ahora abandonado. A primera vista parece más económico y rápido completar los 100 kilómetros que dejó sin terminar Vertúa.
La decisión descarta de hecho a Bolivia como proveedora a futuro de los 26 millones de metros cúbicos diarios comprometidos en un contrato que vence en el 2026 y que algunos especialistas reivindican como “el más barato” de los importados. También representa rescatar sólo parcialmente la enorme infraestructura esparcida por el Nordeste a través de contratos dados de baja, aún sin la conclusión de las obras. A poco de asumir Mauricio Macri, Enarsa pidió una auditoría general de la obra a la Sigen, concluida en abril del 2017. Este trabajo identificó algunos pecados de origen como la falta de estudios de preinversión y análisis de la demanda futura que justificaran el emprendimiento. Como añadido: “falta de sustento económico financiero”, ya que la obra ni siguiera fue prevista en los presupuestos públicos. Todo sea por el déficit fiscal
Según el informe firmado por los síndicos Ignacio Rial e Ignacio Días Zavala en abril del 2017, los contratos en ejecución sumaban US$ .217.912.015. Y según la última versión del proyecto, sólo se había concretado el 66,15% del avance: “la obra faltante implicaba desembolsar US$ 563.200.000”. Ese esfuerzo fiscal fue una causa de desaliento que se sumó a la idea de que el gas no convencional de Neuquén alcanzará para alimentar el circuito desde el sur. El Gasoducto del Nordeste fue declarado de interés nacional por el decreto 267/07 en el que se previó una inversión total de US$1.382.557.000 para 1.500 kilómetros de extensión. Pero sufrió una metamorfosis constante, con cambios realizados con procedimientos que no siempre honraron las formalidades exigidas por ley. Según los síndicos, los pliegos incluyeron “cláusulas susceptibles de restringir la concurrencia de oferentes” y hubo “mínimos parámetros de exigencia” de antecedentes, disociados de la envergadura de la obra. Peor aún: no se constató que en todos los casos se haya hecho la convocatoria a licitación a través del Boletín Oficial.
Las adjudicaciones de los varios tramos en que se fragmentó la obra tuvieron precios US$117.400.000 por encima de los valores de referencia de Sigen y el segmento EPC8, en el Chaco, se adjudicó a una oferta “que superaba en 27% el presupuesto oficial”, sin que haya ningún justificativo técnico para eso. De remate: hace poco más de un año, “se encontraba pendiente de ejecución una parte significativa de las inversiones de los contratistas”, por las que éstos habían recibido anticipos.
Además de Vertúa, participaron otras firmas de distinta performance en el proyecto y reputación. Entre ellas Rovella Carranza, Contrera Hermanos, José Chediack (arrepentido en la causa de los cuadernos), Esuco (del arrepentido Carlos Wagner), BTU y Techint Compañía Técnica Internacional, que logró alzarse con uno de los fragmentos de la obra después de lidiar judicialmente para integrarse a concursos algunas veces anulados por razones poco nítidas. En el 2018 logró otro triunfo al ganar el concurso por los 100 kilómetros en Salta, que ahora abortó el gobierno.
El holding de Rocca tuvo un lugar particular en el GNEA. En el 2004 le arrimó a Néstor Kirchner la idea de ejecutar el tendido bajo el sistema de iniciativa privada con un presupuesto cercano a los US$1.200 millones. La primera oposición fue la de Repsol, que vio en esta propuesta una competencia a Loma de la Lata. Finalmente Julio De Vido decidió realizarla como obra pública convencional, a través de Enarsa, y reclamándole al grupo que le cediera la ingeniería base: lo consiguió sin problemas.
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, criticó al gobierno nacional por manejar las finanzas públicas “con total inoperancia” y dijo que “las provincias no tienen nada que ver con esa mala administración”,
“La provincia de San Luis tiene un presupuesto equilibrado. No es el caso de otros Estados que tiene presupuesto deficitario”, apuntó.
En ese sentido, subrayó: “Cuando hay un presupuesto deficitario, es culpa del gobernante”.
“Es como una familia en la que entra un sueldo de 22.000 pesos: es poco, pero hay que ajustar el cinturón. Nunca hay que llegar a gastar más. Si no, te vas endeudando cada vez más y no hay salida. El Gobierno ha hecho esto”, ejemplificó.
Así, cuestionó que la administración del presidente Mauricio Macri “ha manejado las finanzas públicas con total inoperancia y mala fe”.
“El Gobierno debería decir ´fracasamos, hicimos todo mal y lo único que nos queda es ir al Fondo Monetario”, evaluó Rodríguez Saá en diálogo con FM La Patriada.
Aseguró que si a la situación “con un endeudamiento externo enorme para pagar el déficit”, se le suma “inflación, despidos, cierre de comercios y pymes, es un combo insoportable”.
“Las provincias no tienen nada que ver con la mala administración del gobierno nacional”, aclaró.
El “staff report” que los técnicos del organismo elevaron al directorio para que la Argentina consiguiera la línea de crédito de u$s 50.000 millones sugiere también vender tierras y amortizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar el pago de reclamos jubilatorios.
El Fondo Monetario Internacional dio a conocer el documento elaborado por los técnicos del organismo para la aprobación, el mes pasado, del acuerdo stand by para la Argentina por 50.000 millones de dólares. El trabajo estima un crecimiento de sólo 0,4% para el año en curso, aunque espera una recuperación el próximo, con un aumento de 1,5%. El reporte enfatiza la cuestión fiscal y señala la necesidad de realizar recortes en el gasto público y mantener impuestos para cumplir con las metas fiscales.
