DÉFICIT FISCAL

El Gobierno enfrenta una merma de la recaudación por $600.000 millones tras eliminar el impuesto al cheque

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Caída en la recaudación de octubre: el Gobierno enfrenta el impacto de la eliminación de retenciones y el freno económico.

Los ingresos fiscales mostrarían una fuerte contracción interanual por la baja de liquidaciones agroexportadoras y la retracción de la actividad interna. El Ejecutivo busca sostener el equilibrio fiscal con recortes de gasto.

Fuerte retracción en los ingresos del Estado

El Gobierno nacional difundirá en las próximas horas el informe oficial sobre la recaudación impositiva de octubre, un dato clave que reflejará la doble presión fiscal derivada de la eliminación de los derechos de exportación y del estancamiento de la actividad económica interna.

Según las primeras proyecciones, los ingresos tributarios del mes habrían registrado una caída interanual significativa, afectando principalmente a los recursos provenientes de las retenciones al agro y de impuestos vinculados al consumo como el IVA y el impuesto al cheque.

La menor recaudación llega en un contexto de ajuste fiscal profundo y de revisión de las metas de equilibrio primario, pilares del programa económico del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dato más relevante proviene del sector exportador: las agroexportadoras informaron que la liquidación de octubre alcanzó los USD 1.117 millones, lo que implica una caída del 56% interanual y del 84% respecto de septiembre. Este desplome impactará directamente en los ingresos por derechos de exportación, que históricamente representan una fuente importante de recursos para el Tesoro.

Menor actividad interna y efecto de la eliminación del impuesto al cheque

La recaudación de tributos asociados a la actividad doméstica también se vería resentida. Los impuestos al valor agregado (IVA) y a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) registraron en octubre un retroceso vinculado a la desaceleración del consumo y a la caída en la circulación de dinero dentro del sistema financiero.

A esto se suma el efecto pleno de la eliminación del impuesto al cheque, una medida que si bien fue celebrada por el sector privado como un alivio a la presión tributaria, implicó para las cuentas públicas una pérdida estimada en más de $600.000 millones en términos interanuales.

El impacto sobre la recaudación total, según analistas fiscales, podría superar los dos puntos del PBI en los próximos meses si no se compensan los ingresos con mayor actividad o una recuperación de la exportación.

Ajuste fiscal y redistribución del gasto

Fuentes oficiales señalaron que la caída de ingresos no afectará la coparticipación federal, dado que los derechos de exportación no son impuestos coparticipables. Esto implica que el ajuste recae principalmente sobre las cuentas del Tesoro Nacional, lo que obligará al Gobierno a intensificar la política de contención del gasto público para sostener el equilibrio fiscal.

La administración nacional viene aplicando desde agosto un esquema de racionalización presupuestaria que incluye la revisión de programas, reducción de subsidios y control estricto del gasto corriente. Sin embargo, la pérdida de recaudación tensiona el objetivo de mantener el déficit cero, especialmente en un contexto de menor crecimiento de la recaudación real y presiones inflacionarias persistentes.

El informe oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se espera para la tarde, permitirá confirmar el alcance de la caída y su impacto en la recaudación total del año, que hasta septiembre mostraba un crecimiento moderado impulsado por los tributos al comercio exterior y al consumo.

Perspectivas: equilibrio fiscal y recesión

El desafío del Gobierno es sostener el ajuste fiscal sin profundizar la recesión. La contracción de la recaudación coincide con indicadores de actividad económica estancada, según las mediciones del INDEC y del sector privado, que marcan un freno en la industria, la construcción y el comercio minorista.

El Presupuesto 2026, actualmente en discusión, será el instrumento clave para definir cómo se compensará esta pérdida de ingresos. Fuentes del Palacio de Hacienda no descartan la posibilidad de nuevas medidas de control del gasto y una reorientación de partidas hacia áreas críticas, en línea con el compromiso de déficit cero asumido por el Ejecutivo.

