DÉFICIT FISCAL

El segundo semestre viene con grillete fiscal

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Por Isidro Guardarucci / Fundación FIEL – El primer semestre cerró con superávit fiscal nacional, una noticia que sigue siendo importante para un país poco acostumbrado a sostener cuentas públicas ordenadas. Sin embargo, la comparación real contra 2025 confirma que la holgura se achicó bastante. El resultado primario acumulado a junio es casi 30% menor al del año pasado y el financiero cae más de 60%. A nivel provincial, la historia es similar: balance primario positivo, pero con una caída del 50% frente a 2025. En este contexto, el gobierno nacional anunció el “grillete fiscal”.

Primer semestre nacional: el signo positivo ya no alcanza

A junio, el Sector Público Nacional No Financiero acumuló un superávit primario de $7,3 billones y un superávit financiero de $1,5 billones, ambos medidos a precios de 2026. El resultado sigue en terreno positivo y esto no debe minimizarse: el ancla fiscal continúa siendo el activo central del programa económico.

Pero el dato relevante está en la comparación interanual. Medido en términos reales, el resultado primario acumulado cae 28,3% respecto de enero-junio de 2025. El resultado financiero se reduce 64,6%. La explicación general es historia repetida. Los ingresos caen más que el gasto. Los recursos totales retroceden 5,0% real y los tributarios lo hacen 6,5%. El gasto primario también baja, pero apenas 1,9%. No hay desborde del gasto en el agregado, pero sí una combinación menos favorable para sostener el superávit. No obstante, aún en este contexto, la iniciativa de reducir la presión impositiva continúa: los números de julio reflejarán la baja de derechos de exportación a bienes industriales, con el objetivo de su eliminación total dentro de los próximos doce meses.

Cuadro 1

Ejecución acumulada enero-junio (millones de $ de 2026)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

Ingresos débiles, otra vez

La recaudación tributaria acumulada a junio vuelve a mostrar una baja amplia, que se sitúa en 6,5% cuando se compara en moneda constante contra la primera mitad del año pasado. Los Derechos de Exportación son el principal factor: caen 40,8% real y explican una pérdida de alrededor de $2,3 billones frente al primer semestre de 2025. En segundo lugar, aparece el IVA, con una merma real de 7,8% y una pérdida de $1,4 billones. Los aportes y contribuciones a la seguridad social completan el grupo principal, con una caída de 3,8% y $1,1 billones menos.

Estos tres componentes explican buena parte del retroceso. No tienen la misma lectura económica, pero sí el mismo efecto fiscal. Los Derechos de Exportación reflejan cambios de alícuotas, cantidades, precios y tipo de cambio; el IVA es una señal más cercana a consumo y actividad interna; los aportes y contribuciones dependen de la dinámica del empleo formal y la masa salarial. En conjunto, muestran que la recuperación de la recaudación todavía no aparece con la fuerza necesaria.

Hubo algunas compensaciones. Ganancias creció levemente en términos reales, Bienes Personales también aportó algo y el resto de tributos aumentó 7,7%. Pero estos movimientos no alcanzan para revertir el saldo general. El punto de fondo es que, con menor inflación, el fisco necesita bases imponibles reales más fuertes. La nominalidad ya no hace el trabajo.

Gráfico 1

Aportes a la variación de la recaudación (millones de $ de 2026)

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

Gasto: ajuste más tenue y partidas que vuelven a crecer

Del lado del gasto primario, la baja agregada del 1,9% real luce modesta frente a la caída de los ingresos. Algunas partidas siguen mostrando recortes relevantes: las transferencias corrientes a provincias caen 35,6%, los gastos de funcionamiento no salarial 14,3%, el gasto de capital nacional 11,6%, las transferencias de capital a provincias 13,9%, el resto de prestaciones sociales 11,6% y las remuneraciones 7,1%.

Sin embargo, otras líneas muestran recomposiciones. Las jubilaciones y pensiones contributivas crecen 3,1% real, la AUH aumenta 3,8% y las transferencias a universidades suben 10,5% (merced a la actualización de salarios acordada hace unos meses, la cual tendrá un impacto adicional en agosto). En estos casos, la dinámica no sorprende: después del fuerte ajuste inicial, algunas partidas empiezan a recuperar poder de compra o reciben decisiones específicas de recomposición.