El Fondo sostiene que los objetivos en materia fiscal se basarán en medidas ya adoptadas por el Gobierno argentino y en nuevos ajustes que contemplaría el presupuesto 2019. En particular se especifica:
• La postergación de la implementación de partes de la reciente reforma impositiva a 2020 (como por ejemplo las contribuciones sociales de los empleadores). En este punto, el Gobierno encontrará apoyo de la oposición ya que sectores del peronismo estaban analizando suspender la rebaja de la baja de las ganancias de las empresas previstas en la Reforma Impositiva.
• Mantenimiento del promedio de la tasa de exportación de los productos de soja al 25,5%. Es decir, suspender por un tiempo el cronograma de descuentos. El presidente Macri cuando se reunió con la Mesa de Enlace les ratificó que seguiría con el esquema de baja de retenciones sin embargo, algunos sectores del Gobierno hubieran visto con buenos ojos que el campo hubiera ofrecido una demora en la aplicación. Ahora al ser parte del acuerdo es probable que recrudezcan las presiones para suspender este beneficio.
• Mayor reducción de subsidios ineficientes en energía y transporte. Este punto es crítico para el Gobierno porque sabe que generará mucha resistencia en vastos sectores de la sociedad, asimismo preocupa el traspaso a precios que genera dado que si no se comienza a bajar la inflación se demora la baja de tasa de interés y por ende retrasando la recuperación económica.
• Limitar el crecimiento nominal de los salarios del sector público (incluidos los beneficios no salariales y otros pagos) a un promedio de 8% durante junio de 2018-junio de 2019. Un acuerdo con los sindicatos a este efecto ya han sido firmado dice textual en la página 11 del informe del Staff del FMI.
• Racionalización de los gastos en otros bienes y servicios, con un recorte de 15% en 2018 que continúe en 2019.
• Reducción del empleo público y congelamiento de contrataciones en la administración federal.
• Recortar las transferencias a empresas estatales un 15% en 2019, en combinación con los esfuerzos de fortalecer su posición financiera.
• Reducir las transferencias discrecionales a las provincias un 1,2% del PBI para 2019. Y recortar el déficit fiscal a nivel provincial.
• Reducir gasto de capital un 0,6% del PBI con la expectativa de que los proyectos con Asociaciones Público-Privadas protejan los planes de infraestructura pública previstos.
• Venta de tierras y amortización de fondos de pensiones que hoy están retenidos para financiar el pago de reclamos de pensiones.
El informe contiene un cuadro en el que se calcula cuánto aportaría cada uno de los ítems a la reducción del déficit fiscal que en total se estima en 4.2 puntos el año que viene.
Demorar la aplicación de partes de la reforma tributaria implicaría 0,3% (en términos del PBI), el freno a la baja de la soja agregaría 0,1%, la reducción en los subsidios energéticos 0,7%, el recorte a los salarios públicos 0,3% y la venta de tierras y la amortización de los activos de los fondos de pensión 0,6%.
“Creemos que este plan tiene buenas posibilidades de reducir gradualmente la inflación”, sostuvo Roberto Cardarelli, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional para Argentina, al analizar los detalles del plan económico acordado con el organismo multilateral. Según el directivo, “esperamos que el crecimiento se estabilice en el último trimestre de 2018 y anticipamos que la economía comenzará una recuperación gradual en 2019 y 2020”.
Esta recomendación abarcaría la reducción de las cotizaciones a la seguridad social de los empleadores y la capacidad de deducir el impuesto a las transacciones financieras del impuesto sobre la renta como asimismo mantener las retenciones a la exportación en productos de soja en 25,5%.
Por otra parte, el informe del staff del organismo advierte que “el programa enfrenta riesgos sustanciales” y particularmente, con relación a la sustentabilidad de la deuda pública, puntualiza que las altas necesidades de financiamiento, con una alta proporción en moneda extranjera plantean “riesgos importantes”.
En tanto, el informe del staff del FMI sostiene que el programa argentino enfrenta “riesgos sustanciales”. Se espera que permanezcan altas las necesidades brutas de financiación y las vulnerabilidades implícitas en la deuda. La trayectoria de la deuda -advierte – es sensible a las desviaciones de los supuestos del programa, en particular para el tipo de cambio, el crecimiento económico y el ajuste fiscal. “Si los aspectos centrales de las políticas o los supuestos del programa no se materializan, la estabilización de la economía argentina se vería socavada, con la probabilidad de que aumenten las necesidades de financiamiento”, reza el documento.
Al analizar la sustentabilidad de la deuda pública, el Fondo sostiene que las vulnerabilidades se tornaron evidentes a partir del endurecimiento de las condiciones globales de política monetaria y una serie de cambios en la política local. Si bien se espera que la relación de la deuda con el producto bruto interno vaya decreciendo con los años, alerta que las altas necesidades de financiamiento, con una elevada proporción en moneda extranjera plantean “riesgos importantes”.
Estos párrafos pueden llamar la atención pero quienes siguen los acuerdos del FMI señalan que es la forma que tiene el staff para “cubrir su responsabilidad frente al otorgamiento de un préstamo que supera holgadamente la cuota”.
Cabe señalar que los técnicos del Fondo no siempre han acertado en sus pronósticos. Es más, hasta hace muy poco el informe sobre Argentina no planteaba un escenario crítico ni tampoco avizoró la crisis cambiaria que enfrento el país.
También y de alguna manera para deslindar responsabilidades futuras advierte que “existe el riesgo de que el apoyo interno a las políticas y reforma no se sostengan, a pesar de las medidas apuntan a proteger a los sectores más vulnerables de la carga del ajuste”. En un claro mensaje a las dirigencias.
