DÉFICIT FISCAL

En línea con los requerimientos del FMI, las cuentas públicas cerraron abril con superávit de $499 millones

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Argentina registró un superávit fiscal primario de 499 millones de pesos en abril, pero el resultado financiero arrojó un déficit de $ 66.073 millones, informó el ministerio de Hacienda.
La primera cifra representa una reducción de $ 10.841 millones frente al déficit de $ 10.342 millones registrado en abril de 2018.
Los recursos totales crecieron un 43,8% en términos interanuales (i.a.), 8 puntos porcentuales (p.p) más en relación a los gastos primarios que tuvieron un incremento del 36,2% i.a.
Por su parte, el déficit financiero -que incluye el pago de los intereses de la deuda pública- fue de $ 66.073 millones, con un aumento equivalente al 52% en relación a abril de 2018 y una reducción en términos reales de 2,4% i.a.
Los ingresos totales del mes fueron $ 277.427 millones. Se destacaron los recursos tributarios -netos de la deducción por coparticipación a las provincias- que alcanzaron $ 245.964 millones y mostraron un crecimiento del 45,4% i.a.
Dentro de estos, sobresalieron los Derechos de Exportación (313,4% i.a.), el Impuesto a las Ganancias (52,6%), los Aportes y contribuciones a la seguridad social (42% i.a.), el Impuesto al Valor Agregado (30,1% i.a.) y el Impuesto a los créditos y débitos (29,5% i.a.). El resto de los recursos del Sector Público no Financiero mostró en abril un incremento del 32,5% i.a.
Los gastos primarios alcanzaron $ 276.929 millones, con un crecimiento del 36,2% i.a. en términos nominales y una reducción del 12,5% i.a. en términos reales. El gasto de capital creció un 8% i.a., donde sobresalieron los incrementos en la finalidad Transporte (83,8% i.a.) y Educación (18,9% i.a.), mientras que en el resto de las finalidades se observaron disminuciones en términos anuales.
Prácticamente un cuarto del gasto de capital del abril fue pagado con financiamiento externo, destacó la cartera a través de un comunicado.
Las prestaciones sociales aumentaron un 37,8% i.a. Se destacaron las jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas y asignaciones familiares que crecieron un 36,5% i.a., y la asignación universal por hijo con un crecimiento del 102% i.a. debido al incremento del beneficio del 46% otorgado en marzo.
Asimismo, la línea “Otras prestaciones sociales” aumentó un 40,8% i.a., con los programas “Hacemos Futuro” y “Proyectos Productivos Comunitarios”, que aumentaron un 55,6% i.a., en virtud del incremento del Salario Social Complementario otorgado en marzo.
Las transferencias a universidades aumentaron un 27,3% i.a. y las transferencias corrientes a las provincias un 7,6% anual, donde se destacaron las destinadas a Desarrollo Social (489,6% i.a.) y Seguridad Social (91,9% i.a.).
El gasto operativo aumentó un 40,6% i.a., producto de un incremento en el gasto en personal del 29,5% i.a. y un incremento en bienes y servicios del 79,2% i.a. Parte de la variación que mostró último rubro mostró un mayor crecimiento en relación al primer trimestre (+25,3% i.a.) que se explica por la ejecución de los programas “Políticas Alimentarias” (+212,6% i.a.) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y “Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles” de la Secretaría de Gobierno de Salud (+763% i.a.) relacionado con la compra de vacunas.
Sin considerar el crecimiento que mostraron estos programas, el gasto en bienes y servicios habría tenido una suba interanual 22 p.p. menor.
Los subsidios económicos aumentaron un 44,2% i.a., desacelerándose en relación al crecimiento exhibido en el primer trimestre del año (+86,1% i.a.), pero todavía aumentando por encima del gasto primario total debido al impacto del tipo de cambio. En este sentido, los subsidios energéticos mostraron un alza de 100,8% i.a. mientras que los destinados al transporte cayeron un 3,5% i.a.
El pago de intereses se incrementó un 101% en abril, debido principalmente al impacto de la suba registrada en el tipo de cambio (+114% i.a.) en los intereses denominados en moneda extranjera (aproximadamente 60% del total este mes), previendo que para el total de 2019 se mantendrán en la misma relación con el PBI que establece el Presupuesto Nacional (3,2%).
En el primer cuatrimestre del año, el resultado primario tuvo un superávit de $ 10.846 millones (0,1% PBI), mejorando en 0,3 p.p. respecto del mismo período de 2018. Esta mejora se produjo a partir de que los ingresos crecieron 9 p.p. más que los gastos primarios (40,8% i.a. vs. 32,2% i.a). El resultado financiero fue de – $ 180.855 (-0,9% PBI), mostrando una reducción del 12% en términos reales.