El rubro que más sobresale sigue siendo subsidios económicos, con un aumento real de 29,6% en el acumulado. La explicación está, otra vez, en energía. Entre enero y junio, los subsidios energéticos se ubican alrededor de 78% por encima del mismo período de 2025, mientras que transporte cae cerca de 7%. No estamos de vuelta en los niveles más desordenados de la historia reciente, pero sí ante una partida que siempre conviene mirar con poca complacencia.

Así, el balance del primer semestre exige una lectura menos celebratoria que la del resultado nominal. El superávit sigue, pero ya no se sostiene con la misma facilidad. Para cumplir objetivos fiscales, el segundo semestre requerirá que la recaudación acompañe más o que la administración del gasto sea más activa.

Provincias: primer trimestre con menos colchón

El archivo de ejecución provincial del primer trimestre permite mirar la situación subnacional en valores constantes, a precios del primer trimestre de 2026. Para hacer la comparación, se excluye La Pampa, la cual continúa con su situación irregular en términos de presentación de información y publicación por parte del gobierno nacional homologando su metodología (como hace con las otras jurisdicciones). Sobre los 23 fiscos comparables, las provincias cerraron el primer trimestre de 2026 con superávit primario y financiero, pero con una fuerte reducción respecto a 2025 (el cual mostró una baja sensible frente a 2024, aunque con un contexto particular).

El resultado primario agregado fue de $1,7 billones, equivalente a 4,9% de los ingresos totales. El resultado financiero fue de $0,9 billones, 2,4% de los ingresos. Son números positivos. Pero en el primer trimestre de 2025 el superávit primario había sido de $3,4 billones y el financiero de $2,7 billones. En 2024, favorecido por una licuación mucho más intensa del gasto, el resultado había sido todavía más holgado.

Cuadro 2

Ejecución provincial consolidada primer trimestre, 23 jurisdicciones (billones de $ del 1T 2026)

Fuente: elaboración propia en base a DNAP, Ministerio de Economía.

El mapa provincial, de todos modos, sigue siendo heterogéneo. En 2026, 18 de las 23 jurisdicciones comparables mostraron superávit primario y 17 tuvieron resultado financiero positivo. Es decir, no se trata de una crisis generalizada. El agregado se deteriora porque algunos casos pesan mucho y porque el colchón promedio se achicó.

La lectura de fondo es conocida, pero conviene repetirla. Las provincias tienen gastos rígidos: salarios, cajas previsionales propias en varios casos y servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Del lado de los ingresos, dependen de la coparticipación y de Ingresos Brutos. Cuando la inflación se desacelera, la licuación deja de ayudar y la prudencia fiscal vuelve a depender menos de la inercia y más de decisiones efectivas de gasto.

Grillete fiscal y el futuro

El gobierno se enfrentará a un segundo semestre donde su objetivo será preparar el terreno para un 2027 con elecciones. En Argentina, esto es sinónimo de turbulencias y hacer la tarea este año implica minimizar los riesgos futuros. En este contexto es que el gobierno nacional anunció recientemente el “Grillete Fiscal”. Una señal de compromiso fiscal que, independientemente de sus formas, es necesaria de cara a un 2027 donde el ciclo político mete la cola en la estabilidad macroeconómica.

El mentado grillete puede resumirse como el intento del Ejecutivo de transformar el déficit cero de una decisión de política económica en una regla institucional permanente. La idea central es que el Presupuesto deba cerrar siempre equilibrado o con superávit, sin financiamiento monetario del BCRA, y que toda ley que implique más gasto tenga que explicitar su fuente de financiamiento. Si no lo hace, el Ejecutivo buscaría poder diferirla, recortar otras partidas o incluso declararla inaplicable. Ante la falta de acuerdo para reestablecer el sendero superavitario, incluso se suspenderían los sueldos del alto funcionariado del Ejecutivo.