“Es un momento de transición fiscal. La eliminación de impuestos distorsivos implica una pérdida inicial de recursos, pero busca sentar las bases de un sistema tributario más eficiente y favorable a la inversión”, explicaron fuentes oficiales.

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Tensión fiscal: Nación acusa a provincias de aumentar 0,7% del PBI en gasto

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El Gobierno nacional advirtió que las jurisdicciones subnacionales incrementaron el gasto en 0,7 puntos del PBI en 2025, contrariando la política de ajuste fiscal de Nación. Desde el Ministerio de Economía anticipan reformas y nuevos controles para alinear las cuentas provinciales con la meta de déficit cero.

En un nuevo capítulo de tensión fiscal, el equipo económico de Javier Milei acusó a provincias y municipios de no acompañar el ajuste que la Casa Rosada impulsa desde diciembre de 2023. Según datos del Ministerio de Economía, mientras el gasto público nacional cayó al 14,6% del PBI, el consolidado de provincias y municipios trepó del 16,6% en 2024 al 17,3% en el primer semestre de 2025, un aumento equivalente a 0,7 puntos del producto.

El contraste refuerza la narrativa oficial de que el ordenamiento fiscal requiere un compromiso integral. “El gasto público nacional no ha parado de bajar. Sin embargo, provincias y municipios aumentaron el gasto en 2025”, señaló Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, a través de redes sociales.

Contenido técnico: cifras y referencias oficiales

  • Gasto consolidado subnacional (provincias y municipios): 17,3% del PBI (junio 2025).
  • Gasto consolidado en 2024: 16,6% del PBI.
  • Gasto nacional: 14,6% del PBI (junio 2025).
  • Niveles previos: 18,7% del PBI a fines de 2023.
  • Fuente: Ministerio de Economía (Nación) y datos provinciales a marzo.

En el caso de los municipios, las cifras son preliminares y responden al primer trimestre del año. Para el Palacio de Hacienda, el desvío en el gasto pone en riesgo los equilibrios alcanzados en el nivel nacional y amenaza la consistencia del ancla fiscal.

El reclamo se enmarca en la creación del Consejo de la Libertad, organismo que buscará diseñar reformas liberales para que las provincias “acompañen el camino de la Nación hacia la libertad”, según palabras del presidente Milei. La estructura convivirá con el Consejo de Mayo —encargado de velar por el cumplimiento del Pacto de Mayo— y con el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, reactivado por Caputo en 2024 tras cinco años de inactividad.

El objetivo común es avanzar hacia la meta de reducir el gasto público consolidado al 25% del PBI, compromiso asumido en el Pacto de Mayo. La ofensiva se complementa con el veto presidencial a leyes con impacto fiscal, la prohibición de financiar gasto primario con emisión monetaria y el próximo envío al Congreso de un proyecto para “amurallar” el déficit cero.

La advertencia oficial llega en medio de un año electoral y tras una serie de votaciones en la Cámara de Diputados que, a juicio del Ejecutivo, incrementan el gasto. El presidente ya vetó iniciativas como la suba del 7,2% en las jubilaciones y el aumento del bono previsional, la reinstauración de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Para el Gobierno, cualquier deterioro del equilibrio fiscal puede trasladarse rápidamente a precios y tipo de cambio. “Si vos afectás el ancla fiscal, podés tener una caída de la demanda de dinero y eso es inflacionario”, advirtió el consultor Federico Domínguez, enfatizando que el mero cambio de expectativas puede impactar en el mercado cambiario.

Provincias: aumento del gasto, pero con superávit

Pese al señalamiento de Nación, informes privados como el de Eco Go muestran que el gasto primario provincial (sin municipios) llegó al 15,1% del PBI en el primer trimestre de 2025, tras un piso de 14,4% en el tercer trimestre de 2024. Aunque implica un repunte, se mantiene por debajo del pico de 17,1% en 2023 y de los máximos históricos de 2017 (17,8%).