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San Luis: tras el fallo de la Corte, Rodríguez Saá pidió cita con Macri para sellar pago

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El mandatario solicitó una audiencia con el Presidente y enfatizó que la decisión del máximo tribunal sobre coparticipación “no pone en riesgo el plan de déficit cero” que Argentina acordó con el FMI.
Tras el fallo de la Corte Suprema que fijó el monto que Nación deberá pagarle a San Luis por la detracción de fondos coparticipables entre 2006 y 2015 (unos $15.000 millones), el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá solicitó formalmente una audiencia al presidente Mauricio Macri para establecer forma y tiempos de pago. Además, sostuvo que el importe “no pone en riesgo el plan de déficit cero” que el Gobierno nacional acordó con el FMI.
“La provincia necesita contar con un plan de pago de esta deuda para poder planificar”, dijo Rodríguez Saá en una conferencia de prensa. Fue la primera aparición pública del mandatario peronista tras la decisión del máximo tribunal de la semana pasada, cuando volvió a expresarse sobre el recorte de coparticipación del 15% para financiar a ANSES y de 1,9% para la AFIP durante el kirchnerismo. Los jueces decidieron poner fin al asunto con la aplicación de tasa pasiva del Banco Nación para actualizar el monto de unos $5.000 millones, deuda original al momento del primer fallo a favor de la provincia a finales de 2015.
“La resolución de la Corte nos alegró enormemente, ya que se trata de un fallo que se dictó hace más de tres años y que ahora las partes tienen 120 días para acordar la forma de pago”, comentó el gobernador, quien estimó la deuda en $16.000 millones. Y destacó al respecto: “Queremos iniciar un procedimiento de diálogo sereno y amable”.
Déficit
Rodríguez Saá cuestionó al Gobierno nacional: “Nunca nos dieron respuesta sobre las tres alternativas de pago propuestas por San Luis, con bonos, obras y dinero, para que se hicieran efectivas mientras discutíamos el tipo de tasa de interés que debía aplicarse a la deuda”. “Ahora queremos tener un plan de pago para que ese dinero no se termine perdiendo en la burocracia”, agregó.
Asimismo, el gobernador relativizó el importe, al mencionar que no es representativo para las arcas nacionales. La semana pasada, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que si la Corte avala también ese criterio para el pedido de Santa Fe -tiene una demanda similar por montos que se cuadriplican-, las partidas para pagar esas deudas serían equivalentes al 15% del esfuerzo fiscal para alcanzar el equilibrio primario en 2019. Sin embargo, Rodríguez Saá, con foco sólo en las acreencias de San Luis, expresó que el pago “no desequilibra los planes del Gobierno en su meta del déficit cero”.
En ese sentido, remarcó que el Presupuesto nacional “es de $4 billones, equivalentes a u$s100.000 mil millones, cuando la deuda con San Luis asciende a u$s400 millones de dólares, el 0,4 por mil; si se acomoda algún gasto superfluo, se nos podrá pagar”.
Destino
El gobernador puntano, que buscará este año su reelección, en medio de una disputa electoral con su hermano, el senador nacional Adolfo, también anunció que el dinero de la deuda se destinará a obras en la provincia.
“También nos encantaría hacer frente a los tarifazos con un plan de energías sustentables y que San Luis fuera autosuficiente; solucionar el problema del transporte urbano e interurbano, que no es necesariamente un subsidio, porque llevaría a la bancarrota a San Luis en 3 años, ya que estamos dispuestos a conversar un gran plan sobre este tema”, manifestó Rodríguez Saá.
Respecto a qué podría pasar si no llegan a un acuerdo con Nación en el plazo de los 120 días, indicó: “Tenemos la posibilidad en septiembre de iniciar la acción judicial ejecutiva para que se efectivice el pago”. Sin embargo, recalcó: “No queremos llegar a eso, sino acordar una forma de pago”.
El gobernador asimismo recordó que el fallo de la Corte hace referencia que a San Luis “no se le puede oponer el Pacto Fiscal porque no lo firmó”. “Hoy resulta un enorme beneficio no haberlo firmado; vemos que ninguna provincia firmante lo pudo cumplir ni mucho menos el Gobierno nacional y que implicaba renunciar a las deudas y sus intereses”, afirmó.
También recordó el mandatario la consulta popular realizada en la provincia en la que los ciudadanos votaron a favor de reclamar judicialmente la deuda y opinó: “Tengo la obligación, por prudencia política, de ser optimista” respecto del cumplimiento de la sentencia del máximo órgano judicial del país.