El anuncio ha sido grandilocuente, con un esquema de castigos e incentivos agudos que podría ser contraproducente en caso de no cumplirse. Esto es especialmente relevante en el caso argentino, toda vez que una regla que propone mecanismos que operan ante dos meses de desvíos es posible que ponga límites demasiado estrictos.

En cualquier caso, un contexto en el que los ingresos reales muestran debilidad y el superávit primario se achica, esta regla opera como una señal de compromiso con el programa económico, pero también como un factor de tensión política: cualquier recomposición de gasto deberá venir acompañada por un recorte equivalente, una fuente de ingresos o una mayor presión sobre otras partidas.

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Claves que abren el debate sobre la independencia monetaria y los límites al poder político en la reforma del BCRA

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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central comenzó a instalar uno de los debates económicos e institucionales más relevantes de los últimos años. El Gobierno nacional sostiene que el objetivo es impedir que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público mediante emisión monetaria, consolidando un marco legal que preserve el valor de la moneda. Sin embargo, detrás del consenso que genera la necesidad de fortalecer la estabilidad macroeconómica aparecen múltiples interrogantes sobre el alcance real del proyecto y sus posibles efectos de largo plazo.

Según el portal iProfesional el mercado financiero está digiriendo los lineamientos fundamentales del proyecto para reformar al Banco Central. Según declaración de intenciones de Javier Milei, servirá para que nunca más un gobierno despilfarrador pueda incurrir en déficits que luego son financiados con “la maquinita”.

Sin embargo, la propuesta sobra la nueva Carta Orgánica ya está despertando debates entre los expertos, que creen que hay riesgos ocultos en la “letra chica”. A continuación, un listado sobre las principales dudas que se plantearon sobre la reforma.

¿El desempleo no tiene nada que ver con el BCRA?

El presidente Milei considera una aberración el hecho de que la Carta Orgánica le asigne a una herramienta (el BCRA) una gran cantidad de objetivos, que incluso pueden ser contradictorios entre sí. Es por eso que propone que, en la reforma, se defina que el Central sólo debe preservar el valor de la moneda.

Sin embargo, no es necesariamente un tema que genere consenso a nivel mundial. En países que han sufrido el trauma de desempleos muy elevados, también se incluye la consecución del pleno empleo como objetivo de los bancos centrales.

Entre ellos, destaca el caso nada menos que de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en una enmienda de 1977 a su ley fundacional agregó expresamente que el cuidado del empleo está entre sus misiones fundamentales. De hecho, a la hora de tomar las decisiones sobre modificación de tasas de interés, uno de los indicadores clave en el análisis de la FED es el ritmo de creación de empleo.

Esto obedece a que, según los economistas que estudiaron la crisis de los años 30, la excesiva contracción monetaria fue un factor que agravó la recesión. Uno de los que argumentaron en ese sentido fue Milton Friedman, de quien Milei es declarado admirador.

¿Siguen vigentes los “regalos” del BCRA al Tesoro?

Hubo una chicana inmediata que plantearon los críticos de Milei luego de que éste publicara su propuesta: se plantea la conveniencia de prohibir medidas que este mismo gobierno ha adoptado. Eso, desde el punto de vista político, podría restarle credibilidad al gobierno a la hora del debate.

Concretamente, lo que se critica es el traspaso de utilidades desde el BCRA al Tesoro, basadas en ganancias contables, por activos que sólo se habían valorizado por efecto de la inflación.

Hace poco más de un mes, se anunció que la institución presidida por Santiago Bausili le transferiría $24,4 billones, mientras el Tesoro le devolvería sólo $18,4 billones para sacarle el “clavo” de las letras intransferibles y se quedaría con $6 billones netos, que le sirven para comprar dólares.

Esa ganancia que reflejó el balance del Central fue posible gracias a la valorización de títulos en la cartera del BCRA, como las letras intransferibles que le había colocado el Tesoro durante la anterior gestión del peronismo. El hecho de que durante el año pasado se haya generado una inflación de 31,5% mientras la cotización del dólar subió un 42% genera una valorización de ese “activo”.