La consultora Politikón Chaco informó que el consolidado de provincias y CABA sumó $25,7 billones de gasto total en el primer trimestre, con un alza real interanual del 16,4%, pero aún 12,2% por debajo de 2023. Además, cerraron el período con superávit financiero del 0,27% del PBI y superávit primario del 0,34%, aunque en niveles menores a los del año anterior.

El Ministerio de Economía anticipa que el foco estará en “alinear” la dinámica del gasto provincial y municipal con la meta nacional. El Consejo de la Libertad será la herramienta política y técnica para promover reformas estructurales y condicionar transferencias discrecionales.

La expectativa oficial es que el debate se traslade al Congreso con la ley de blindaje fiscal. Sin embargo, economistas advierten que la ejecución presupuestaria subnacional responde a factores estacionales y políticos —como el calendario electoral y la obra pública—, lo que podría tensar la relación Nación-provincias en la segunda mitad del año.

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Milei hizo dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto

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En un mensaje por cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció dos medidas de alto impacto para reforzar el rumbo económico de su Gobierno y blindar el equilibrio fiscal frente a lo que definió como “embates del Congreso”. El mandatario dispuso que el Tesoro nacional no podrá financiar su gasto primario con fondos del Banco Central y adelantó que enviará al Parlamento un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal.

El anuncio se produce en medio de un fuerte conflicto político. En las últimas semanas, el Congreso aprobó leyes que, según el Ejecutivo, implican un gasto adicional equivalente al 2,5% del PBI anualizado, sin previsión de financiamiento. Entre ellas, figuran aumentos en salarios docentes, mejoras en pensiones por discapacidad y una moratoria previsional.

Milei advirtió que estas iniciativas amenazan el pilar central de su plan económico: el déficit cero, que considera la condición indispensable para estabilizar la inflación y sentar bases de crecimiento. “Vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismos”, remarcó.

Prohibición a la emisión monetaria para gasto primario

La primera medida, que formalizará el lunes próximo, consiste en una instrucción al Ministerio de Economía para impedir que el Tesoro solicite dinero prestado al Banco Central con el fin de cubrir el gasto primario. “El Tesoro nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”, subrayó Milei.

Si bien esta restricción ya se aplicaba de hecho en su gestión, el Presidente señaló que ahora quedará plasmada en una resolución administrativa que prohíba expresamente el uso de la emisión monetaria como fuente de financiamiento.

Desde la óptica oficial, la emisión sin respaldo fue uno de los motores de la inflación crónica en Argentina. “Cada peso nuevo emitido destruye el valor del dinero en el bolsillo de los argentinos”, insistió Milei.

Proyecto de ley: sanciones penales para el déficit fiscal

La segunda medida apunta a modificar el marco legal. El Presidente enviará en los próximos días un proyecto que obligue a que todo presupuesto nacional tenga equilibrio o superávit financiero. Si se plantea un aumento del gasto o una baja de ingresos, deberá incluirse el recorte o fuente de recursos correspondiente.

El texto contemplará sanciones penales para legisladores y funcionarios que aprueben partidas deficitarias. “Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido: de dónde sale y a quién se lo sacan”, enfatizó el mandatario.

Para Milei, la historia reciente demuestra que el déficit financiado con emisión o deuda desembocó en crisis inflacionarias, pérdida del poder adquisitivo y mayor pobreza.

Fundamentos económicos y políticos de la iniciativa

El Presidente enmarcó las medidas dentro de su trinidad de orden fiscal, monetario y cambiario, que considera esencial para la recuperación. Reiteró que la eliminación del financiamiento monetario es clave para desactivar presiones inflacionarias y consolidar la credibilidad ante inversores y organismos internacionales.

En el plano político, la propuesta busca acotar la capacidad del Congreso de aprobar medidas de alto costo fiscal sin previsión de recursos. Milei acusó a la “clase política” de utilizar causas nobles para “llevar a la quiebra a la Nación” con leyes que comprometen el equilibrio presupuestario.

De avanzar en el Congreso, el proyecto impondría una de las reglas fiscales más estrictas de la región, condicionando no solo al actual Gobierno sino a futuras administraciones.