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La reducción del déficit fiscal se logró gracias a la inflación

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Según la consultora IDESA la baja del déficit fiscal es buena noticia pero debe tomarse con cautela ya que se basó en el salto inflacionario. El motivo es que la recaudación sigue el aumento de los precios mientras que los salarios públicos y las jubilaciones también, pero con retardo. Advierten que el equilibrio fiscal sustentable solo se logra con reformas modernizadoras.
Se conocieron los resultados fiscales del sector público nacional del año 2018. El déficit primario (es decir, antes de computar el pago de intereses de deuda) alcanzó los $339 mil millones o 2,4% del PBI. Comparado con el déficit primario de 3,8% del PBI registrado en el 2017 se trata de un progreso importante. Además, se cumplió en exceso con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que había previsto un déficit primario de $378 mil millones o 2,7% del PBI.
El logro fue destacado con entusiasmo por las autoridades económicas. Sin embargo, no se observa un sentimiento similar entre los agentes económicos. Por el contrario, subsisten dudas y desconfianza y, asociado a ello, un clima recesivo. Los factores que contribuyen al pesimismo son varios pero uno de alta relevancia gira en torno a los medios utilizados para impulsar el equilibrio de las cuentas públicas.
Para evaluar la sustentabilidad de la reducción del déficit fiscal resulta pertinente analizar los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Según esta fuente se observa que:
En el 2017 los ingresos públicos crecieron un 23% y el gasto primario un 22% anual.
En el 2018 el aumento en los ingresos públicos fue del 30% mientras que el gasto primario siguió creciendo al 22% anual.
En el 2017 la inflación fue de 25%, mientras que en el 2018 fue de 48% anual.
Estos datos muestran que la reducción del déficit fiscal en el 2018 se logró gracias a que la recaudación tendió a crecer al ritmo de los precios mientras que los gastos escalaron, pero por debajo de la inflación. El IVA y el impuesto al cheque reaccionaron de manera casi automática a la aceleración inflacionaria y la fuerte devaluación brindó espacio para el restablecimiento del impuesto a las exportaciones. Por el lado de los gastos, en cambio, la contención se centró en los subsidios económicos y la obra pública y en que las jubilaciones y los salarios públicos crecieron por debajo de la inflación. Esta dinámica sugiere que un factor decisivo en el ajuste fiscal fue la devaluación y su impacto inflacionario.
Para el 2019 el planteo oficial es profundizar el ajuste fiscal hasta llegar al déficit primario cero junto con la desaceleración de la inflación. Esto está plasmado tanto en el Presupuesto 2019 como en el acuerdo con el FMI. Para ello se contará con la recaudación plena (y no solo por algunos meses como ocurrió en el 2018) del impuesto a las exportaciones. Pero, como contrapartida, no hay margen para aliviar las cuentas públicas a través de la licuación de salarios públicos y jubilaciones como se hizo en el 2018. Muy por el contrario, con inflación descendente la aplicación de la movilidad jubilatoria exigirá un crecimiento del gasto previsional por encima de los precios. Dicho de otra manera, mientras que en el 2018 la aceleración inflacionaria jugó a favor de la baja del déficit fiscal, en el 2019 la desaceleración de la inflación jugará en contra.
En los últimos 60 años, la Argentina tuvo sólo 6 años con superávit fiscal que fueron entre el 2003 y el 2008. No se trata de una excepción a la sistemática indisciplina fiscal argentina sino a que la mega-devaluación del 2002 produjo una drástica licuación de salarios y jubilaciones. Salvando órdenes de magnitud, la mejora en las finanzas públicas del 2018 tiene similares características: ingresos que tienden a crecer automáticamente con la inflación y gastos del Estado que reaccionan con retardo.
Parte del escepticismo se explica porque el ajuste fiscal emula el método espurio usado en el 2003. Para pasar a una instancia superadora hay que abordar un ordenamiento integral del Estado. Esto comprende, fundamentalmente, la reforma del sistema previsional, replantear la organización del sistema tributario para reducir la presión de los impuestos ampliando la base de recaudación y la profesionalización del empleo público.