Como el propio ministro Toto Caputo reconoció en su comunicado, las letras intransferibles son, en realidad, un activo ilíquido y sin valor de mercado, que el BCRA había sido forzado a recibir, a cambio de dólares, que son un activo líquido y valioso.

Los economistas críticos hablaron de “maquillaje contable” y de un regreso de la “maquinita de emitir pesos”. Es decir, una acusación que choca de frente contra el discurso oficial, que habla de una reducción de la deuda del Tesoro y de un saneamiento en el balance del BCRA.

Y la propuesta de Milei no llega a eliminar por completo la asistencia al Tesoro, sino que la limita a la cancelación de deudas. A primera vista, eso liberaría de la responsabilidad penal por emisión al directorio del BCRA.

¿Un resquicio para la emisión mediante la compra de deuda?

Milei señala la necesidad de terminar con el vicio de la emisión sin respaldo, pero hay analistas que destacan que no sólo con “la maquinita” se expande la cantidad de dinero, sino que también hay formas indirectas, como la compra de títulos de deuda por parte del Banco Central.

De hecho, hoy es una práctica común que la entidad dirigida por Santiago Bausili intervenga en el mercado secundario. Muchas veces, el sentido de esa intervención es incidir en el tipo de cambio, ya sea mediante la compra o la venta de bonos “dólar linked”.

El efecto de esa política es, de hecho, inyectar o retirar pesos del mercado. Por ejemplo, ha sido una situación repetida en las últimas semanas la venta de bonos antes de las licitaciones del Tesoro. De esa manera, el BCRA retira liquidez y, al mismo tiempo, contiene la cotización del dólar, con lo cual ayuda al Tesoro a que aumente el atractivo de sus colocaciones de deuda en pesos.

Es, por otra parte, un tema sobre el que los economistas no se ponen de acuerdo. Hay quienes sostienen que el BCRA sí debe contar con el permiso para comprar deuda, porque es una garantía para evitar que haya corridas por crisis de confianza sobre un default de los bonos.

¿Autonomía del BCRA o una mayor dependencia del presidente?

Otro tema polémico es cómo debe protegerse la independencia del directorio del BCRA respecto del poder político. En los hechos, todos los gobiernos, incluido el de Milei, han usado al Central como una oficina dependiente del presidente, y han interferido en su gestión.

El ejemplo más recordado fue la expulsión, por decreto, de Martín Redrado durante el gobierno de Cristina Kirchner, porque el titular del BCRA se negaba a transferir reservas a un fondo dependiente del gobierno.

Pero no sólo el peronismo violentó la autonomía del Central: también durante el macrismo hubo injerencias. Ya el primer mes, hubo presión sobre Federico Sturzenegger para que se pusiera tope a un movimiento alcista del dólar. Y a los dos años, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció el fin del régimen de metas de inflación.

Lo que Milei plantea como solución es que se necesite una mayoría especial del Congreso -dos tercios de ambas cámaras- para remover a los directores, una cantidad de votos muy difícil de obtener. Pero, en contraste, no modifica el método actual para el nombramiento, que es mucho más laxo, a tal punto que hay directores designados “en comisión”, sin el aval del Senado.

Al respecto, Alejandro “Topo” Rodríguez, ex diputado del peronismo, dio una pista sobre cuál será el argumento opositor: “Si avanzara la propuesta de reforma oficialista, la asimetría entre el proceso de designación y el de remoción sería tan abismal que consolidaría la discrecionalidad presidencial”. Desde ese punto de vista, el presidente pondría a las autoridades del BCRA a su antojo y por decreto, mientras que al Congreso le resultaría casi imposible removerlas.

¿Quién detendrá a las cuasimonedas provinciales tras cambios en el BCRA?

Uno de los argumentos fundamentales de Milei es que con una reforma de la Carta Orgánica del BCRA no solamente se pondría coto a la propensión de los políticos por el déficit fiscal nacional, sino que también funcionaría como disciplinador de los gobiernos provinciales y municipales.

Sin embargo, muchos analistas suelen recordar que, ante situaciones de crisis de caja, los gobiernos provinciales pueden volver a emitir cuasi monedas. De hecho, ocurrió con La Rioja durante el primer año de la gestión Milei, y otras provincias grandes, como Buenos Aires y Córdoba, amenazaron con hacer lo mismo si desde la Casa Rosada no se regularizaban las transferencias de recursos.