Sin embargo, el oficialismo enfrenta un Parlamento adverso, con bloques opositores que ya adelantaron que buscarán revertir los vetos presidenciales y resistir nuevas restricciones al gasto. El riesgo para el Ejecutivo es un escenario de parálisis legislativa que complique la aprobación de leyes clave para su agenda.

La combinación de restricción administrativa a la emisión y reforma legal punitiva al déficit revela la estrategia del Gobierno: cerrar cualquier margen para volver a las políticas fiscales expansivas sin financiamiento genuino.

La disputa recién comienza. El éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad del oficialismo para sostener el respaldo social al ajuste y evitar que la presión política erosione la disciplina fiscal que busca imponer.

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Enero registró un superávit financiero de casi $600.000 millones

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Se registraron pagos de intereses por $1.835.112 millones. El Sector Público Nacional volvió a registrar superávit financiero en enero, esta vez por $599.753 millones, luego del pago de intereses por $1.835.112 millones.

El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.434.865 millones (aproximadamente 0,3% del PIB) en enero y un superávit financiero de $599.753 millones (aproximadamente 0,1% del PIB). 

Asimismo, se registraron pagos de intereses por $1.835.112 millones, en un mes con alta estacionalidad por la erogación correspondiente a los cupones de intereses semestrales de los títulos Bonares y Globales.

El superávit en el mes se alcanzó tras la expiración del Impuesto PAIS. 

“Este resultado se obtiene luego de haber alcanzado en 2024 el primer superávit financiero anual en 14 años, y el mayor en 16 años, honrando la totalidad de las obligaciones contraídas por el Sector Público Nacional”, señaló el Ministerio de Economía.

El Gobierno destacó que el orden en las cuentas públicas se mantiene cuidando a la población más vulnerable, dado que durante enero de 2025, el haber jubilatorio creció 0,2% mensual y 36,3% interanual en términos reales, en tanto la cobertura de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) con la sumatoria de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar se incrementó a 100,7%, desde 54,8% en diciembre de 2023.

“Con este resultado, el Ministerio de Economía continúa reforzando el compromiso con el orden fiscal, ancla fundamental del programa económico y condición necesaria para una economía robusta que genere empleo de calidad y permita un crecimiento sostenido y sostenible en los ingresos de los argentinos”, se informó.

El informe del Gobierno

En enero el Sector Público Nacional volvió a registrar superávit financiero, por $599.753 millones, luego del pago de intereses por $ 1.835.112 millones

Durante enero, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero por $599.753 millones, producto de un resultado primario de $2.434.865 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.835.112 millones.

Así, el SPN obtuvo en el primer mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,3% del PIB), consolidando el ancla fiscal del programa de gobierno.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $11.100.492 millones (+80,6% i.a.). En lo que respecta a la recaudación tributaria, la misma presentó un crecimiento de +84,6% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+152,9% i.a.), las Ganancias (+136,8% i..a.), y al impuesto a los Débitos y Créditos (+103,9% i.a.).

Por su parte, cabe mencionar la recaudación correspondiente al IVA neto de reintegros (+92% i.a.), y a los Derechos de Importación (+57,2% i.a.).

Durante el mes de enero, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $ 8.665.627 millones (+109,5% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones de la Seguridad Social, las mismas ascendieron a $5.675.504 millones (+112,5% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24, que adecuó la mencionada fórmula para que los aumentos jubilatorios acompañen la evolución de la inflación y otorgó una compensación adicional de 12,5% para todos los pasivos bajo ese régimen. Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.341.592,3 millones (+94,1% i.a.) producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $2.698.247,2 millones (+91,8% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$1.037.709,4 millones (+88,3% i.a.). Entre ellas, destacan las inherentes a las prestaciones sociales, las prestaciones del PAMI, el impacto de la movilidad en las asignaciones familiares (donde la Asignación Universal para Protección Social fue incrementada un 100% en enero mediante Decreto 117/2023), los programas de Política Alimentaria (con un incremento en la Tarjeta Alimentar del 138% entre enero del año pasado y el corriente, y un incremento en la cantidad de beneficiarios, según las Resoluciones 3/2023, 11/2024, 111/2024, 181/2024 y 636/2024), y el Plan 1.000 días (incrementado un 500% mediante Resolución 1.062/2024).