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Según un estudio del IARAF solamente Santa Cruz, Chaco y Jujuy habrían tenido déficit en 2018

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El informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) realizado por Nadin Argañaraz, Florencia Maldonado y Julieta Manso muestra que bajo un comportamiento idéntico de los salarios, solamente Santa Cruz, Chaco y Jujuy habrían tenido déficit en 2018
El hecho de analizar únicamente el resultado financiero deriva en una interpretación parcial de la situación fiscal de las provincias, sobretodo en un año de atraso salarial como fue 2018. Haciendo un estudio con mayor nivel de detalle sobre las jurisdicciones, se  puede encontrar una marcada heterogeneidad en la solidez del resultado fiscal y de la política de ejecución de gastos.
Muchas provincias tuvieron una política de atraso salarial significativa que les permitió mejorar sus cuentas fiscales a través de una caída real del gasto en personal. Esta situación constituye una mejora endeble, dado que, en la medida que los salarios se recuperen a  través de paritarias, el ahorro obtenido tenderá a desaparecer. La situación más probable es que se achique la brecha entre variación salarial y variación de los precios, sobretodo porque el año 2019 es electoral. 
Cuando se supone un comportamiento igual del gasto en personal para todas las provincias durante los primeros 9 meses de 2018, se tiene que 9 jurisdicciones mantienen el superávit financiero, aunque lo reducen. Este grupo está conformado por las provincias de  Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa y Salta. Por otra parte, un grupo de 9 provincias mejoran el superávit financiero (CABA, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero). Córdoba y Corrientes eliminarían su déficit financiero, pasando a obtener superávit. Finalmente, las  jurisdicciones de Chaco, Jujuy y Santa Cruz agudizarían el déficit financiero.
Más aún, si se hiciera un supuesto de igual comportamiento en el gasto de obra pública, Córdoba y Corrientes mejorarían aún más el resultado financiero.
Las discusiones actuales entre gremios y autoridades de las diferentes provincias, seguramente terminarán achicando la brecha entre variación salarial y variación de precios existente en los primeros 9 meses de 2018. Esto repercutirá en un salto de nivel en el gasto  público de las provincias, principalmente en aquellas con mayor atraso salarial real. La suposición de una variación salarial similar entre provincias permite medir el impacto de esta situación en los resultados fiscales de cada una.