Las cuasi monedas son, desde el punto de vista técnico, bonos y no dinero, dado que tienen una fecha de vencimiento, a la cual deben ser rescatados por el gobierno provincial. Eso es lo que hace que, por más que se reforme carta orgánica -de hecho, aunque el BCRA fuera eliminado- podrían seguir existiendo.

A lo sumo, lo que puede hacer el gobierno para desalentar su emisión es que ARCA no acepte las cuasimonedas para para el pago de impuestos -algo que sí se permitió en la crisis de 2001-, pero no es un riesgo que la reforma del Banco Central pueda hacer desaparecer.

Banco Central: ¿se puede volver todo atrás con una nueva ley?

Desde el punto de vista legal, lo que afirman los abogados es que una nueva carta orgánica no queda blindada por el hecho de que se sancione como ley del Congreso. El argumento es simple: en un próximo gobierno que tenga mayoría, una nueva ley podría sustituir a esta reforma.

Esto es lo que lleva a que algunos defiendan la necesidad de que la reforma esté respaldada por la propia Constitución nacional. Es un argumento que toma como referencia el célebre caso de Perú, que le dio amplia autonomía a su Banco de Reserva como parte de una reforma constitucional sancionada por el presidente Alberto Fujimori luego del autogolpe con el que disolvió el Congreso.

“El fin de la convertibilidad demostró que al cambiar la composición del Congreso, pueden revertir cualquier ley, y la Corte Suprema no ha dado indicios de proteger el derecho de propiedad”, afirmó Agustín Etchebarne, uno de los economistas más afines al gobierno.

¿El modelo peruano es válido para el Banco Central de Argentina?

Finalmente, queda pendiente el debate de fondo: ¿es realmente conveniente una independencia absoluta del Banco Central? Y, en todo caso, ¿es eso posible en un país como Argentina?

Entre quienes se muestran más escépticos figuran economistas que, al inicio de la campaña electoral de Milei, le aconsejaron la dolarización total de la economía. El caso más notorio es el de Emilio Ocampo, quien sostiene que el ejemplo de Perú -en el que aparentemente se basa la nueva reforma- no es aplicable al contexto argentino.

Y una de sus observaciones más polémicas es que la legendaria fortaleza del Banco Central peruano no ocurre “a pesar de” la debilidad de los gobiernos sino, en buena medida, gracias a que los presidentes no cuentan con un poder que les permita interferir en las áreas monetaria y cambiaria.

“La estabilidad monetaria peruana descansa, en gran medida, en la habilidad, el prestigio y la fortaleza técnica de un funcionario excepcional. La debilidad del Poder Ejecutivo actuó como antídoto natural a la anomia institucional. Pero esto introduce una fragilidad estructural. No existe garantía alguna de que el próximo presidente del BCRP preserve el mismo grado de independencia y profesionalismo que el actual. Cuando los resultados dependen más de las personas que de las instituciones, no son necesariamente extrapolables”, afirma el abanderado de la dolarización.

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El ajuste del gasto público se profundizó en el semestre: mientras crecen los subsidios energéticos

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El proceso de consolidación fiscal del Gobierno nacional mantuvo su intensidad durante el primer semestre de 2026, aunque con una composición del gasto que comienza a mostrar cambios. Mientras las transferencias a las provincias y la inversión en infraestructura continúan siendo las principales variables de ajuste, los subsidios energéticos registraron un fuerte crecimiento, reflejando las tensiones que aún persisten en el sistema eléctrico pese al proceso de recomposición tarifaria.

De acuerdo con el Monitor de Gasto Primario elaborado por la consultora Analytica, el gasto primario devengado de la Administración Nacional acumuló una caída real del 2,3% interanual entre enero y junio. Si bien en junio el gasto mostró una recuperación puntual del 3,7% respecto del mismo mes de 2025, el balance semestral continúa reflejando una política fiscal contractiva.