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en enero alcanzaron los $484.512,5 millones (+111,6% i.a.).

Por último, los subsidios económicos presentaron un incremento de $164.260 millones (+64,7% i.a.), donde los energéticos variaron $104.956 millones (96,8% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $56.855 millones (+40,4% i.a.).

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Nación financia sólo el 7% de la inversión en educación básica

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Como parte de la estrategia para enfrentar el descalabro fiscal, el gobierno nacional dispuso reducir los programas nacionales destinados a apoyar servicios a cargo de las provincias, dentro de ellos los destinados a la educación básica. Si bien la disminución en estos programas no tuvo gran incidencia, lo cierto es que fue uno de los factores que explican la reducción del déficit fiscal en julio. Las críticas se intensificaron cuando se anunció que la medida se sostendrá en lo que resta del año. 

La pregunta que se impone es dilucidar cuál es la contribución que la Nación hace en favor de la educación básica. En términos de recursos invertidos, según datos del Ministerio de Economía para el 2021 se observa que:

  • El gasto público total en educación básica asciende a 4,0% del PBI.
  • Las provincias financian con sus recursos 3,7% del PBI.
  • Los programas nacionales representan apenas el restante 0,3% del PBI. 

Estos datos muestran que la Nación aporta apenas el 7% de la inversión que el Estado hace en educación básica. El otro 93% lo aportan las provincias con sus propios recursos porque son ellas las que tienen la responsabilidad de administrar las escuelas. Es claro que la contribución cuantitativa que los programas nacionales hacen a la educación pública es marginal. Por lo tanto, la educación no depende de los programas nacionales.

Pero desde el punto de vista cualitativo la intromisión de la Nación en funciones y responsabilidades provinciales tiene impactos muy negativos. Que desde un nivel centralizado se organicen viajes de estudio, se construyan jardines infantiles o se repartan computadoras sirve para justificar el agrandamiento de la burocracia, pero no ayuda a mejorar la calidad de la educación. Por el contrario, distrae esfuerzos y, lo más importante, diluye responsabilidades. El solapamiento y confusión de roles contribuye a que ante el fracaso del sistema educativo prevalezcan las excusas, en lugar de la autocrítica. 

La Constitución Nacional es clara en su artículo 5° cuando establece que cada provincia se asegurará para así “… la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria”. En la época que se redactó (1853) la educación primaria es lo que hoy se entiende como educación básica. Aunque es claro que los programas nacionales violentan el mandato constitucional, se argumenta que son necesarios porque compensan asimetrías regionales. Pero las evidencias muestran que las provincias del norte argentino, que son las más rezagadas, reciben apenas el 30% del total de las erogaciones de los programas nacionales en educación. En estas provincias, la Nación aporta el 8% del gasto en educación, proporción similar al que se observa en el resto de las provincias.

Que funcionarios nacionales se entrometan en responsabilidades provinciales es un desvío que deteriora la calidad de la gestión pública. Esto no sólo ocurre en educación, sino también en otras funciones provinciales como salud pública, asistencia social, vivienda y urbanismo, entre otras. Por eso, un principio básico para el ordenamiento integral del Estado es respectar la distribución de funciones entre jurisdicciones que establece la Constitución. Bajo esta lógica, el Estado nacional tiene como rol central medir y difundir los resultados de la gestión educativa y cada provincia hacerse cargo íntegramente de la gestión de las escuelas. Lo que más necesitan las provincias pobres no son recursos, sino condiciones para que la ciudadanía presione con eficacia a los funcionarios locales. Esta es la mejor herramienta para reducir las asimetrías regionales, no la intromisión en la gestión.

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