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Para Ecolatina el país está “a un paso de cumplir la meta de déficit primario de 2018”

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Un informe privado de la consultora Ecolatina muestra que las proyecciones de la política fiscal de este año quedarán por debajo del 2,7% del PBI. También muestran las proyecciones para el 2019
¿Cómo fue el resultado fiscal de noviembre?
En el anteúltimo mes del año, el déficit fiscal primario del Sector Público Nacional alcanzó ARS 34.000 millones, incrementándose 14% i.a. (-23% i.a. en términos reales). Así, es la primera vez desde diciembre de 2017 –cuando se adelantaron gastos correspondientes a 2018- que el resultado primario empeora nominalmente respecto al mismo mes del año previo.
De esta manera, el resultado primario acumula un rojo de ARS 204.000 millones restando un mes para el cierre del ejercicio. En términos del Producto, implica un déficit de 1,5% PBI vs 2,7% PBI en los primeros 11 meses del año pasado. Incluyendo los gastos del Programa de Inversiones Prioritarias (PIP), como establece la metodología de seguimiento de las cuentas fiscales del FMI, el rojo primario se eleva a 1,7% del PBI, encaminándose al cumplimiento de la meta acordada para 2018 (-2,7% del PBI).
Asimismo, el rojo financiero rozó los ARS 73.000 millones, trepando 58% i.a. (+7% i.a. en términos reales), producto de un fortísimo incremento del pago de intereses (+139% i.a.). En el acumulado del año, el resultado financiero llega a un rojo de ARS 535.000 millones, equivalente a un déficit de 3,9% del PBI (-4,1% considerando gastos en PIP).
¿Cuál fue el motivo del deterioro?
El gasto primario creció sólo 32% i.a. retrocediendo 11% i.a. en términos reales (descontada la inflación). Asimismo, los ingresos redujeron su ritmo de expansión (+35% i.a.) exhibiendo una caída de 9% i.a. en términos reales, tras haber empardado a la inflación en octubre.
Analizando en términos reales las erogaciones se observa que: los subsidios treparon 36% i.a. (los energéticos se duplicaron); los gastos de capital avanzaron 13% i.a. (por segunda vez consecutiva, luego de 14 meses de caída); y las prestaciones sociales se derrumbaron 18% i.a.
Asimismo, en términos reales la mayoría de los ingresos se contrajeron. Las excepciones fueron: derechos de exportación (+131% i.a) por el nuevo esquema de retenciones y el salto cambiario; rentas de la propiedad (+68% i.a.) por la prefinanciación del programa financiero; y el impuesto a los créditos y débitos (+20% i.a.). Como novedad, se observa que la recaudación del IVA revirtió su signo: por la reducción de alícuotas a las importaciones y la caída de las ventas, este tributo cayó 13% i.a. Por su parte, los aportes y contribuciones a la seguridad social continúan en franco retroceso (-16% i.a.) por la reforma impositiva y la retracción de los salarios formales. Por último, los impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias también siguen cayendo (-68% i.a. y -27% i.a. en términos reales).
¿Cuál es la perspectiva para 2019?
De cara al año próximo, proyectamos que los impuestos a las exportaciones dinamizarán los ingresos tributarios, de la mano de una mayor competitividad cambiaria y la ampliación de las retenciones al resto de los bienes y a los servicios. Al mismo tiempo, la transferencia de parte de los subsidios económicos a las provincias alivianará las cuentas del Tesoro Nacional y el recorte en obra pública reducirá el peso del gasto primario en la economía.
Sin embargo, producto de un nivel de actividad por debajo de lo presupuestado y un posible aumento de la informalidad, será difícil alcanzar el equilibrio primario en 2019.
Además, el pago de intereses seguirá creciendo el año que viene: se ubicaría en torno a 3,5% del PBI y tendrá un peso creciente sobre el presupuesto, pudiendo alcanzar casi 15% de la Recaudación Nacional.

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