El ajuste volvió a concentrarse sobre las transferencias discrecionales a las provincias, que registraron una baja acumulada del 62,1% en términos reales. Incluso descontando el cambio metodológico derivado de la reclasificación de los aportes a hospitales SAMIC, la reducción alcanza el 52,3%, consolidando uno de los recortes más profundos del presupuesto nacional.

La inversión en infraestructura también continúa entre las partidas más afectadas. La obra pública acumuló una caída real del 32,4% durante el semestre y en junio sufrió un desplome del 74,9%, explicado tanto por la reducción en construcciones como por la disminución de las transferencias de capital.

El comportamiento de los subsidios económicos mostró, en cambio, una dinámica completamente distinta. El informe señala que crecieron 29,6% en términos reales durante el semestre, impulsados exclusivamente por el segmento energético, donde las erogaciones aumentaron 73,7%. Solo en junio, los subsidios destinados a energía se incrementaron 160,8% respecto del mismo mes del año anterior.

Buena parte de ese incremento estuvo vinculado a las transferencias realizadas a CAMMESA, que concentraron el 79,5% de los subsidios energéticos otorgados durante el semestre y crecieron 71,4% en términos reales. Paralelamente, el informe destaca que la cobertura tarifaria sobre el costo de generación disminuyó desde el 70,1% registrado en mayo de 2025 al 65,5% en mayo de este año, lo que explica parte del mayor esfuerzo fiscal destinado al sistema eléctrico.

En contraste, los subsidios al transporte continuaron ajustándose. Durante el primer semestre retrocedieron 24% en términos reales, principalmente por menores transferencias al Operador Ferroviario y al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte. Dentro de ese esquema también se observa una reducción del 21,6% en los recursos destinados a Belgrano Cargas, empresa que el Gobierno incluyó entre las futuras privatizaciones previstas en su programa financiero.

Las prestaciones previsionales permanecieron prácticamente estables. El gasto destinado a jubilaciones y pensiones registró una leve mejora real de 1,3%, mientras que las partidas correspondientes a la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares crecieron apenas 0,3% en el acumulado semestral.

Otro dato que sigue de cerca el mercado es la evolución de la deuda flotante, es decir, las obligaciones de pago ya comprometidas pero aún no canceladas por el Estado. Analytica estimó que al cierre del primer semestre alcanzó los 3,9 billones de pesos, equivalentes al 0,3% del Producto Bruto Interno. El incremento respecto de mayo responde principalmente a factores estacionales vinculados al pago de aguinaldos y mantiene un nivel similar al observado en junio de 2025.

Desde una perspectiva macroeconómica, la composición del ajuste muestra que el Gobierno continúa privilegiando el objetivo de sostener el superávit fiscal, aunque con una reasignación parcial de recursos hacia el sostenimiento del sistema energético. La reducción de la obra pública y de las transferencias a las provincias continúa siendo el principal instrumento de consolidación fiscal, mientras que la evolución de los subsidios energéticos refleja que la normalización del mercado eléctrico todavía demanda un importante esfuerzo presupuestario.

Monitor de Gasto – Junio 2026 Analytica by CristianMilciades

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El FMI advierte sobre desequilibrios en EE.UU. y anticipa impacto global

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la revisión del Artículo IV de Estados Unidos correspondiente a 2026 con un mensaje dual: destacó el dinamismo de la mayor economía del mundo —crecimiento de 2,2% en 2025 y proyección de 2,4% para 2026— pero advirtió que el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente son “demasiado grandes” y que la deuda pública podría alcanzar el 140% del PBI en 2030.

Aunque la conferencia se centró en la economía estadounidense, el diagnóstico tiene implicancias directas para países como la Argentina. No solo por el rol del dólar y de la Reserva Federal en el sistema financiero global, sino porque el eventual ajuste fiscal, la trayectoria de tasas de interés —entre 3,25% y 3,5% hacia fines de 2026— y la política comercial de EE.UU. condicionan flujos de capital, precios de exportación y acceso al financiamiento externo.

En un contexto en el que el FMI subraya la necesidad de “acciones decididas” para encauzar la deuda norteamericana, el escenario global que enfrenta la Argentina combina crecimiento sólido en EE.UU. con un entorno de vigilancia fiscal y monetaria que seguirá marcando la liquidez internacional.

Déficit externo y deuda: el mensaje estructural del Fondo

La directora gerente, Kristalina Georgieva, fue explícita: bajo la metodología del organismo, el déficit de cuenta corriente de EE.UU. es excesivo y debe corregirse en el mediano plazo. A la par, el déficit fiscal y el aumento sostenido de la deuda pública continúan como “una preocupación”.

El Fondo proyecta que tanto la deuda federal como la deuda general del gobierno seguirán en ascenso hasta alcanzar el 140% del PBI en 2030. Si bien no ve una crisis inmediata, recomienda reducir el rojo fiscal hacia el 3% del PBI mediante una combinación de mayores ingresos y control del gasto.

Para la Argentina, este punto es clave. Un proceso de consolidación fiscal en EE.UU. podría implicar menor estímulo global en los próximos años, mientras que cualquier tensión en el mercado de deuda norteamericano impactaría en el costo de financiamiento para economías emergentes. El vínculo es estructural: la deuda estadounidense funciona como referencia para el precio del riesgo global.

Tasas, inflación y liquidez: el marco financiero que enfrenta el mercado emergente

El FMI avaló la decisión de la Reserva Federal de recortar tasas en 2025 y anticipó un sendero de política monetaria que llevaría el rango de referencia a entre 3,25% y 3,5% hacia fines de 2026, con inflación convergiendo al 2% a comienzos de 2027.

Este escenario combina crecimiento, baja gradual de tasas e inflación controlada. Para la Argentina, significa un entorno potencialmente más favorable para la búsqueda de financiamiento externo y para el apetito por activos emergentes, siempre que el riesgo global no se altere por tensiones comerciales o fiscales.

Sin embargo, el propio Fondo advirtió que la incertidumbre es elevada y que los movimientos en materia de aranceles y política comercial aún no están plenamente cuantificados. Los aranceles aplicados —que habrían pasado de anuncios cercanos al 23% a una recaudación efectiva en torno al 10%— tienen efectos negativos sobre la oferta y distorsionan la asignación de recursos.

Para una economía como la argentina, que depende de exportaciones agroindustriales y de la estabilidad del comercio global, la evolución de estas tensiones no es un dato menor.

Instituciones, déficit y señales sistémicas

El organismo también puso el foco en la importancia de mantener instituciones sólidas, desde la administración tributaria hasta los organismos estadísticos y de supervisión financiera. Destacó la relevancia de la independencia de la Reserva Federal y advirtió que la reducción del empleo federal —cercana al 15% en el último año— no debería afectar funciones críticas.

Este mensaje tiene una lectura más amplia. El FMI vincula crecimiento sostenido con calidad institucional. Para la Argentina, que mantiene una relación financiera activa con el organismo, el énfasis en marcos regulatorios sólidos y en disciplina fiscal funciona como señal indirecta sobre las condiciones de estabilidad necesarias para sostener programas económicos.

Un contexto externo más estable, pero con condicionantes

El diagnóstico final del Fondo es que la economía estadounidense muestra dinamismo, productividad elevada y resiliencia. No ve una crisis inminente, pero sí desequilibrios que deben corregirse de manera ordenada.

Para la Argentina, el escenario combina oportunidades y restricciones. Un EE.UU. creciendo al 2,4% en 2026 sostiene la demanda global. Una inflación convergiendo al 2% y tasas en torno al 3,5% mejora el clima financiero. Pero la advertencia sobre déficit y deuda introduce un elemento de vigilancia estructural que puede limitar márgenes de expansión fiscal o monetaria global.

En otras palabras, el contexto externo no luce adverso en el corto plazo. Sin embargo, el Fondo dejó claro que el equilibrio global sigue siendo frágil. Y en ese tablero, las economías emergentes —entre ellas la argentina— dependen de decisiones que se toman en Washington pero repercuten en sus propias variables domésticas.

El próximo Staff Report y el World Economic Outlook de abril aportarán mayor precisión. Hasta entonces, la señal es clara: el ciclo internacional acompaña, pero exige disciplina.

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El Gobierno enfrenta una merma de la recaudación por $600.000 millones tras eliminar el impuesto al cheque

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Caída en la recaudación de octubre: el Gobierno enfrenta el impacto de la eliminación de retenciones y el freno económico.

Los ingresos fiscales mostrarían una fuerte contracción interanual por la baja de liquidaciones agroexportadoras y la retracción de la actividad interna. El Ejecutivo busca sostener el equilibrio fiscal con recortes de gasto.

Fuerte retracción en los ingresos del Estado

El Gobierno nacional difundirá en las próximas horas el informe oficial sobre la recaudación impositiva de octubre, un dato clave que reflejará la doble presión fiscal derivada de la eliminación de los derechos de exportación y del estancamiento de la actividad económica interna.

Según las primeras proyecciones, los ingresos tributarios del mes habrían registrado una caída interanual significativa, afectando principalmente a los recursos provenientes de las retenciones al agro y de impuestos vinculados al consumo como el IVA y el impuesto al cheque.

La menor recaudación llega en un contexto de ajuste fiscal profundo y de revisión de las metas de equilibrio primario, pilares del programa económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dato más relevante proviene del sector exportador: las agroexportadoras informaron que la liquidación de octubre alcanzó los USD 1.117 millones, lo que implica una caída del 56% interanual y del 84% respecto de septiembre. Este desplome impactará directamente en los ingresos por derechos de exportación, que históricamente representan una fuente importante de recursos para el Tesoro.

Menor actividad interna y efecto de la eliminación del impuesto al cheque

La recaudación de tributos asociados a la actividad doméstica también se vería resentida. Los impuestos al valor agregado (IVA) y a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) registraron en octubre un retroceso vinculado a la desaceleración del consumo y a la caída en la circulación de dinero dentro del sistema financiero.

A esto se suma el efecto pleno de la eliminación del impuesto al cheque, una medida que si bien fue celebrada por el sector privado como un alivio a la presión tributaria, implicó para las cuentas públicas una pérdida estimada en más de $600.000 millones en términos interanuales.

El impacto sobre la recaudación total, según analistas fiscales, podría superar los dos puntos del PBI en los próximos meses si no se compensan los ingresos con mayor actividad o una recuperación de la exportación.

Ajuste fiscal y redistribución del gasto

Fuentes oficiales señalaron que la caída de ingresos no afectará la coparticipación federal, dado que los derechos de exportación no son impuestos coparticipables. Esto implica que el ajuste recae principalmente sobre las cuentas del Tesoro Nacional, lo que obligará al Gobierno a intensificar la política de contención del gasto público para sostener el equilibrio fiscal.

La administración nacional viene aplicando desde agosto un esquema de racionalización presupuestaria que incluye la revisión de programas, reducción de subsidios y control estricto del gasto corriente. Sin embargo, la pérdida de recaudación tensiona el objetivo de mantener el déficit cero, especialmente en un contexto de menor crecimiento de la recaudación real y presiones inflacionarias persistentes.

El informe oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se espera para la tarde, permitirá confirmar el alcance de la caída y su impacto en la recaudación total del año, que hasta septiembre mostraba un crecimiento moderado impulsado por los tributos al comercio exterior y al consumo.

Perspectivas: equilibrio fiscal y recesión

El desafío del Gobierno es sostener el ajuste fiscal sin profundizar la recesión. La contracción de la recaudación coincide con indicadores de actividad económica estancada, según las mediciones del INDEC y del sector privado, que marcan un freno en la industria, la construcción y el comercio minorista.

El Presupuesto 2026, actualmente en discusión, será el instrumento clave para definir cómo se compensará esta pérdida de ingresos. Fuentes del Palacio de Hacienda no descartan la posibilidad de nuevas medidas de control del gasto y una reorientación de partidas hacia áreas críticas, en línea con el compromiso de déficit cero asumido por el Ejecutivo.

“Es un momento de transición fiscal. La eliminación de impuestos distorsivos implica una pérdida inicial de recursos, pero busca sentar las bases de un sistema tributario más eficiente y favorable a la inversión”, explicaron fuentes oficiales.

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